Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los derechos fundamentales se han incorporado al mundo laboral y a medida que transcurre el tiempo esta concepción de los derechos constitucionales de corte no necesariamente laboral al interior de la empresa se ha ido asentando en la cultura tanto de trabajadores como empleadores. No cabe duda respecto del reconocimiento de la plena vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito de las relaciones laborales. Es decir, la plena implicancia práctica de la “ciudadanía laboral”, que se traduce en la mantención a los trabajadores de los derechos que les corresponden como ciudadanos, aun dentro de la Empresa. Sin duda, la protección de los derechos fundamentales bajo el Procedimiento de Tutela Laboral, ha creado grandes expectativas tanto en el mundo jurídico como en el resto de la sociedad. La tutela de derechos fundamentales que se crea en el nuevo proceso laboral implicará el conocimiento de derechos de rango constitucional por parte de jueces de primer grado, a diferencia de lo que sucede con el recurso de Protección que es conocido por los tribunales superiores de justicia. Esta acción de tutela laboral pretende dar una protección efectiva a ciertos derechos y garantías fundamentales cada vez que éstas sean vulneradas con ocasión del ejercicio de las facultades que la ley otorga al empleador. Es la relación de subordinación y dependencia, característica de la relación laboral, la que origina la posibilidad de que el trabajador pueda percibir que sus derechos fundamentales no están siendo respetados en el marco de la relación laboral. Cada vez que se ejercen los poderes de dirección y disciplinario se genera un ambiente propicio para que se provoque la vulneración de los derechos y garantías de los trabajadores. La legislación laboral reconoce al empleador el poder de dirigir su empresa, pero esta facultad tiene como límite los derechos reconocidos a sus trabajadores. Estos derechos no sólo son aquellos típicamente laborales, sino que también aquellos que le pertenecen por el hecho de ser un ser humano. Se reconoce entonces facultades al empleador pero éstas han sido limitadas justamente al ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. La vulneración de derechos en una relación laboral típica pareciera no presentar mayor inconveniente en su análisis, pero: ¿qué sucede en aquellos casos de vulneración de derechos fundamentales que se producen dentro del marco de las relaciones laborales trilaterales? Nos encontraremos en presencia de trilateralidad laboral, cuando “la actividad desplazada hacia fuera de la empresa, es asumida por una empresa, en principio, distinta y ajena, que asume la ejecución de dicha tarea desplazada con el uso de sus propios trabajadores, generando una suerte de triángulo laboral: la empresa que externaliza, la empresa que asume la actividad productiva externalizada y los trabajadores de ésta última, que prestan servicios en los hechos para ambas”. Las formas que puede adoptar esta trilateralidad laboral son: la subcontratación laboral y el suministro de trabajadores. La subcontratación laboral consiste en que una empresa dueña de una obra o faena, contrata a otra empresa, denominada contratista, para que ejecute a su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores, un trabajo o servicio determinado. El suministro, por su parte, consiste en que una empresa, cuyo giro es el suministro de trabajadores, pone a disposición de otra empresa, por un precio determinado y en forma transitoria, los servicios de sus trabajadores, reteniendo para sí la calidad de empleador. Nuestro objetivo será determinar la responsabilidad del tercero dentro de la relación laboral trilateral, entendiéndose por éste al mandante o empresa principal, particularmente frente a una eventual vulneración de derechos y o garantías constitucionales por parte de él. Realizaremos un estudio sobre el procedimiento de Tutela Laboral a fin de determinar si cumple con su finalidad, determinando quiénes son los sujetos pasivos en dicho procedimiento, precisando si el mandante se encuentra en esta posición jurídica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo tiene por objeto realizar un análisis de nuestra legislación en materia de derechos del trabajador como ciudadano al interior de la empresa, tras la reforma al Código del Trabajo de la ley 19.759, para ello se realiza un análisis de cada uno de estos abarcando el derecho al respeto de la dignidad del trabajador, a no ser discriminado en las relaciones laborales abordando cada uno de los factores considerados por la ley como sospechosos de discriminación, otros derechos que se tratan son la libertad ideológica, el derecho a la vida privada, a la intimidad y a la honra. En un segundo capitula se analizan los convenios internacionales y su relación con estos derechos del trabajador, además de la fuerza obligatoria de los mismos en la legislación nacional. Por último se aborda la tutela de estos derechos y los medios propiciados por la ley para que el trabajador pueda obtener su protección, siendo en este aspecto donde se observan las mayores falencias de la ley en materia de derechos fundamentales del trabajador frente a su empleador.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal de los negocios y de la empresa) / La presente investigación tiene por objeto desde una perspectiva teórico-jurídica, analizar la problemática de las graves lesiones a los derechos fundamentales de los trabajadores acometidas por parte de los empleadores o empresarios en Chile y lo insuficiente que ha resultado la legislación nacional existente para su prevención y sanción. Proponiéndose a modo de alternativa de solución, la criminalización o penalización de determinadas conductas empresariales que lesionan gravemente derechos fundamentales de los trabajadores

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En atención a las distintas reformas que se han suscitado en materia de quiebras en los últimos años, en especial, aquellas contenidas en la ley 20.073, que trajo importantes modificaciones en materias de índole laboral, tales como la suscripción de convenios preventivos de la quiebra entre el empleador y los trabajadores, creemos que es necesario realizar una análisis profundo en torno al génesis de la normativa, su discusión en la cámara, lo que han señalado nuestro tribunales de justicia, con el objetivo de dar luces de los criterios que deben ser utilizados al momento de aplicar dichas normas. En este sentido, esta memoria pretende determinar el marco regulatorio, los derechos y deberes que tienen tanto los trabajadores como los empleadores, en el contexto del proceso de quiebra de la empresa, así también como las acciones que se pueden interponer, principalmente por los trabajadores ante incumplimientos del empleador, y como estos se vieron modificados con la introducción de la reformas suscitadas producto de la promulgación de la ley citada en el párrafo anterior. Asimismo, pretendemos entregar un manual simple, que sea fácilmente comprensible por los trabajadores, respecto de las distintas alternativas que pueden adoptar frente a la quiebra del empleador, para que de este modo adopten decisiones informadas respecto de la materia. De otro lado, se señalan distintas interpretaciones y soluciones que han efectuado los Tribunales Superiores de Justicia y la Dirección del Trabajo, en temas relativos a la presente memoria.

El presente trabajo es la construcción teórica y metodológica del tema de los derechos laborales dentro de la relación laboral en la pequeña empresa del sector industrial como objeto de estudio; considerando que es desde la formulación teórica de un problema que es posible su estudio en términos sociológicos, superando prenociones de otro tipo que conducen a un empirismo abstracto; es a través de la teoría que es posible observar y analizar la realidad o más precisamente en este estudio determinadas dimensiones de las relaciones sociales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proceso sobre el cual trataremos es reciente, aun cuando siempre ha existido el trabajo y los sistemas políticos, ya sea más o menos sofisticados, unos y otros, el problema de la participación en materia política y en el proceso productivo, no se plantea en términos amplios, sino ya en el siglo XX, pues anteriormente las estructuras económicas y políticas, diferían sustancialmente de las de la actualidad y eran reacias a la democracia (entendida en un sentido moderno, de participación social y de protección de derechos fundamentales por parte del Estado, no en el sentido historicista que hace ver su existencia desde hace más de 2.500 años). Lo determinante en la materia que tratamos es sin duda el cambio en la manera de producción llamado “Revolución Industrial” que vive la humanidad hacia el siglo XVIII, ya que a través de éste el estilo de vida tradicional y sus formas de representación cambiaran drásticamente. A finales del Medioevo la estructura económica de Europa comenzó a cambiar, el renacimiento de las ciudades, el progreso de la técnica y los nuevos inventos, aceleraron el cambio de la estructura autárquica y feudal al intercambio comercial y financiero de las ciudades

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La protección a la intimidad de la persona y de su vida privada; ha sido uno de los frutos del desarrollo de la gama de normas que protegen al individuo ya sea frente al estado como también frente a otros particulares. Esta protección se ve proyectada a lo largo de nuestra pirámide normativa, comenzando con su consagración en la carta magna hasta llegar a las normas más específicas como son las contempladas en las distintas ramas del derecho. En materia laboral esta protección, respecto a los trabajadores, se ve enfrentada a los deberes de vigilancia y control del empleador, el cual, en su rol de supervisor de las relaciones de convivencia, desarrollo y trabajo de los individuos dentro de un recinto destinado a la actividad productiva, es poco claro cuales son los limites respecto de esta tarea, todo esto orientado a que esto no configure los presupuestos del articulo 161 -1 del código penal, o aún más allá, entrar en directa pugna con nuestra carta fundamental, ¿Es que durante el desarrollo de las distintas actividades productivas, los individuos sitúan todos sus actos en una esfera pública?, siendo claro que el legislador entrega al empleador las tareas de prevención y seguridad en el lugar de trabajo, ¿Cuál es su límite? A prima facie puede formularse la hipótesis que la normativa nacional constitucional al dar una protección de carácter general y amplia no contribuía sino a crear zonas grises en donde el juez debía resolver en el caso concreto cual era el derecho que debía primar sobre el otro; sin embargo la solución a estos conflictos viene entregado por el derecho laboral nacional, el cual, sistemáticamente ha avanzado en la reforma de sus procedimientos, entre los cuales al contemplar acciones como la tutela laboral, viene a sistematizar y concretar a la realidad del entorno laboral las garantías fundamentales, salvando así la aplicación directa de la constitución al caso concreto. Criterios como la idoneidad y proporcionalidad en la tarea del empleador, van a darle una interpretación normativa a estos conflictos, ahora más que nunca atendido a que en la actualidad, las barreras de privacidad son más equivocas, y los medios que franquea la tecnología para vulnerarlas son más amplios y más accesibles para cualquier tipo de empresa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentran consagrados y protegidos por la norma fundante básica y de mayor grado que existe en nuestro país. A pesar de ello, los legisladores estimaron necesario proteger algunos de ellos de manera particular respecto de los trabajadores, los llamados derechos constitucionales laborales inespecíficos, siendo uno de ellos el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquiera de sus formas y por cualquier medio. No existe definición legal de él. La doctrina lo define como un derecho que posee una doble dimensión, constituyéndose como un derecho individual en cuya virtud nadie puede ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y como un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La jurisprudencia administrativa y judicial no están contestes en la forma de resolver conflictos en que se encuentre involucrado este derecho. Mediante un método mixto-deductivo y argumentativo concluyo que es innecesaria la tutela del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en el ámbito laboral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en sede laboral fueron sujetos a diversos cambios tras extenderse fuera del ámbito exclusivo del derecho constitucional. La creación de un procedimiento con aplicabilidad directa marcó un cambio al interior del Derecho del Trabajo. Surgieron novedades que dan cuenta de los derechos de los trabajadores como intereses jurídicos protegidos que pueden igualar en peso a las facultades de mando del empleador. El nuevo escenario obligó a replantearse la forma en que deben abordarse las relaciones laborales tanto de dependencia como entre pares. La doctrina intentó explicar la naturaleza del nuevo escenario y sus formas de aplicación mediante la identificación de principios y alternativas. Surge como ejemplo del nuevo paradigma el derecho a la honra. Se somete a un proceso de análisis doctrinario que deriva en la identificación de conductas por órganos administrativos. Los patrones identificados en sede administrativa encuentran reconocimiento judicial. El análisis jurisprudencial revela factores al interior de conductas realizadas tanto durante la vigencia de la relación laboral como tras su término. Se cuestionan los alcances de las conductas imputables al empleador y su relación con la institución del despido indirecto.