Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo principal de esta tesis fue estudiar el procedimiento de expulsión de extranjeros en Chile, de modo de verificar si es vulneratorio de los principios que integran el debido proceso -expresados por la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile-, y en términos específicos, analizar el funcionamiento de la institución para determinar si en el país existe la práctica de las expulsiones colectivas. Para ello, en la primera parte del trabajo se hizo un análisis de la legislación chilena relativa a la expulsión de extranjeros en perspectiva histórica, con el fin de entender la evolución que ha tenido la institución en los últimos cien años, para luego, a la luz del procedimiento establecido por ley para expulsar a un extranjero, determinar si éste se ha adecuado o no a los requisitos del debido proceso establecidos en la Convención. Finalmente se examinó la expulsión colectiva y su protección normativa en el derecho internacional, así como sus elementos, que se desprenden de la jurisprudencia de tribunales internacionales, para determinar con esas herramientas, y en base a casos de expulsiones conocidos por tribunales chilenos, si en Chile se realizan este tipo de prácticas. Al respecto se llegó a la conclusión de que si bien las expulsiones no se adecuaron al debido proceso, no se realizaron en grupo, no pudiendo acreditarse en consecuencia que se lleven a efecto expulsiones colectivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La llamada “crisis” migratoria experimentada por Europa en los últimos años ha puesto de relieve los múltiples inconvenientes derivados de la aplicación del sistema de Dublín. Este trabajo analiza los orígenes y objetivos del sistema desde una perspectiva crítica, inspirada por la finalidad de protección propia del derecho internacional de los refugiados. Asimismo, a la luz de los estándares europeos e internacionales relevantes, se identificarán algunas de las principales dificultades que implica el funcionamiento del sistema, abordando especialmente algunos desafíos que enfrenta a causa de su oposición con ciertos derechos fundamentales de los solicitantes y ciertos aspectos de su diseño que son problemáticos desde el punto de vista de su eficacia. Hacia el final, se evaluarán los motivos que podrían justificar la conservación de su diseño y se concluirá señalando que la lógica subyacente al sistema se ha mantenido constante desde sus inicios.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La pregunta que se plantea en la presente investigación que gira en torno a los límites jurídicos de la expulsión de los extranjeros en la legislación chilena, dice relación a si dichos límites efectivamente existen, siendo la respuesta afirmativa. Esto se hace efectivo mediante el artículo quinto inciso segundo de la Constitución que posibilita el ingreso de aquellos derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, que contienen principios, directrices y fundamentos relativos a los Derechos Humanos, y que por tener tal importancia pasarían a formar parte del Ordenamiento Jurídico Chileno. La hipótesis planteada es que no existen dichos límites jurídicos expresamente mencionados en la legislación chilena, pero estos límites se hacen parte de la misma mediante el artículo quinto de nuestra Carta Fundamental, ya antes mencionado. Es así, como los tribunales han hecho uso de los diversos instrumentos internacionales en los que dichos límites se encuentran para hacer frente a expulsión de inmigrantes de naturaleza arbitraria emanadas por los distintos órganos administrativos que poseen la facultad de determinar dicha sanción. Se hace una comparación en torno a cómo trata el Sistema Europeo de DDHH a dichos límites, así como también el Sistema Interamericano en general. Se comprueba que Chile ha ido acercándose a dichos parámetros pero aún queda una importante labor frente al reconocimiento expreso de los derechos de los inmigrantes en el país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática actual de los derechos de las minorías indígenas, principalmente en lo que respecta a Propiedad, Consulta y Participación, representa un gran desafío para los Estados democráticos y culturalmente diversos. Tal es el caso del Continente Americano, cuyos pueblos originarios han adquirido cada vez más notoriedad como actores sociales y han logrado paulatinamente la reivindicación de algunos de sus derechos y garantías por tanto tiempo preteridos. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos empleados por las sociedades de la región y aunque la perspectiva indígena ha permeado tanto las instituciones estatales como la conciencia popular, muchas veces los pueblos indígenas ven desamparados sus intereses y en peligro su existencia frente al modelo económico y filosófico occidental, que implica por un lado, proyectos de desarrollo basados en la explotación compulsiva de los recursos, la búsqueda de activos únicamente en aquellos bienes de apreciación pecuniaria, y por otro la concepción masificada del Derecho de Igualdad como un elemento asimilacionista. Así las cosas, cuando la labor de las instituciones nacionales resulta insuficiente para proteger y garantizar las prerrogativas de los pueblos en cuestión, éstos, se han visto en la necesidad de ampararse y recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para resolver las contiendas jurídicas. En el marco del mencionado Sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ente protector de los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha fallado sobre esta materia en numerosas ocasiones sentando una especie de precedente y superando por cierto, muchos paradigmas del liberalismo. La comprensión del Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha tenido vital importancia para lograr el resguardo efectivo de las minorías 12 étnicas, pues es en primer lugar, gracias a la aplicación de sus normas por los Tribunales Nacionales de los Estados ratificantes, y a su uso a modo de guía en el trabajo interpretativo de la Corte en segundo, que se ha logrado la concientización popular de la Cuestión Indígena moderna, y asimismo, diversas medidas de protección a las garantías de dichos pueblos tanto a nivel administrativo como legislativo, y por supuesto judicial.

Memoria para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Este trabajo se divide en tres capítulos. El primero consiste en un estudio de jurisprudencia y derecho comparado que busca analizar el proceso que conduce a la incorporación del matrimonio igualitario en los ordenamientos jurídicos de Colombia, México y Estados Unidos. El segundo capítulo estudia el matrimonio en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y particularmente, si el mismo se regula como derecho o institución. Asimismo, se analizan decisiones tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de determinar los criterios que en cada caso se tienen en cuenta para decidir a favor o en contra del matrimonio igualitario en el caso del Tribunal Europeo, y de los derechos de personas homosexuales, en el caso de la Corte Interamericana. Un tercer capítulo analiza la discusión en torno al matrimonio igualitario en Chile. En primer lugar, se analiza la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 3 de noviembre de 2011, en la que se decide sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, que define matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Posteriormente, se analiza la regulación del Acuerdo de Unión Civil en paralelo a la del matrimonio, identificando diferencias y semejanzas entre ambos estatutos. Por último, nos referimos al proyecto de matrimonio igualitario presentado recientemente por el gobierno anterior, determinando sus principales diferencias con la regulación actual. En un apartado de conclusiones, se presentarán argumentos a favor del matrimonio igualitario planteados desde una perspectiva personal, pero teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de este trabajo, además de una proyección respecto a la eventual incorporación del matrimonio igualitario a nuestra legislación

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación. En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena. Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión. La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión. Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena