La presente tesis desarrolla un análisis del proceso de cambio de agenda y composición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones peruanas dedicadas a la defensa y respeto de los derechos humanos, llenando un vacío en la literatura porque no se la había investigado en el periodo 2006-2011. Preguntarse el porqué de un cambio de agenda ha permitido distinguir la adopción de una racionalidad instrumental (Gugerty y Prakash, ) que los líderes de la coalición han adoptado en aras de asegurar la vigencia y la adaptación de la coalición a través del tiempo. En la presente tesis se argumenta que la gesta del cambio depende de cuatro factores:(i) El proceso de cambio en la cooperación internacional, (ii) Las redes internacionales de derechos humanos, (iii) El segundo gobierno de Alan García y (iv) la dinámica interna de la coalición. La investigación es de tipo cualitativo y emplea como método de estudio el caso, para lo cual se efectuaron 25 entrevistas a profundidad a distintos actores de las organizaciones miembros de la Coordinadora, tanto en Lima como al interior del país y se desarrolló una vasta revisión documentaria. Además de describir con detenimiento los factores que determinaron el cambio, la presente tesis desarrolla un análisis que detalla cuales fueron las implicancias del mismo. De esta manera, se sostiene que el desarrollo del cambio ocurre al adoptar los derechos económicos sociales y culturales (DESC) lo que mantiene la red de organizaciones unidas y sustenta su intervención en los conflictos medio ambientales. Esto aseguró el fortalecimiento de su vigencia como coalición al asumir el liderazgo y fomentó la articulación de un tejido social desorganizado y desconectado. No obstante, la estrategia que contempló el cambio de agenda no alentó el desarrollo de una democratización interna de la red, que implicaría la descentralización de la misma y el fortalecimiento de sus organizaciones, ambos elementos claves para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

La sentencia Osorio Rivera y familiares vs. Perú, trata sobre un caso de desaparición forzada ocurrido en el año 1991; tuvo sentencia por la Corte IDH en el año 2013. Tiene relevancia analizar este caso hoy en día debido a los argumentos planteados por la Corte para sentenciar que, efectivamente, este es un caso de desaparición forzada y las medidas de reparación innovadoras que se dieron para los familiares. El objetivo principal de este trabajo es analizar los argumentos planteados por la Corte IDH para resolver las cuestiones de fondo: cómo se asevera, en este caso, que existió una desaparición forzada y la responsabilidad internacional del Estado peruano en ello; problemas jurídicos secundarios como: excepciones preliminares planteadas por el Estado peruano, los procesos llevados en el fuero interno, adaptación a los estándares internacionales del tipo penal de desaparición forzada en nuestra legislación a lo largo de este caso, los derechos de las víctimas y las medidas de reparación planteadas en la sentencia, en favor de los familiares de la víctima directa. Si bien hoy en día vivimos un contexto político, social, económico distinto al de aquella época, existe aún trabajo pendiente por parte del Estado y la sociedad para reparar y reconciliar a la población; la adaptación o no, del Derecho a dicha tarea repercute directamente en la posibilidad que tenemos, como sociedad, de adaptar nuestras instituciones (en todos sus ámbitos) a fin de asegurar y garantizar los Derechos Humanos y que crímenes como este no se vuelvan a repetir.

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo identificar los factores que motivaron el cambio de agenda de una de las coaliciones de organizaciones de derechos humanos más reconocidas en América Latina : la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pese a que, desde sus inicios, el foco de atención de la coalición estuvo dirigido a la atención de los derechos civiles y políticos durante el periodo de violencia política (1980-2000), el inicio de una transición democrática planteó nuevos desafíos para la organización, en donde se comienza a incorporar la adopción de una perspectiva integral de derechos humanos. Bajo este contexto, el estudio se concentra en analizar aquellos factores internos como externos que dieron paso a un cambio de agenda de la coalición entre los años 2006 y 2011 y junto a ello desarrollar un análisis de los costes y beneficios que la adopción de este nuevo enfoque tuvo para la vigencia de una coalición como la Coordinadora. En este caso, se identifican tres variables en concreto. Estas constituyen el contexto político influenciado por el liderazgo del jefe de Estado y la criminalización de la protesta de ONG ambientalistas, la relación con la cooperación internacional y el liderazgo por parte del Secretario Ejecutivo en la Coordinadora. Asimismo, esta investigación estará basada a partir de la revisión de documentos e informes de la Coordinadora, así como el desarrollo de entrevistas con actores claves. El presente de caso conserva un alto grado de relevancia al contribuir con la comprensión de la dinámica e interacción que ONG de derechos humanos establecen con los gobiernos, resaltando la labor de incidencia política de ONG para canalizar sus demandas. De igual manera, el estudio de la coalición de organizaciones permite profundizar las presiones externas e internas que convergen en la estabilidad y legitimidad de ONG en América Latina. / The aim of this research work is to identify the factors that motivated the change in agenda of one of the most recognized coalitions of human rights organizations in the region: The National Human Rights Coordinator. Despite the fact that, from the beginning, the focus of the coalition was on civil and political rights of the victims of the internal armed conflict, the arrival of the democratic transition gave new challenges for the organization. For this reason, the Coordinator needed to decide whether or not to adopt a comprehensive human rights approach. Given this context, the study concentrates on analyzing the internal and external factors which motivated to a change in the coalition's agenda between 2006 and 2011, In addition of that, an analysis of the costs and benefits of the adoption of these changes in the Coordinator will also be developed.In order to answer the question, there have been identified three different variables. These are the political context influenced by the leadership of the head of state and the criminalization of the protest (1), the relationship with international cooperation (2) and the leadership of the Executive Secretary in the Coordinator (3). Likewise, this research will be based on the review of documents and reports of the Coordinator, as well as the development of interviews with key actors. Finally, this case has a high degree of relevance as it contributes to the understanding of the dynamics and interaction that human rights NGOs establish with governments, highlighting the advocacy work of NGOs to channel their demands. Similarly, the study of the coalition of organizations allows a deeper understanding of the external and internal pressures that determinate the stability and legitimacy of NGOs in Latin America.

La presente tesis es el resultado de la investigación que realicé preocupado sobre el tema de los detenidos preventivamente en las cárceles del Perú. Desde hace más de 20 años el 70% de los detenidos en las cárceles del Perú lo están en condición jurídica de detención provisional. La mora procesal es una de las causas de esta realidad y la otra es la complejidad de los fundamentos de la eficacia de la justicia penal y los derechos fundamentales del procesado. El tema ha tenido un desarrollo interno tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional y un desarrollo externo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta tesis nos ocupamos de la posición del Tribunal Constitucional sobre el tema y sus aportes a la solución de un problema tan importante.

No description available.

En el transcurso de la última década, hemos podido presenciar como diversos países han ido incorporando dentro de su legislación el matrimonio entre las personas del mismo sexo o figuras legales como la unión civil, que permiten la igualdad entre las parejas que pertenecen a la comunidad LGTBI con las parejas heterosexuales al adquirir los mismos derechos y deberes con el matrimonio. En el caso del Perú, el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI basadas en la igualdad y no discriminación ha sido distinto, el rechazo a cualquier tipo de implementación de políticas públicas o legislación que fomente el respeto y la protección de los derechos de las personas LGTBI ha mostrado el rechazo de una gran parte de la sociedad civil, la cual se ve evidenciada en diversos diagnósticos que indican que el optar por una orientación sexual distinta a lo establecido por la sociedad puede generar rechazo, inclusive el odio injustificado de las personas generando reacciones violentas. Por lo que, el esfuerzo del Estado peruano no ha sido suficiente para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGTBI, se presenta la oportunidad de que otros miembros de nuestra sociedad tomen iniciativa de propulsar el respeto de los derechos humanos. Es así que, la empresa comienza a involucrarse en el respaldo de minorías a través de políticas de gestión internas enfocadas en la igualdad y no discriminación de sus trabajadores que pertenecen a la comunidad LGTBI, siendo la consecuencia que el trato igualitario de propague en sus diversos grupos de interés con los que desarrolla su actividad económica. / Trabajo de investigación

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se enfoca en las victimas durante todo el procedimiento contencioso pero aun es poco el esfuerzo para medir el impacto de la implementación de las decisiones adoptadas por la Corte en materia de reparaciones, si bien el propio sistema creó un mecanismo de seguimiento, este se ha convertido en un nuevo procedimiento contencioso muchas veces centrado en el estricto cumplimiento de la decisión de fondo pero olvidando la razón de ser del sistema: el interés en promover derechos en la victima. Es en este interés, de esta investigación hacer uso del enfoque de capacidades para poder describir cual es el impacto de las reparaciones en las victimas. La utilidad de este enfoque radica en que permitirá verificar el impacto que tienen las reparaciones en la vigencia de los derechos de las víctimas y así visualizar si efectivamente las reparaciones han logrado hacer pleno capacidades centrales en las victimas que haga reales los derechos convencionales Para lograr este propósito, se propone una metodología de análisis a la luz de la teoría de las capacidades, la cual es aplicada en 4 casos contenciosos seguidos contra el Perú, con la intención de medir como afectaron las reparaciones en el ejercicio de capacidades centrales en las victimas. Además, se explican las ventajas de medir el impacto de las reparaciones a la luz de este enfoque a la luz de los resultados obtenidos de los 4 casos materia de estudio. Al ser este estudio aproximativo y ser pionero en el análisis de impacto desde el enfoque de capacidades se espera que las conclusiones aquí desarrolladas sirvan como punto de partida para otros estudios, aunque como se verá a lo largo de la investigación, la posibilidad de este enfoque abre mayores puertas a otros tipos de análisis multidisciplinarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. / Tesis

La presente investigación busca contribuir, desde una perspectiva teórica, al análisis y determinación de los alcances del derecho a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú durante el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre los años 1996 al 2000, de acuerdo a los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desarrollados sobre la materia. En ese sentido, la obligación de reparar a las víctimas es planteada como consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado peruano por la acción directa de agentes del Estado al diseñar, implementar y ejecutar la política de esterilizaciones forzadas, por incumplimiento del Estado de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, y por legitimar patrones de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, al establecer que estamos frente a un caso específico de violencia basada en el género. Asimismo, se analizan las acciones, avances y retrocesos, que ha realizado el Estado peruano desde que los casos se hicieran públicos, para luego proponer las medidas que debería tomar el propio Estado para garantizar de manera adecuada, y de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la búsqueda de verdad, justicia, y en especial, reparación de las miles de víctimas que siguen esperando. / Tesis

En los últimos años vienen presentándose dos procesos paralelos y en constante tensión en el continente americano, especialmente en América Latina. A partir de los años noventa se ha promovido la inversión como parte del modelo de desarrollo, lo cual ha aumentado significativamente las inversiones privadas como consecuencia, entre otros factores, del fomento hecho por los Estados a través de la desregularización de la actividad empresarial y la ausencia de estricta fiscalización y supervisión. De otro lado, desde la década de los noventa, en varios países de la región ha tenido lugar el reconocimiento a nivel constitucional de derechos de los pueblos indígenas, lo que se suma al rápido desarrollo del reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el plano internacional y en particular, de sus derechos sobre los territorios ancestrales y recursos naturales en el ámbito interamericano. Para los Estados ello ha supuesto importantes desafíos vinculados no solo a su obligación de adaptar sus ordenamientos internos, y a la creación de brechas importantes entre avances constitucionales o legislativos, sino también a la efectiva aplicación de las normas, la funcionalidad institucional y la vida diaria de los pueblos indígenas del continente. Por ello, el reto recae en gran medida en la implementación normativa y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también hay causas estructurales que están en la base de muchas de las violaciones a sus derechos, como la existencia de una profunda discriminación, enraizada a lo largo de siglos de historia, la cual permea el aparato estatal. La falta de consulta para la imposición de una hidroeléctrica a pesar de las miles de vidas humanas en riesgo, la destrucción de comunidades enteras para la implementación de proyectos económicos, la venta a terceros de tierras históricamente ocupadas por pueblos indígenas, son expresiones acostumbradas de esta discriminación, traducidas en desinterés e indiferencia. / Tesis

La conservación de las áreas naturales protegidas (ANP1) y su posicionamiento como herramientas para la conservación, se ha visto reflejado en las normas que establecen como obligatoria la Opinión Técnica Previa Vinculante (OTPV) a un proyecto que se superponga a dichas áreas, sin su obtención el proyecto propuesto no es viable. Este procedimiento es conocido como compatibilidad. Por otro lado, la creación de escenarios concertados en las áreas naturales protegidas, cobra importancia porque establece la gestión del territorio y los recursos que en ellas se encuentran, si dichos escenarios se construyen sin la participación de los actores, estos no reflejan la forma en que las poblaciones locales se relacionan con su entorno. Cuando estos escenarios se ubican en la zona de sierra entonces existe una alta probabilidad que parte de sus actores sean comunidades campesinas, por tanto entran a tallar no solo las normas aplicables a las ANP sino también las que conciernen a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el agua juega un papel importante ya que es un recurso fundamental para la subsistencia de estas comunidades, pues no sólo les permite acceder al alimento a través del cultivo de la tierra o crianza de ganado, sino que también se encuentra ligada a un concepto de territorio, costumbres e identidad colectiva. Además, al discurrir por un ANP la gestión que esta haya previsto en su plan maestro es decisiva para los usos que se le dé, pudiendo no coincidir con las expectativas y/o necesidades de las comunidades. Es así que, en este espacio se tejen una serie de normas que regulan directa o indirectamente el uso que se le da al agua. Entonces, cuando se tiene un proyecto de afianzamiento hídrico cuya fuente de agua se encuentra dentro de un ANP, y cuyo fin es garantizar la subsistencia de una comunidad campesina, no solo rigen las normas y regulaciones dadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino también aquellas establecidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y debido a la naturaleza del proyecto también cobran importancia las normas del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Sin embargo, antes incluso de pensar en el procedimiento para obtención de un derecho de uso de agua, se requiere contar con la OTPV (compatibilidad) favorable, siendo este el primer paso 1 En al presente tesis la sigla ANP se empela indistintamente para referirse a un área natural protegida o a más de un área natural protegida. para ejecutar el proyecto, de no obtenerlo, el proyecto no es factible y termina siendo denegado. Esta situación implica la denegación tácita del uso de agua a la comunidad que lo solicita, con lo cual se podría vulnerar su derecho humano al agua y con este su derecho a una vida digna y otros derechos de los pueblos indígenas. En la presente tesis, se analiza el caso de la comunidad campesina de Aquia ubicada en el departamento de Ancash, para entender cómo funcionó la evaluación del SERNANP, la cual no consideró el derecho humano al agua (DHA) ni los derechos de las comunidades. En base a ello y a entrevistas a diversos actores asociados a la actividad, se determinaron desafíos para incluir en la evaluación de SERNANP, tanto el DHA como el derecho de las comunidades campesinas localizadas en la sierra (pueblos indígenas). Una vez determinados estos desafíos, se pudieron establecer criterios para llevar a cabo una evaluación diferenciada en casos similares al de la comunidad campesina de Aquia. Es decir, se proponen criterios técnicos adicionales en la evaluación previa a la OTPV (compatibilidad) cuando se involucre a una o más comunidades campesinas en sierra con el propósito de mejorar la evaluación. Asimismo, se realizó un análisis legal determinando que la ratificación de diversos tratados internacionales asociados al DHA, son de cumplimiento obligatorio, los cuales brindan la base legal para resolver y emitir la OTPV favorable a un proyecto. A esto se sumó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la cual permitió demostrar que las menciones al Convenio 169 de la OIT y derechos de las comunidades en la Ley de áreas naturales protegidas y la Ley de recursos hídricos, es la base fundamental para evaluar la solicitudes de compatibilidad, considerando el derecho humano al agua y los derechos de las comunidades como criterios adicionales no indicados literalmente en la legislación, pero si presentes en la normativa existente aplicable al caso. / The conservation of natural protected areas (ANP) and their positioning as tools for conservation has been reflected in the regulations that establish the binding prior technical opinion (OTPV) as mandatory for a project that overlaps those areas, without its obtaining the proposed project is not viable. This procedure is known as compatibility. On the other hand, the creation of concerted scenarios in natural protected areas becomes important because it establishes the management of the territory and the resources that are in them, if such scenarios are carried out without the participation of the actors, they do not reflect the way that local populations are related to their environment. When these areas are located in the highlands, the probability that part of their actors are peasants communities is quite high, therefore the applicable rules are not only related to the ANP, but also those that recognize the rights of indigenous communities. In this sense, water plays an important role since it is a fundamental resource for the subsistence of these communities, as it not only allows them to access food through the cultivation of land or raising livestock, but it is also linked to a concept of territory, customs and collective identity. In addition, when water runs through an ANP the management established on the master plan becomes overriding for its uses, which may not coincide with the expectations and / or needs of the communities, so in this space applies laws that directly or indirectly regulate the resource use. Then, when the water source of a project is inside an ANP whose purpose is to guarantee the subsistence of a peasant community, the rules and regulations that are applied are those given by the ANA, SERNANP and MINAGRI due to the character of the project. However, before even thinking about the procedure to obtain a right to use water, the prior obligation is the OTPV (compatibility), this is the first step to execute the project, if it is not obtained, the project is not feasible and ends up being denied. This situation implies the tacit denial of the use of water to the community that requests it, thereby violating their human right to water and related rights as right to a dignified life and the rights of indigenous peoples In the present thesis, the case of peasant community of Aquia, located in Ancash, is analyzed to understand how the evaluation of SERNANP was accomplished, which did not consider the human right to water or the rights of indigenous peoples. Based on interviews with key actors, challenges were identified linked to evaluation of SERNANP both the DHA and the right of the communities. Once these challenges were determined, criteria could be established to carry out a differentiated evaluation in similar cases to peasant community of Aquia. In other words, additional technical criteria are proposed in the prior evaluation for delivering OTPV when one or more highland peasant communities are involved. Likewise, a legal analysis was carried out determining that the ratification of various international treaties associated with the DHA, are mandatory, which provide the legal basis to resolve and deliver the OTPV favorable to a project. This was complemented by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (CIDH) and the United Nations Human Rights Court (CDHNU), which demonstrated that the mentions to Convention 169 and the rights of communities in the law of natural protected areas and the law of water resources, is the fundamental basis for evaluating compatibility requests considering the human right to water and the rights of communities. / Tesis