La presente investigación tiene por objetivo examinar y verificar si la Beca Repared realmente tiene un efecto reparador en las víctimas, centrándose en el caso de las y los jóvenes inscritos en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación - REBRED. Para ello se analiza si está estructurada como una verdadera medida de reparación y no solo como una modalidad más de Beca 18. Asimismo, se busca identificar si la beca es vista y considerada por los beneficiarios y beneficiaras y también sus familiares, como una medida de reparación que verdaderamente tiene un efecto reparador. Este estudio es de corte descriptivo e interpretativo, tiene un fuerte componente práctico, bajo la idea de contar con la percepción y opinión de las y los estudiantes beneficiarios y también de los familiares que cedieron el beneficio en educación. Para el trabajo de campo se empleó el enfoque fenomenológico, el cual se centra en describir los significados de las experiencias vividas a partir de un determinado fenómeno, de modo tal que quien investiga asume un rol de “consejero”, en el cual no se cuestiona la validez de la experiencia relatada, ocupando una posición más bien empática. Los hallazgos permiten evidenciar los aspectos positivos y altamente valorados de la beca por parte de las y los estudiantes y de sus familiares; así como, identificar sus debilidades. Todo ello redunda en la sensación de reparación de las víctimas, la cual incluso se encuentra vinculada al nivel de satisfacción de las otras medidas de reparación, bajo una idea de reparación integral

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual.

La presente tesis tiene como objetivo probar la necesidad y existencia del derecho a la consulta de las personas con discapacidad para poder participar efectivamente en la formulación e implementación de políticas públicas. La tesis desarrolla el derecho a la consulta como un elemento del derecho a la participación política, así como una forma de empoderamiento de un colectivo en situación de vulnerabilidad y una necesidad para la implementación de políticas públicas que tengan un enfoque de discapacidad. Para ello, en primer lugar, aborda la necesidad de tener un Enfoque Basado en los Derechos Humanos que tenga una mirada sobre la discapacidad. En ese sentido, tal enfoque se debe basar en las mismas premisas contenidas en la CDPD y garantizar que las personas con discapacidad y sus necesidades se vean plenamente reflejadas en el propio EBDH. A partir de ello, se vinculan ambas categorías. En el particular caso del elemento de participación, se vuelve imprescindible hablar del derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Luego, se demuestra que el derecho a la consulta es parte del derecho a la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad y por qué lo es. Finalmente, el último capítulo busca desarrollar cómo se debe llevar a cabo la consulta y formular indicadores que permitan que los Estados y la comunidad internacional puedan verificar adecuadamente el cumplimiento de dicha obligación. Es por lo mismo que se sistematizan los pronunciamientos vertidos por el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad y se desarrollan estándares sobre cómo se debe desarrollar la consulta. A partir de los mismos, se construye una formulación de indicadores que garanticen que la consulta se lleve a cabo de manera que sirva como una verdadera forma de participación que empodere a las personas con discapacidad.

Actualmente, la Trata de Personas es uno de los delitos que atenta de manera directa contra los Derechos Humanos, al deshumanizar a las personas y darle un valor de consumo en un mercado que intercambia y vende a las personas de manera impune. Este delito afecta sobre todo a países con mayores índices de pobreza y, por tanto, con mayor población en condición de vulnerabilidad, como el Perú. A pesar de las iniciativas y el involucramiento de diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, los resultados se vuelven insuficiente ante una visión de enfoque punitivo y no como un fenómeno social que necesita asumirse como una consecuencia de la ausencia de oportunidades, donde diversas instituciones del Estado tienen roles fundamentales. Esta investigación tiene por objetivo dar a conocer cuál ha sido la respuesta del Estado y el Gobierno Regional de Madre de Dios para la lucha contra la Trata y cuál es la realidad de esta región que facilitaría la existencia de este fenómeno; evidenciando así que a pesar de diversas iniciativas, las particularidades sociales y la falta de atención a ellas contribuyen a que no se pueda trabajar adecuadamente en la lucha; situación que se agrava al identificar zonas donde existe la trata y no hay mayor presencia del Estado. / Tesis

Esta investigación analiza y busca aportar al conocimiento de las dinámicas de resistencia de mujeres adultas que estuvieron cautivas por muchos años en el monte de la selva de Satipo, a manos del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL). Allí, Sendero Luminoso obligó a desplazarse a miles de pobladores asentados en comunidades en ambas márgenes del río Ene, a los que identifico como la “masa”. En el monte virgen de la selva de Satipo, el PCP-SL estableció campamentos en los que ensayó la instauración de su “nuevo Estado”, imponiendo un nuevo orden social. Este cautiverio tuvo una duración de más de diez años y se cree que aún siguen personas a manos de Sendero Luminoso en esa zona. Esta investigación analiza el proceso de dominación del PCP-SL y las particularidades de la resistencia de las mujeres adultas, identificadas como “masa”, a lo largo de este proceso. Se trató de una resistencia individual, ligada fuertemente a las emociones que producen los juicios de valor de estas mujeres. Se demuestra que no es posible tener un control total de los individuos, como era la intensión de Sendero Luminoso frente a la “masa”. Las mujeres adultas mantuvieron su independencia en su fuero interno, y es la que guio sus acciones de resistencia.

En el presente proyecto de innovación mencionaremos una opción en respuesta a la Ineficiente prestación de servicios por parte de la División de Protección Contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) 2020. Las medidas de protección son dictadas por el Juzgado de familia, y el ejecutor de las medidas de protección es la Policía Nacional del Perú. En el capítulo uno, se establece la definición, descripción y redacción del problema, Ineficiente prestación de servicios por parte de la DIVPCVF, año 2020, encontramos la arquitectura del problema, el marco institucional y normativo del problema. En el capítulo dos, se ha definido el marco teórico y las causas del problema: i). Incremento del subregistro de la victimización en el grupo familiar; ii). Limitados recursos logísticos y potencial humano de la PNP; iii). Ineficiente coordinación interinstitucional de la DIVPCVF; iv). Escasa cobertura para cumplir con las medidas de protección a las víctimas de violencia; y v). Rotación de efectivos policiales que prestan servicios en las áreas de violencia. La causa seleccionada fue la “escasa cobertura para cumplir con las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia”, debido a la relevancia por parte de la PNP. En el capítulo tres, encontramos el problema reformulado y el desafío de innovación, experiencias que enfrenta el desafío de innovación, concepto y prototipo final de innovación. Concluyendo con el cuarto capítulo, se profundiza sobre la factibilidad, deseabilidad y viabilidad del proyecto de innovación. / In this innovation project we will mention an option in response to the inefficient provision of services by the Division for Protection Against Family Violence (DIVPCVF) 2020. The protection measures are issued by the Family Court, and the executor of the protection measures is the National Police of Peru. In chapter one, the definition, description and wording of the problem are established, Inefficient provision of services by the DIVPCVF, year 2020, we find the architecture of the problem, the institutional and regulatory framework of the problem. In chapter two, the theoretical framework and the causes of the problem have been defined: i). Increased underreporting of victimization in the family group; ii). Limited logistical resources and human potential of the PNP; iii). Inefficient inter-institutional coordination of the DIVPCVF; iv). Little coverage to comply with protection measures for victims of violence; and V). Rotation of police officers who provide services in areas of violence. The cause selected was the "poor coverage to comply with protection measures for women victims of violence", due to the relevance of the PNP. In chapter three, we find the reformulated problem and the innovation challenge, experiences facing the innovation challenge, concept and final prototype of innovation. Concluding with the fourth chapter, the feasibility, desirability and viability of the innovation project are deepened.

La conservación de las áreas naturales protegidas (ANP1) y su posicionamiento como herramientas para la conservación, se ha visto reflejado en las normas que establecen como obligatoria la Opinión Técnica Previa Vinculante (OTPV) a un proyecto que se superponga a dichas áreas, sin su obtención el proyecto propuesto no es viable. Este procedimiento es conocido como compatibilidad. Por otro lado, la creación de escenarios concertados en las áreas naturales protegidas, cobra importancia porque establece la gestión del territorio y los recursos que en ellas se encuentran, si dichos escenarios se construyen sin la participación de los actores, estos no reflejan la forma en que las poblaciones locales se relacionan con su entorno. Cuando estos escenarios se ubican en la zona de sierra entonces existe una alta probabilidad que parte de sus actores sean comunidades campesinas, por tanto entran a tallar no solo las normas aplicables a las ANP sino también las que conciernen a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el agua juega un papel importante ya que es un recurso fundamental para la subsistencia de estas comunidades, pues no sólo les permite acceder al alimento a través del cultivo de la tierra o crianza de ganado, sino que también se encuentra ligada a un concepto de territorio, costumbres e identidad colectiva. Además, al discurrir por un ANP la gestión que esta haya previsto en su plan maestro es decisiva para los usos que se le dé, pudiendo no coincidir con las expectativas y/o necesidades de las comunidades. Es así que, en este espacio se tejen una serie de normas que regulan directa o indirectamente el uso que se le da al agua. Entonces, cuando se tiene un proyecto de afianzamiento hídrico cuya fuente de agua se encuentra dentro de un ANP, y cuyo fin es garantizar la subsistencia de una comunidad campesina, no solo rigen las normas y regulaciones dadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino también aquellas establecidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y debido a la naturaleza del proyecto también cobran importancia las normas del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Sin embargo, antes incluso de pensar en el procedimiento para obtención de un derecho de uso de agua, se requiere contar con la OTPV (compatibilidad) favorable, siendo este el primer paso 1 En al presente tesis la sigla ANP se empela indistintamente para referirse a un área natural protegida o a más de un área natural protegida. para ejecutar el proyecto, de no obtenerlo, el proyecto no es factible y termina siendo denegado. Esta situación implica la denegación tácita del uso de agua a la comunidad que lo solicita, con lo cual se podría vulnerar su derecho humano al agua y con este su derecho a una vida digna y otros derechos de los pueblos indígenas. En la presente tesis, se analiza el caso de la comunidad campesina de Aquia ubicada en el departamento de Ancash, para entender cómo funcionó la evaluación del SERNANP, la cual no consideró el derecho humano al agua (DHA) ni los derechos de las comunidades. En base a ello y a entrevistas a diversos actores asociados a la actividad, se determinaron desafíos para incluir en la evaluación de SERNANP, tanto el DHA como el derecho de las comunidades campesinas localizadas en la sierra (pueblos indígenas). Una vez determinados estos desafíos, se pudieron establecer criterios para llevar a cabo una evaluación diferenciada en casos similares al de la comunidad campesina de Aquia. Es decir, se proponen criterios técnicos adicionales en la evaluación previa a la OTPV (compatibilidad) cuando se involucre a una o más comunidades campesinas en sierra con el propósito de mejorar la evaluación. Asimismo, se realizó un análisis legal determinando que la ratificación de diversos tratados internacionales asociados al DHA, son de cumplimiento obligatorio, los cuales brindan la base legal para resolver y emitir la OTPV favorable a un proyecto. A esto se sumó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la cual permitió demostrar que las menciones al Convenio 169 de la OIT y derechos de las comunidades en la Ley de áreas naturales protegidas y la Ley de recursos hídricos, es la base fundamental para evaluar la solicitudes de compatibilidad, considerando el derecho humano al agua y los derechos de las comunidades como criterios adicionales no indicados literalmente en la legislación, pero si presentes en la normativa existente aplicable al caso. / The conservation of natural protected areas (ANP) and their positioning as tools for conservation has been reflected in the regulations that establish the binding prior technical opinion (OTPV) as mandatory for a project that overlaps those areas, without its obtaining the proposed project is not viable. This procedure is known as compatibility. On the other hand, the creation of concerted scenarios in natural protected areas becomes important because it establishes the management of the territory and the resources that are in them, if such scenarios are carried out without the participation of the actors, they do not reflect the way that local populations are related to their environment. When these areas are located in the highlands, the probability that part of their actors are peasants communities is quite high, therefore the applicable rules are not only related to the ANP, but also those that recognize the rights of indigenous communities. In this sense, water plays an important role since it is a fundamental resource for the subsistence of these communities, as it not only allows them to access food through the cultivation of land or raising livestock, but it is also linked to a concept of territory, customs and collective identity. In addition, when water runs through an ANP the management established on the master plan becomes overriding for its uses, which may not coincide with the expectations and / or needs of the communities, so in this space applies laws that directly or indirectly regulate the resource use. Then, when the water source of a project is inside an ANP whose purpose is to guarantee the subsistence of a peasant community, the rules and regulations that are applied are those given by the ANA, SERNANP and MINAGRI due to the character of the project. However, before even thinking about the procedure to obtain a right to use water, the prior obligation is the OTPV (compatibility), this is the first step to execute the project, if it is not obtained, the project is not feasible and ends up being denied. This situation implies the tacit denial of the use of water to the community that requests it, thereby violating their human right to water and related rights as right to a dignified life and the rights of indigenous peoples In the present thesis, the case of peasant community of Aquia, located in Ancash, is analyzed to understand how the evaluation of SERNANP was accomplished, which did not consider the human right to water or the rights of indigenous peoples. Based on interviews with key actors, challenges were identified linked to evaluation of SERNANP both the DHA and the right of the communities. Once these challenges were determined, criteria could be established to carry out a differentiated evaluation in similar cases to peasant community of Aquia. In other words, additional technical criteria are proposed in the prior evaluation for delivering OTPV when one or more highland peasant communities are involved. Likewise, a legal analysis was carried out determining that the ratification of various international treaties associated with the DHA, are mandatory, which provide the legal basis to resolve and deliver the OTPV favorable to a project. This was complemented by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (CIDH) and the United Nations Human Rights Court (CDHNU), which demonstrated that the mentions to Convention 169 and the rights of communities in the law of natural protected areas and the law of water resources, is the fundamental basis for evaluating compatibility requests considering the human right to water and the rights of communities. / Tesis

La presente tesis de investigación se divide en dos partes: una primera parte escrita que se encuentra subdividida en tres capítulos, en el primero abordaremos el tema de la memoria y cómo aparece ésta en la coyuntura de los años 1970 al 2000 en América Latina; en primer lugar por la violación de los Derechos Humanos (DDHH) en nuestro continente, el testimonio sobre todo de las víctimas o de sus familiares, la relación que hay con la Ciencia Histórica, el proceso de judicialización de los actores transgresores de DDHH y el espacio simbólico que es un “Lugar de la Memoria”. En el segundo capítulo, dedicado a la ejecución técnica y el uso de la plataforma virtual Second Life como simulación de la realidad concreta, y el último capítulo, compuesto por la descripción del espacio virtual y la justificación de los casos que hemos escenificado de forma virtual. Finalmente, la segunda parte, el espacio virtual recreado en la plataforma Second Life, Este entorno de simulación tridimensional presenta diversos escenarios en forma virtual. La parcela que conforma el Espacio de Simulación Virtual de la Memoria “SONK’OYMI YUYANMI – Mi Corazón Recuerda”, vista desde un plano horizontal se configura en forma del símbolo de la negación debidamente señalado, el espacio de los andenes y los once casos recreados. Los tomos II, III, IV, V y VII del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación han servido de guía para la construcción del Espacio de Simulación Virtual de la Memoria, en cuanto a la información se refiere. / Tesis

Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación. / Tesis

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en el 2003, identificó que las violaciones sexuales a mujeres agudizaron la desigualdad y la violencia existente. Visibilizando el caso Manta (Huancavelica 1984) como un caso emblemático que debía atravesar el proceso de judicialización. Sin embargo, Manta es el primer y único caso que ha llegado en instancias judiciales bajo la defensa del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). No obstante, a pesar de que estas organizaciones manifiestan el mismo objetivo de acompañar la defensa en instancias judiciales, diseñan estrategias distintas para abordarlo. El estudio, describe las distintas estrategias diseñadas por IDL y Demus, frente a las condiciones cambiantes durante el proceso. El análisis se realiza para las dos etapas del proceso: i) el acercamiento de las ONG a las mujeres afectadas de Manta, y, ii) el proceso de judicialización, que incluye el proceso del juicio oral. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso, el recojo de información se realizó a través de revisión bibliográfica, revisión de fuentes periodísticas y construcción de líneas de tiempo. Además, se realizaron once entrevistas semiestructuradas a actores claves, miembros de IDL y Demus que participaron de cada etapa, así como también, miembros de la CVR que tuvieron implicancia en el caso Manta y especialistas del caso. El estudio resalta el precedente institucional que significó la visibilización de la violencia sexual que realizó la CVR dotando el sustento para que IDL y Demus lleguen al caso. Se encuentra que, a pesar de tratarse de organizaciones de derechos humanos, responden a saberes y trayectorias distintas que se reflejan en sus estrategias. Sin embargo, los distintos criterios de sus enfoques resultan ser complementarios para abordar el caso y enfrentarse a los desafíos que encuentran en el Poder Judicial. En este sentido, sugiere la reflexión acerca del ejercicio público de la defensa de IDL y Demus que logran abrir un camino en el sistema de justicia para las afectadas de la violencia sexual. Implicando también el posicionamiento de Demus como pionera en llevar el derecho con perspectiva de género al Poder Judicial y, el posicionamiento que logra afianzar IDL en el campo de los derechos humanos.