Las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará interpusieron un Recurso de Amparo Constitucional (RAC) frente a las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cemento Sur S.A, sin haberse realizado el proceso de consulta previa. El Tribunal Constitucional (TC) lo declaró improcedente, debido a que, en su opinión, la consulta previa no es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1993. Asimismo, en sus votos singulares, los magistrados Miranda Canales y Ferrero Costa, señalaron que el derecho a la consulta previa no comprende el otorgamiento de concesiones mineras, debido a que no representa riesgo para las comunidades involucradas. Frente a ello, se analizó si es que, según los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido en su jurisprudencia y lo dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, entre otros), la consulta previa aplicaba para este caso. Asimismo, se examinó por qué los magistrados del TC, en virtud del control de convencionalidad, estaban obligados a aplicar dichos estándares en su fallo interno, y si es que el actual planteamiento de la consulta previa en Perú cumple los estándares señalados. Como resultado se estableció que dicho planteamiento vulnera los estándares planteados por la CoIDH en relación con la consulta previa, y obstaculiza casos como el de las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucara, cuya aplicación se demandó desde la concesión de su territorio. Asimismo, se evidenció la deficiente aplicación del control de convencionalidad en el caso. / The Chila Chambilla and Chila Pucará communities filed a writ of Amparo (constitutional protection) against the mining concessions granted to Cemento Sur S.A, without the prior consultation process. The Constitutional Court (TC) declared it inadmissible, stating that prior consultation is not a fundamental right enshrined in the 1993 Political Constitution. Additionally, in their individual votes, magistrates Miranda Canales and Ferrero Costa stated that the right to prior consultation does not include the granting of mining concessions, as it does not pose a risk to the communities involved. Therefore, it was analyzed whether, according to the standards established by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in its jurisprudence and the provisions of different international legal instruments (American Convention on Human Rights, ILO Convention 169, among others), prior consultation applied to this case. Likewise, it was examined why the TC magistrates, under the control of conventionality, were obligated to apply these standards in their internal ruling, and whether the current approach to prior consultation in Peru meets the standards indicated. As a result, it was established that this approach violates the standards set by the IACHR regarding prior consultation and obstructs cases such as those of the Chila Chambilla and Chila Pucara communities, whose application has been demanded since the granting of their territory. Additionally, deficient application of conventionality control was evidenced in the case.

La presente tesis tiene por objetivo identificar el rol del enfoque de género como herramienta en el análisis del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, mediante el abordaje de una situación específica, la comprensión del matrimonio forzado como una modalidad específica del crimen de esclavitud sexual. La importancia de esta investigación radica en que tradicionalmente se ha considerado a estas ramas del derecho como neutras a lo referido a implicancias de género. Sin embargo, consideramos que el diseño de las normas y el sistema jurídico, en general carentes de este enfoque, no son “neutros”, sino que muy por el contrario contribuyen a perpetuar sistemas opresores e insensibles ante existentes y nuevas formas de violencia contra mujer, las cuales se constituyen como violaciones de derechos humanos. Es así que para el desarrollo de la investigación se ha empelado el marco teórico de del Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, y de los estudios de género. A partir de los mismos se ha utilizado una metodología mixta, incluyendo el análisis dialectico, histórico y analógico. Cómo conclusión, se ha comprobado que el enfoque de género es imprescindible para comprender el fenómeno analizado y brindar una respuesta adecuada al mismo. Esto al demostrar que el matrimonio encubre un conjunto de violaciones de derechos fundamentales en una institución social aceptada y regulada: el matrimonio, invisibles ante un lente carente de este enfoque

La presente investigación busca contribuir, desde una perspectiva teórica, al análisis y determinación de los alcances del derecho a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú durante el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre los años 1996 al 2000, de acuerdo a los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desarrollados sobre la materia. En ese sentido, la obligación de reparar a las víctimas es planteada como consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado peruano por la acción directa de agentes del Estado al diseñar, implementar y ejecutar la política de esterilizaciones forzadas, por incumplimiento del Estado de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, y por legitimar patrones de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, al establecer que estamos frente a un caso específico de violencia basada en el género. Asimismo, se analizan las acciones, avances y retrocesos, que ha realizado el Estado peruano desde que los casos se hicieran públicos, para luego proponer las medidas que debería tomar el propio Estado para garantizar de manera adecuada, y de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la búsqueda de verdad, justicia, y en especial, reparación de las miles de víctimas que siguen esperando.

El presente artículo académico tiene como finalidad analizar el derecho a la educación y las limitaciones que acarrean en cuanto a la disponibilidad de instituciones educativas y la accesibilidad no solo a través de normas (aunque claramente estas significan una contribución y un avance significativo en el enfoque que le damos), sino también en políticas públicas que aseguren a nuestras personas el pleno ejercicio de este derecho y no solo el derecho, sino el desarrollo de capacidades y destrezas que los alejen de la ignorancia y los acerquen a su realización personal y de la sociedad. Da cuenta al problema estructural que vivimos en nuestro país y abre un debate enriquecedor en el que se pueden cuestionar desde el acceso a instituciones educativas hasta las prácticas sociales que nos hacen vivir en situaciones de desigualdad sistémica. Para explicar este problema nos basamos en la concepción de justicia e igualdad que nos presenta la filósofa política Nancy Fraser entendiendo la justicia igualitaria en dos dimensiones: reconocimiento y redistribución. La intención y el propósito del Estado en cuanto al derecho a la educación deberá ser el de alentar desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal a analizar y aprender los valores que como sociedad queremos construir

La consulta previa es un derecho previsto en el Convenio N.° 169 de la OIT y en la legislación nacional. Se aplica cuando el Estado emite una norma susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, si se verifica la afectación, se activa de inmediato la consulta previa. Por el contrario, su ausencia deja de lado su puesta en marcha. Esta particular circunstancia convierte a la afectación directa en un concepto clave para la implementación de la consulta. Por esta razón, es necesario definirla de la manera más clara posible, ya que de ella depende la concreción de un derecho. Sin embargo, no es una tarea sencilla pues el propio Convenio 169 no ha señalado qué debemos entender por ella y la legislación nacional prefiere una fórmula abierta a diferentes interpretaciones. Por ello, resulta gravitante aproximarnos a este concepto a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues en su condición de intérprete final de la Constitución, a la vez que es el garante de los derechos de las personas, incluidos los de los pueblos indígenas, nos da luces sobre su contenido. Precisamente, el presente informe jurídico revisa críticamente la sentencia del expediente 01717-2014- PC/TC y analiza si su aproximación al concepto de afectación directa garantiza el derecho a la consulta previa.

El presente informe analiza los votos singulares que declararon improcedente la demanda de amparo interpuesta por el señor Óscar Ugarteche Galarza en contra del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De ahí que, la presente investigación pretende determinar que la ausencia del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del Tribunal Constitucional, atenta contra las obligaciones internacionales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para tal fin, se realizará un estudio de la regulación de las instituciones jurídicas del matrimonio y de la familia, a partir de la teoría holística metodológica; la tesis de la Supremacía de la Constitución; el principio de unidad de la Constitución; la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; el bloque e interpretación convencional; y, la perspectiva de género en la regulación del matrimonio. Cabe señalar que, esta investigación busca evidenciar que, el Tribunal Constitucional al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, y al libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales. Por último, este informe concluye que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, perpetúa los estereotipos de género y la discriminación estructural que padece la población LGBTIQ+ en el Perú. / This report analyzes the singular votes that declared inadmissible the amparo lawsuit filed by Mr. Óscar Ugarteche Galarza against the National Registry of Identification and Civil Status (Reniec). Therefore, this research aims to determine that the absence of recognition of same-sex marriage by the Constitutional Court violates the international obligations enshrined in the American Convention on Human Rights. To this end, a study of the regulation of the legal institutions of marriage and the family will be carried out, based on the holistic methodological theory; the thesis of the Supremacy of the Constitution; the principle of unity of the Constitution; the case law of the Constitutional Court; the conventional block and interpretation; and the gender perspective in the regulation of marriage. It should be noted that this research seeks to demonstrate that, by not recognizing same-sex marriage, the Constitutional Court violates the rights to equality and non-discrimination, and the free development of the personality of same-sex couples. Finally, this report concludes that the pronouncement of the Constitutional Court perpetuates gender stereotypes and structural discrimination suffered by the LGBTIQ+ population in Peru.

El presente informe jurídico realiza un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de junio del 2013 recaída en el Expediente N° 01969-2011- PHC/TC. Específicamente, los puntos centrales del análisis se encuentran en los conceptos de crímenes de lesa humanidad y de prescripción de la acción penal, y su vinculación con el caso del debelamiento del amotinamiento acontecido en el centro penitenciario El Frontón los días 18 y 19 de junio de 1986, el cual dejó un saldo de, aproximadamente, 133 víctimas mortales. Se concluye, principalmente, que estos hechos resultan imprescriptibles, al ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se concluye que el recurso de agravio constitucional que motivó la sentencia analizada no debió ser declarado fundado, en ningún extremo. En ese sentido, el presente informe jurídico aborda, principalmente, las ramas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Penal, por lo que los recursos bibliográficos y referencias incluyen sentencias del Tribunal Constitucional, artículos académicos relevantes sobre la materia, normativa nacional e internacional relevante, entre otros. Finalmente, el presente informe jurídico aborda un caso de gran importancia para los Derechos Humanos, y uno que ha suscitado gran controversia tanto a nivel jurídico como político / This legal report analyzes the sentence of the Constitutional Court of June 14, 2013 incorporated in File No. 01969-2011-PHC/TC. Specifically, the central points of the analysis are found in the concepts of crimes against humanity and the statute of limitations for criminal proceedings, and their connection with the case of the debellation of the riot that occurred in El Frontón penitentiary center on June 18 and 19, 1986, which left a balance of approximately 133 fatalities. It is concluded, mainly, that these facts are imprescriptible, as they constitute crimes against humanity. Likewise, it is concluded that the constitutional appeal that motivated the analyzed sentence should not have been declared founded, in any extreme. In this sense, this legal report mainly addresses the branches of Constitutional Law and Constitutional Procedure, International Criminal Law and Criminal Procedure Law, so the bibliographic resources and references include judgments of the Constitutional Court, relevant academic articles on the subject, relevant national and international regulations, among others. Finally, this legal report addressed a case of great importance for Human Rights, and one that has generated great controversy both legally and politically

La tutela reforzada en favor de las personas trans se encuentra sustentada jurídica y extrajurídicamente, al estar dentro de categorías protegidas y/o sospechosas de discriminación a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, entenderlas como una población en situación de vulnerabilidad, por la criminalización, patologización y estigmatización de su existencia, desde un punto de vista relacional, respectivamente. Así, se plantea como problema jurídico identificar cuales con los estándares que la regulación laboral interna debe considerar a fin de garantizar los derechos inespecíficos de las personas trans en el mundo del trabajo. En esa línea, se analizan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, su evolución y su aplicación al ámbito del trabajo, como concepto amplio, no restringido a la relación jurídico laboral como tal. Se identifican tres derechos: identidad de género, expresión de género y a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, reconocidos desde el derecho internacional, sobre los cuales se proponen medidas de intervención regulatoria concordantes con las obligaciones generales de los estados parte de dicho tratado, de prevención, protección y adecuación de la normativa interna, relacionadas con el acceso y terminación de la relación de trabajo, condiciones básicas de trabajo decente y límites al poder de dirección. / The reinforced guardianship in favor of trans people is legally and extra-legally supported, as they are within protected categories and/or suspected of discrimination based on the American Convention on Human Rights; and, understanding them as a population in a situation of vulnerability, due to the criminalization, pathologization and stigmatization of their existence, from a relational point of view, respectively. Thus, it arises as a legal problem to identify the standards that the internal labor regulation must consider in order to guarantee the fundamental rights of trans people in the world of work. In this line, the judgments of the Inter-American Court of Human Rights on the matter, its evolution and its application to the field of work are analyzed, as a broad concept, not restricted to the legal labor relationship as such. Three rights are identified: gender identity, gender expression and a world of work free of violence and harassment, recognized from international law, on which regulatory intervention measures are proposed consistent with the general obligations of the states parties to said treaty, prevention, protection and adaptation of internal regulations, related to access and termination of the employment relationship, basic conditions of decent work and limits to the power of management.

El presente trabajo de investigación tiene dos propósitos. Primero, demostrar que las personas con discapacidad motora y movilidad reducida son titulares del derecho a la ciudad, el mismo que contempla el disfrute de una vida urbana digna, específicamente, con acceso a espacios públicos diseñados acorde a sus necesidades. De acuerdo con ello, es nuestro objetivo delimitar el contenido esencial del derecho a la ciudad a partir de referentes internacionales y nacionales. Segundo, pretendemos demostrar la importancia de la constitucionalización del derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico peruano, a la luz del caso de las personas con discapacidad motora y movilidad reducida, por dos razones: (a) tiene relación con otros derechos, pero por su contenido esencial merece protección constitucional y no solo legal, (2) su justiciabilidad será efectiva mediante el proceso de amparo / This research work has two purposes. First, to demonstrate that people with motor disabilities and reduced mobility are entitled to the right to the city, which includes the enjoyment of a dignified urban life, specifically, with access to public spaces designed according to their needs. Accordingly, we intend to delimit the essential content of the right to the city based on national and international references. Second, we intend to demonstrate the importance of the constitutionalization of the right to the city in the Peruvian legal system, in light of the case of persons with motor disabilities and reduced mobility, for two reasons: (a) it is related to other rights but because of its essential content it deserves constitutional protection and not only legal protection, (2) its justiciability will be effective through the amparo process / Trabajo académico

El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno; Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).