El presente informe jurídico versa sobre la demanda interpuesta por Perla Guadalupe Berríos Cabrera contra Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., sobre el reconocimiento de una relación de trabajo derivada de la desnaturalización del contrato de locación de servicios que suscribieron las partes en el año 2007 y sobre el pago de la indemnización por despido por la decisión unilateral de la trabajadora de dar término a la relación laboral tras imputar la comisión de un acto de hostilidad que lesiona su dignidad. Este trabajo académico persigue una reflexión jurídica sobre el tratamiento de los derechos inespecíficos laborales en el marco específico del régimen laboral del periodista como parámetro de ejercicio del poder de dirección. El análisis aquí expuesto se sirve del Derecho de Trabajo como base de regulación de las relaciones laborales y del Derecho Procesal del Trabajo para analizar las vicisitudes del trámite procesal pero, además, la propuesta se integra dentro del campo de estudio las instituciones el Derecho Constitucional, específicamente la teoría de los derechos fundamentales de ambas partes, tales como el derecho a la libertad de empresa junto con las prerrogativas de organización del trabajo que de ella surgen; y, el catálogo de derechos presentes en el ejercicio profesional del periodismo tales como la dignidad, la libertad de información, la objeción de conciencia y el derecho a la imagen. La discusión procesal se resuelve a partir de la técnica de ponderación entre los bienes constitucionales de ambas partes. Por otro lado, el expediente es una oportunidad poco frecuente para analizar la cláusula de conciencia, acuerdo de origen legal que se inserta de forma obligatoria en todos los contratos en el ámbito del periodismo al interior de empresas de radio y televisión, el cual otorga al periodista el derecho a finalizar de forma unilateral el vínculo contractual en caso sea conminado a realizar trabajos que son opuestos a su conciencia o los deberes éticos de su profesión. Finalmente, este trabajo resuelve otros problemas de orden legal respecto del procedimiento de actos de hostilidad, tales como la aplicación del principio de inmediatez como oportunidad de la imputación y los efectos de la suspensión del vínculo laboral dentro de dicho procedimiento.

La presente investigación plantea como el análisis de las causas que han originado la presencia de una protección reforzada en el ámbito laboral en favor de la trabajadora gestante y la madre trabajadora. Entre estas manifestaciones de salvaguarda, se ha enfatizado en la protección frente al despido de la trabajadora gestante, la cual converge con otras instituciones tradicionales del derecho laboral como la estabilidad laboral y la carga probatoria. Asimismo, se han expuestos distintos instrumentos, tanto a nivel interno como internacional, que versan sobre la materia. Acerca de las conclusiones, se acredita la existencia de diversas causales que han dado origen a la referida protección, como la exclusión histórica de la mujer en el trabajo por factores de género y la penalización de la maternidad en el acceso y salida de las relaciones laborales. En igual sentido, se remarca la importancia y las manifestaciones legislativas que se vienen otorgando, como el despido nulo por razón de embarazo y la inversión probatoria. / This research proposes an analysis of the causes that have given rise to the presence of reinforced protection in the labour sphere in favour of pregnant workers and working mothers. Among these safeguards, emphasis has been placed on protection against dismissal of the pregnant worker, which converges with other traditional labour law institutions such as job stability and the burden of proof. In addition, various instruments, both domestic and international, that deal with this issue have been presented. Regarding the conclusions, the existence of various causes that have given rise to the aforementioned protection, such as the historical exclusion of women in the workplace due to gender factors and the criminalisation of maternity in the access to and exit from labour relations, is accredited. In the same sense, the importance and the legislative manifestations that have been granted, such as the null dismissal due to pregnancy and the reversal of evidence, are also highlighted.

La presente Tesis examina la institución del período de prueba, a partir del análisis dogmático de esta figura. Esta investigación parte del hecho que el período de prueba ha sido utilizado por los empleadores para poner fin a las relaciones laborales de manera discrecional, lo cual puede conllevar a la afectación de los derechos de los trabajadores. Dicha situación se ha producido debido a que ni la doctrina ni la jurisprudencia han establecido un límite unánime a la aplicación del período de prueba como justificación de la finalización del vínculo laboral; lo que, en la práctica, crea una gran incertidumbre que se traduce en la situación de desamparo en la que se encuentran los trabajadores cuyo despido ha sido realizado valiéndose de esta institución. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo dejar en claro que la eficacia de los derechos fundamentales, y en particular, de aquellos protegidos por la figura del despido nulo, es transversal a todo el ordenamiento nacional, lo que incluye a la primera etapa de las relaciones de trabajo. Asimismo, y sobe la base de dicha finalidad, dar una respuesta respecto a la naturaleza del período de prueba, su finalidad y su aplicación en los procesos judiciales en donde se cuestionen los despidos llevados a cabo durante esta etapa del contrato de trabajo. Como resultado de la presente investigación, se tiene que los despidos realizados durante el período de prueba se reputarán, en principio, como válidos; salvo que se acredite la violación de los derechos fundamentales protegidos bajo la figura del despido nulo (discriminación, libertad sindical y tutela judicial efectiva).

El presente trabajo académico tiene como propósito realizar un análisis crítico y empírico sobre la falta de regulación de los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias distintas al despido. Bajo este enfoque, se analiza la naturaleza de la amonestación escrita y la suspensión sin goce de haberes como principales medidas disciplinarias impuestas por el empleador para sancionar a los trabajadores, las cuales no cuentan con un procedimiento regulado por ley a diferencia del despido por causa justa. De esta manera, se evidencia una necesidad de regulación ante la posible afectación del derecho a la defensa, que se acredita toda vez que los empleadores no establecen un procedimiento para que los trabajadores emitan sus descargos luego de recibir una imputación por la presunta comisión de una infracción o falta que contraviene una obligación en el marco de la relación laboral. El presente trabajo resalta la necesidad de regular este vacío legislativo a partir de las experiencias de los trabajadores en el Perú, así como el tratamiento normativo en el Derecho Comparado. Por tales motivos, ante la ausencia de la regulación en el Perú, se propone una propuesta legislativa para garantizar el derecho a la defensa en los procedimientos de sanciones disciplinarias distintas al despido. / The purpose of this academic work is to make a critical and empirical analysis of the lack of regulation of procedures to impose disciplinary sanctions other than dismissal. Under this approach, the nature of written reprimands and suspension without pay are analyzed as the main disciplinary measures imposed by the employer to punish employees, which do not have a procedure regulated by law unlike dismissal for just cause. In this way, a need for regulation is evident in the face of the possible impact on the right to defense, which is proven every time that employers do not establish a procedure for employees to issue their defenses after receiving an accusation for the alleged commission of a crime. infraction or fault that contravenes an obligation within the framework of the employment relationship. This work highlights the need to regulate this legislative vacuum based on the experiences of employees in Peru, as well as the regulatory treatment in Comparative Law. For these reasons, in the absence of regulation in Peru, a legislative proposal is proposed to guarantee the right to defense in disciplinary sanction procedures other than dismissal. / Trabajo académico

En el presente artículo se pretende analizar la figura de la perdida de la confianza en el régimen privado laboral, con una visión crítica frente a la manera en la que se viene abordando esta problemática a nivel jurisdiccional en nuestro país. Partiremos analizando la doctrina clásica del derecho del trabajo con la finalidad de tener un concepto claro de trabajador de confianza, continuaremos analizando el concepto de trabajador de confianza en nuestra legislación remontándonos a los primeros dispositivos que regulaban esta figura. Posteriormente revisaremos la legislación actual que regula el régimen privado laboral para analizar cómo se encuentra actualmente regulada la figura del trabajador de confianza y al mismo tiempo revisaremos la ley general de sociedad en el extremo que autoriza la extinción del vínculo laboral con el gerente mediante la aplicación de la remoción. Asimismo, tendremos en cuenta el contenido de las resoluciones que consideran a la pérdida de confianza como una causal válida de la extinción de la relación laboral lo cual nos permitirá sustentar nuestra postura, para finalmente arribar a nuestras conclusiones

En el presente informe se analizan los aspectos más relevantes del proceso de impugnación de despido fraudulento iniciado por el señor Williams Guerra Rodriguez (en adelante, “el señor Guerra Rodríguez” o “el trabajador”) contra Tiendas por Departamento Ripley (en adelante, “RIPLEY”). En particular, si es válido despedir a un trabajador imputándole la falta grave de injuria y faltamiento de palabra por comentarios que realizó en perfiles públicos de Facebook. Aterrizando este aspecto en el caso en concreto, los principales problemas jurídicos que se buscan absolver son si el señor Williams Guerra Rodriguez incurrió en la mencionada falta grave y, si los hechos que realizó configuraban un delito contra el honor. Teniendo en cuenta lo expuesto, tras la revisión y estudio de las normas laborales y penales vigentes así como la jurisprudencia emitida en estas materias, se llegó a la conclusión de que: (i) el despido del trabajador es válido porque efectuó comentarios injuriantes y ofensivos contra representantes y trabajadores de la Empresa, así como su empleador; y, (ii) que por el contenido ofensivo de los comentarios que difundió en el medio de comunicación social Facebook, el trabajador incurrió en el delito de difamación agravada.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el ejercicio del derecho de resistencia de un trabajador a propósito de sus inasistencias al centro laboral por miedo al contagio del Covid-19 durante los primeros meses de la pandemia en el país. En atención a ello, se determinó que el hecho de que la empresa no prevea los riesgos psicosociales relacionados con la pandemia habilita a que el trabajador ejerza su derecho de resistencia en un contexto en el cual no existían vacunas ni la obligación del empleador de practicar la prueba de descarte a todos sus trabajadores. Todo esto a la luz de la sentencia de vista recaída en el expediente No. 5288-2020-0-1801-JR-LA-14. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación concluye que la sanción impuesta por el empleador, esto es el despido, no respetó los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, determina que no se configuró la falta grave contenida en el artículo 25 literal h) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, “LPCL”), pues el trabajador justificó sus inasistencias mediante la carta en la cual comunicó la decisión de ejercer su derecho a la resistencia. Finalmente, concluye que de la conducta del empleador y de los hechos del caso se desprende la existencia de un despido fraudulento. Para dichos fines, se tomarán en consideración los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la República, así como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y doctrina comparada. / The purpose of this research work is to analyze the exercise of the right of resistance of a worker regarding his absences at the workplace for fear of contagion by Covid-19 during the first months of the pandemic in the country. In view of this, it was determined that the fact that the company does not foresee the psychosocial risks related to the pandemic enables the worker to exercise his right of resistance in a context in which there were no vaccines or the obligation of the employer to practice the dismissal test to all its workers. All this considering the ruling in case No. 5288-2020-0-1801-JR-LA-14. Considering the above, the investigation concludes that the sanction imposed by the employer, i.e., dismissal, did not respect the principles of proportionality and reasonableness. Likewise, it determines that the serious misconduct contained in article 25 paragraph h) of the Labor Productivity and Competitiveness Law (hereinafter, "LPCL") did not occur, since the employee justified his absences by means of the letter in which he communicated his decision to exercise his right to resist. Finally, it concludes that the employer's conduct and the facts of the case indicate the existence of a fraudulent dismissal. For such purposes, the pronouncements of the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice of the Republic, as well as the Labor Productivity and Competitiveness Law and comparative doctrine will be taken into consideration.

En el presente informe, el autor analiza los problemas que se desprenden de los hechos señalados en la sentencia del Tribunal Constitucional. Entre estos, se encuentran la determinación del tipo de relación contractual existente entre la demandante y la entidad demandada, con énfasis en la dicotomía entre la contratación de naturaleza civil y laboral, y la existencia de un despido nulo, así como la delimitación de su tipología y posibles efectos ante una confusión o mal uso de la misma en la institución de la carga de la prueba. Para alcanzar el objetivo, se utilizan diversas fuentes doctrinarias, así como una pluralidad de instrumentos normativos, como la legislación nacional, la Constitución y el marco internacional referido a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Respecto de las conclusiones del trabajo, resulta posible afirmar la existencia de elementos de subordinación que acrediten la naturaleza laboral del contrato de la demandante; sin embargo, el análisis ofrecido en la sentencia es bastante acotado, toda vez que se limita a mencionar el elemento probatorio referido al horario de refrigerio, pero no desarrolla el nexo existente entre los hechos y el derecho ni brinda otros criterios para reforzar su postura. De igual forma, parece existir una confusión en las tipologías de despido nulo adscritas al caso, porque se determina la existencia de un despido discriminatorio por razón de sexo, a pesar de la existencia de regulación legislativa del despido por motivo de embarazo, lo cual deviene en efectos importantes en cargas probatorias. / In this report, the author analyses the problems arising from the facts stated in the judgment. Among these are the determination of the type of contractual relationship existing between the plaintiff and the defendant, with emphasis on the dichotomy between civil and labour contracting, and the existence of a null dismissal, as well as the delimitation of its typology and possible effects in the face of confusion or misuse in the institution of the burden of proof. In order to achieve this objective, various doctrinal sources are used, as well as a plurality of normative instruments, such as national legislation, the Constitution and the international framework referring to the Conventions of the International Labour Organisation. With regard to the conclusions of the work, it is possible to affirm the existence of elements of subordination that accredit the labour nature of the plaintiff's contract; however, the analysis offered in the judgement is quite limited, since it is limited to mentioning the evidentiary element referring to the refreshment schedule, but does not develop the existing link between the facts and the law, nor does it offer other criteria to reinforce its position. Similarly, there seems to be confusion in the typologies of null dismissal ascribed to the case, because it determines the existence of a discriminatory dismissal on grounds of sex, despite the existence of legislative regulation of dismissal on grounds of pregnancy, which results in significant effects on the burden of proof.

El presente informe es acerca del expediente de relevancia jurídica E-2650 con contenido en materia penal-laboral, en el que radica su importancia en la investigación y estudio de la “injuria” como acto causal de falta grave con consecuencia de despido, de acuerdo a la legislación laboral; y como acto causal de sanción penal. Asimismo, se analiza la relevancia de las redes sociales como un medio de comunicación el cual se pueda utilizar para lesionar el derecho al honor, en un contexto social en el que las relaciones digitales se abren paso dentro de un vacío jurisprudencial para dicho tipos de casos. Por lo tanto, el objetivo del presente informe radica en desarrollar los derechos que se presentan a lo largo del proceso, tales como: derecho al honor, derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho a un debido proceso y todo lo que ello implica; de manera que pueda resolverse el problema principal que concierne al caso el cual es: si se puede configurar como falta grave laboral las publicaciones “injuriantes” que se realicen a través de las redes sociales. Llegando finalmente a concluir que en el presente caso sí se habría configurado la falta grave laboral por parte de demandante, vulnerando el derecho al honor de las personas, al haber injuriado de forma agravante a los directivos de RIPLEY, siendo Facebook un medio de comunicación masivo. Asimismo, se tiene en consideración el derecho penal como de ultima ratio y el derecho que dictará los lineamientos sobre conceptos jurídicos que puedan contener otras ramas del derecho por la importante razón de proteger intereses jurídicos de interés público.