La literatura señala que la morosidad es un problema dentro de las instituciones financieras y, muchas veces, es ocasionada porque las partes otorgadoras de crédito no son capaces de conocer realmente a sus clientes, lo que conlleva a que estos se beneficien individualmente de la situación y accedan a créditos que no podrán cumplir de forma responsable. La morosidad se ha visto perturbada por acontecimientos como la pandemia, perjudicando a las personas y empresas, en especial, a las MYPE, por lo que es importante estudiar estas situaciones. Ante esta situación problemática, también presente en el programa LendwithCare de CARE Perú e IDER CV, la presente investigación busca realizar un diagnóstico de las MYPE con morosidad dentro del programa en mención. De acuerdo a la problemática, para la investigación se ha utilizado una metodología de corte cualitativo con un alcance descriptivo que tiene como sujeto de estudio a los clientes del programa LendwithCare de IDER CV que presentan un retraso mayor de treinta días en al menos una cuota del pago de sus préstamos. En un primer momento, se ahondó en un acercamiento a la literatura sobre MYPES, información asimétrica, morosidad, gestión de créditos, entre definiciones importantes para la investigación y comprensión del tema a estudiar. En un segundo momento, se dedicó esfuerzos a una revisión exhaustiva de las fuentes para determinar las herramientas y técnicas de recopilación de información. En esta oportunidad se empleó entrevistas semiestructuradas a expertos, a administradores de las agencias de la institución y al cliente con morosidad mayor a treinta días. El tercer momento se encuentra relacionado con la recopilación de investigaciones similares como fuente de guía y discusión con expertos. En el momento final de la investigación, se evidencian los resultados encontrados y se realizan recomendaciones en base a estos. Luego de analizar la información encontrada se obtuvo como resultado principal que el sujeto de estudio en morosidad se caracterizó por la situación civil, el sobreendeudamiento, enfermedad, el motivo del préstamo, la evaluación crediticia, la cuota de pago, los accidentes familiares, circunstancias familiares, la pandemia, la gestión empresarial y la gestión financiera.

Si bien la presente es la tesis para optar el grado académico en una especialidad del Derecho vinculada al campo privado, resulta más siendo la expresión de lo complejo que en la hora presente es tratar de mantenerse de lado y no reconocer la vigencia transversal de los Derechos Fundamentales y el desarrollo de sus estudios a partir del Derecho Constitucional. De ahí que a través de sus páginas nos encontremos con Teorías del Derecho, económicas, constitucionales y privatísticas que se han presentado con un claro afán coordinador. Girando en torno a las situaciones jurídicas subjetivas específicas que se derivan de la posición de Consumidores y Usuarios. El tema fue elegido a partir de tomar contacto en las clases de la maestría con conceptos novedosos, por lo menos para el suscrito, que me cambió la perspectiva de cómo analizar una institución que pensaba simple o, por lo menos, asimilada, al tenerla reducida al mero vínculo entre dos sujetos, conocido como “obligación”. Fue así que al entender que las obligaciones son más que nada relaciones juridicas “complejas” y que dicha complejidad es el resultado de atender a la realidad, donde las situaciones jurídicas se van intercambiando de manera dinámica, casi imperceptible, renovándose constantemente desde el momento mismo en que surge el acuerdo, se abre un mundo nuevo, que hasta influye en el manejo de las relaciones intersubjetivas más cotidianas. La complejidad manifestada no es más que la circunstancia de advertir que junto a un deber asumido como principal, coexisten otros tanto deberes secundarios pero no menos importantes, conocidos como deberes de seguridad, de protección, etc. por la teoría alemana (que luego pasa a España) e italiana. Como relación jurídica, la establecida entre sujetos específicos como son los consumidores y proveedores es obligacional, por ende compleja, de manera que también se advierte la misma coexistencia de deberes, solamente que al tratarse de situaciones organizadas a nivel constitucional se prefiere su entendimiento como derechos subjetivos públicos y deberes de protección como garantía de su realización por el Estado.

En el Perú, sucesivas normas han buscado mitigar cualquier perjuicio que la participación de los acreedores vinculados produzca en el sistema; así, progresivamente se ha ido restringiendo la intervención de los acreedores vinculados en las decisiones del procedimiento concursal hasta la publicación del D.U. 061-2009, del 28 de mayo de 2009, que eliminó el derecho de voto de los acreedores vinculados en las Juntas de Acreedores. Para algunos, los acreedores vinculados no deben votar en las Juntas de Acreedores; para otros, restringirles este derecho contraviene los principios del sistema concursal y es un desincentivo al otorgamiento de créditos, cuando los vinculados son una de las principales fuentes de financiamiento de la empresa, más aún en situaciones de crisis. A la fecha, subsiste la incertidumbre sobre del derecho de voto de los acreedores vinculados en las juntas de acreedores. Esta situación nos llevó a las siguientes preguntas: ¿Los acreedores vinculados deben participar en las Juntas de Acreedores? ¿Cómo regular la participación de los acreedores vinculados en las Juntas de Acreedores? ¿Cómo proteger el crédito del acreedor vinculado? En nuestra opinión la situación de vinculación es un elemento que permite la negociación entre acreedor y deudor sin necesidad de intervención del Estado. Por ello, no se justifica la votación de los acreedores vinculados en los procedimientos concursales pues su natural búsqueda del máximo beneficio los incentivará a emplear el sistema concursal para buscar beneficios adicionales a los que obtiene un acreedor no vinculado. Por lo expuesto, consideramos que la eliminación del derecho de voto de los acreedores vinculados es una medida que va a llevar al sistema concursal peruano a la eficiencia, hipótesis que demostraremos y zanjaremos la discusión relativa a la participación de los acreedores vinculados en el sistema concursal.

La hipótesis principal que se formula en la presente tesis es que en realidad el capital social no cumple una función de garantía a favor de los acreedores, sino que dicha función la cumple más el bien el patrimonio neto.

La presente investigación tiene como eje el sistema concursal, lo cual supone apreciar el contexto de crisis patrimonial del deudor y la necesidad que sus acreedores concilien intereses para optimizar la recuperación. Así, debiéndose optar por la reestructuración o la liquidación, cualquiera de tales decisiones involucra una elección eficiente que maximice el cobro sin incrementar innecesariamente los costos asociados. Al respecto, se advierte que en la experiencia concursal peruana se registran básicamente casos de liquidaciones, con pagos parciales y la insatisfacción de acreencias que carecen de órdenes preferentes de cobro. Es decir, las reestructuraciones no son práctica habitual que genere la recuperación integral del crédito concursado. Y si bien las fórmulas del rescate patrimonial pueden de ser de lo más variado, corresponde que nos preguntemos por qué los acreedores no han optado mayormente por la reestructuración. Consideramos que la respuesta debe buscarse teniendo en cuenta el mejor momento en el que los acreedores pueden analizar esquemas de regularización de pasivos. Y estimamos que la identificación de tal momento corresponde a la diligencia del deudor y su administración, quienes son responsables de activar oportunamente los mecanismos concursales, a fin que la constatación tardía de la insolvencia no genere indefectiblemente la liquidación. Siendo así, si verdaderamente se le asigna al sistema concursal una función de protección del crédito (por la trascendencia económica del mismo), corresponderá que se verifique si existe un régimen que incentive el recurso oportuno a los mecanismos concursales de saneamiento o si acaso hay dispositivos legales por mejorar. Ello nos lleva a cuestionarnos sobre los perfeccionamientos pertinentes al régimen concursal preventivo, de tal manera que los deudores accedan al mismo antes de la crisis generalizada y se optimicen las posibilidades de pago a los acreedores. / Trabajo de investigación

Uno de los principales problemas en los procedimientos de reconocimientos de créditos en sede concursal es la existencia de abuso de la persona jurídica o fraude por parte de las empresas vinculadas, simulando la existencia de obligaciones con la finalidad de obtener el reconocimiento de derechos políticos y económicos en la Junta de Acreedores. La justificación de la investigación obedece a demostrar que una autoridad administrativa, al evidenciar una situación de fraude, aunque no disponga de funciones jurisdiccionales, puede realizar el levantamiento del velo societario a las empresas participantes del concurso con la finalidad de verificar la realidad de los hechos y cautelar que los acreedores se encuentren debidamente representados, a fin que puedan adoptar decisiones objetivas sobre el destino de la empresa. El método utilizado es descriptivo y se ha tomado como referencia la experiencia internacional. La conclusión principal es que la Comisión del INDECOPI como autoridad administrativa del concurso, en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo 807, dispone de amplias facultades para investigar por todos los medios, la titularidad, cuantía y legitimidad de los créditos que son invocados en el procedimiento, lo cual contempla la posibilidad de realizar el levantamiento del velo societario, de manera excepcional, en la eventualidad que se verifique la existencia de fraude

El trabajo de la presente investigación se divide en tres secciones. La primera parte buscará responder a la pregunta de por qué nuestra legislación, que hasta el año 1992 mantuvo pacíficamente la figura del desapoderamiento inmediato del deudor concursado, eliminó a partir de esa fecha dicha figura de los procedimientos concursales. Esta respuesta debe entenderse en el contexto de una legislación anacrónica y desfasada – la Ley Procesal de Quiebras – que, lejos de ofrecer un marco normativo propicio para la tutela del interés de los acreedores, privilegiaba la actuación de otros agentes como el síndico de quiebras que, al derivar su nombramiento del Juez, no adecuaba su conducta a la protección de la masa sino, en muchos casos, en su perjuicio y en función de su propio interés, sin estar sujeto a fiscalización alguna de su gestión. Este acentuado desprestigio de la administración judicial de la quiebra, sumados a otros factores no menos importantes, justificaron que, desde el año 1992 en adelante, el desapoderamiento inmediato (judicial) cediera ante la denominada “desjudicialización” o “administrativización” de los procesos concursales, así como a la “privatización” de las decisiones sobre el destino de la empresa concursada, todo ello presidido por la idea de que el nuevo esquema legal promoviera, hasta donde fuera posible, la reestructuración patrimonial del deudor y no su salida del mercado. Finalmente, la sección concluye con el análisis del régimen concursal excepcional de los clubes de fútbol vigente desde 2012 hasta la fecha, el cual restituye la figura de la administración temporal pero lo limita a dicho supuesto específico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente obra es estudiar el concepto del Centro de principales intereses del deudor, especialmente respecto a su utilidad en situaciones de insolvencia transfronteriza en grupos de empresas, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. Para aquello, se comenzará analizando la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza, así como también su introducción en el Derecho Chileno por medio de la Ley 20.720 (Capítulo I). Posteriormente, se examinará el concepto de centro de principales intereses del deudor propiamente tal, su definición, utilidad y propósito en la ley, determinación por el juez, carga de la prueba, entre otros aspectos, (Capítulo II). Complementando lo anterior, se profundizará en un análisis de jurisprudencia de 4 casos emblemáticos que permiten entender la forma en v que se ha desenvuelto el Centro de principales intereses en jurisdicciones de relevancia internacional (Capítulo III). Finalmente, con todos los conocimientos obtenidos en la investigación, se dará respuesta a la hipótesis o tesis planteada en esta memoria de prueba en orden a determinar la importancia o no del concepto de centro de principales intereses del deudor como factor de conexión, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, teniendo en consideración la nueva Ley 20.720 y su aplicación en procedimientos de insolvencia transfronteriza de grupos de empresas. Para ello, se observarán las problemáticas actuales que plantean las situaciones de insolvencia de grupos de empresas a la Ley Modelo y al concepto de centro de principales intereses, así como las soluciones que se han propuesto (Capítulo IV)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto explorar los roles que la doctrina le ha dado a la diligencia en las obligaciones de resultado: dependiendo del rol que se le asigne, se derivan distintos efectos. En la parte general se hará una revisión doctrinaria y jurisprudencial de la clasificación entre obligaciones de medio y resultado, explorando por un lado la discusión sobre su aceptación dentro de nuestro sistema civil, y afirmando su importancia para la resolución de ciertos problemas. En segundo lugar, se hará una sistematización de la noción de culpa en materia contractual, revisando aspectos de concepto, clasificación, importancia y aplicación, entre otros. En la parte especial, se hará una breve identificación del concepto incumplimiento como un hecho objetivo y los remedios propuestos, además de la distinción estar obligado/ser responsable. Por último, utilizando todos los conceptos señalados, se realizará una revisión sistemática de los roles que se le han asignado a la diligencia del deudor en los casos de obligaciones de resultado y los distintos efectos.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La resolución por inejecución es una de las instituciones esenciales del derecho de los contratos. Es uno de los remedios contractuales más fuertes que la ley otorga al acreedor y el que le da mayor garantía a éste, puesto que en un mercado donde existe una multiplicidad de proveedores, y donde las obligaciones de género son las predominantes, la ejecución forzada de un contrato respecto de un deudor incumplidor resulta menos atractiva para los intereses de un acreedor, que, de ser liberado de la ley del contrato, quedaría libre para continuar sus negocios y proveerse de un sucedáneo al bien o servicio incumplido. A pesar de su importancia, ni el Código Civil ni la doctrina le otorga un trato orgánico como institución, sino que se refieren a ella al tratar las condiciones. Si bien no se discute en doctrina cuáles son los requisitos para interponer la acción resolutoria, si es cierto que del examen particular de estos requisitos pueden surgir ciertas controversias o dificultades. Una de estas controversias es acerca del cumplimiento imperfecto frente a la resolución, es decir, si existen incumplimientos de menor entidad que no den lugar a la resolución, o bien, si la resolución requiere de un incumplimiento calificado, o incumplimiento resolutorio. Si bien actualmente la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que no cualquier incumplimiento da lugar a la resolución, esta cuestión no se ha tratado muy profundamente. Más importante aún, no existe consenso en la doctrina respecto a que criterio se debe emplear para determinar cuando un incumplimiento da lugar a la resolución y cuando no. La jurisprudencia por su parte es oscura en este sentido. Esto nos ha motivado a investigar acerca del incumplimiento resolutorio en nuestro derecho, su desarrollo en la doctrina nacional y en particular cuál ha sido en definitiva la posición de la jurisprudencia frente a esta problemática. Para este propósito analizaremos la condición resolutoria tácita como un remedio contractual, estudiando el incumplimiento como una institución en sí misma, haremos revista de las distintas posiciones doctrinales que se han dado en el medio nacional, así como las soluciones que se le ha dado a esta problemática tanto en derecho comparado como en instrumentos internacionales. Finalmente, y teniendo presente todo lo anterior, examinaremos la jurisprudencia nacional actual a fin de establecer como se ha resuelto este problema en la práctica.