El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la demanda de divorcio por causal de imposibilidad de hacer vida en común interpuesta por la señora Arlet Huayhua Loayza en contra de José Luis Chimpen Salazar, considerando que dicha causal no fue estudiada y menos debatida en el Pleno del Congreso. Asimismo, analizar cuatro situaciones jurídicas en base a los hechos relatados y a los medios probatorios presentados, las cuales son lo siguientes: (i) la construcción de un cuarto con baño por parte de la sociedad conyugal dentro de un departamento que fue adquirido como bien propio por parte de uno de los cónyuges, y la interrogante es si dicha construcción implicaba que el bien inmueble se convierta en un bien de la sociedad conyugal, ello en base al artículo 310 del Código Civil; (ii) las implicancias de dos deberes supremos del matrimonio como son el derecho de cohabitación y la asistencia mutua, ello en base a que uno de los cónyuges se dedique de lunes a viernes y los fines de semana a trabajar y no dedique tiempo a su familia; y que a pesar de que uno de los cónyuges sufrió un accidente en un viaje de pareja, ésta no fue atendida por su cónyuge; (iii) qué se entiende por violencia psicológica ante un menor de edad y si dentro de la misma se considera el uso de un lenguaje inapropiado, ello en base a que el cónyuge usaba un lenguaje inapropiado cuando conversaba con sus amigos por teléfono en el ambiente del jardín y de manera indirecta era escuchada por la menor hija de la cónyuge; (iv) las implicancias de una deuda generada por una sociedad anónima cerrada constituida por dos socios, los cuales eran de estado civil soltero y divorciada a la firma de la escritura pública, pero que al día siguiente contrajeron matrimonio y posteriormente se inscribió en registros públicos. En ese sentido, se procedió a analizar el primer problema jurídico mencionado y en base a los hechos, medios probatorios, doctrina, jurisprudencia; se concluye que sí se ha configurado la causal de imposibilidad de hacer vida en común. Asimismo, referente a los escenarios restantes se concluye lo siguiente: (i) la construcción del cuarto con baño, no se trataría de una edificación propiamente dicha, por lo que no se configuraría el supuesto indicado en el artículo 310 del Código Civil; (ii) el deber de cohabitación implica que los cónyuges convivan en un domicilio en común y compartir momentos como pareja y/o familia, pero José Luis al priorizar lo laboral y no dedicar tiempo a su esposa y/o familia, se considera que incumplió con el deber de cohabitación; la asistencia entre cónyuges no sólo es en el plano material, sino también en el plano moral, afectivo, emocional, económico y espiritual. En esa línea, José Luis no asistió a su esposa, por lo que no cumplió con el deber de asistencia en el plano afectivo y económico; (iii) el supuesto indicado es que José Luis haya usado un lenguaje inapropiado por teléfono y que de manera indirecta podría ser escuchado por la menor de edad, lo cual podría tipificarse como violencia psicológica de manera indirecta; (iv) la empresa se constituyó por dos socios: Arlet con estado civil divorciada y José Luis con estado civil soltero y existe deuda por parte de la empresa, dicha deuda es asumida por los socios de manera independiente, pues se trata de bienes propios. En ese sentido, se abordará áreas del derecho como familia, civil y registral, lo que enriquecerá más al presente informe.

El presente informe se analizará la Casación Nº 2264-2010 HUAURA emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, a razón del proceso de Divorcio interpuesto por el señor Ruiz Palacios, estando a que las sentencias de los órganos inferiores contravinieron las normas el debido proceso al inaplicar el artículo 333 y realizar una incorrecta valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, impidiendo al demandante tener una sentencia conforme a ley. A través del presente informe, se analizará lo resuelto en el proceso en el juzgado y la Sala Superior, así como lo resuelto por la Sala Suprema en casación, para poder identificar problemas jurídicos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en el error por parte de los órganos inferiores al momento de identificar las causales de divorcio y su aplicación y la incorrecta valoración de los medios de prueba. / This report will analyze Cassation Nº 2264-2010 HUAURA issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, in regards to the Divorce process filed by Mr. Ruiz Palacios, being that the statements made by the Lower Courts contravened the rules of the due process by the misapplication of article 333 and, thus, made an incorrect assessment of the evidence offered in the file, which resulted in preventing the plaintiff from having a sentence in accordance with the law. Through the aforementioned report, an analysis will be provided in regards to the resolution made by the Court and the Superior Chamber, so as what was resolved by the Supreme Chamber in Cassation, looking forward to identifying legal loopholes and issuing a tackling response to them. The analysis will pivot in the mistake made by the Lower Courts when recognizing the grounds of divorce and their further application, as well as the mistaken assessment of the means of proof.

El presente informe, motivo del proceso de titulación, analiza el expediente 00219-2017- 0-0403-JM-FC-01, que versa sobre un proceso de divorcio por causal de abandono injustificado del hogar conyugal. El objetivo principal es analizar los hechos y evidenciar problemas jurídicos dentro del mismo. La hipótesis se resume en que, en el presente caso, la constatación del supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas fue correcta, pero existen deficiencias en la motivación brindada por los operadores judiciales. A efectos de corroborar esto, es necesario estudiar -desde la doctrina y jurisprudencia- el concepto del divorcio, sus tipos y efectos, así como el concepto de la causal de abandono injustificado, su configuración y consecuencias aplicables, y, sobre todo, las diferencias entre esta con la causal de separación de hecho. Habiendo analizado ello, se evidenció que, en torno al supuesto de hecho, la elección de la causal de abandono injustificado fue correcta, aunque podría pulirse la motivación vertida al respecto. En torno a las consecuencias jurídicas, la elección fue finalmente la correcta, pero el razonamiento que condujo a ello omitió la diferencia entre las causales citadas; asimismo, aunque la elección fue adecuada, la determinación de procedencia de la indemnización fue, a mi criterio, errada, y se debió a una indebida motivación.

El expediente en cuestión, materia del presente informe jurídico, trata sobre un procedimiento que infringe las normas de protección al consumidor a raíz de una denuncia formulada por la consumidora contra un abogado quien la patrocinó en un proceso judicial de demanda de divorcio que, contra ella (la consumidora), formuló su esposo. Por versión de la denunciante, el abogado denunciado (supuesto proveedor) no brindó un servicio idóneo. Una vez admitida la denuncia e imputados los cargos contra el abogado, este formuló sus descargos aseverando fundamentalmente que no existía una relación de consumo con la denunciante ya que se trataba de un servicio adicional en forma de apoyo. Durante el trámite del procedimiento administrativo, se incorporó de oficio al estudio de abogado donde laboraba el denunciado, al advertirse que durante la prestación del servicio este último utilizó algunos recursos del estudio los cuales pudieron haber generado en la consumidora denunciante, la expectativa de haber sido patrocinada por el denunciado como abogado de dicho estudio. Independientemente del análisis de idoneidad sobre el servicio brindado por el abogado denunciado, en el presente informe, se analiza la principal controversia, la cual radica en determinar si existió una relación de consumo, considerando que, en todo momento, el abogado denunciado y el estudio afirmaron que se trataba de un servicio de favor; además de que la denunciante no presentó medio probatorio que acreditase el pago realizado al denunciado por sus servicios de patrocinio en el proceso judicial de divorcio.