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La nueva cara de internet: sus repercusiones en el periodismo digital, los riesgos y retos de las informaciones encontradas en la red

Muller Beduschi, Carolina 27 November 2015 (has links)
El éxito de internet y las nuevas tecnologías es irrefutable, es una sociedad democrática en que debido sus peculiares características hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, sus usuarios pueden entre otras cosas informarse y comunicarse entre sí, en una velocidad muy veloz. Con todo este éxito, aparece la informatización del periodismo, en que llamamos de periodismo digital. Se observa una democratización de las noticias publicadas, donde los ciudadanos además de informarse, puedan comunicarse, manifestar opiniones, intercambiar conocimientos, divertirse, etc. Con la inserción de toda esta información transmitida por los usuarios, encontramos la necesidad de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este nuevo entorno. Observamos la dependencia de la sociedad en la utilización de internet y en consecuencia el aumento de los riesgos visibles e invisibles derivados de su utilización. Las normativas de los estados intentan, pero aun insuficientemente, adecuar sus legislaciones con los nuevos problemas surgidos en la red. En este trabajo haremos un examen de los problemas y riegos surgidos con toda la información que circula en internet, el periodismo digital, el derecho de autor en la red, la responsabilidad civil, la protección de los derechos fundamentales, seguridad en la red, protección de datos personales, un análisis comparativo de la legislación brasileña con la legislación española en relación a la responsabilidad civil en la red, entre otros temas relacionados con internet. / The success of the Internet and new technologies is irrefutable, and it has created a new form of democratic society in which due to its unique characteristics, such as hypertext, multimedia technology and interactivity, users can learn and communicate in a very fast speed. With all this success, the computerization of journalism appears, which is known as online journalism. Democratization of the published news is observed, where citizens can, in addition to become well informed, also communicate, express opinions, share knowledge, have fun, etc. However, along with all the triumph of the network, also setbacks arise due to its use. That's why counter measures are needed, such as the protection of fundamental rights of citizens in this new environment. We see the dependence of society on the use of Internet and consequently the increase of the visible and invisible risks arising from its use. States' regulations try, but still insufficiently, to adapt their legislation to the new problems arisen in the network. In this thesis we will examine and review the issues and risks encountered in digital journalism, copyright on the Internet, public liability, protection of fundamental rights, network security, protection of personal data, a comparative analysis of Brazilian legislation with the Spanish legislation regarding liability on the network, including Internet-related issues.
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Determinants of the decision-taking process of the entry into insolvency, evolution of the procedure and earnings management: An economic perspective of Spanish distressed companies

Andreev Andreev, Yuriy 29 June 2010 (has links)
El propósito de la investigación es determinar la influencia del exigible a corto plazo sobre la manipulación de resultados contables del deudor, sobre la quiebra y la resolución del procedimiento concursal; estudiar la evolución y la eficacia del procedimiento de insolvencia. Tirole (2002) afirma que "el exceso de endeudamiento" o "exceso de préstamos" conduce a problemas de agencia y que las externalidades contractuales relacionados con él de conllevan a un ineficiente proceso de préstamos. Esto resulta en elevar excesivamente el nivel de deuda a corto plazo y afecta la liquidez de la empresa y pone en peligro sus proyectos a largo plazo, y en situación de quiebra previene una posible eficiente reestructuración. El procedimiento de reorganización exitoso también está determinado por la proporción elevada de los activos fijo, de la alta reputación y tamaño de la empresa, y está condicionado por mantener el control sobre la gestión de la empresa durante el período de insolvencia. El procedimiento de insolvencia en España continúa alrededor de dos años y medio, dependiendo del tamaño, la región y la disponibilidad de la propuesta anticipada de reorganización. El pago de los acreedores es fundamental para la eficacia del procedimiento, la confianza y la credibilidad del sistema. Está demostrado que las empresas insolventes como causa de su alto apalancamiento a corto plazo utilizan técnicas de manipulación de resultados para convencer a los acreedores en su situación de solvencia. La investigación demuestra que las empresas que alcanzan un acuerdo con los acreedores y inician la reestructuración aplican menos técnicas de manipulación contable. El exceso de crédito a corto plazo hace que los acreedores sean más exigentes con el nivel de liquidez de la empresa y este es el motivo principal para la aplicación de técnicas de manipulación contable. / The purpose of the study is to determine the influence of short-term liabilities on debtor's earnings management and bankruptcy resolution and to explore the evolution and the efficiency of the insolvency procedure. Tirole (2002) allege that "over-borrowing" or "over-lending" leads to common agency problems and that the contractual externalities related to it guide to inefficient lending. This result in excessively short-term debt that affects firm's liquidity and jeopardizes its long-term projects, and in bankruptcy situation prevent efficient roll-over and restructuring. The successful reorganization procedure is also determined by elevated proportion of tangible assets, high reputation and size, and maintaining the control over company's management during the insolvency period. The bankruptcy procedure in Spain continues about two and half years, depending on the size, region, and the availability of reorganizational proposal. The prompt creditors' redemption is fundamental for the efficiency of the procedure and the confidence and credibility of system. The insolvent firms proved to have negative discretionary accruals for various accounting periods, which taken into account their high leverage means they use earnings management techniques to convince creditors in their solvency situation. The discretionary accruals have been found to be significant determinants of creditors' decision to approve the proposed restructuring plan - those firms that initiate reorganization provide evidence that employ less earnings management techniques. The main contribution of the research is the finding that the insolvent firms engage in earnings management to avoid debt covenant default due to their excessive level of short-term debt. The over-credited short-term structure makes the creditors more exigent towards their liquidity ratios - the primer motive for the application of manipulation techniques.
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Las garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña

Barrada Orellana, M. de los Reyes 07 July 2003 (has links)
En la tesis se analizan las garantías mobiliarias reguladas por el Derecho civil de Cataluña, es decir, los derechos reales de prenda posesoria y de retención sobre bienes muebles regulados en la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía. El estudio de la Ley se plantea desde una doble perspectiva doctrinal, civil y mercantil, atendiendo a las obras que se han juzgado de interés a partir de la codificación, así como del análisis de las decisiones jurisprudenciales y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Se destacan las novedades más significativas en esta materia con relación a lo dispuesto en el Código civil, como pueden ser la prenda de máximo, la prenda de cosas fungibles, la naturaleza real del derecho de retención, la posibilidad de sustitución, el orden de preferencia y prelación que corresponde a ambas garantías o la realización de la cosa gravada por el procedimiento de venta directa. / En la tesis s'analitzen les garanties mobiliàries regulades en el Dret civil de Catalunya, es a dir, el dret real de penyora possessòria i el dret de retenció sobre béns de naturalesa moble, tal i com es troba regulat a la Llei del Parlament de Catalunya 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia. L'estudi de la Llei es planteja des d'una doble perspectiva doctrinal, la civil i la mercantil, atenent a les obres que s'han jutjat de màxim interès a partir de la codificació, així com de l'anàlisi de les decisions jurisprudencials de la Direcció General dels Registres i del Notariat. Es destaquen les novetats més significatives en aquesta matèria, tot comparant-les amb allò que es disposa en el Codi civil. D'entre aquestes novetats destaquen la que es refereix a la penyora de màxim, la penyora de coses fungibles, la naturalesa real del dret de retenció, la possibilitat de substitució, l'ordre de preferència y de prelació que correspon a ambdues garanties o la realització del valor de la cosa gravada per la garantia a través del procediment de venda directa específicament regulat a la Llei. / The subject of this thesis is the pledge ant the right of retention regulated by the Catalan Civil Law in the Act 19/2002, about security real rights. The study is considered from a double doctrinal perspective, civil and mercantile, taking care of the works that have been judged of interest since the codification period, as well as the analysis of the decisions of the Court and the decisions of the General Directorate for Registries and Public Notaries. The most significant new features in this area are been analysed and compared with the similar institutions regulated in the Spanish Civil Code. The subjects as the pledge of fungible things, the real nature of the retention right, the substitution possibility, the order of preference and the direct sale procedure regulated in the Act to both guarantees
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La prejudicialitat en el procés civil

Reynal Querol, Núria 29 July 2004 (has links)
L'objecte d'aquest treball d'investigació és l'estudi del fenomen de la prejudicialitat en l'àmbit processal civil. L'anàlisi comença amb la delimitació del concepte de qüestió prejudicial, on la insuficiència dels crietris comunament utilitzats a l'hora d'elaborar aquesta noció condueix a la necessitat d'acudir a altres punts de vista. Ara bé, l'estudi dels aspectes generals de la prejudicialitat no s'esgota amb l'anàlisi del seu concepte, sinó que també exigeix una delimitació dels possibles sistemes de resolució de les qüestions prejudicials. A aquesta tasca es dedica la segona part del primer capítol i inclou dos aspectes importants. D'una banda, l'estudi dels diferents mètodes existents per dur a terme aquesta resolució, que tradicionalment es concreten en els sistemes devolutiu i no devolutiu. De l'altra la priorització d'aquests mitjans de resolució prejudicial tenint en compte el seu grau d'adequació a les garanties constitucionals que han d'inspirar qualsevol procés. Com que la qüestió prejudicial de què es tracti determina en certa manera el tractament processal que cal conferir-li, es destinen tres capítols diferents a la prejudicialitat penal, a la prejudicialitat civil, i a la prejudicialitat administrativa i laboral. S'ordenen i s'estructuren des d'un punt de vista dinàmic, és a dir, tenint en compte els passos que ha de seguir l'òrgan jurisdiccional civil davant d'un supòsit de prejudicialitat. En aquest sentit, s'examina com queden concretats els elements que permeten identificar una qüestió prejudicial en un procés civil per després entrar a analitzar els criteris que ha de prendre en consideració l'òrgan jurisdiccional civil per aplicar els diferents sistemes de resolució prejudicial. Mal que que la norma processal civil no ho preveu amb la suficient amplitud, la localització de la qüestió prejudicial i l'elecció dels sistema a través del qual resoldre-la tenen repercussions en la dinàmica processal de la causa civil on es produeixen. El capítol cinquè d'aquesta investigació té per objecte la concreció d'aquests aspectes procedimentals de la figura de la prejudicialitat. No només s'analitzen aquells extrems que al.ludeixen als tràmits que cal seguir per arribar a decidir el sistema de resolució prejudicial adequat al cas, sinó que també es dediquen uns apartats als supòsits particulars en què el problema prejudicial es dirimeix mitjançant el règim devolutiu i cal suspendre les actuacions civils. Sigui com sigui que s'acabi resolent la qüestió prejudicial suscitada en el procés civil, aquesta resolució té alguns efectes, els quals s'examinen extensament en el capítol sisè d'aquest treball. Els problemes importants apareixen quan la qüestió prejudicial es resol d'acord amb el sistema devolutiu, ja que en aquests casos el tema queda resolt per l'òrgan i en el procediment corresponents i, per consegüent, cal determinar, d'una banda, l'existència de vinculació per part de la resolució d'aquest òrgan, i de l'altra, el grau d'aquesta vinculació en el tribunal civil. / The subject of this research is the study of the phenomenon of the "prejudicialidad" in the civil procedural scope. The analysis begins with the boundary of the concept of the issue of "prejudicialidad", where the insufficiency of the criteria commonly used at the time of elaborating this notion leads to the necessity to go to other points of view. However, the study of the general aspects of the "prejudicialidad" is not exhausted with the analysis of its concept, but also demands a boundary of the possible systems of resolution of the issues of "prejudicialidad". The second part of the first chapter is dedicated to this task, and includes two important aspects. On the one hand, the study of the different existing methods to carry out this resolution, that traditionally take shape in the "sistema devolutivo" and "sistema no devolutivo". On the other hand the establishment of priorities of these methods of "prejudicialidad" resolution considering its degree of adjustment to the constitutional guarantees that must inspire any process.Since the issue of "prejudicialidad" determines, to a certain extent, the procedural treatment that must be used, this research dedicates three different chapters to the penal "prejudicialidad" , the civil "prejudicialidad" , and the administrative and labor "prejudicialidad". They are ordered and structured from a dynamic point of view, that is to say, having into account the steps the civil jurisdictional organ must follow given an "prejudicialidad" assumption. In this sense, we examined how the elements that allow to identify a "prejudicial" question in a civil process take shape, in order to analyze, later, the criteria that the civil jurisdictional organ must consider in order to apply the different systems of "prejudicial" resolution. Although the civil procedural norm does not anticipate it with sufficient amplitude, the location of the issue of "prejudicial" and the election of the system to solve it, affects the procedural dynamics of the civil lawsuit where they take place. Chapter fifth of this work specifies these procedural aspects of the figure of the "prejudicialidad". We not only analyze the aspects that affect the proceedings that should be followed to decide the suitable system of "prejudicial" resolution to the case, but also some sections are dedicated to the particular assumptions in which the "prejudicial" problem is dissolved by the "régimen devolutivo" and the civil actions must be suspended . In any of the cases in which the issue of "prejudicial", induced in the civil process, is solved, this resolution has some effects, which are examined extensively in chapter sixth of this work. The important problems appear when the "prejudicial" issue is solved in accordance with the "sistema devolutivo", since in these cases the subject is solved by the organ and in the corresponding procedure, and therefore, it is necessary to determine, on the one hand, the existence of relationship by the resolution of this organ, and on the other hand, the degree of this relationship in the civil court.
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La incidencia del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito de los intereses de mora procesal

Carcelller Valls, Montserrat 14 December 2015 (has links)
El precepto regulador de los intereses de mora procesal se introdujo en 1980, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, para dar respuesta a una realidad muy nociva para el acreedor y en un contexto normativo y jurisprudencial insuficiente para asegurar la indemnidad y reintegración del derecho de crédito. Posteriormente, el precepto se insertó, con escasa variación, en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y apenas se ha modificado en las posteriores leyes de reforma procesal, pese a que la realidad socio-económica actual es distinta de la que se daba a finales del siglo anterior y el precepto sigue sin resolver muchas de las cuestiones que plantea su aplicación práctica. El presente estudio tiene por objeto, de una parte, ahondar en el fundamento de la mora procesal y abordarlo desde una perspectiva más actual. De otra, y desde los postulados que derivan de ese nuevo paradigma, examinar su régimen jurídico, tratando de hallar respuesta a la problemática que plantea su aplicación. La investigación se estructura en cinco capítulos, a la luz de los principios y garantías constitucionales derivados del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde esta perspectiva, tras examinar la función y naturaleza de la mora procesal, se aborda la polémica suscitada sobre el cauce para cuantificar los intereses procesales, que se resuelve al amparo del nuevo concepto de liquidez fijado en la LEC, del que deriva la distinción entre los intereses procesales vencidos, al tiempo de la demanda ejecutiva, y los que se devengan durante la ejecución. El modo de proceder es distinto en cada uno de estos supuestos y se analiza a tenor de la Ley procesal y de la práctica judicial, al tiempo que se formula una propuesta de lo que, según la autora, debería contener una regulación sobre esta materia. Una investigación que, por otra parte, trata de ofrecer mecanismos para enervar la mora procesal durante la sustanciación de los recursos, en aras a garantizar el derecho a recurrir, y analiza las repercusiones que, sobre la obligación de pagar intereses procesales, derivan de la dilatada extensión del procedimiento. Asimismo, se analizan las posibilidades que ofrecen los intereses bancarios de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. El recorrido seguido en este estudio conduce a la constatación del carácter disfuncional del incremento en dos puntos del tipo ordinario de mora procesal. Este recargo sancionador hallaba su fundamento en un momento contextual determinado, pero, a día de hoy, ya no sirve para cumplir con la finalidad para la que fue diseñado. Es por ello que se formula una propuesta encaminada a la construcción de un marco teórico en el que no sea forzosa la aplicación ex lege del porcentaje punitivo del tipo de mora procesal. El escaso desarrollo normativo y doctrinal de la materia explica la oportunidad de esta investigación pero también su repercusión práctica, en cuanto afecta directamente a la economía de los particulares y, a la postre, a la economía en general. / The regulatory legal norm of procedural default interests was introduced in 1980 in the Civil Procedure Act 1881, in response to a very harmful plight for the creditor and in an inadequate regulatory and jurisprudential context to ensure the indemnity and the right of credit reintegration. Later, the legal norm was inserted with little variation in the Civil Procedure Act 1/2000, and has remained largely unchanged in subsequent procedural reform laws, although the current socio-economic reality is different from what it was at the end of the last century and the legal norm remains incapable to resolve many of the issues that its practical application brings forward. The present study aims, first of all, to delve into the basis of the procedural default and to address it from a current perspective. On the other hand, and from the principles derived from this new paradigm, its legal status is examined, trying to find answers to the problems posed by its implementation. This research is divided into five chapters, in the light of constitutional principles and the guarantees arising from the right to an effective judicial protection. From that perspective, and having examined the role and nature of procedural default, the controversy aroused about how to quantify procedural interests is addressed, which is solved under the new liquidity concept set in the LEC, which resulted in the distinction between the generated procedural interests, while the executive motion is presented, and those accrued during the implementation process. The way to proceed is different for each one of these assumptions and it is analyzed on the basis of the procedural law and the judicial practice, while a proposal is made, which, according to the author, should be contained in a regulation on this matter. An investigation that, moreover, seeks to provide procedural mechanisms to set aside the procedural default during the prosecution of recourses in order to guarantee the right to appeal, and analyzes the impact on the obligation to pay procedural interest that derive from the adjourned extent of the procedure. In this line, the possibilities offered by banking interests, account deposits and judicial consignments are analyzed. Also, the study leads to the finding of the dysfunctional nature of the increase of the ordinary rate of the procedural default in two percentage points. This penalty surcharge was grounded in a particular context moment, but, today, it no longer serves to fulfill the purpose for which it was designed. That is why a proposal to build a theoretical framework is formulated in which the ex lege application of the punitive procedural default percentage rate is not forced. The limited legal and doctrinal development of the subject explains the opportunity of this research but also its practical impact, as it directly affects private economy and, ultimately, global economy.
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L'Obligació de llegítima en el dret civil de Catalunya

Cortada i Cortijo, Neus 24 January 1997 (has links)
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La posició del cònjuge i del convivent en parella estable supervivent en el Dret civil de Catalunya

Miralles Bellmunt, Miquel 29 January 2016 (has links)
En aquesta tesi doctoral s’analitza la normativa que determina la posició del cònjuge i del convivent en parella estable supervivent, quan es dissol el matrimoni regit pel règim econòmic matrimonial de separació de béns o l’extinció de la parella estable a la qual se li aplica el Dret civil de Catalunya, amb motiu del traspàs de l’altre cònjuge o convivent, amb veïnatge civil català. La conclusió a què s’arriba és que la posició del cònjuge vidu ha anat millorant des de la reforma de la Compilació del Dret civil de Catalunya de 1984, en un procés d’adequació als canvis socials i econòmics que s’han produït en les concepcions de les famílies durant les últimes dècades. Aquests canvis també han permès la regulació de la convivència estable en parella. Tanmateix, encara hi ha marge perquè el nostre Dret civil evolucioni i s’adeqüi d’una manera més efectiva a les necessitats de la majoria dels ciutadans de Catalunya, que són els que tenen un patrimoni de consum o de subsistència. En aquest sentit, entenem que caldria atribuir drets de caràcter legitimari a favor del supervivent en la successió voluntària, ja sigui en propietat o en usdefruit, o disminuir les quotes legitimàries dels descendents; derogar la quarta vidual; situar el supervivent en el primer lloc en els ordres successoris intestats i derogar l’usdefruit; així com derogar l’any de viduïtat. Pel que fa a la compensació per raó de treball en cas de mort, probablement tindrà una aplicació molt residual i no comportarà cap millora significativa per al cònjuge o convivent supervivent. La raó és que les atribucions per causa de mort s’imputen al pagament del crèdit a favor del cònjuge o convivent supervivent. Per al supòsit que s’arribés a atribuir al supervivent la condició de legitimari, caldria derogar aquesta institució. Quant al règim de separació de béns la denominació no concorda amb el seu contingut, degut als canvis que s’han anat produint. També es palesa que fora de la regulació d’aquest règim de béns hi ha correctius. Així l’any de viduïtat i la regulació en seu de Dret de família de les adquisicions oneroses amb pacte de supervivència només poden tenir sentit en el règim legal supletori. El procés de millora del cònjuge vidu en la successió intestada, en el fons ha estat pensat com un pal·liatiu, per tal de corregir les desigualtats que pot produir el règim de separació de béns. Pel que fa a la quarta vidual, la finalitat continua essent bàsicament la protecció del cònjuge vidu, que com a conseqüència del règim legal de béns, es pot trobar quan mor el seu consort que hagi atorgat testament, mancat de mitjans econòmics suficients. Per tant, hi ha uns vasos comunicants entre aquestes institucions i el règim de separació de béns. Pel que fa a la convivència estable en parella, proposem establir algun tipus de vinculació entre la llei aplicable a l’establiment de la convivència i l’anomenat “règim convivencial.” / En esta tesis doctoral se analiza la normativa que determina la posición del cónyuge y del conviviente en pareja estable superviviente, cuando se disuelve el matrimonio regido por el régimen económico matrimonial de separación de bienes o la extinción de la pareja estable a la que se aplica el Derecho civil de Catalunya, con motivo de la muerte del otro cónyuge o conviviente, con vecindad civil catalana. La conclusión a la cual se llega es que la posición del cónyuge viudo ha ido mejorando desde la reforma de la Compilación del Derecho civil de Catalunya de 1984, en un proceso de adecuación a los cambios sociales y económicos que se han ido produciendo en las concepciones de las familias durante las últimas décadas. Estos cambios también han permitido la regulación de la convivencia estable en pareja. Sin embargo, todavía queda margen para que el Derecho civil de Catalunya evolucione y se adecue de una manera más efectiva a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya, que son los que tienen un patrimonio de consumo o de subsistencia. En este sentido, entendemos que sería necesario atribuir derechos de carácter legitimario a favor del sobreviviente en la sucesión voluntaria, ya sea en propiedad o en usufructo, o disminuir las cuotas legitimarias de los descendiente; derogar la cuarta viudal; situar al sobreviviente en el primer lugar de los órdenes sucesorios intestados i derogar el usufructo y también el año de viudedad. Por lo que se refiere a la compensación económica por razón de trabajo en caso de muerte, probablemente tendrá una aplicación muy residual i no conllevará ninguna mejora significativa para el cónyuge o el conviviente sobreviviente. La razón es que las atribuciones por causa de muerte se imputan al pago del crédito a favor del cónyuge o del conviviente superviviente. Para el supuesto de que se llegase a atribuir al sobreviviente la condición de legitimario, procedería la derogación de esta institución. Respecto al régimen de separación de bienes la denominación no concuerda con su contenido, debido a los cambios que se han ido produciendo. También se pone de manifiesto que fuera de la regulación de este régimen de bienes hay correctivos. Así el año de viudedad y la regulación en sede de Derecho de familia de las adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia sólo pueden tener sentido en el régimen legal supletorio. El proceso de mejora del cónyuge viudo en la sucesión intestada, en el fondo ha sido pensado como un paliativo, para corregir las desigualdades que puede producir el régimen de separación de bienes. Por lo que se refiere a la cuarta viudal, la finalidad continua siendo básicamente la protección del cónyuge viudo, que como consecuencia del régimen legal de bienes, se puede encontrar cuando muere su consorte que haya otorgado testamento, sin medios económicos suficientes. Por lo tanto, hay unos vasos comunicantes entre estas instituciones y el régimen de separación de bienes. En cuanto a la convivencia estable en pareja, proponemos establecer algún tipo de vinculación entre la ley aplicable al establecimiento de la convivencia y el llamado “régimen convivencial”. / This thesis examines the Catalan law's regulation that determines the position of the widow when a marriage that is governed by separation of assets ends by death of one of the spouses. It also examines the position of the surviving cohabitant when the cohabitation ends by death of one of them, provided that Catalan Law applies to the cohabitation. The conclusion is that the position of the widowed spouse has improved since the reform of the Compilation of Civil Law of Catalonia in 1984, in a process of adaptation to social and economic changes that have occurred in the conceptions of the family during the last decades. These changes have also allowed the regulation of stable cohabiting couples. However, our civil law's evolution must go on to adapt itself more effectively to the needs of the majority of the middle class citizens of Catalonia. In this regard, we believe that the voluntary succession should be reformed in order that the surviving spouse or the surviving cohabiting becomes a forced heir, whether in property or usufruct, to reduce the legitime of the descendants and to delete the widow allowance; the widowed spouse or the surviving cohabiting should be located in the first degree of intestate succession, before children and descendants, and the year of widowhood should be abolished. Regarding the financial compensation by reason of work carried out for the household or for the other spouse in the event of death, it will not probably entail any significant improvement for the surviving spouse or cohabitant, because the Law assigns to the payment of the financial compensation any bequest ordered by the causer to the surviving spouse or cohabitant. If the widowed spouse and the surviving cohabitant become forced heirs, the financial compensation should be repealed in the event of death. The noteworthy changes introduced to the matrimonial property regime of separation of assets (the default regime if the spouses haven't agreed another one) have caused that its content does not correspond with the preserved name. In addition, there are other mechanisms to correct undesired effects of the regime of separation of assets: the year of widowhood, and the tontine clause in the acquisitions of assets by both spouses. The improvement of the position of the widow and the surviving cohabitant in intestate succession pursues the same purpose. Regarding to widowed allowance (despite the name, the surviving cohabitant may also claim it), it aims to protect the widowed who, with their own assets, those he/she may be entitled to owing to the settlement of the financial marriage system and those that the causer attributes to him/her mortis causa or in consideration of death, does not have sufficient financial means to meet their needs. Therefore, there are communicating vessels between these institutions and the matrimonial property regime of separation of assets. Regarding cohabiting couples, there should be some kind of link between the law applicable to the cohabiting couples and the "cohabitational regime."
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La compensación económica por razón de trabajo en el Derecho Civil de Cataluña

Calleja Gómez, Francisco 18 December 2015 (has links)
En el Dret Civil de Catalunya es regula el règim econòmic matrimonial de separació de béns com a supletori de primer grau. El legislador, a fi d'evitar les possibles situacions de desigualtat en el moment de la seva extinció, va establir un mecanisme corrector a través de la compensació econòmica per raó de treball. La Llei 25/2010, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, adopta una regulació més completa i complexa de d'aquesta institució i intenta donar solucions a qüestions conflictives. No obstant això, la nova configuració de la compensació econòmica porta a distorsionar els principis bàsics que fonamenten el règim de separació de béns. El present estudi recull la recerca sobre el sentit d'aquesta norma correctora i sobre la forma en què el legislador la configura. Així mateix pretén determinar si la nova normativa donarà solució als problemes existents en l'actualitat respecte a la determinació de la procedència i càlcul de la compensació econòmica per part dels tribunals de justícia, ja que aquests, davant l'escassa regulació legal existent, han tingut un gran marge de discrecionalitat, que ha comportat una evident incertesa jurídica. La compensació segueix sent necessària com un mecanisme de protecció al cònjuge feble donat que el treball de la llar continua constituint l'element nuclear de l'estabilitat familiar i perquè, en la mesura que el treball per l'altre cònjuge ja no es configura com a contribució a les despeses del manteniment familiar, repercuteix únicament a favor del patrimoni privatiu del cònjuge beneficiat. Amb la nova regulació es pretén que el cònjuge que més ha incrementat el seu patrimoni pagui fins una quarta part o fins i tot la meitat de la diferència dels guanys a qui ha guanyat menys i s'ha dedicat a la llar o ha treballat per al seu cònjuge. Malgrat que s'observa que el règim de separació s'aproxima al de participació, amb la compensació econòmica no es pretén establir ni un règim de participació, ni un règim de guanys. En realitat, segueix sent un mecanisme propi que es dirigeix a evitar l'excessiu rigor del règim de separació absoluta de béns, sent la nova normativa destinada a aclarir els criteris interpretatius i a dotar de seguretat jurídica determinades situacions. Això no vol dir que desaparegui la discrecionalitat judicial sobre tot en matèria de quantificació de la compensació, ja que aquesta qüestió ha de ser objecte d'interpretació pels tribunals, i caldrà veure si la nova definició de la compensació i el fet que no descansi en la idea de l'enriquiment injust sinó en la dada objectiva que s'hagi produït un increment patrimonial entre un i altre cònjuge com a conseqüència de la convivència, influeixen de manera positiva o no a l'hora de resoldre les dificultats respecte a la determinació de la procedència i càlcul de la compensació. / En el Derecho Civil de Cataluña se regula el régimen económico matrimonial de separación de bienes como supletorio de primer grado. El legislador al objeto de evitar las posibles situaciones de desigualdad en el momento de su extinción estableció un mecanismo corrector del mismo a través de la compensación económica por razón de trabajo. La Ley 25/2010, del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, adopta una regulación más completa y compleja de dicha institución e intenta dar soluciones a cuestiones conflictivas. No obstante, la nueva configuración de la compensación económica lleva a distorsionar los principios básicos que fundamentan el régimen de separación de bienes. El presente estudio recoge la investigación sobre el sentido de esa norma correctora en la actualidad y sobre la forma en que el legislador la configura. Asimismo pretende determinar si la nueva normativa dará solución a los problemas existentes en la actualidad respecto a la determinación de la procedencia y cálculo de la compensación económica por parte de los tribunales de justicia, ya que éstos, ante la parca regulación legal existente, han tenido un gran margen de discrecionalidad, lo que ha conllevado una evidente incertidumbre jurídica. La compensación sigue siendo necesaria como mecanismo de protección al cónyuge débil dado que el trabajo para la casa continua constituyendo el elemento nuclear de la estabilidad familiar y porque, en la medida en que el trabajo para el otro cónyuge ya no se configura como contribución a los gastos del mantenimiento familiar, repercute únicamente a favor del patrimonio privativo del cónyuge beneficiado. Con la nueva regulación se pretende que el cónyuge que más ha incrementado su patrimonio pague hasta una cuarta parte o incluso la mitad de la diferencia de las ganancias al que ha ganado menos y se ha dedicado al hogar o ha trabajado para su cónyuge. A pesar de que se observa que el régimen de separación se aproxima al de participación, con la compensación económica no se pretende establecer ni un régimen de participación ni de uno de gananciales. En realidad, sigue siendo un mecanismo propio que se dirige a evitar el excesivo rigor del régimen de separación absoluta de bienes, estando la nueva norma llamada a clarificar criterios interpretativos y a dotar de seguridad jurídica determinadas situaciones. Ello no significa que vaya a desaparecer la discrecionalidad judicial sobre todo en materia de cuantificación de la compensación, ya que dicha cuestión será objeto de interpretación por los tribunales, y habrá que ver si la nueva definición de la compensación y el hecho de que no descanse en la idea del enriquecimiento injusto sino en el dato objetivo de que se haya producido un incremento patrimonial entre uno y otro cónyuge como consecuencia de la convivencia, influyen de forma positiva o no a la hora de resolver las dificultades respecto a la determinación de la procedencia y el cálculo de la compensación. / The separate property marital regime is regulated in the Civil Law of Catalonia as additional of first degree. In order to avoid possible situations of inequality at the time of its extinction the legislator established a corrective mechanism thereof through economic compensation for work reasons. Law 25/2010, of Book Two of the Civil Code of Catalonia, takes a more complete and complex regulation of the institution and try to provide solutions to contentious issues. However, the new configuration of the compensation leads to distort the basic principles that are the base of the separate property marital regime. This study includes research on the meaning of that standard correction today and the way the legislator set up it. It also aims to determine whether the new rules will solve existing problems at present regarding the determination of the origin and calculation of the compensation by the courts, as these, given the sparse existing legal regulation, have a wide margin of discretion, which has led to a clear legal uncertainty. The compensation is still required as a protection mechanism to weaker spouse since housework keeps constituing the core element of family stability and because, to the extent that the work for the other spouse and not configured as a contribution to family maintenance expenses, affects only private assets for the benefit of the spouse. By the new regulation is intended that the spouse that has increased its assets pays to a quarter or even half of the difference in earnings that has earn less and was dedicated to the housework or worked for the spouse. Although it is noticed that the regime of separation approaches that of participation, the compensation is neither to establish a system of participation nor one of property. Indeed, it remains an own mechanism aimed to prevent the excessive rigor of the regime of absolute separation of property, the new standard being called to clarify interpretation criteria and provide legal certainty certain situations. This does not mean that judicial discretion particularly in terms of quantification of compensation will disappear, and that the issue will be subject to interpretation by the courts, and to be seen if the new definition of compensation and the fact that it doesn't rest on the idea of unjust enrichment but on the objective criteria that there has been an increase in assets between each spouse as a result of living data, positively influence or not in resolving the difficulties regarding the determination of the origin and the calculation of compensation.
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Las fundaciones en el Derecho Civil de Cataluña

Gallofré Castellanos, Mónica 13 July 2015 (has links)
El sector fundacional español ha adquirido, en el marco de la crisis que afecta a la economía española, una gran relevancia, que se refleja en el gran número de organizaciones que lo componen, la diversidad de demandas sociales que satisfacen, el empleo que generan y, por el gasto que destinan a la satisfacción de las finalidades de interés general que es la esencia de estas organizaciones, constituidas sin ánimo de lucro y que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. La fundación se ha convertido en una figura jurídica de carácter polivalente; por una parte, vinculada a las funciones sociales propias de las instituciones públicas, al mismo tiempo que, por otra, puede desarrollar actividades económicas en el mercado, en términos similares a los que distinguen a las entidades mercantiles. En este sentido, desde hace algún tiempo, la fundación se considera un operador del mercado, calificación que no sólo ha sido aceptada por los expertos del Derecho de Fundaciones sino también admitida por la reciente propuesta de Código Mercantil. La fundación ha adquirido tal relevancia que en el marco del Derecho civil catalán se ha utilizado, además, como figura organizativa relevante en el ámbito de la Administración pública, a fin de desconcentrar su actividad e incorporar criterios de nueva gestión pública, para obtener mayor efectividad y eficacia. Un tema al que hemos querido dedicar especial atención, por ser llamado a tener un notable protagonismo en la realidad actual del mundo fundacional, es el relativo a la importancia de la autonomía de la voluntad del fundador. La perspectiva clásica de la libertad absoluta del fundador no representa un marco idóneo para explicar esta figura desde la realidad actual. La autonomía de la voluntad debe contemplarse mediada no solo por el patronato de la fundación sino también, necesariamente, por la intervención del protectorado, cuyo protagonismo ha adquirido especial relevancia en la regulación de las fundaciones en Cataluña; no obstante, se hayan reducido el número de autorizaciones a favor de un sistema de comunicaciones a posteriori respecto de muchos aspectos relativos a la actividad diaria de las fundaciones. Esta tesis aspira a ir más allá de la lectura literal de las disposiciones reguladoras de las fundaciones, de Cataluña y pretende ofrecer una visión crítica de esta regulación en relación a las necesidades de estas organizaciones con el propósito de ofrecer a tal fin posibles interpretaciones, comparaciones con otras legislaciones y ,por qué no, recomendaciones que ayuden a las fundaciones a conseguir sus finalidades, mediante una mejor organización y gestión.
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Régimen jurídico del tratamiento forzoso del trastorno psíquico

Vico Fernández, Gema 09 December 2015 (has links)
En los internamientos involuntarios aparece incluido un derecho de la personalidad, la libertad personal, que tiene la consideración no sólo de derecho fundamental en el artículo 17 de la Constitución, sino también de principio supremo de nuestro sistema social y democrático de derecho. A partir de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela, se instauró un sistema de control judicial de los internamientos frente al sistema anterior de mero control administrativo. El artículo 211 del Código Civil reformado por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reguló expresamente el internamiento de los menores de edad. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó, a su vez, el artículo 211 del Código Civil, pasando a regular “el internamiento por razón de trastorno psíquico”, en su artículo 763. La sentencia del Tribunal Constitucional 132/2010 declaró la inconstitucionalidad de la parte de este precepto que posibilita la decisión del internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, dado que, al ser constitutivo de una privación de libertad, debería haberse regulado mediante ley orgánica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, instando al legislador a regular esta materia mediante ley orgánica. El tratamiento jurídico de los internamientos involuntarios guarda una estrecha relación con el de los tratamientos médicos realizados sin contar con la voluntad de las personas afectadas. El Tribunal Constitucional considera que el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona forma parte de su derecho fundamental a la integridad física, reconocido en el artículo 15 de la Constitución. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica regula el consentimiento informado en los artículos 8 y siguientes, que prevén también los casos en que los facultativos pueden intervenir sin el consentimiento del paciente y aquellos en que el consentimiento se otorgará por representación respecto de los menores de edad y de personas que no tengan capacidad para prestar el consentimiento. El artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Dentro de estos tratados, podemos destacar el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo interpreta, la Convención de Derechos del Niño de 1989, el Convenio de Oviedo de 1997 y la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad de 2006. De acuerdo con la legislación aplicable, así como con la jurisprudencia, podemos destacar la necesidad de su reforma para adecuarla a la Constitución, cumpliendo el requerimiento que efectuó el Tribunal Constitucional en la sentencia 132/2010, y que exige asimismo la adecuación a los Convenios Internacionales firmados por España. / The right to personality and personal freedom are included in involuntary internments. These are not only governed by a fundamental right under Article 17 of the Spanish Constitution, but also by the supreme principle according to our system of social and democratic right. According to the Law 13/1983, effective October 24 of the Reform of the Civil Code regarding matters of guardianship, a system of judicial internment control was established with respect to mere previous administrative checks. The 211 article of the Civil Code reformed by the Organic Law 1/1996, effective January 15 on the Legal Protection of Children, expressly regulated the commitment of minors. The 1/2000 Law of January 7 on civil prosecution repealed, in turn, the 211 article of the Civil Code, and started to regulate the “internment due to psychiatric illness” by Article 763. The Constitutional Court’s ruling 132/2010 declared the unconstitutionality on the part of this precept that enables the decision of involuntary internments due to mental disorder, considering that it is constitutive of a deprivation of liberty, should have been regulated by organic law, as agreed upon in Article 81 of the Constitution, and urges the legislator to regulate this matter by means of organic law. The legal treatment of involuntary interments connects with those of medical treatments made without considering the will of the affected persons. The Constitutional Court considers that the patient’s consent in any event regarding its own person is part of its fundamental right to integrity recognized in Article 15 of the Constitution. The 41/2002 Law, effective November 14 , on basic regulation on the autonomy of the patient and of rights and obligations in matters of information and clinical documentation regulates the informed consent in the Articles 8 and the following, which also covers the cases in which doctors can act without the patient’s consent and those in which the consent is given by the representation in relation to minors and people who does not have the capability to provide it. Article 10.2 of the Constitution establishes that the rules regarding fundamental rights and liberties recognized by the Constitution are interpreted in accordance with the international treaties and agreements thereon ratified by the Spanish State. Among these treaties prevail the 1950 European Convention of human rights and the jurisprudence of the European Court of Human Rights which also interpret them; the 1989 Convention on the Rights of Children; the 1997 Oviedo Treaty, and the 2006 Convention on the Rights of persons with disabilities. According to the applicable law, as well as jurisprudence, the need is stressed to upgrade it in order to adapt it to the Constitution this way fulfilling the requirements the Constitutional Court made in the sentence 132/2010 and that at the same time demands the adaptation of the international agreements signed by the Spanish State. / En els internaments involuntaris s’inclou un dret de la personalitat, la llibertat personal, que rep la consideració no només de dret fonamental a l’article 17 de la Constitució espanyola, sinó també de principi suprem segons el nostre sistema de dret social i democràtic. A partir de la Llei 13/1983, del 24 d’octubre, de Reforma del Codi Civil en matèria de tutela, s’instaurà un sistema de control judicial dels internaments enfront el sistema anterior de mer control administratiu. L’article 211 del Codi Civil reformat per la Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de protecció jurídica del menor, va regular expressament l’internament dels menors d’edat. La Llei 1/2000 del 7 de gener, de processament civil, va derogar, al seu torn, l’article 211 del Codi Civil, i va passar a regular “l’internament per raó de trastorn psíquic” per l’article 763. La sentència del Tribunal Constitucional 132/2010 va declarar la inconstitucionalitat de la part d’aquest precepte que possibilita la decisió de l’internament no voluntari per raó de trastorn psíquic, ja que, com que és constitutiu d’una privació de llibertat, hauria d’haver estat regulat mitjançant llei orgànica, de conformitat amb el que disposa l’article 81 de la Constitució, i insta el legislador a regular aquesta matèria mitjançant llei orgànica. El tractament jurídic dels internaments involuntaris manté una relació molt estreta amb el dels tractaments mèdics que es fan sense considerar la voluntat de les persones afectades. El Tribunal Constitucional considera que el consentiment del pacient a qualsevol intervenció en la seva persona forma part del seu dret fonamental a la integritat reconegut a l’article 15 de la Constitució. La Llei 41/2002, del 14 de novembre, bàsica, reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica regula el consentiment informat en els articles 8 i següents, que preveuen també els casos en què els facultatius poden intervenir sense el consentiment del pacient i aquells en què el consentiment s’atorga per representació amb relació als menors d’edat i persones que no tinguin capacitat per prestar-lo. L’article 10.2 de la Constitució estableix que les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats que la Constitució reconeix s’han d’interpretar de conformitat amb els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries que l’Estat espanyol hagi ratificat. Entre aquests tractats destaquen el Conveni europeu de drets humans de 1950 i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que també l’interpreta; la Convenció de drets del nen de 1989; el Conveni d’Oviedo de 1997, i la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat de 2006. D’acord amb la legislació aplicable, així com amb la jurisprudència, hi destaca la necessitat de reformar-la a fi i efecte d’adequar-la a la Constitució complint així el requeriment que va efectuar el Tribunal Constitucional en la sentència 132/2010 i que al mateix temps exigeix l’adequació als convenis internacionals signats per l’Estat espanyol.

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