El objetivo del presente trabajo es desarrollar una respuesta ante la interrogante de si las empresas estatales de generación eléctrica cumplen o no un rol subsidiario en dicho mercado, a la luz del principio de subsidiariedad que se desarrolla en el segundo párrafo del artículo 60° de la Constitución Política del Perú de 1993. Luego de una investigación, confirmando la hipótesis, se concluye que es necesaria una reinterpretación del principio de subsidiariedad, en la medida que una lectura del mismo no debe limitarse a su fase negativa o deber de abstención del Estado, sino también a su fase positiva o deber de intervenir del Estado cuando subsistan razones que así lo requieran. En el caso de la generación eléctrica, las empresas estatales cumplen un rol subsidiario en la medida que complementan y no interfieren con la participación del sector privado. Esto se manifiesta principalmente en el hecho de que pese a todos los esfuerzos del Estado por estimular el desarrollo de la inversión privada en el segmento de la generación eléctrica bajo las pautas de la Ley de Concesiones Eléctricas, este último no ha tenido una respuesta adecuada a tal estímulo, evidenciando la escasa apuesta del sector privado para el desarrollo de grandes proyectos de generación hidroeléctrica. Estos últimos son proyectos de inversión que resultan a largo plazo convenientes para el país pero que no necesariamente son atractivos en el corto y mediano plazo para el sector privado, por lo que han sido asumidos por las generadoras estatales. En ese sentido, las empresas estatales pueden desarrollar un rol subsidiario en la generación eléctrica y, por ende, deben seguir operando en este sector. / Tesis

La Industria Eléctrica en el Perú es un sector ampliamente regulado. Está sometida a regulación tarifaria, a regulaciones técnicas, ambientales y de seguridad; y finalmente, está regulada en cuanto al control de fusiones. El estudio del control de fusiones es vital en tanto la teoría económica nos señala que la competencia, en los segmentos del mercado en donde sea posible, es el motor que genera mayor bienestar social al conllevar a la reducción del precio y mejora de la calidad de sus bienes y servicios, gracias a la rivalidad de los agentes en el mercado por ganar la preferencia de los consumidores. La reforma del sector eléctrico, llevada en la década de 1990, se basó en la liberalización, apertura de mercados y privatización de la actividad. La Ley 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 009-93- EM, plasmó un nuevo diseño de la industria eléctrica, basado en la desintegración de las unidades de generación, transmisión, distribución y comercialización. En búsqueda de afianzar la competencia en la industria, la Ley que controla las fusiones y concentraciones del Sector Eléctrico de 1997 estableció un mecanismo de control de fusiones basado en la participación de las empresas en el mercado de la electricidad, bajo el convencimiento que éste era el mejor camino para lograr la eficiencia del mercado / Tesis

No description available.

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una respuesta ante la interrogante de si las empresas estatales de generación eléctrica cumplen o no un rol subsidiario en dicho mercado, a la luz del principio de subsidiariedad que se desarrolla en el segundo párrafo del artículo 60° de la Constitución Política del Perú de 1993. Luego de una investigación, confirmando la hipótesis, se concluye que es necesaria una reinterpretación del principio de subsidiariedad, en la medida que una lectura del mismo no debe limitarse a su fase negativa o deber de abstención del Estado, sino también a su fase positiva o deber de intervenir del Estado cuando subsistan razones que así lo requieran. En el caso de la generación eléctrica, las empresas estatales cumplen un rol subsidiario en la medida que complementan y no interfieren con la participación del sector privado. Esto se manifiesta principalmente en el hecho de que pese a todos los esfuerzos del Estado por estimular el desarrollo de la inversión privada en el segmento de la generación eléctrica bajo las pautas de la Ley de Concesiones Eléctricas, este último no ha tenido una respuesta adecuada a tal estímulo, evidenciando la escasa apuesta del sector privado para el desarrollo de grandes proyectos de generación hidroeléctrica. Estos últimos son proyectos de inversión que resultan a largo plazo convenientes para el país pero que no necesariamente son atractivos en el corto y mediano plazo para el sector privado, por lo que han sido asumidos por las generadoras estatales. En ese sentido, las empresas estatales pueden desarrollar un rol subsidiario en la generación eléctrica y, por ende, deben seguir operando en este sector.

El presente caso se basa en la demanda contencioso administrativa presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. contra el entonces Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y la empresa de generación de energía eléctrica Electroperú S.A. En la demanda, Luz del Sur S.A.A. solicita la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERG N° 005-2005-TSC del 22 de abril de 2005, mediante la cual el referido órgano colegiado resuelve que los retiros de energía que exceden los límites pactados en un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica se rigen por la autonomía de las partes y, por tanto, pueden acordarse penalidades que excedan la Tarifa en Barra regulada para el servicio. El objetivo del presente informe es determinar la naturaleza jurídica de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y la libertad o restricciones que tienen las partes que lo suscriben. Así mismo, el presente informe busca determinar qué tarifa debe cobrarse por los retiros de energía en exceso, tomando en consideración la naturaleza y los principios de los servicios públicos y la actuación del Estado para garantizar la continuidad de los mismos. Luego de analizar las normas aplicables al caso, los principios básicos y la doctrina al respecto, llegamos a la conclusión que la única tarifa que puede ser cobrada por una empresa generadora a una distribuidora de energía eléctrica es la regulada por el Estado Peruano, considerando que esta tarifa forma parte de la tarifa final que paga el usuario regulado y, que aun cuando las partes que conforman los contratos analizados son personas jurídicas de derecho privado, deben ceñir su actuación a las normas regulatorias que le sean aplicables, ya que prestan un servicio público.

El presente trabajo busca analizar, a través de un estudio de caso, el procedimiento administrativo aplicado para la fijación de la retribución económica de la actividad de la distribución eléctrica en el Perú y la determinación más adecuada de los costos que serán reconocidos a través de las tarifas que son cobradas a los clientes finales, considerando que, dichos costos son calculados por el regulador sobre la base de la información que es reportada por las mismas concesionarias del servicio. El análisis se centra en las empresas públicas bajo el ámbito del Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado que prestan el servicio de Distribución Eléctrica, debido a que éstas se enfrentan a mayores restricciones de naturaleza estatal. Al respecto, dicho procedimiento suele ser complejo, debido a que los resultados dependen, en su mayoría, de la calidad y cantidad de información con la que cuente el regulador para estimar los costos mínimos eficientes con los que una empresa distribuidora debe de operar sus sistemas, sin embargo, estas últimas no tendrían incentivos para revelar toda su información. Es por ello que, para reducir la asimetría de información existente y los posibles efectos asociados, se requiere incorporar nuevas etapas y precisiones en el proceso de la estimación de los costos de inversión, operación y mantenimiento eficientes. Bajo la situación expuesta, en la presente tesis se identifican los problemas y oportunidades de mejora del proceso de determinación de los costos mencionados y se proponen las modificaciones necesarias para el proceso de recopilación de información, adicionando etapas a las ya existentes, las cuales permitirán reducir la asimetría de información, incrementar la confiabilidad de los resultados y el cumplimiento de los diversos principios básicos para el buen desempeño de un procedimiento regulatorio. / Tesis

El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista en la Primera Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, y si es posible su inaplicación por parte del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN mediante el control de legalidad. La Primera Disposición Final señala que las compensaciones por deficiencias en las redes de transmisión, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de las ventas semestrales por servicios de transmisión de la respectiva empresa transmisora. Por lo tanto, se configura una excepción al pago de resarcimientos por interrupciones en el servicio de suministro, ya que si la transmisora no percibe ventas semestrales, se encontrará exenta de cumplir con esta obligación

La aplicación de la fuerza mayor para eximir de responsabilidad a los concesionarios que brindan un servicio público tiene una aplicación diferente a la dispuesto por el derecho civil, en tanto que la actividad económica a la que se dedican tienen un régimen especial. En el sector eléctrico, es OSINERGMIN quien califica un hecho como un evento de fuerza mayor, por lo que emitió Resolución OSINERG N° 010-2004-OS/CD, mediante la cual se dispone el procedimiento para solicitar la calificación de fuerza mayor. En ese contexto, se identificarán las diferencias que existen entre la aplicación de la fuerza mayor en el derecho administrativo y el derecho civil. Conforme se procederá a explicar, existe una mayor flexibilidad en la aplicación de la fuerza mayor en la vía administrativa. Por consiguiente, a través de un extenso análisis, se procederá de determinar la correcta aplicación de la fuerza mayor en el procedimiento administrativo, en base a la solicitud de calificación de fuerza mayor por un caso de hurto presentado por el concesionario EDECAÑETE. / The application of force majeure to exempt concessionaires that provide a public service from liability has a different application than that provided by civil law, while the economic activity to which they are engaged has a special regime. In the electricity sector, it is OSINERGMIN that qualifies an event as a force majeure event, for which reason it issued OSINERG Resolution No. 010-2004-OS/CD, through which the procedure for requesting the qualification of force majeure is established. In this context, the differences between the application of force majeure in administrative law and civil law will be identified. As will be explained, there is greater flexibility in the application of force majeure in administrative proceedings. Therefore, through an extensive analysis, the correct application of force majeure in the administrative procedure will be determined, based on the request for qualification of force majeure for a case of theft presented by the EDECAÑETE concessionaire.

La presente investigación tiene como finalidad identificar y proponer mecanismos regulatorios orientados a contribuir con la reducción de la incidencia de reclamos sobre excesiva facturación del servicio eléctrico, tomando en consideración que, desde el periodo 2015, se viene generando un aumento progresivo de reclamos, de los cuales el 65% se encuentran relacionados a la facturación de consumos del servicio público de electricidad. No obstante, el aumento progresivo de reclamos no necesariamente incrementa la satisfacción del usuario del servicio público de electricidad. Así, el bajo porcentaje de reclamos por excesiva facturación con pronunciamiento favorable al usuario en segunda instancia administrativa1 nos permite evidenciar, desde un primer momento, que la mayor cantidad de usuarios decidió interponer un reclamo cuando esta no era su mejor alternativa. Ahora bien, sin duda la deficiente elección del usuario del servicio público de electricidad obedece a diversos factores; sin embargo, en la presente investigación nos enfocaremos en uno de ellos: El desconocimiento del proceso de facturación por parte del usuario del servicio público de electricidad. De este modo, mediante un muestreo no probabilístico se diagnosticó una deficiente comprensión del proceso de facturación del servicio eléctrico, así como, de lo expresado en su recibo de electricidad, lo que generaría en el usuario una falsa percepción de facturación indebida, excesiva o errónea que, de haber sido evaluada con mayor información, probablemente no hubiera convergido en un reclamo. En ese sentido, se plantea mecanismos regulatorios orientados a la simplificación y estandarización del esquema de facturación y liquidación de consumos, que permitirán al usuario identificar con mayor facilidad la información que necesita para ejercer un reclamo realmente motivado, generando beneficios para los propios usuarios, las empresas distribuidoras y el regulador.

Bajo el contexto actual, en medio de una pandemia mundial que ha golpeado todos los sectores económicos y una prevista reforma del sector eléctrico en el Perú, la Generación Distribuida (GD) aún sigue estando en agenda con un proyecto de reglamento publicado en el año 2018 que no da luces sobre la implementación de un mecanismo efectivo de cobertura en la distribución de electricidad a los usuarios finales. En su efecto, lo que se tiene en el Perú es únicamente un reconocimiento legal de la Generación Distribuida, quedando relegado los aspectos vinculados al esquema regulatorio de la GD que se traduzcan en incremento del bienestar social. Dicho ello, este documento tiene como objetivo analizar el impacto regulatorio de dos de los principales mecanismos regulatorios utilizados en la implementación de Generación Distribuida a nivel mundial, y sobre dicho análisis seleccionar la óptima para ser aplicada en forma efectiva en el Perú, considerando la experiencia internacional y otros estudios que antecedieron a la presente investigación bibliográfica. En ese sentido, se ha efectuado un documento de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de los dos esquemas regulatorios más populares: Net-Metering y el Net-Billing, pues resultan ser los más utilizados en regiones donde ya se tiene implementado la Generación Distribuida. El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) fue efectuado con la metodología de multicriterio, el cual consiste en un análisis de Costo & Beneficio del tipo cualitativo. Los resultados de dicho estudio arrojó que el esquema regulatorio Net-Metering resultaría más efectivo que el Net-Billing ante una implementada Generación Distribuida con energía fotovoltaica, ya que mediante el Net- Metering se alcanzaría una tasa de cobertura de casi el 100%, no obstante, existiría el riesgo que las distribuidoras asumieran costos por mantener un negocio sostenible, pues la electricidad inyectada a la red se valorizaría al precio básico de mercado y no al del Mercado Mayorista de Electricidad.