Memoria (para optar al grado de magíster en derecho tributario) / La potestad tributaria, entendida como la facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al Estado para imponer, modificar o suprimir, en virtud de una ley, obligaciones tributarias1 , presenta diversas características, entre las cuales se encuentra su naturaleza territorial. Conforme a dicho atributo, el poder impositivo de cada Estado reconoce como límite el espacio dentro del cual ejerce su soberanía. Regido por el límite indicado, cada Estado es libre para definir internamente los factores de conexión conforme a los cuales podrá ejercer su poder impositivo, una vez verificado un hecho de relevancia tributaria. En el caso Chileno, dichos factores han sido diseñados considerando la naturaleza del impuesto que afecta al hecho imponible. De esta forma, para el caso de los impuestos directos, generalmente se ha considerado como factor de atribución potestativa tributaria el domicilio o residencia del perceptor de la renta, en cambio, en el ámbito de los impuestos indirectos, normalmente dicho ámbito de atribución potestativa ha quedado definido por el lugar en el que se verifica el hecho imponible.

El aumento de los ingresos fiscales es fundamental para financiar desarrollo en Perú. Sin embargo, prácticas de abuso fiscal empresarial como la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a territorios de menor imposición amenazan la recaudación de dichos ingresos. Para enfrentar este problema, los países introducen en sus legislaciones normas de precios de transferencia. Este estudio estima el efecto de la reforma de precios de transferencia sobre el pago de impuestos a nivel de empresas, que se implementó en Perú en el 2017. Dado el importante rol que juegan las firmas consultoras en los esquemas de elusión fiscal, también se incluye el efecto sobre el gasto en asesoría y consultoría de las empresas. Se utilizan los datos de la Encuesta Económica Anual y un diseño de regresión discontinua para estimar el efecto causal de la reforma de precios de transferencia sobre el pago de impuesto a la renta y el gasto en asesoría y consultoría de las empresas. Se encuentra que las empresas afectadas por la intervención pagaron un mayor impuesto a la renta en el 2017. Si bien se encontró un efecto negativo en el pago de impuesto a la renta en el 2018, no se encontró evidencia concluyente de que el gasto en servicios de asesoría y consultoría produjo dicho efecto.

Los gastos preoperativos por expansión de actividades tienen un tratamiento tributario especial en la norma que permite diferirlos al momento en que realmente inicie la etapa productiva o de explotación. Sin embargo, al día de hoy no existe una definición legal de este término y si bien el Tribunal Fiscal ha ido desarrollando una definición, no es claro qué criterios adopta para justificar dicha postura. Sumado a ello, en otras oportunidades ha contradicho la misma definición que plantea. El problema principal que origina ello es que el contribuyente no tendrá certeza de si su gasto será considerado como gasto preoperativo por expansión de actividades y, por ende, la Administración Tributaria podrá desconocer el desembolso incurrido por la forma en que aplicó la deducción (criterio general del devengo o amortización), además de imputarle una infracción. Así, mediante una interpretación teleológica de la norma, en el presente trabajo consideramos que la definición restrictiva propuesta por el Tribunal Fiscal no persigue la ratio legis de la norma y, a su vez, incide en el derecho a la libertad de empresa. Por ello, en aplicación de la finalidad de la norma, comparación con términos contables así como la legislación comparada, proponemos una definición sobre estos términos tributarios que podrían ser desarrollados mediante una Resolución de Observancia Obligatoria a fin de unir criterios jurisprudenciales. / Pre-operating expenses for expansion of activities have a special tax treatment in the regulation that allows deferring them to the moment in which the productive or operating stage actually begins. However, as of today there is no legal definition of this term and although the Tax Court has been developing a definition, it is not clear what criteria it adopts to justify such position. In addition, on other occasions it has contradicted the definition itself. The main problem that this causes is that the taxpayer will not have certainty as to whether or not its expense will be considered as a pre-operating expense for expansion of activities and, therefore, the Tax Administration may not know the disbursement incurred due to the way in which the deduction was applied (general accrual or amortization criterion), in addition to imputing an infraction to the taxpayer. Therfore, by means of a teleological interpretation of the rule, in this paper we consider that the restrictive definition proposed by the Tax Court does not pursue the ratio legis of the rule and, in turn, affects the right to freedom of enterprise. Therefore, in application of the purpose of the norm, comparison with accounting terms as well as comparative legislation, we propose a definition of these tax terms that could be developed by means of a Resolution of Mandatory Compliance in order to unite jurisprudential criteria.

La causalidad como delimitadora y base angular de la deducibilidad de gastos en la imposición de renta, es una institución jurídica tributaria de suma importancia y respecto de la cual es necesario tener un adecuado entendimiento, más aún si de acuerdo al estado actual de la jurisprudencia, esta debe ser entendida en un sentido amplio, constituyéndose en un criterio acorde con las exigencias actuales de los negocios y a la vez en un criterio que abre la posibilidad a determinados abusos en la deducibilidad. Precisamente, la constatación de una particular tipología de casos donde se pone a prueba ambos aspectos del criterio causal, es el punto de partida de la presente investigación, dicha tipología se encuentra relacionada con operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo empresarial o intragroup y cómo estas al ser contrastadas con los conceptos, teorías, normas y criterios de la causalidad, permiten su reevaluación en términos de deducibilidad, y a su vez la reevaluación del sentido amplio de la institución jurídica, pues se observa visos de una utilización instrumentalizada de la misma a través del uso de ciertas formas jurídicas. Es así que en la presente tesis, que lleva por título “El sentido amplio de la causalidad, y su instrumentalización”, se establece como hipótesis “la ausencia de causalidad, en casos en que a través de la contratación se presuponga cumplido esta por el hecho de que la retribución, establecida para la empresa del grupo empresarial ubicado en el país, por los servicios brindados a otra ubicada en el exterior, incluya todos los costos o gastos incurridos para tal fin, evidenciándose asimismo la instrumentalización de dicho criterio”. En cuanto al método desarrollado en la presente investigación se ha partido del análisis general al particular y de la ubicación de la institución jurídica en el sistema de imposición de renta, su evolución normativa y los aspectos jurisprudenciales de la misma, siendo que de esta forma se ha logrado el objetivo general de la presente investigación, demostrar la falta de causalidad en la tipología de casos y el uso instrumentalizado del sentido amplio del criterio, siendo la conclusión principal la preponderancia de los criterios objetivos, sin descartar los criterios subjetivos, en el establecimiento de reglas jurídicas jurisprudenciales para efectos de la deducibilidad de gastos en la tipología de casos investigada y la necesidad de contornos delimitadores claros y precisos del sentido amplio de la causalidad. Finalmente cabe indicar que, la presente investigación incluye los alcances de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1312, vigente desde el año 2017, en referencia al requisito del “test del beneficio” para los servicios intragroup, sus diferencias con la causalidad y la fehaciencia y las formas de acreditación.

En esta investigación se busca analizar el impacto de la exigencia del registro contable de la depreciación para que sea deducible para el impuesto a la renta empresarial de las empresas peruanas. La norma que regula este impuesto presenta una doble limitación de este gasto como deducible; por un lado, mediante las tasas de depreciación máximas y, por otro, por el requisito de contabilización. Por ello, la justificación de esta investigación se basa en la posibilidad de determinar una propuesta que podría permitir a las empresas obtener un beneficio tributario más justo y a la Administración Tributaria un mayor control en la recaudación del impuesto. Para ello, se buscan mecanismos que se aplican en países como Argentina, Chile o Bolivia en el tratamiento de la depreciación de las propiedades planta y equipos. Además, se tiene como primer objetivo específico determinar si aquel requisito para que sea deducible es arbitrario. En segundo lugar, se busca analizar si la implementación de libros electrónicos contribuye con el control de la depreciación por parte de la Administración Tributaria y el último pretende identificar si la legislación tributaria vigente en otros países de Latinoamérica puede implementarse. Por tal motivo, se realizó la revisión de fuentes bibliográficas como tesis y revistas académicas. En consecuencia, la hipótesis general señala que la exigencia del registro contable de la depreciación para su deducibilidad tiene un impacto negativo en la determinación del impuesto a la renta empresarial de las empresas peruanas

Históricamente, en el Perú, la baja recaudación de los tributos, producto del complejo comportamiento tributario de los contribuyentes, limita las acciones y servicios que el Estado puede proveer. En este contexto, se requieren soluciones innovadoras y costo-eficientes que apunten a modificar y minimizar las conductas que derivan en el incumplimiento tributario. En esa línea, la integración de ramas de las ciencias conductuales y sociales en el diseño y análisis de políticas públicas cobra relevancia al configurar una alternativa para evaluar y modificar comportamientos no deseados. Una de estas ciencias es la Economía del Comportamiento, últimamente empleada con mayor frecuencia en el diseño de políticas públicas por su efectividad. Sin embargo, no se han desarrollado numerosas investigaciones sobre este tema en el contexto local y menos aún, sobre su aplicación en materia tributaria. En tal sentido, esta investigación se centra en determinar la manera en que la economía del comportamiento puede mejorar el cumplimiento tributario por parte de las Mipymes en el Perú. A partir de la revisión exhaustiva de literatura, se pudo identificar las causas del incumplimiento tributario peruano a partir del análisis de las capacidades del contribuyente, sus motivaciones y las oportunidades que se le presentan, para así determinar posibles herramientas que pueden modificar su comportamiento y aumentar la recaudación tributaria.

La importancia de la aplicación de las normas de precios de transferencias se presenta por la búsqueda de una justicia tributaria para todos. Esto implica que, algunos contribuyentes que tienen partes vinculadas, para huir de la tributación, podrían fijar como precio de sus operaciones y/o transacciones uno diferente al valor de mercado, de tal forma que logran pagar como tributo un importe menor al que le correspondería pagar. En cambio, las empresas independientes (no vinculadas), se rigen por la ley de la oferta y demanda del mercado, para cuando fijan sus precios. Sin embargo, una legislación no puede generalizar y considerar que todas las empresas vinculadas realizan las operaciones con precios por debajo del valor de mercado. Nadie niega que algunas empresas con partes relacionadas suelen realizar la tan conocida planificación fiscal agresiva, aprovechándose de los vacíos normativos que existen en las legislaciones tributarias de algunos países para eludir los impuestos que realmente les corresponde pagar o adrede trasladan parte de sus operaciones a países con baja o nula imposición con la finalidad de disminuir la base imponible gravable; y, por ende, obtener mayores utilidades y/o beneficios. Es ante este escenario, que se analizó el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, sustituido por el Decreto Legislativo N° 945, en la cual se establece la presunción de intereses, específicamente su último párrafo, donde se dispone que se aplicará presunción relativa, es decir que se admitirá prueba en contrario, para demostrar con los libros de contabilidad del deudor que el préstamo es a título gratuito, siempre que se realice entre partes independientes, pero si dicha operación se realiza entre partes vinculadas, no podrá demostrar que la misma fue a título gratuito, debiendo aplicarse las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de la operación y pagar el correspondiente impuesto a la renta. Es debido a ello, que el objeto de estudio del presente trabajo de investigación es determinar si aquella imposibilidad que tienen las partes vinculadas de demostrar que realizaron un préstamo a título gratuito y la consecuente aplicación de las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de dicha operación, vulnera el principio de igualdad tributaria; toda vez, que cuando las misma operación lo realizan partes independientes tienen la posibilidad de desvirtuar aquella presunción de intereses prevista en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para ello, se analizó la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad sobre precios de transferencia. En efecto, en nuestra investigación se concluye que se vulnera el principio de igualdad después de haber realizado el test de proporcionalidad y que la posición de la SUNAT considera que, a los préstamos otorgados a título gratuito entre partes vinculadas, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 32°-A de la LIR, no admitiendo por ninguna circunstancia demostrar lo contrario, ello evidencia un trato discriminatorio con respecto a los préstamos realizado a título gratuito entre partes independientes. Por último, a efecto de buscar una solución al problema se propuso que se derogue el párrafo final del artículo 26° de la LIR para los préstamos entre partes vinculadas, estableciendo la posibilidad de admitirse pacto en contrario, esto es, en la medida que se pueda demostrar con documentos fehacientes que efectivamente no se cobró intereses por el préstamo, por lo debería modificarse dicho artículo, eliminándose su último párrafo.