Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación está orientada a determinar cuáles son aquellas consecuencias jurídicas de los delitos más allá del cumplimiento de una condena privativa de libertad. En esta labor se aborda la actual legislación sobre esta materia, con énfasis en la pena de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y además de la incorporación de dichas inhabilidades en la sección especial en el Registro Nacional de Condenas, conocido popularmente como el “Registro de Pedófilos”. Para ello se hace un análisis crítico no sólo de la normativa sobre delitos sexuales, sino que también de la política criminal en la persecución de estos, además de determinar los fines de estas penas y si cumplen realmente un fin preventivo como lo señala el espíritu de la ley o sólo constituyen una forma de generar una pena más gravosa para el condenado. También se hará un análisis de las consecuencias que tiene el “Registro de pedófilos” y si este significa una irrogación de un mal post penitenciario en los condenados. Por último, se busca determinar si es posible la reinserción social del agresor sexual y si es factible en definitiva corroborar la arraigada creencia de que un condenado por estos delitos tiene una alta tasa de reincidencia contrastando no solo la experiencia nacional, sino que también la comparada, a través de diversos estudios criminológicos, psicológicos y estadísticos a fin de otorgar certeza científica a los datos abordados. / 26/11/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A partir de los aportes de la criminología sobre los impactos negativos y positivos del encierro en las personas privadas de libertad y sus familias, el trabajo sistematiza y analiza los desarrollos normativos y jurisprudenciales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos sobre el derecho a conservar los vínculos familiares de la población privada de libertad. El trabajo se centra en el estudio de los criterios de interpretación y estándares mínimos aportados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para, a la luz de estos, identificar aquellos ámbitos problemáticos en el ejercicio de este derecho en el contexto nacional. Este trabajo sostiene que la regulación actual en materia de contacto con el exterior, y en particular con la familia y seres queridos, atenta contra el derecho a la integridad personal y trato humano y el derecho a la protección de la familia, de los cuales gozan las personas privadas de libertad y que constituyen condiciones necesarias para el reconocimiento de la dignidad de esta población.

La presente memoria de prueba describe el tratamiento que ha tenido a nivel nacional el derecho a la libertad personal, aplicado a un grupo especialmente vulnerable, como son los migrantes. En tal sentido, se evalúan cuáles son las condiciones que rigen a éstos al momento de encontrase privados de libertad. Luego, se examina el estándar vigente instaurado fundamentalmente a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalizando con un análisis de las tendencias en la jurisprudencia nacional respecto de la materia, lo que develará la precariedad de nuestras leyes, desprotección y el constante incumplimiento de las obligaciones que instrumentos internacionales imponen al Estado de Chile para con los migrantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La crisis del sistema carcelario, provocada por las malas condiciones de vida de los penados y la nula capacidad de resocialización que implicaba la privación de libertad, derivó en la búsqueda de métodos distintos de sanción que permitieran a los condenados una vida digna, tanto durante como luego de cumplida la pena aplicada. Dichos métodos alternativos son las llamadas penas sustitutivas a la privación de libertad. En Chile estas sanciones están reguladas en la Ley Nº18.216, modificada por la Ley Nº20.603, las cuales establecen reacciones al delito que difieren de la privación de libertad. Una de ellas es la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. La presente memoria tiene por objeto analizar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad desde un punto de vista tanto legal como reglamentario, para luego llevar a cabo un análisis de la aplicación práctica de la misma, desde que entró en vigencia la Ley Nº20.603, en el año 2012.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En todos los sistemas en que se encuentra consagrada la institución del abono de las medidas cautelares personales a la pena, ésta apela a la reducción de la extensión de una pena impuesta cuando el condenado ya ha sido afectado por providencias cautelares que han limitado o restringido los mismos bienes jurídicos que serán limitados o restringidos como consecuencia del castigo penal. Siendo indiscutible que tal reducción debe tener por fundamento, al menos, la existencia de medidas adoptadas en el mismo proceso en que se impone la respectiva pena, se ha defendido la operatividad del “abono en causa diversa”, vale decir, del cómputo procedente en virtud de privaciones de libertad decretadas en procesos diversos de aquel en que se impone la pena susceptible de reducción en su extensión. La presente tesis pretende abordar la figura del abono en causa diversa, con el fin de determinar si es procedente su operatividad en el ordenamiento nacional, limitando nuestro análisis al abono sobre penas, amén de temporales y divisibles, privativas de libertad. Para lograr tal objetivo, junto con un tratamiento general de la institución del abono, abordaremos la recepción del abono en causa diversa en la jurisprudencia y doctrina nacional y en algunas legislaciones extranjeras, representativas de las principales tendencias existentes a su respecto. Se concluye que dicho abono sí es procedente en nuestro derecho, a la luz de la interpretación extensiva del artículo 26 del Código Penal. Este precepto, al tener incidencia en la vigencia de un derecho fundamental como es la libertad personal, debe interpretarse de un modo acorde a su mayor extensión y vigencia, como lo exige el respeto por la dignidad humana. Es esta interpretación extensiva la que permite incluir en el cómputo toda aprehensión cautelar padecida previamente por el sujeto, independientemente del proceso en que ha sido decretada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de las penas sustitutivas a la prisión efectiva que se encuentran contempladas en la legislación nacional y plantear la utilidad que estas pueden tener en ir reduciendo los efectos negativos que tiene el sesgo de género en el tratamiento de la población penal femenina. Se realizó un estudio de la historia que han tenido las penas sustitutivas tanto en Chile como en otros países, el desarrollo que han tenido y cuál es su situación actual tanto en el derecho nacional como el internacional. Dentro del derecho nacional se hizo un análisis sobre la Ley 18. 216 y la Ley 20.603 que introdujo una serie de modificaciones a la primera, ampliando el catálogo de penas sustitutivas. Dentro del derecho internacional se estudiaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) junto con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Igualmente se hizo un análisis sobre la política criminal chilena, respecto de la población penal en general según el último informe de la Fiscalía Judicial correspondiente al Oficio 14-2018 relativo a la situación carcelaria durante el año 2017. Respecto de la población penal femenina en particular, se utilizaron el documento preparado por el Ministerio de Justicia sobre Política Penitenciaria con Perspectiva de Género del año 2013, algunos datos otorgados por el informe de La Fundación San Carlos de Maipo, Fundación de Colunga y el Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC de 2018 y estadísticas publicadas por Gendarmería de Chile. Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas en base a las distintas disposiciones legales y datos estadísticos obtenidos, de manera de generar una propuesta sobre aplicación de las penas sustitutivas respecto de la población femenina en particular.