En el presente artículo el autor analiza las implicancias del nuevo Decreto Legislativo 1341 que modifica la ley de Contrataciones del Estado en referencia a condicionar el Recurso de Anulación mediante una carta fianza solidaria en favor de la entidad. Dentro de las implicancias tenemos la discriminación que se generaría entre contratista y entidad, pues se estaría violando el Principio de Equidad, así como también siendo este recurso la única via pata cuestionar cualquier error formal, condicionarlo impediría que cualquier persona pueda recurrir al Derecho de la anulación y por ende el acceso a la justicia.

La carta fianza nace ante la necesidad de reducir el riesgo en la contratación - tanto en el ámbito privado como en el público - y a fin de viabilizar estructuras y transacciones complejas, brindando mayor seguridad al acreedor de poder recuperar el dinero otorgado a su deudor, al eliminarse la accesoriedad de la fianza tradicional del Código Civil y brindándole el carácter de autónoma a la obligación asumida por el emisor de la carta fianza, consistente en pagar una determinada suma de dinero en un plazo determinado bajo las condiciones pactadas en la misma. Sin embargo, si bien la circular del regulador bancario destaca determinadas características de la carta fianza como una garantía a primer requerimiento, complementa su naturaleza jurídica y tratamiento con las normas del contrato de fianza del Código Civil. Para ello, se hace una explicación respecto al marco regulatorio y teórico de la carta fianza, y se contrasta con la aplicable al contrato de fianza a fin de sustentar la incompatibilidad jurídica existente entre ambas. A consecuencia de la mezcla conceptual, el objetivo del presente trabajo de investigación es identificar los distintos riesgos legales a los cuales se encuentran expuestas las entidades del sistema financiero (en su calidad de emisores), al no haber un consenso a nivel jurisprudencial respecto a qué normas son las que finalmente deben aplicarse. Como consecuencia de ello, se propone desvincular la carta fianza de las normas de carácter civil del contrato de fianza y se plantea una propuesta de aprobación de un dispositivo legal a nivel regulatorio por parte del regulador bancario que defina la naturaleza jurídica de la carta fianza, desvinculándola de las normas de orden civil del contrato de fianza y poder suprimir – de esta forma - los riesgos legales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria de prueba comprende la actualización de la jurisprudencia y legislación de los Títulos XXVIII, XXXIII, XXXVI , XXXVII del Libro IV del Código Civil, que regulan los contratos de sociedad, como también de sus leyes especiales, recogidas en la obra del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, cuyo último trabajo de actualización data del año 1996. La necesidad de esta actualización, surge de la misma utilidad de esta importante herramienta para el estudio y la práctica profesional del Derecho, así como también para el desarrollo investigativo y científico del Derecho Privado. El trabajo de recopilación de esta memoria de prueba, actualiza la jurisprudencia y legislación sobre los contratos de Sociedad, Fianza, Prenda, y Contratos Aleatorios hasta el año 2010, actualizando también las referencias legales que se insertan a lo largo de esta obra. Con el objeto de obtener una mejor comprensión de los Contratos de Sociedad, Fianza, Prenda y Contratos Aleatorios, esta memoria de prueba contiene además un trabajo monográfico que da cuenta del estado jurisprudencial y doctrinal en que se encuentra esta institución civil. Además, para complementar este trabajo, se incluyen un anexo con las fichas que extractan las sentencias recopiladas en el proceso de actualización, las que se encuentran debidamente clasificadas por materia y artículo. Además, con el objeto de alcanzar una comprensión jurisprudencial y doctrinal acabada añadimos la actualización del Repertorio de Jurisprudencia acerca de los contratos objeto de este estudio, ya mencionados.

El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal / This case is a case of forgery of letters of guarantee of the San Buenaventura Consortium to the Regional Government of Huanuco. It has a criminal part and a purely administrative part which, for the purposes of the title, emphasis was placed on the actions taken in the administrative jurisdiction in the State Contracting Court, demonstrating that the responsibility of the consortium members can be individualized. During 2015, the Public Prosecutor's Office, having the proceedings in the criminal jurisdiction, notifies ex officio the Supervisory Body of Procurement, which requests the entity to issue a technical legal report on the origin and alleged liability of the consortium. Upon delivery of this document, Erwin Vidarte Llontop and Coshima S.C.R.L., except for B y V Servicios Generales, issued their statements. Once this documentation was presented, the Second Chamber of the Court decided to SANCTION Erwin Vidarte Llontop with 40 months of temporary disqualification from participating in selection processes and contracting with the State; Cosihma with 36 months of disqualification; and finally B y V Servicios Generales S.A.C. with 37 months of temporary disqualification. However, Cosihma, requests a reconsideration because B y V Servicios Generales, has a temporary disqualification in force since November 11, 2015 for a term of 39 months. At the same time, Erwin Vidarte Llontop, filed an appeal for annulment. Finally, the State Contracting Tribunal declared the appeal for reconsideration filed by Cosihma S.C.R.L. to be well-founded and revoked the sanction for temporary disqualification. / Trabajo de suficiencia profesional

In the first part of the article, a development for the concepts of provisional remedies and real or personal property bond and covering loss and damage, is proposed, under the Constitutional Court and our national doctrine view; as well as the scope of the first as a fundamental right, and second as a condition of execution. On the following part of the paper, the inclusion and the subsequent amendments to the article 159° of Tax Code is exposed, also its scopes and reasons. Finally, a possible modification of the article, that respect state´s raising goals and due process citizens’ right, is proposed. / El presente artículo desarrolla los conceptos de medida cautelar y contracautela, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y lo establecido por nuestra doctrina, así como los alcances del primero como derecho fundamental y del segundo como requisito de ejecución. De la misma forma, se analiza los alcances de la incorporación del artículo 159° del Código Tributario, mediante Decreto Legislativo N° 1121, y su modificatoria a través de la Ley N° 30230. Finalmente, se propone una posible modificación al mencionado artículo, de conformidad con los fines recaudatorios del Estado y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados.