El sistema de gobierno presidencial, de origen norteamericano, tiene como características propias la elección popular (directa o indirecta) del Presidente de la República, su mandato por un tiempo determinado (fijo), así como que en su persona recaen tanto la titularidad de la jefatura del Estado como de la jefatura del Gobierno (Ejecutivo monista), como el hecho de que el Gobierno no depende de la confianza política del Congreso. A diferencia del modelo parlamentario, donde el Gobierno es fiduiciario del Parlamento, el modelo presidencial tiene como premisa el que el Presidente cuenta con legitimidad al ser elegido popularmente, y por lo tanto debe cumplir con un mandato prefijado por la norma fundamental. De allí que, durante su mandato, sean muy pocas las opciones para su acusación o terminación del cargo. Ello se observa, por ejemplo, en el caso del artículo 117º de la Constitución peruana de 1993, que señala que el Presidente de la República, durante su mandato, solamente puede ser acusado por causales muy específicas como las de traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134º de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por su parte, el artículo 113º de la Carta de 1993 prevé las causales de vacancia del cargo de Presidente de la República. Allí puede observarse con facilidad que, salvo la causal de incapacidad moral, todas las demás responden a razones objetivas e incontrovertibles (muerte, incapacidad física, salida del territorio sin permiso del Congreso), lo que no ocurre con la citada incapacidad moral donde, en la lógica de un elemental y mínimo debido proceso, tendría que poder ejercer su derecho de defensa. Puede apreciarse entonces, por lo menos, una naturaleza distinta entre casi la totalidad de las causales de vacancia y la específica causal de incapacidad moral. / Tesis

El sistema de gobierno presidencial, de origen norteamericano, tiene como características propias la elección popular (directa o indirecta) del Presidente de la República, su mandato por un tiempo determinado (fijo), así como que en su persona recaen tanto la titularidad de la jefatura del Estado como de la jefatura del Gobierno (Ejecutivo monista), como el hecho de que el Gobierno no depende de la confianza política del Congreso. A diferencia del modelo parlamentario, donde el Gobierno es fiduiciario del Parlamento, el modelo presidencial tiene como premisa el que el Presidente cuenta con legitimidad al ser elegido popularmente, y por lo tanto debe cumplir con un mandato prefijado por la norma fundamental. De allí que, durante su mandato, sean muy pocas las opciones para su acusación o terminación del cargo. Ello se observa, por ejemplo, en el caso del artículo 117º de la Constitución peruana de 1993, que señala que el Presidente de la República, durante su mandato, solamente puede ser acusado por causales muy específicas como las de traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134º de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por su parte, el artículo 113º de la Carta de 1993 prevé las causales de vacancia del cargo de Presidente de la República. Allí puede observarse con facilidad que, salvo la causal de incapacidad moral, todas las demás responden a razones objetivas e incontrovertibles (muerte, incapacidad física, salida del territorio sin permiso del Congreso), lo que no ocurre con la citada incapacidad moral donde, en la lógica de un elemental y mínimo debido proceso, tendría que poder ejercer su derecho de defensa. Puede apreciarse entonces, por lo menos, una naturaleza distinta entre casi la totalidad de las causales de vacancia y la específica causal de incapacidad moral.

La presente investigación tiene como propósito contribuir a la comprensión de modelos de gobernanza y su incidencia en la gobernabilidad en ámbitos de extracción minera. Para ello se tomó como caso de estudio el proyecto Las Bambas, que representa la mayor operación minera en ejecución en el país. La investigación permitió establecer que las estructuras de gobierno en el ámbito conformadas por redes de gobernanza, públicas y privadas, han sido insuficientes y han devenido en un déficit crónico de gobernabilidad. El proyecto y las autoridades del gobierno han estado jaqueadas por la emergencia social sin capacidad para rediseñar y mejorar estas redes y reducir la conflictividad social. En consecuencia, hay dudas respecto a la posibilidad de que se pueda alcanzar una situación pacífica en la zona, sostenible en el tiempo y beneficiosa para todos los actores involucrados. Igualmente se revela que las redes de gobernanza creadas para la gestión de Las Bambas desde las empresas que se sucedieron como propietarias de la concesión, respondieron centralmente a la necesidad de avanzar en la ejecución de cada etapa del proyecto. En menor medida, respondieron a las demandas locales que buscaban acceder a los beneficios de la explotación minera. Algunas redes alcanzaron niveles de eficacia y legitimidad elevados y otras en cambio no lo hicieron. Estos resultados obedecerían a las etapas de desarrollo del proyecto, la acumulación de tensiones y las políticas de cada empresa. Las redes entre Estado y población fueron de naturaleza reactiva. Una vez instalada la primera empresa en la zona, el Estado perdió totalmente presencia e iniciativa, y ha respondido a los desbordes de conflictividad forzando mecanismos de diálogo para apaciguar los ánimos. No hubo una perspectiva de diálogo continuo orientado a prevenir el descontento. El análisis también permitió establecer la existencia de una serie de vacios e insuficiencias en el marco legal e institucional formal que regula las actividades mineras, y que han contribuido a deteriorar las condiciones sociales que deben sostener la gobernabilidad de este proyecto minero. Algo similar ocurre con los estándares ambientales y sociales que se han revelado difusos e imprecisos. El cambio en la empresa concesionaria en el 2013, precipitó acontecimientos e introdujo nuevos temas de conflicto a partir de decisiones desafortunadas. Muchas de las redes de gobernanza que fueron construidas en un inicio del proyecto perdieron fortaleza y sostenibilidad con el cambio, constituyéndose en fuentes de conflictividad continuas e introduciendo elementos de incertidumbre sobre el futuro. / Tesis

La presente investigación tiene como propósito contribuir a la comprensión de modelos de gobernanza y su incidencia en la gobernabilidad en ámbitos de extracción minera. Para ello se tomó como caso de estudio el proyecto Las Bambas, que representa la mayor operación minera en ejecución en el país. La investigación permitió establecer que las estructuras de gobierno en el ámbito conformadas por redes de gobernanza, públicas y privadas, han sido insuficientes y han devenido en un déficit crónico de gobernabilidad. El proyecto y las autoridades del gobierno han estado jaqueadas por la emergencia social sin capacidad para rediseñar y mejorar estas redes y reducir la conflictividad social. En consecuencia, hay dudas respecto a la posibilidad de que se pueda alcanzar una situación pacífica en la zona, sostenible en el tiempo y beneficiosa para todos los actores involucrados. Igualmente se revela que las redes de gobernanza creadas para la gestión de Las Bambas desde las empresas que se sucedieron como propietarias de la concesión, respondieron centralmente a la necesidad de avanzar en la ejecución de cada etapa del proyecto. En menor medida, respondieron a las demandas locales que buscaban acceder a los beneficios de la explotación minera. Algunas redes alcanzaron niveles de eficacia y legitimidad elevados y otras en cambio no lo hicieron. Estos resultados obedecerían a las etapas de desarrollo del proyecto, la acumulación de tensiones y las políticas de cada empresa. Las redes entre Estado y población fueron de naturaleza reactiva. Una vez instalada la primera empresa en la zona, el Estado perdió totalmente presencia e iniciativa, y ha respondido a los desbordes de conflictividad forzando mecanismos de diálogo para apaciguar los ánimos. No hubo una perspectiva de diálogo continuo orientado a prevenir el descontento. El análisis también permitió establecer la existencia de una serie de vacios e insuficiencias en el marco legal e institucional formal que regula las actividades mineras, y que han contribuido a deteriorar las condiciones sociales que deben sostener la gobernabilidad de este proyecto minero. Algo similar ocurre con los estándares ambientales y sociales que se han revelado difusos e imprecisos. El cambio en la empresa concesionaria en el 2013, precipitó acontecimientos e introdujo nuevos temas de conflicto a partir de decisiones desafortunadas. Muchas de las redes de gobernanza que fueron construidas en un inicio del proyecto perdieron fortaleza y sostenibilidad con el cambio, constituyéndose en fuentes de conflictividad continuas e introduciendo elementos de incertidumbre sobre el futuro.

La actual investigación se centró en demostrar que en el Estado Constitucional la interpretación de la causal de “incapacidad moral permanente” por parte del Legislativo, aplicado sin los parámetros, alcances ni límites objetivos, vulnera el principio de legalidad y orden Constitucional. Así mismo los resultados arrojaron que la causal de permanente incapacidad moral no cumple con todos los elementos del principio de legalidad, específicamente con los principios de ley cierta y ley estricta, lo que genera que no se encuentre dentro de los parámetros de un Estado Constitucional de Derecho en consecuencia puede ser utilizada arbitrariamente y con fines inconstitucionales, como ya se ha mostrado en nuestra realidad política. Por tanto, se concluyó que, en los últimos gobiernos en el Perú se ha incrementado el uso de esta causal de incapacidad moral permanente para destituir al presidente. Su aplicación subjetiva por parte del Poder Legislativo, ha propiciado el debilitamiento del Estado Constitucional de Derecho; situación que pone en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes. La interpretación subjetiva de la incapacidad moral genera inestabilidad política en el Perú al afectar la ejecución de políticas públicas, la inversión privada, el rechazo de la población hacia los poderes del Estado y la desestabilización del equilibrio de poderes. Para evitar el uso político indebido de esta causal y asegurar la estabilidad democrática, es necesario establecer criterios claros y consensuados para su aplicación y fortalecer las instituciones encargadas de tomar estas decisiones. / The current investigation focused on demonstrating that in the Constitutional State the interpretation of the grounds for "permanent moral incapacity" by the Legislature, applied without objective parameters, scope or limits, violates the principle of legality and Constitutional order. The main results showed that the cause of permanent moral incapacity does not comply with all the elements of the principle of legality, specifically with the principles of true law and strict law, which means that it is not within the parameters of a Constitutional State of Law. Consequently, it can be used arbitrarily and for unconstitutional purposes, as has already been shown in our political reality. Therefore, it was concluded that, in the last governments in Peru, the use of this cause of permanent moral incapacity to remove the president has increased. Its subjective application by the Legislative Power has led to the weakening of the Constitutional State of Law; situation that puts democracy and the balance of power at risk. The subjective interpretation of moral incapacity generates political instability in Peru by affecting the execution of public policies, private investment, the rejection of the population towards the powers of the State and the destabilization of the balance of powers. In order to avoid the improper political use of this ground and ensure democratic stability, it is necessary to establish clear and agreed criteria for its application and strengthen the institutions in charge of making these decisions.

La región de América Latina se ha caracterizado por su continua inestabilidad política, especialmente durante la década de 1990 donde las relaciones Ejecutivo-Legislativo eran frágiles, débiles y obstruccionistas. Esta última situación, fue presenciada tres veces durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020) desencadenando crisis políticas que podían socavar la democracia. Ante estos enfrentamientos, ocurrieron dos disoluciones y una renuncia, las cuales utilizaron como justificación la gobernabilidad democrática. Tal es así que este trabajo se enfoca en los dos casos que involucraron el cierre del Congreso: el autogolpe de 1992 y la disolución de 2019. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es demostrar el factor predominante que desencadenó las acciones políticas de ambos mandatarios en 1992 y 2019. De manera que se han identificado cinco variables que explican estos acontecimientos: el diseño institucional del sistema de gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado, la ausencia de mayoría o falta de pertenencia a un partido político, el liderazgo y la voluntad política del mandatario, y desconfianza en los partidos políticos. De ese modo, esta investigación sienta las bases para futuros estudios y actualización de la literatura acerca de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en América Latina. En adición, la metodología involucra el process tracing, el cual permite reconocer las variables intermedias que permitieron la realización de los acontecimientos. Por ende, esta investigación demuestra que la disolución de un Parlamento obstruccionista no siempre garantiza gobernabilidad ni estabilidad democrática en un país.

Esta tesis estudia la experiencia de los Pactos de Gobernabilidad (PG) del año 2002 y 2006 en el distrito limeño de El Agustino. Intentamos demostrar que el primer PG del 2002 fue una exitosa experiencia de democracia participativa que movilizó a la sociedad civil organizada en un proceso que supuso negociación, planificación, propuesta y que supo incidir en los actores políticos locales y luego en la gestión municipal. Esta experiencia exitosa de participación pierde organización, representatividad y capacidad de incidir en el segundo PG para las elecciones del 2006. Los actores se debilitan, la capacidad de recoger las expectativas de la población es escasa y la propuesta es débil. Al estudiar esta experiencia ponemos especial énfasis en los actores. Los principales son: El Grupo de Trabajo por la Democracia y el Desarrollo de El Agustino (GTDDEA), las organizaciones de vecinos, los candidatos a la alcaldía y sus agrupaciones, la Municipalidad distrital y el alcalde Víctor Salcedo, ganador en ambos procesos electorales. Además, están los promotores del proceso: Servicios Educativos El Agustino (SEA) y la Parroquia La Virgen de Nazaret. Estas dos últimas son obras de La Compañía de Jesús, los padres jesuitas, especialmente el P. Francisco Chamberlain, son actores sin los cuales estos procesos participativos no se habrían dado en el distrito. 2 En la investigación indagamos por las condiciones que se dieron para que el primer PG sea exitoso a diferencia del segundo. Sostenemos que en el momento del primer PG el GTDDEA logró conformarse como un espacio horizontal, democrático, participativo y de diálogo. Es en este espacio que los actores se encuentran y sueñan con un mejor distrito a largo plazo, postergando sus demandas por la solución a sus necesidades más inmediatas. Ayuda mucho el contexto político nacional de recuperación de la democracia luego de la época de Fujimori, la Comisión de la Verdad y Reconciliación prepara su informe y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza está recién creada. Logran proponer cinco acuerdos a los candidatos a la alcaldía el 2002. Todas sus propuestas contenidas en el primer PG se ejecutarían los años siguientes. Sin embargo, el año 2006, SEA vuelve a promover un segundo PG. Esta vez, la propuesta pierde contenido político, no recoge las necesidades de la población y se vuelve más “técnica,” con propuestas a las que es difícil hacer seguimiento o que superan las competencias municipales. Para este momento, varios de los miembros del GTDDEA pasan a ser funcionarios de confianza en la Municipalidad, SEA cambia de promotores que acompañen al grupo y el PG va dejando de ser un espacio de participación abierto de la sociedad civil y se va convirtiendo solamente en una fuente de verificación de los proyectos que SEA ejecuta en el distrito. / Tesis

Esta tesis estudia la experiencia de los Pactos de Gobernabilidad (PG) del año 2002 y 2006 en el distrito limeño de El Agustino. Intentamos demostrar que el primer PG del 2002 fue una exitosa experiencia de democracia participativa que movilizó a la sociedad civil organizada en un proceso que supuso negociación, planificación, propuesta y que supo incidir en los actores políticos locales y luego en la gestión municipal. Esta experiencia exitosa de participación pierde organización, representatividad y capacidad de incidir en el segundo PG para las elecciones del 2006. Los actores se debilitan, la capacidad de recoger las expectativas de la población es escasa y la propuesta es débil. Al estudiar esta experiencia ponemos especial énfasis en los actores. Los principales son: El Grupo de Trabajo por la Democracia y el Desarrollo de El Agustino (GTDDEA), las organizaciones de vecinos, los candidatos a la alcaldía y sus agrupaciones, la Municipalidad distrital y el alcalde Víctor Salcedo, ganador en ambos procesos electorales. Además, están los promotores del proceso: Servicios Educativos El Agustino (SEA) y la Parroquia La Virgen de Nazaret. Estas dos últimas son obras de La Compañía de Jesús, los padres jesuitas, especialmente el P. Francisco Chamberlain, son actores sin los cuales estos procesos participativos no se habrían dado en el distrito. 2 En la investigación indagamos por las condiciones que se dieron para que el primer PG sea exitoso a diferencia del segundo. Sostenemos que en el momento del primer PG el GTDDEA logró conformarse como un espacio horizontal, democrático, participativo y de diálogo. Es en este espacio que los actores se encuentran y sueñan con un mejor distrito a largo plazo, postergando sus demandas por la solución a sus necesidades más inmediatas. Ayuda mucho el contexto político nacional de recuperación de la democracia luego de la época de Fujimori, la Comisión de la Verdad y Reconciliación prepara su informe y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza está recién creada. Logran proponer cinco acuerdos a los candidatos a la alcaldía el 2002. Todas sus propuestas contenidas en el primer PG se ejecutarían los años siguientes. Sin embargo, el año 2006, SEA vuelve a promover un segundo PG. Esta vez, la propuesta pierde contenido político, no recoge las necesidades de la población y se vuelve más “técnica,” con propuestas a las que es difícil hacer seguimiento o que superan las competencias municipales. Para este momento, varios de los miembros del GTDDEA pasan a ser funcionarios de confianza en la Municipalidad, SEA cambia de promotores que acompañen al grupo y el PG va dejando de ser un espacio de participación abierto de la sociedad civil y se va convirtiendo solamente en una fuente de verificación de los proyectos que SEA ejecuta en el distrito.