Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objetivo principal entregar un estudio pormenorizado de la evolución de la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las posibilidades de reclamar judicialmente la privación o vulneración de este derecho en nuestro país. Este examen parte por determinar el concepto y elementos del acceso a la justicia en materia ambiental, primero en el contexto del Derecho Internacional, a través de los diversos tratados internacionales referidos a esta materia, para luego comprobar la aplicación de los principios consagrados en dichos instrumentos en nuestra legislación nacional a través de la historia. El análisis cronológico del acceso a la justicia en nuestro país se encuentra dividido en antigua y nueva institucionalidad ambiental, en razón de las modificaciones legales que se han realizado en esta materia, y comprende tanto las instancias administrativas como judiciales para el ejercicio de los derechos de acceso que lo componen. Nuestra presentación argumenta finalmente que, a pesar de los esfuerzos y la clara intención del legislador por equiparar la regulación ambiental chilena a los estándares internacionales, específicamente en lo que dice relación con mejorar el derecho de acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones medio ambientales y la reclamación judicial de su vulneración, la implementación de las reformas llevadas a cabo no han logrado dicho objetivo

Tesis (magíster en derecho ambiental) / 06/03/2018

El desarrollo de proyectos de inversión en el Perú debe sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental, que, desde el 2008, incluye al OEFA como el ente rector de la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental bajo su competencia, los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental y los mandatos que dicte en el ejercicio de sus funciones. La aparición de la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) a cargo del OEFA en 2017, en un contexto económico y político que buscaba impulsar el desarrollo de proyectos de inversión paralizados, entre otros motivos, por la conflictividad social originada en la desconfianza en la institucionalidad ambiental, generó suspicacias en algunos sectores por una aparente falta de claridad sobre su finalidad y legalidad. A cinco años de su aparición y a uno de su reglamentación, el presente trabajo busca aproximarse a una identificación de la naturaleza jurídica de la EAT, analizando si se enmarca dentro la función de evaluación asociada a la fiscalización ambiental que le corresponde al OEFA y si no trasgrede funciones asignadas a entidades como el SENACE, creado el 2012 con el objetivo de otorgar la certificación ambiental a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión que generen un gran impacto ambiental. Para ello, se ha revisado bibliografía especializada, notas informativas y publicaciones institucionales, proyectos normativos y sus exposiciones de motivos, incluyendo las discusiones parlamentarias y matrices de comentarios correspondientes, así como entrevistas con profesionales con amplia experiencia en el sector que se desempeñaron en la academia, en la sociedad civil u ocupando cargos como funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones de la creación del OEFA y del sistema de fiscalización ambiental, así como su desarrollo, incluyendo la creación de la EAT y su implementación, así como su reglamentación

Los conflictos socio ambientales sostenidos entre empresas mineras y las localidades que conforman su ámbito de influencia han cobrado cada vez mayor relevancia a nivel nacional1. De allí la importancia de prestar atención a las relaciones que establecen estas localidades con las empresas mineras, para el adecuado diagnóstico que permita su prevención y manejo. Así, cobra gran relevancia analizar el uso de una de las herramientas más importantes con las que cuentan los proyectos mineros para su relacionamiento con la comunidad: el proceso de participación ciudadana. En este sentido, el presente informe profesional examina la intervención sociológica realizada como parte de un equipo consultor, durante la implementación del proceso de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto minero Shahuindo, ubicado en la Región Cajamarca, entre los años 2012 y 2013.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)