Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / Este trabajo trata el control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por la ley a la Administración del Estado, analizando para estos efectos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se explica que el control judicial de la actividad de la Administración, especialmente del ejercicio de potestades públicas, demuestra que existen diversas normas jurídicas que tienen como destinatario a la Administración y que es en este contexto donde se habla de “discrecionalidad administrativa”, término usado para describir un fenómeno bien preciso: la habilitación legal que otorga un margen de decisión a la Administración derivado de una programación normativa incompleta. En este sentido, la creación de Tribunales Ambientales en nuestro país se inserta en una discusión más amplia: el debate respecto a la intensificación del control judicial del ejercicio de potestades discrecionales, término que originalmente surge como un concepto delimitador de ámbitos competenciales entre la Administración y los jueces. Por ello, la pretendida tecnificación de las decisiones en materia ambiental no es idónea para tratar este fenómeno, sino que requiere un enfoque jurídico. Dicho enfoque se construye en base a dos elementos: en primer término se desarrolla una concepción del imperio de la ley donde el control judicial de la actividad de la Administración es esencial. En base a ello se sostiene que la atribución de potestades discrecionales en ningún caso otorga una “libertad” de acción a la Administración, sino que eleva el estándar de motivación de sus actos. Y, en segundo lugar, se sostiene que la certeza, como fundamento del control del poder público, impide dejar áreas exentas de control, de manera que los límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa sólo dicen relación con su resultado, esto es, un control negativo.

Ingeniero Civil de Minas / En Chile, la minería se constituye como una de las actividades económicas más invasivas para el medio ambiente, por lo que, para minimizar los impactos negativos, existe una ley que regula el cierre de faenas (Ley 20551) y un conjunto de metodologías creadas por el SERNAGEOMIN para orientar a las empresas en la elaboración de sus planes de cierre. La ley incluye una etapa de postcierre para el monitoreo y mantención de las medidas de cierre, sin embargo, no existe una metodología para la planificación y gestión del postcierre. Esto implica un problema para las empresas, ya que pueden incurrir en costos innecesarios o subvalorar el postcierre al no considerar las actividades suficientes. Por otro lado, SERNAGEOMIN, como ente fiscalizador, podría aprobar planes con fondos insuficientes para el postcierre o débil desarrollo de su planificación y gestión a perpetuidad. Este trabajo propuso una metodología para la creación de planes de postcierre para complementar los planes de cierre. Para ello, fue necesario revisar protocolos existentes de planes de cierre de faenas mineras del SERNAGEOMIN y extranjeros, sistemas de clasificación de sitios contaminados y técnicas de evaluación de riesgos. Luego, utilizando los conceptos de evaluación y gestión de riesgos, costos y calidad en los proyectos, se estableció la información mínima para crear, planificar, organizar y gestionar las actividades del postcierre, evaluar sus costos e integrarlo a la etapa de evaluación de proyectos mineros. El resultado de este proceso fue una propuesta metodológica que guía e informa al usuario acerca de la información necesaria para la planificación, evaluación y gestión de planes de postcierre. El proceso se inicia con un sistema de clasificación de peligros potenciales futuros de los residuos y remanentes mineros y sus medidas de cierre, a partir de los cuales se planifican las actividades de postcierre considerando aspectos medioambientales. El total del puntaje obtenido del sistema de clasificación de sitios contaminados tiene un 70% del peso en peligros potenciales que pueden prevenirse y un 30% en aspectos de mitigación de estos en cierre y postcierre, lo cual implica que el resultado depende más del establecimiento de objetivos que, antes y durante la operación, disminuyan los riesgos de potenciales impactos ambientales antes que la creación de más y mejores medidas postcierre, cuya consecuencia es un aumento en los costos y riesgos asociados a esta etapa. Además, la metodología planteada en este trabajo tiene en cuenta nueva información que en la planificación actual de los planes de cierre no se había considerado, lo cual aumenta los costos del postcierre en al menos un 50%, pero a su vez, puede disminuir la incertidumbre y el riesgo en la ejecución de esta etapa en un porcentaje similar. Esta propuesta, constituye un importante apoyo que prioriza la investigación y remediación de futuros sitios contaminados por la minería. Plantea una mejora a la planificación y gestión del cierre al complementarlo con la propuesta metodológica del postcierre. Además, entrega la capacidad técnica y económica, para afrontar cambios o evoluciones en los planes de cierre y asimilarlos, actualizando estimaciones de costos y logrando una gestión más transparente y autosostenible de la etapa postcierre; no obstante, se recomienda proponer herramientas que midan el avance físico de esta etapa durante su ejecución, controlando costos y calidad, para hacer un buen uso de los recursos. Asimismo, se debe buscar un método para integrar la variable ambiental a la valorización del modelo de bloques minero, facilitando la cuantía del impacto ambiental y los análisis de incertidumbre y riesgo en la evaluación de proyectos. / In Chile, mining is one of the more invasive environmental economic activities, so as to minimize the negative impacts, there is a law regulating mine closure (Law 20551) and a set of methodologies created by SERNAGEOMIN to guide companies in developing of their closure plans. The law includes a postclosure stage for monitoring and maintenance of closing measures. However, there is no methodology for planning and management of postclosure. This implies a problem for companies because they can incur in unnecessary costs or underestimate the postclosure by not considering enough activities. On the other hand, SERNAGEOMIN, as auditor, could approve postclosure plans with insufficient funds or weak development planning and management in perpetuity. This paper proposed a methodology for creating postclosure plans to complement closure plans. For that, it was necessary to review protocols of existing SERNAGEOMIN and foreign closure plans, classification systems of contaminated sites and risk assessment techniques. Then, using the concepts of assessment and risk management, cost and quality in projects, the minimum information was established to create, plan, organize and manage the activities of the postclosure, evaluate their costs and integrate it to the evaluation stage of mining projects. The result of this process was a methodology that guides and informs the user about the information needed for planning, evaluation and management of postclosure plans. The process starts with a classification system for future potential hazards of wastes and mining remnants and closure measures, from which postclosure activities are planned considering environmental aspects. The total obtained scores of the classification system of contaminated sites has a 70% weight in potential hazards that can be prevented and 30% in aspects of mitigation of these in closure and postclosure, this means that the result depends more on the establishment of objectives that (before and during operation) reduce the risks of potential environmental impacts before creating more and better postclosure measures, because the consequence of this is an increase in the costs and risks associated with this stage. In addition, the methodology proposed in this paper takes into account new information that current planning of the closure plans had not been considered, this increases the costs of postclosure by at least 50%, but in turn, may decrease uncertainty and risk in the implementing of this stage by a similar percentage. This proposal is an important support for project planning that prioritizes the investigation and remediation of future contaminated mining sites. There is an improvement in the planning and management of the closure to complement it with the methodology of postclosure. This proposal also integrates the technical and economic capacity to deal with changes or evolutions in the closure plans and assimilate them, updating cost estimates and achieving a more transparent and self-sustainable management of the postclosure. However, it is recommended to propose tools that measure the physical progress of the postclosure stage during its execution, by controlling costs and quality to make good use of the resources. Also, it is recommended to find a method to integrate the environmental variable quantitatively to the block in a mining block model valuation to facilitate the calculation of the amount of environmental impact and uncertainty and risk analysis in projects evaluation.

Memoria (para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación constituye un esfuerzo por sistematizar y realizar un análisis crítico al actual modelo energético chileno, especialmente el relativo a las ERNC, a las políticas de incentivo a las ERNC presentes en Chile y en la experiencia internacional, dando cuenta de la regulación nacional en la materia. Posteriormente, se realiza un análisis de casos de judicialización de proyectos ERNC y algunos que si bien no son ERNC son emblemáticos y sirven para ejemplificar elementos del colapso del modelo energético chileno. Por último, se ha intentado explicar, de forma brevísima, el marco jurídico nacional e internacional relativo al Cambio Climático, y realizar la necesaria relación entre éste y el sector energía, toda vez es el principal emisor de gases efecto invernadero y, por lo tanto, las ERNC aparecen como la solución ideal. Entonces, el objetivo principal de mi memoria de grado se puede resumir en: analizar la regulación nacional e internacional, relativa a las ERNC, en el contexto del cambio climático, sus obstáculos y oportunidades, y las principales políticas de fomento y experiencias exitosas, en países como Alemania, España, Dinamarca y Brasil. En la presente investigación se ha recurrido al método análitico, principalmente con textos relativos a legislación y jurisprudencia. El método inductivo se utilizó generalmente al momento de estudiar la experiencia comparada, en cuanto a viii políticas de fomento y regulación. El método deductivo se aplicó al momento de estudiar el marco jurídico internacional del Cambio Climático y las consecuencias y obligaciones que conllevan para Chile. También recurrimos al método dialéctico y analógico, al momento de confrontar las distintas opciones regulatorias y de políticas de fomento que ya se están implementando o que Chile podría considerar en el futuro. El principal resultado que arroja este estudio, dice relación con que los problemas que enfrenta el modelo energético chileno tienen su origen en dejar excesivamente en manos del mercado un sector estratégico, para cualquier país que requiere un Estado que juegue un rol planificador de las políticas públicas a largo plazo, y donde hoy las ERNC están llamadas a jugar un rol importante

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La desalación o desalinización de agua de mar ha surgido como una alternativa para satisfacer la demanda por un suministro de agua seguro y estable ante la creciente escacez del recurso hídrico alrededor del mundo, particularmente en países áridos. En Chile, las políticas públicas en materia de aguas de los últimos años han generalmente señalado a la desalinización como una vía a potenciar, existiendo en la actualidad una cantidad relevante de plantas desalinizadoras, especialmente en el norte del país y mayoritariamente asociadas a proyectos mineros. No obstante lo anterior, y a diferencia de lo ocurrido en el Derecho comparado, en nuestro país no se ha ahondado en el estudio del régimen jurídico aplicable a este tipo de procesos, siendo posible formular una serie de interrogantes que resulta necesario despejar a fin de fomentarlo adecuadamente y de identificar las brechas regulatorias que son deseables de resolver en términos sistématicos. En este contexto, el presente trabajo pretende efectuar una aproximación sistematizadora a la regulación de la desalinización de agua de mar, con la finalidad de sentar las bases para futuros estudios más específcos en la materia. Para ello, y una vez aclarado el estado del arte que presenta la materia en nuestro país, se ha dividido el análisis principalmente en dos grandes temas en los que existe discusión y que resultan de interés desde la perspectiva del Derecho Público: (a) el régimen autorizatorio aplicable y los títulos jurídicos habilitantes con los que debiese contar toda planta desalinizadora para instalarse en el borde costero, extraer el agua de mar y transformarla en agua apta para diversos usos; y (b) la titularidad de los derechos sobre el agua de mar una vez desalinizada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las medidas de compensación son aquellas que adopta el titular de un Estudio de Impacto Ambiental, en el marco de la evaluación ambiental de su proyecto. Se encuentran reguladas por la Ley de Bases Generales del Medioambiente, junto con el D.S. N° 40 de 2013 y en particular, por la Guía para la Compensación de Biodiversidad de 2014. La Guía pone énfasis en la justificación técnica de la medida de compensación, en particular, de biodiversidad. Además, exige que exista una ganancia neta de ésta. El objetivo de este trabajo es analizar las medidas que han ofrecido los proponentes en los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar si las medidas efectivamente se hacen cargo de los impactos ocasionados. Este trabajo se realizó mediante la investigación de proyectos calificados favorablemente en tres períodos (2008-2011, 2012-2013 y 2014-2015), además del estudio de la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia. Principalmente se analizó la información disponible del SEIA, centrándose en el Estudio de Impacto Ambiental, ICSARA, ADENDA e ICE, además de la RCA. De manera breve, puede señalarse que las compensaciones ofrecidas adolecían de falta de información técnica y de comprensión del objeto de la medida. Que si bien las modificaciones introducidas presentan un panorama mejor, la normativa continúa siendo insuficiente

Ingeniero Civil Industrial / En el marco de la nueva política Energía 2050 se propuso como meta que las energías renovables deben representar el 60% de la matriz al año 2030 y al menos un 70% de la generación para el 2050. La región de Antofagasta posee uno de los mayores potenciales de energía solar en el mundo, esto ha permitido paulatinamente la entrada de generación fotovoltaica, y los escenarios prospectivos aquí presentados estiman que su presencia representará entre un 11,3% y un 19,6% del total de la matriz de generación eléctrica regional al 2030. Además, otras tecnologías como eólica, concentración solar y geotermia ingresarán a la región en diferentes magnitudes. Los gases de efecto invernadero han sido el principal foco de los estudios internacionales y nacionales en materia de impacto ambiental, sin embargo sorprende la ausencia de otras categorías de estudio en los planes futuros a nivel país. ¿No se estará acaso incurriendo en otros daños negativos al ecosistema al enfatizar únicamente en combatir el cambio climático? Así, se traza como objetivo plantear una metodología basada en la herramienta de análisis de ciclo de vida para comparar impactos ambientales entre las diversas tecnologías de generación de energía eléctrica en un contexto regional, en particular a la II Región de Antofagasta. Para ello se analizarán impactos unitarios, del escenario actual y se compararán escenarios proyectados. Se obtiene que la mayoría de los impactos provienen de la generación térmica, siendo éstos principalmente locales, originados en su mayoría de la quema de combustibles fósiles para generar energía en la fase de operación. No obstante, el crecimiento de la producción energética fotovoltaica y eólica traerán consigo un aumento en ciertos impactos que previo al estudio no eran esperados. Por ejemplo, para la energía solar se observan impactos considerables en el uso de aguas, incluso mayores que la generación en base a carbón. Según los escenarios estudiados, la generación fotovoltaica representará entre un 28,46 y un 43,73% del impacto total. Por su parte, la toxicidad terrestre aumenta ostensiblemente con el aumento de la participación de generación eólica, y eso debe ser comprendido por los stakeholders involucrados, en particular si hay comunidades cercanas que podrían verse afectadas. También el uso de suelos es una categoría donde las energías renovables aumentan sus impactos progresivamente. La concentración solar y geotermia, también tendrán impactos unitarios importantes en la generación de smog fotoquímico, daño a la capa de ozono, eutrofización y acidificación, entre otros. Se concluye que en la actualidad, el parque de generación eléctrica de Antofagasta está alejado de las metas impuestas por el país según la política Energía 2050. La alta dependencia en combustibles fósiles (95,6% del total) está generando importantes impactos medioambientales. El conocimiento de estos impactos debe estar disponible, y una perspectiva de análisis de ciclo de vida será útil para impedir el desplazamiento de problemas de un proceso a otro, o bien entre áreas geográficas.

Memoria para optar al título profesional de: Ingeniero en Recursos Naturales Renovables

Memoria para optar a título profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE) son uno de los principales medios por el cual Chile protege y resguarda su biodiversidad. Al mismo tiempo, el Estado permite el desarrollo de proyectos de inversión dentro o próximo a ellas, previa evaluación de sus impactos ambientales, como también mandata la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental. Hasta el año 2010 tal actividad fue planificada por diferentes órganos públicos con competencia ambiental, situación que generó que la fiscalización careciera de criterios y no siguiera un patrón definido. Sin embargo, en el año 2010 se crea la Superintendencia de Medio Ambiente, institución encargada de la planificación de la fiscalización ambiental, entre otras facultades. Sobre lo anterior se establece como objetivo proponer criterios para la planificación de la fiscalización de proyectos incidentes en ASPE. Para ello se caracterizaron los proyectos que han sido aprobados y la fiscalización que se desarrolló bajo la antigua institucionalidad ambiental, como también se identificaron las infracciones ambientales cometidas, todo ello en base a la información contenida en el portal web e-SEIA. Además se revisó la experiencia internacional respecto a la planificación de la fiscalización, y finalmente se aplicaron los criterios que se recomiendan, sobre los proyectos en cuestión. Los proyectos aprobados tienen principalmente carácter turístico, sin embargo los proyectos mineros e hidroeléctricos son los principales involucrados en Procesos Sancionatorios. Además se aprecia que la fiscalización ambiental no sigue un patrón homogéneo en el territorio nacional, generando con ello total ausencia de fiscalización para ciertas regiones y unidades. En base a los criterios recomendados por las organizaciones internacionales, se propusieron tres criterios a considerar: tipo de proyecto aprobado, singularidad y vulnerabilidad de las ASPE, e historial de fiscalización. Se concluye que el establecimiento de prioridades en base a criterios es un proceso complejo que depende de la política ambiental del Estado, y que requiere de la existencia de una gran cantidad de datos, algunos de los cuales se carece actualmente. Al realizar una priorización incluyendo los tres criterios propuestos, se obtiene que las ASPE que concentran a su vez tipos de proyectos que han violado la normativa ambiental, que han sido catalogadas de gran importancia por su singularidad, y que los proyectos que contienen no han sido fiscalizados, obtienen nivel alto en prioridad.

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / El Parque Nacional Llanos de Challe (PNLLC), ubicado en la III Región de Atacama, se encuentra rodeado de elementos antrópicos cuyas acciones pueden generar impacto ambiental sobre sus elementos naturales. La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar los impactos sobre el PNLLC asociados a actividades productivas desarrolladas en la cuenca de la Quebrada Carrizal, dando mayor énfasis al recurso hídrico para el diagnóstico de los componentes ambientales. Adaptando los métodos establecidos por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el presente trabajo contó con una descripción de las actividades productivas desarrolladas en el área de estudio, una línea de base para el diagnóstico de los componentes ambientales y la definición del área de influencia de cada uno de ellos, y finalmente la identificación y evaluación de los impactos asociados a las actividades. Tras el análisis hidrogeológico, se constató que los sectores acuíferos que conforman la cuenca de la Quebrada Carrizal, corresponden a unidades diferenciadas y con escasa conexión entre ellas, por lo que las aguadas del PNLLC, afloramientos de agua subterránea que disminuyen el estrés hídrico para el medio biótico, no se verían afectadas por la demanda hídrica del resto de la cuenca. Los resultados más relevantes consistieron en la calificación de las acciones (causas) e impactos (consecuencias) de cada actividad productiva, lo cual permitió jerarquizar los efectos de dichas acciones por su potencial de causar impacto sobre los componentes del PNLLC. Para la actividad minera industrial, la acción constituyente del impacto de mayor magnitud e importancia, correspondió al emplazamiento de obras del Proyecto de Ampliación de mina Los Colorados, la cual tiene asociada una intervención de amplias proporciones en un corto periodo. A dicha acción le siguió en jerarquía la perforación de piques de la actividad minera de pequeña y mediana escala, ya que el incremento de esta actividad tiene asociado la realización de nuevas prospecciones y perforación de nuevos piques en el sector de Carrizal Alto, el cual se ubica a corta distancia de los límites del PNLLC. De la actividad minera de pequeña y mediana escala, también resultó de alta magnitud e importancia el impacto por la tenencia de perros en las faenas, problema bastante grave por los ataques de perros a la fauna del sector, especialmente a Guanacos. Por último, la acción de la comunidad rural del área de estudio constituyente de impacto, correspondió al tránsito vehicular de la ruta C-440, vía pública que atraviesa por el PNLLC y que al ser un camino de ripio, permite que los vehículos alcancen altas velocidades, aumentando las probabilidades de atropello de fauna. Los resultados de la presente investigación, son de utilidad para la gestión del PNLLC y los futuros estudios que se realicen en la zona.

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal