El presente versa sobre una controversia sometida a arbitraje entre el Consorcio de Alimentos SAC (en adelante, EL CONTRATISTA) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (en adelante, LA ENTIDAD). La controversia surge cuando uno de los medios de transporte en los que llevaba EL CONTRATISTA el producto papilla para la entrega a LA ENTIDAD, sufre un accidente y como consecuencia no puede cumplir con la entrega en el tiempo pactado, se detectan bolsas rotas, con fechas borradas, así como bolsas sucias con muestras de haberse mojado, etc., y ante una inmovilización del producto en los almacenes de LA ENTIDAD realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito y remitiendo una muestra a DIGESA para su verificación, ésta da como resultado no apto para el consumo humano, siendo así que LA ENTIDAD no efectúa el pago correspondiente. Dado el no pago, EL CONTRATISTA procede a resolver el contrato suscrito con LA ENTIDAD y recurre a la vía arbitral para reclamar el mismo, aplicando la cláusula arbitral contenida en el suscrito. En la vía arbitral, EL CONTRATISTA solicita como pretensión que se le pague la factura pendiente, en segundo lugar, que se reconozca el pago de una indemnización por daños y perjuicios, aspectos que van a ser analizados en adelante. Asimismo, analizaremos el proceso arbitral, si se cumplió con los parámetros de éste, las pretensiones que se solicitaron, si fueron correctamente formuladas, así como la posición del Tribunal Arbitral. / This is about an arbitration dispute between the Consorcio de Alimentos SAC (hereinafter, CORAL SAC) and the National Food Assistance Program (hereinafter, PRONAA). The dilemma arises when one of the means of transport in which the papilla product is transported suffers an accident and cannot comply with the delivery in the agreed time, for which reason THE ENTITY, due to this delay in the second delivery, does not pay the invoice. correspondent. Made before which. THE CONSORTIUM resorts to resolving THE CONTRACT and chooses to go through arbitration, a possibility enabled by the arbitration clause agreed upon by the parties involved. Given this, THE CONSORTIUM not only requests as a claim that the invoice that remains pending be paid, but also requires compensation for damages that will be analyzed in the following pages. Likewise, we will analyze the arbitration process, if it complied with its parameters, the claims that were requested, if they were correctly formulated and I will make an analysis of the position of the Arbitral Tribunal. Not being less important, I will carry out a brief study on the fortuitous event and force majeure applied additionally from Civil Law to Administrative Law, since this is a clear example of what happens every day in the delay and / or dilation of the deliveries of the administrative contracts, sometimes justified and sometimes not.

En la Corte del Santa y en la Corte Suprema se aplica el criterio equitativo a afectos de resolver el monto indemnizatorio en los casos de indemnización por daños y perjuicios respecto del lucro cesante en los accidentes de trabajo en la actividad pesquera, las decisiones judiciales no exponen los parámetros o categorías que le permitieron arribar al fallo, a pesar que en la audiencia de juzgamiento se ofrece y actúa los medios probatorios pertinentes para explicar los parámetros solicitados, se explica cómo afecta las rentas dejadas de percibir en función a la edad de la víctima, esto va de la mano con el valor del dinero en el tiempo. Se toma en cuenta para el monto indemnizatorio la pensión de invalidez del demandante, pero no otros factores como la edad al momento de la contingencia, a ello le sumamos cómo enfrentamos la canasta familiar con una pensión que sólo toma en cuenta las doce últimas remuneraciones anteriores al accidente para calcular la remuneración promedio y sobre esa base otorgar la pensión dependiendo si es al 50% o al 70%, cuando la renta dejada de percibir no obedece a las doce últimas remuneraciones sino a la cuota de pesca asignada a la embarcación pesquera que es el centro de trabajo. La Corte Suprema tiene varias ejecutorias donde toca de manera tibia los parámetros para el cálculo del monto indemnizatorio, consideramos que la entidad no quiere arriesgar a establecer los parámetros a pesar que una casación sí tomó en cuenta la liquidación presentada, y sobre la base de aquella la rebajó en un 30% en aplicación del criterio equitativo.

El presente artículo tiene como finalidad principal determinar si a los trabajadores que sufren despidos incausados y fraudulentos les corresponde el pago de remuneraciones devengadas, como ocurre en los supuestos de despido nulo; o si, por el contrario, es correcta la posición actual asumida por la Corte Suprema según la cual estos trabajadores solo tienen derecho al pago de una indemnización por daños y perjuicios (y al pago de daños punitivos), en sustitución a las remuneraciones devengadas. Luego de resumir el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha habido sobre este tema, en el presente trabajo académico se analiza en primer lugar la naturaleza y características del despido fraudulento e incausado, en contraposición al despido nulo, para identificar el contexto en que estas modalidades de despido son reconocidas y cuál es la tutela que se les brinda. Igualmente, teniendo en cuenta que en la actualidad se reconoce el otorgamiento de conceptos distintos, destinamos un capítulo a analizar las diferencias conceptuales entre las remuneraciones devengadas y la indemnización civil por daños y perjuicios, con la finalidad de demostrar que se trata de conceptos de naturaleza y características distintas. Finalmente, teniendo en cuenta estos antecedentes, el último capítulo explica por qué sí debería reconocerse el pago de remuneraciones devengadas –y no de una indemnización por daños y perjuicios y/o daños punitivos– a los trabajadores que sufran despidos incausados y/o fraudulentos.

El presente informe jurídico analiza los principales problemas jurídicos advertidos en el proceso judicial seguido por la empresa Norsac S.A. contra el Banco Internacional del Perú en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Los principales problemas jurídicos advertidos son los siguientes: la interpretación del artículo 172 de la Ley No. 16587, antigua Ley de Títulos Valores, en lo que respecta a la “notoriedad” en la falsificación de firmas; la determinación del tipo de responsabilidad civil en la que incurrió el Banco Internacional del Perú al pagar cheques con firmas notoriamente falsificadas y el criterio de imputación que se le debe aplicar; el análisis de si correspondía o no pagar a Norsac S.A. una indemnización por concepto de lucro cesante; la evaluación de si el mismo accionar de Norsac S.A. le generó su propio daño; y la determinación de si los medios probatorios del proceso fueron debidamente incorporados y valorados. Para responder a estos problemas jurídicos se han revisado los argumentos expuestos por cada parte durante el trámite del proceso judicial y, a su vez, se ha estudiado la legislación de la materia, así como las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales que tratan estos conceptos jurídicos para aplicar el método dogmático - jurídico. Finalmente, se concluye que no todas las instituciones jurídicas fueron aplicadas de forma correcta por los órganos jurisdiccionales al resolver este caso.

Los accidentes de tránsito en el Perú suceden todos los días. Debido a ello, el seguro contra accidentes de tránsito (SOAT) juega un rol primordial en la protección de las personas. Este seguro, a diferencia de los seguros voluntarios, busca resguardar los derechos a la vida e integridad. Es por ello que la norma es clara cuando indica que cubre a todas las víctimas que se ven involucradas en un accidente de tránsito. La celeridad e inmediatez que lo caracterizan beneficia a las víctimas de los accidentes; ya que estas no tienen que recurrir al Poder Judicial, institución que no les garantiza que en algún momento recibirán algún tipo de indemnización. No solo eso, sino que aún teniendo una sentencia favorable, esto no significa que los obligados cumplirán con lo ordenado. Este artículo busca demostrar que la única interpretación posible del cuarto párrafo del artículo 17 del Decreto Supremo N°024-2002-MTC es aquella según la cual la aseguradora presente en un accidente que involucra a dos vehículos, uno con SOAT y otro sin SOAT, es la obligada a indemnizar a todas las víctimas; y que luego podrá repetir contra los responsables solidarios que la norma precisa. Esto como consecuencia de su finalidad social y su idoneidad para resolver este tipo de controversias.

After a conceptual overview of the scope of the right to job stability, its relationship with other rights (right to work, right to access to employment, right to maintain employment) and its constitutional, international and legal regulation and the position of jurisprudence, the author goes on to discuss the complex picture presented to the employer before a decision to dismiss both from a legal perspective (compensation, replacement) and case law (damages, replacement) adding a paragraph called “others” the recount administrative consequences arising from said measure both labor (SUNAFIL) and tax (SUNAT) viewpoint. / Luego de un breve repaso conceptual de los alcances del derecho a la estabilidad laboral, su relación con otros derechos (derecho al trabajo, derecho de acceso al empleo, derecho a conservar el empleo) y su regulación constitucional, internacional y legal, así como la posición de la jurisprudencia, el autor pasa a comentar el complejo panorama que se presenta al empleador ante una decisión de despido tanto desde la óptica legal (indemnización, reposición) como jurisprudencial (indemnización por daños, reposición) añadiéndose un acápite denominado “otros” para las relatar las consecuencias administrativas que surgen de la indicada medida tanto desde la óptica laboral (SUNAFIL) como tributaria (SUNAT).