Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro sistema jurídico parece ser reticente al control social sobre los órganos del Estado, en cuanto carece de mecanismos efectivos a través de los cuales los ciudadanos puedan ejercer el control de los poderes públicos para que estos rindan cuenta por sus actos, no a otros órganos estatales, sino a la ciudadanía. “Como señalan Smulovitz y Peruzzotti, uno de los problemas de los sistemas democráticos como el nuestro es que no se puede controlar a los burócratas, sino sólo a los políticos (por medio del ejercicio del voto, el que tiene, a su turno, problemas intrínsecos como es la facilidad con que se diluye en términos del tiempo que transcurre entre las elecciones y la comisión de faltas por parte de los políticos.”Note1. Una “república democrática”, como se define Chile en nuestra Constitución, implica que los gobernantes se deben a la ciudadanía y por tanto, deben rendir cuenta por sus actos.Note2. En esa consideración, estimamos que la situación actual de nuestro Poder Judicial es especialmente preocupante. En efecto, el Poder Judicial chileno es percibido por la ciudadanía como una entidad lejana, poco transparente e irresponsable por sus actos, dando cuenta de ello diversos datos estadísticos que revelan que el mismo se rige por principios que atentan contra la transparenciaNote3. y probidad de los órganos públicos, impidiendo a la ciudadanía controlar la actividad de los jueces, vulnerando, por tanto, el principio de responsabilidad de las autoridades frente a los ciudadanos que consagra nuestra Constitución

En este trabajo se aborda la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el enfoque de la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia, tanto en cuanto a su labor de impulsor de la tramitación como en su función, en ciertos casos, de decisor; con todos los interrogantes doctrinales que tal atribución plantea y el análisis de los aciertos y cuestiones mejorables que contiene. La LJV regula propiamente en su texto los expedientes tramitados por Jueces o Letrados de la Administración de Justicia y atiende en sus disposiciones finales aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, recogiéndose su regulación en otras leyes, y siendo competencia de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La LJV pretende la modernización de una parte del “sistema positivo de tutela del Derecho Privado”, ofreciendo mayor coherencia a nuestro sistema procesal, para lo cual es imprescindible conocer los antecedentes prelegislativos y doctrinales de la actual Ley. Se analiza el concepto de jurisdicción y su alcance en la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en este tipo de expedientes. Para ello, se estudia la parte general de la LJV, donde se analizan los aspectos procesales de la tramitación general del procedimiento. Seguidamente, se abordan los expedientes que son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y, por último, los que tramita y decide de manera concurrente con otros operadores jurídicos.

La actividad jurisdiccional no está exenta de equívocos y del régimen de responsabilidad derivada de tales actos. Los jueces al igual que los servidores públicos en general están sujetos a control disciplinario. No obstante, por determinación convencional y jurisprudencial los jueces, a partir del rol que representan en la democracia, cuentan con garantías reforzadas lo que significa que siendo éstos contrapeso del poder estatal, cuando enfrenten la amenaza de destitución por error inexcusable esta falta gravísima debe estar definida previamente en la ley y respetarse el trámite propio de este procedimiento en conformidad con el debido proceso, esto con miras a no afectar la independencia judicial en sus manifestaciones interna, externa, institucional e individual. La indeterminación típica del error inexcusable, enumerado al igual que el dolo y la negligencia manifiesta en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, ha sido moldeado mediante interpretación extensiva por el órgano disciplinario en prescindencia de la facultad correctiva atribuida a los órganos jurisdiccionales de apelación, casación y revisión, fomentándose a través de este medio la afectación de la independencia judicial al haberse aceptado a trámite mediante queja, denuncia e incluso ex oficio la divergencia de criterios de aplicación del derecho al caso concreto, vulnerándose el derecho de los jueces a resolver en derecho. El contenido del error inexcusable ha sido moldeado en sede disciplinaria por el Consejo de la Judicatura que ha acudido mediante interpretación extensiva a otras fuentes diferentes a la ley en que se incluye la doctrina y la auto citación sobre resoluciones dictadas en otros casos, fomentándose a través de este medio la afectación de la independencia judicial ya sea mediante la postulación de queja o denuncia por otros órganos del poder público o por las partes procesales.

Judicial autonomy has suffered changes all through Colombian constitutional history, especially due to the expedition of the Political Constitution in 1991. This implies that the judge’s function was affected and suffered relevant changes, particularly in duties such as the motivation of judicial providences and the search for real justice in concrete cases. As a consequence of these relevant changes, now judges must pay special attention to the constitutional precedent and the charges imposed on them in order to avoid sanctions like the annulment of their judgments through the «vías de hecho» doctrine. These limitations and consequences were issued with the aim of protecting fundamental rights, and making the legal system dynamic and coherent. / La autonomía judicial ha sufrido transformaciones en la historia constitucional colombiana, aún más con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Esto implica que la función del juez se ve afectada y sufre mutaciones relevantes, sobre todo en cuanto a sus deberes, como la motivación de las providencias y la búsqueda efectiva de justicia para el caso concreto. Nótese, entonces, que el juez debe observar con atención los precedentes constitucionales y las cargas que estos le imponen, so pena de incurrir en sanciones, como la cesación de efectos jurídicos del fallo a través de las así llamadas «vías de hecho». Dichas limitaciones y consecuencias fueron pensadas en clave de la máxima protección de los derechos fundamentales, la dinamización y la coherencia del sistema jurídico.

From  the  process  of  globalization  of  law,  the  comparative constitutional law has gained a leading role for a better understanding and solving old and new constitutional national and international challenges. Therefore, some assumptions and considerations to take into account are presented for the development of the national constitutional order within the framework of the comparative constitutional law, such as universality and relativism of human rights; the concept of power and constitutional democracy; standards of free elections and judicial independence; freedom of expression, media pluralism and access to public information; the economic,social and cultural rights; the new fundamental rights. / A partir del proceso de globalización del derecho, el derecho constitucional comparado ha ido adquiriendo un rol protagónico para una mejor comprensión y solución de los viejos y nuevos desafíos constitucionales, tanto nacionales como internacionales. Por ello, se presentan algunos presupuestos y consideraciones temáticas a tomar en cuenta para el desarrollo del ordenamiento constitucional nacional en el marco del derecho constitucional comparado, tales como la universalidad y el relativismo de los derechos humanos; el concepto de poder y democracia constitucional; los estándares de elecciones libres e independencia judicial; la libertad de expresión, la pluralidad informativa y el acceso a la información pública; los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  y;  los nuevos derechos fundamentales.