Explica y sustenta que los gastos que realizan las empresas mineras en favor de las líneas de influencia directa y el mantenimiento de las carreteras públicas de uso obligado por constituirse en vías de acceso son deducibles para la determinación de la renta imponible y el cálculo del impuesta a la renta sobre la base que el Principio de Causalidad el cual no debe interpretarse en sentido restrictivo, si no en sentido amplio dentro de los márgenes de normalidad y razonabilidad por lo que revisa la doctrina comparada, la doctrina local, como criterios del Tribuna Fiscal del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la legislación casuística tributaria de un país eminentemente minero como es Chile. / Trabajo de investigación

En una actividad minera existe la reconciliación de leyes, la cual nos permite identificar la incertidumbre de la ley (entre la ley de las reservas y la ley real) para cada veta. Luego se hace un análisis de los posibles errores que puedan haber ocurrido en todo el proceso minero; que empieza en geología, pasando por planeamiento, mina y finalmente termina en la planta. En este estudio nos vamos a centrar en la geología, específicamente en la estimación de los recursos; es aquí donde se encuentra malas reconciliaciones en las leyes, por eso, se decide implementar recomendaciones de buenas prácticas (las cuales están evidenciadas en los libros de estimación de recursos, códigos internacionales, manuales de buenas prácticas, recomendaciones de prácticas satisfactorias utilizadas en otras minas) para poder usarlas y generar una nueva estimación, las cuales van a ser monitoreadas en las próximas reconciliaciones, evidenciando una reducción de las brechas en la incertidumbre de las leyes. Dentro de las mejoras está: (1) el uso de impactos de taladros en la generación del sólido geológico; (2) el uso de dominios geológicos en vetas; (3) y el ajuste del valor de top cut usando una combinación de tablas de cuantiles más gráficos estadísticos, para posteriormente hacer el monitoreo con las reconciliaciones. Finalmente se genera un flujo de caja con dos escenarios, uno con las leyes estimadas, y otro con las leyes que tienen las mejoras en su estimación; evidenciando un beneficio económico de $30M en el VAN usando las leyes con mejoras en la estimación.

En el presente informe se analiza el caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, quien en el año 2010 se vio afectada por la incursión de agentes externos vinculados a la minería y tala ilegal, a través de una trocha carrozable en su territorio que se deriva del km. 24 de la carretera Maldonado-Cusco (Expediente N.° 01126-2011-HC/TC). Por lo que inicia un proceso de habeas corpus contra una resolución penal en defensa del ejercicio de su derecho a la función jurisdiccional y su territorio, pues dicha resolución considera que la tranquera y caseta construida por la comunidad en su territorio es una obstaculización del derecho al libre tránsito de dos empresas transportistas, los Mineras S.A.C. y los Pioneros S.C.R.L. En este caso, el Tribunal Constitucional desarrolla el contenido del derecho a la “función jurisdiccional”, diferenciado de la “autonomía comunal” que se deriva de su derecho al territorio. En ese marco, se aborda en primer lugar los hechos claves del caso; en segundo lugar, los problemas jurídicos identificados, vinculados a los alcances jurídicos de la función jurisdiccional; y, en tercer lugar, se analiza si, dicha actuación de control del ingreso territorial implica una vulneración de derechos fundamentales o si es una expresión de su derecho a la jurisdicción propia como pueblo indígena; y, en tercer lugar, las conclusiones de la investigación. Ello a fin de aportar en los alcances e implicancias de este derecho a la jurisdicción propia y su vínculo con el derecho al territorio, por lo que la investigación sirve para que se puedan brindar posibles vías de solución para una adecuada garantía del mismo. Partiendo de un caso que no termina de ser un reconocimiento pleno de los derechos para dichos pueblos, pues se limita el derecho propio, lo cual da como resultado una jurisdicción indígena subordinada

En el marco del proceso de amparo seguido con el expediente E-2378, se discute si el Decreto de Urgencia 012-2010 vulneró los derechos constitucionales invocados por Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L y otros (derecho a la no retroactividad de la ley, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de empresa y derecho a la propiedad) Además, los accionantes afirman que la norma cuestionada infringe los requisitos contenidos en el Num. 19) del Art. 118° de la Constitución Política, motivo por el cual exigieron la inaplicación del acotado decreto de urgencia. Sobre la norma cuestionada, se advierte que contiene disposiciones autoaplicativas (aunque no todas) que tienen por objeto el ordenamiento de la actividad minera en el departamento de Madre de Dios, adoptando medidas específicas en este sentido, siendo una de ellas la prohibición del uso de dragas en actividades de minería aurífera. Además, estableció que, desde su promulgación, los términos de referencia para obtener la certificación ambiental para iniciar operaciones no deben incluir el uso de dragas, carancheras y artefactos similares. Ambos extremos fueron cuestionados por los demandantes. El proceso fue iniciado ante el Juzgado Mixto de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. Luego de un pronunciamiento desfavorable para los amparistas tanto en primera como en segunda instancia, el Tribunal Constitucional ratificó lo decidido por el juzgado y la Sala, conforme se advierte de la sentencia recaída en el Exp. N° 0316-2011- PA/TC, de fecha 17.07.2012. En ella se declaró la existencia de un empate ponderativo entre el principio perseguido por el Decreto de Urgencia 012-2010 (tutela del medio ambiente) y el derecho de propiedad de Empresa Minera de Servicios Generales y otros, determinando que, según las dimensiones del caso, correspondía establecer la prevalencia de la tutela del medio ambiente sobre el derecho de propiedad de los accionantes. Tras analizar las dimensiones procesales y de fondo del expediente E-2378, advertimos una serie de deficiencias no sólo en los argumentos que sostenían la tesis de los demandantes, sino que dicha calificación también alcanzó el pronunciamiento de la justicia constitucional, con especial énfasis del esgrimido por el Tribunal Constitucional. Es en esta última instancia donde advertimos omisiones muy relevantes, motivo pro el cual somos enfáticos en calificar la sentencia constitucional expedida por el máximo intérprete de la Constitución como deficiente.

La presente investigación analiza la Certificación Ambiental Global o IntegrAmbiente, nuevo instrumento para el fortalecimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que integra a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado, catorce títulos habilitantes requeridos para el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Para ello, se identifican los antecedentes normativos en materia de Certificación Ambiental Global; así como las normas que la regulan en la actualidad, tal como la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327, su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM, y la Resolución Ministerial N° 184-2016-MINAM, que establece el contenido mínimo para la elaboración del EIA en minería, hidrocarburos y electricidad, en el marco del proceso de IntegrAmbiente. Finalmente, se analiza el nivel de información requerido para la Certificación Ambiental Global, estudiándose tres alternativas: Exigir un Estudio de Impacto Ambiental detallado con información a nivel diseño definitivo; requerirse títulos habilitantes con información a nivel de factibilidad; y finalmente, solicitarse un Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel de factibilidad, solo en las partes que no coincida con los títulos habilitantes integrados.

La minería afronta varios retos socio ambientales, entre ellos el garantizar a la sociedad en general, que las operaciones mineras puedan cerrarse de manera sustentable al final de su periodo productivo. Sin embargo, el cierre de una operación minera puede darse de manera súbita antes de haber culminado su cierre progresivo y haber extraído totalmente la reserva estimada, creando impactos socio ambientales significativos y/o contaminación. El Estado para corregir las externalidades negativas que se asocian a la contaminación ambiental en las actividades mineras, ha desarrollado mecanismos de Comando y Control para modificar y/o controlar la conducta degradativa, entre ellos, la obligatoriedad del plan de cierre de minas y la consignación de la garantía ambiental. En línea a este preludio; el objetivo central del presente estudio, es fundar lineamientos para el fortalecimiento del marco regulatorio de cierre de minas a fin de suprimir la evasión de responsabilidad ante el abandono súbito de una operación minera. El plan de cierre de una mina es una proyección a futuro, por lo que el análisis de costos de las actividades de cierre, previo a extraer todas las reservas de mineral es inexacto, por existir diversas fuentes de incertidumbre que no se conocen, enmarcando el problema de investigación, en torno a la estimación de la idoneidad de la garantía ambiental para salvaguardar todas las actividades de cierre en caso de abandono y/o incumplimiento de cierre. La metodología del presente estudio es cualitativa que incluye métodos teóricos y prácticos, basado en el diagnóstico actual de marco normativo de la gestión del cierre Las conclusiones obtenidas a manera de resultados se circunscriben en que la Ley de Cierre de Minas N°28090 y su reglamentación debe contemplar cambios relevantes, a efectos de permitir una adecuada estimación de costos y gastos de las actividades de cierre, donde; no solo se contemplen costos regulatorios sino también costos potenciales, se suprima toda tentativa de quiebras pre planificadas y se incorpore en el cálculo de la garantía ambiental los costos de cierre progresivo y el valor del riesgo potencial de las actividades de cierre en el largo plazo. Finalmente, en relación al caso Quiruvilca, la ejecución de la garantía ambiental por parte del Estado ante el abandono súbito de la unidad minera, no salvaguarda a la sociedad de asumir la mitigación ambiental en el largo plazo, siendo hoy por hoy la Ex unidad minera Quiruvilca es un nuevo pasivo ambiental minero. / Mining faces several socio-environmental challenges, including guaranteeing to society in general that mining operations can be closed in a sustainable manner at the end of their productive period. However, the closure of a mining operation may occur suddenly before its progressive closure has been completed and the estimated reserve has been fully extracted, creating significant socio-environmental impacts or contamination. The State to correct the negative externalities that are associated with environmental contamination in mining activities, has developed Command and Control mechanisms to modify and / or control the degrading behavior, including the mandatory closure of the mine plan and the provision of the environmental guarantee. Online to this prelude; The main objective of this study is to establish guidelines for strengthening the regulatory framework for mine closure in order to eliminate the evasion of responsibility for the sudden abandonment of a mining operation. The mine closure plan is a projection into the future, therefore, the cost analysis of the closure activities, prior to extracting all the mineral reserves, is inaccurate, as there are various sources of uncertainty that are not known, framing the research problem, around the estimation of the suitability of the environmental guarantee to safeguard all closure activities in case of abandonment and / or failure to close. The methodology of the present study is qualitative that includes theoretical and practical methods, based on the current diagnosis of the regulatory framework for closure management The conclusions obtained as results are circumscribed in that the Mine Closure Law No. 28090 and its regulations must contemplate relevant changes, in order to allow an adequate estimation of costs and expenses of the closure activities, where; Not only regulatory costs but also potential costs are contemplated, all pre-planned bankruptcy attempts are eliminated and the costs of progressive closure and the value of the potential risk of closing activities in the long term are incorporated in the environmental guarantee calculation. Finally, in relation to the Quiruvilca case, the execution of the environmental guarantee by the State in the face of the sudden abandonment of the mining unit does not safeguard society from assuming environmental mitigation in the long term, being today the former mining unit. Quiruvilca is a new mining environmental liability. 1 / Trabajo de investigación

La minería constituye un sector clave para el crecimiento económico del país; sin embargo, durante un largo periodo dicha actividad se desarrolló bajo una frágil regulación generando Pasivos Ambientales Mineros (PAM). A partir de los 80’s, se incorporó el concepto de desarrollo sostenible para el uso racional de los recursos naturales. En base a esta aproximación, el Estado Peruano aplicó dos enfoques para atender la problemática de PAM: el preventivo (cierre de minas); y, el correctivo (manejo y cierre de PAM). Perú fue el primer país en Latinoamérica en contar con un marco legal específico de PAM, regulando su identificación e inventario, estableciendo como responsables del cierre a los generadores, y ante su inexistencia o incapacidad, al Estado a través de Activos Mineros S.A.C. Dicha empresa estatal requiere aplicar el Invierte.pe y la Ley de Contrataciones del Estado no evidenciando una gestión eficiente en el cierre de PAM, por lo que es necesario promover la participación del sector privado en su remediación voluntaria. Los incentivos existentes para el sector privado no muestran resultados favorables, por lo que en base a este trabajo de investigación se ha identificado a la Subasta Pública de PAM reaprovechables como un mecanismo de competencia por el mercado que permitirá su integración. Esta propuesta rentabiliza el cierre de PAM ofreciendo beneficios al privado, al Estado y a la población. Asimismo, distribuye adecuadamente los riesgos que involucra la remediación, permitiendo el cierre de PAM con eficiencia y sin comprometer presupuesto público. Los resultados de este trabajo de investigación se encuentran contenidos en un proyecto de ley. / Mining is a key sector for the country's economic growth; however, for a long period this activity was carried out under weak regulation, generating Mining Environmental Liabilities (PAM1). Starting 1980s, the concept of sustainable development for the rational use of natural resources was incorporated. Based on this the Peruvian Government applied two strategies to address the PAM problem: preventive approach (mine closure plan); and corrective approach (environmental damage management caused by PAM). Peru was the first country in Latin America to have a specific legal framework for PAM, regulating its identification and preparing a PAM inventory, establishing generators as responsible for the closure and damage repair. In the event that said generator does not fulfill the obligation of closure or is not possible to identify the generator, the Peruvian Government perform the management of the PAM through Activos Mineros S.A.C. Said state-owned company is under the regulations of the Invierte.pe and the State Procurement Law, not allowing efficient management for the closure of PAM, so it is necessary to promote the participation of the private sector in the voluntary remediation of PAM. The existing incentives for the private sector do not show favorable results. Therefore, based on this research work, the Public Auction to the reuse of PAM has been identified as a market competition mechanism that will allow their integration. This proposal makes the closure of PAM profitable by offering benefits to the private sector, the State and the population. Likewise, it adequately distributes the risks involved in remediation, allowing the closure of PAM efficiently and without compromising the public budget. The results of this research work are contained in a bill.

La presente investigación desarrolla contenido relacionado al procedimiento de servidumbre minera regulado por diversas normativas sectoriales que evidencian que, desde la entrada en vigencia de la ley de tierras y sus reglamentos complementarios, dicho procedimiento actualmente está en desuso porque el titular de la actividad minera no tiene confianza, ni voluntad de recurrir ante la autoridad minera, pues prefiere ahorrar tiempo y reducir costos. Además, no tiene intención de generar alguna desavenencia con la comunidad y que el desarrollo del proyecto minero se vea afectado. En ese orden de ideas, el objetivo general, es identificar los tres factores limitantes dentro del desarrollo del procedimiento administrativo de servidumbre minera y ello nos permite hacer un análisis exhaustivo de las normas que vinculan a dicho procedimiento con el objetivo de identificar principales diferencias. Además, se toman en consideración los seis casos aprobados por la autoridad minera, a fin de delimitar con mayor rigurosidad los problemas y recoger aprendizajes que complementaran a las propuestas y/o mejoras que se puedan realizar. De otro lado, se analiza el procedimiento de servidumbre vinculado al sector eléctrico, considerando sus características, clasificación, entre otros aspectos que presentan un resultado diferente, pues dicho análisis se plasma mediante cuadros comparativos. Luego, se realiza el análisis del derecho comparado, estudiando la legislación de Chile. Finalmente, se concluye con el desarrollo de propuestas regulatorias en base al estudio de esas tres limitantes, que se esbozan mediante un cuadro comparativo y además se proyecta un cuadro de ventajas y desventajas en relación a las propuestas; ya que, es importante evidenciar el impacto que va tener la otra parte que en este caso vendría a ser el titular del terreno superficial. / This research develops content related to the mining easement procedure regulated by various sectoral regulations that show that, since the entry into force of the Land Law and its complementary regulations, this procedure is currently in disuse because the owner of the mining activity has no confidence or willingness to appeal to the mining authority, as he prefers to save time and reduce costs. Furthermore, he does not intend to generate any disagreement with the community and affect the development of the mining project. The general objective is to identify the three limiting factors in the development of the mining easement administrative procedure, and this allows us to conduct an exhaustive analysis of the regulations governing this procedure in order to identify the main differences. In addition, the six cases approved by the mining authority are taken into consideration, in order to delimit the problems more rigorously and to gather lessons that will complement the proposals and/or improvements that can be made. On the other hand, the easement procedure linked to the electricity sector is analysed, considering its characteristics, classification, among other aspects that present a different result, as this analysis is presented in comparative tables. Then, a comparative law analysis is carried out, studying the legislation of Chile. Finally, it concludes with the development of regulatory proposals based on the study of these three limitations, which are outlined in a comparative table and a table of advantages and disadvantages in relation to the proposals is also projected, since it is important to evidence the impact that it will have on the other party, which in this case would be the owner of the surface land.

El presente estudio busca ser una actualización y profundización de los análisis críticos del concepto de daño ambiental que existen en la doctrina peruana, con la finalidad de identificar deficiencias en el concepto de daño ambiental presente en nuestra legislación para mejorar la protección del medio ambiente, sin descuidar la tutela de la seguridad jurídica de los administrados. Con esta finalidad, se identificarán las nociones jurídicas de daño ambiental de la legislación y doctrina comparada –principalmente la española–, así como el concepto de daño existente en la regulación y en la jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Ambiental en el Perú. A partir del análisis y comparación de ambas fuentes, se busca proponer una nueva interpretación del concepto de daño ambiental en nuestro ordenamiento que permita su aplicación, protegiendo al medio ambiente, pero sin poner en riesgo las inversiones privadas en minería.

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.