Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la información pública constituye uno de los más importantes hitos de los últimos años para los Estados a nivel mundial. El conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos y decisiones que ejecutan las autoridades se ha transformado en una exigencia a nivel internacional, lo cual según algunos, es básico para consolidar los regímenes democráticos por la fiscalización que pueden hacer los gobernados a sus gobernantes. Lo anterior se ha dicho, es consecuencia del empoderamiento social. Chile no se ha quedado atrás en estas iniciativas, por lo que paulatinamente nuestra legislación se ha ido adaptando a las nuevas perspectivas, en parte a raíz de diversos casos de corrupción política que han acontecido y de la incorporación de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que exige la adecuación de nuestra normativa a ciertos estándares de Derecho Internacional. Una de las iniciativas más relevantes fue la dictación de la Ley Nº 20.285 el año 2009, consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Constitución Política, donde se elevan a rango constitucional los principios de publicidad y transparencia que antes si bien es cierto, habían sido objeto de debate e incluso de dictación de importantes leyes como la Ley Nº 19.6531 y la Ley Nº 19.880, no satisfacían en forma suficiente la necesidad de establecer un sistema sólido de bases democráticas. En consecuencia se llegó a la conclusión de que la idea de legislar sobre el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad y la probidad no debía quedar solamente en el plano de una ley común, y por lo tanto, se planteó la necesidad de estar regulados por la Carta Fundamental.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria se presenta de manera sistémica e integrada el derecho a la libertad de pensamiento. Por tanto, no sólo nos referiremos a este respecto a su fase externa, que es el derecho a la libertad de expresión, sino que se pretende, en el desarrollo de este trabajo investigativo, englobar las distintas fases que la comprenden: su fase interna, entendida como el derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de culto; su fase externa, que comprende el derecho a la libertad de expresión, la libertad de enseñanza y de acceso a la información, y su fase colectiva, caracterizada por los derechos a la libertad de asociación y de reunión

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La transparencia como democracia dice relación con la posibilidad de control de las decisiones tomadas por la Administración del Estado por parte de los ciudadanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo regula por primera vez en su Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) identificándose prontamente con la libertad de información. En nuestro país el desarrollo de la información ambiental tiene como punto de inicio el año 1994 con la ley de Bases Generales del Medio Ambiente teniendo como coronación la reforma constitucional del Art.8 de nuestra Constitución Política (2005). En materia ambiental, el control de los ciudadanos se manifiesta en el acceso que tienen éstos a la información de las emisiones de contaminantes cercanos. Es por ello por lo que, a partir del año 2002, comenzó el proceso de aproximación a los RETC en el marco del programa de trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile – Canadá. Como resultado de este taller se reconoció la necesidad de contar con un Registro, generándose de esta manera el estudio Análisis de situación y factibilidad para establecer un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Chile, ejecutado entre marzo y mayo del 20031 sin embargo, era necesario en primer lugar conocer en qué situación se encontraba el país, por ello se realizó una prueba piloto con el objeto de probar el funcionamiento de 1 COMISIÓN NACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE, 2003. Estudio análisis de la situación y factibilidad para el desarrollo de un registro nacional de emisiones y transferencia de contaminantes en Chile, informe final. [En línea]. Santiago de Chile. Conama. < http://www.sinia.cl/1292/articles-41125_recurso_1.pdf>. [ consulta: 19 junio 2017] 10 un RETC a escala limitada y como resultado fue publicado un informe con fecha 27 de enero de 2005. Todo esto trajo como consecuencia la dictación del Decreto número 1 de 2 de mayo de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente mediante el cual se puso en marcha este proyecto. Los años han pasado y los objetivos que tuvo en cuenta la instalación del RETC no se han cumplido. Tanto expertos como ciudadanos no utilizan estos datos. Dicho lo anterior busco dar una explicación a esto utilizando un criterio comparativo en virtud del cual analizo el éxito del TRI (Toxic release inventory) norteamericano cuya evolución data de 1986, cuando el presidente Ronald Reagan promulgó la Superfund Amendments and Reauthorization (SARA). Ingresando en mí calidad de usuario a los distintos sitios online he tomado ejemplos de contaminantes y empresas con el objeto de establecer la manera en que un ciudadano común puede tener acceso a esta información desde la completa ignorancia. Dicho lo anterior concluyo que el procesamiento de la información ambiental debe realizarse no solo por los expertos para expertos, sino que también de expertos para ciudadanos proponiendo la reforma de este registro.

La transparencia es un principio que implica que todas las acciones estatales puedan verse como a través de una ventana limpia. Sin embargo, ¿debe maximizarse este principio a toda costa, sin importar otros principios? ¿O es que la excesiva transparencia puede afectar otros bienes jurídicos que debieran ser protegidos? Es por eso que existen ciertas excepciones al derecho de acceso a la información pública, que es la concretización de la faceta pasiva del principio de transparencia. Uno de estos es el privilegio deliberativo, que se fundamenta en lograr un equilibrio entre el principio de transparencia y el principio de eficacia de la Administración Pública. Este se vincula a la toma de decisiones en materia de política pública. Así, el objetivo del presente trabajo académico es analizar en qué medida el privilegio deliberativo se puede aplicar en la definición del problema público. Ello se logrará teniendo en cuenta una buena práctica contenida en la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos. La principal conclusión es que será información de acceso público aquella que sea neutral, la cual podrá ser entregada aunque la decisión no se haya tomado. La información neutral es aquella que no da cuenta de algún curso de acción que piense ejecutar la administración pública, para que no se genere una oposición prematura a la medida, ni se inhiba a los funcionarios de un debate franco y abierto para la toma de la decisión definitiva.

El presente artículo académico analiza de manera reflexiva la actuación de las autoridades administrativas respecto de la dificultad probatoria en los casos de discriminación en el consumo y cómo esta última impacta de manera negativa en la investigación y sanción de este tipo de casos. En ese sentido, tiene como objeto determinar si los operadores jurídicos de la administración ejecutan sus funciones en base a los principios de transparencia y eficacia del Buen Gobierno a fin de hacer frente a la dificultad probatoria que perjudica, en mayor medida, a la parte denunciante. Si bien en el artículo 39° del Código de Protección al Consumidor se desarrolla la actuación probatoria en este tipo de casos y existen otras herramientas normativas que dan cuenta de los medios probatorios que se pueden hacer uso, estos no resultan suficientes para contrarrestar dicha problemática que necesita de una actuación sólida, constante y eficaz de parte de las autoridades administrativas. Por ello, además de tomar en cuenta estos elementos normativos, desarrollo la doctrina y jurisprudencia nacional e internacionales para tener un panorama más amplio y determinar las limitaciones que bordean esta problemática, cuáles han sido las acciones que han realizado las autoridades administrativas para afrontarla y si estas últimas guardan relación con el contenido de los principios de eficacia y transparencia del Buen Gobierno. Finalmente, concluyo de manera central que la actuación de las autoridades no se condice con lo que establecen los principios previamente mencionados, siendo necesaria una urgente atención e implementación de mejoras. / This academic article reflectively analyzes the actions of the administrative authorities regarding the evidentiary difficulty in cases of discrimination in consumption and how this problem has a negative impact on the investigation and sanction of this type of cases. Therefore, its purpose is to determine if the legal operators of the administration carry out their functions based on the principles of transparency and effectiveness of Good Governance in order to face the probative difficulty that harms, to a greater extent, plaintiffs. Although article 39 of the Consumer Protection Code develops evidence in this type of case and there are other regulatory tools that account for the evidence that can be used, these are not enough to counteract this problem that requires solid, constant and effective action from the administrative authorities. For this reason, in addition to taking into consideration these normative elements, I develop the national and international doctrine and jurisprudence to have a broader panorama and determine the limitations related to this problem, what have been the actions that the administrative authorities have carried out to face it and if these are related to the content of the principles of efficiency and transparency of Good Governance. Finally, I conclude in a central way that the actions of the authorities are not consistent with the content of those Good Governance’s principles, requiring urgent attention and implementation of improvements. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende exponer algunos casos en los cuales el administrado requiere documentos que considera de público conocimiento, en mérito a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, y por cuanto los posee la Administración, específicamente nos estamos haciendo referencia a aquellos supuestos en los que una persona solicita a una entidad pública, hospital del estado, copia de la historia clínica de un paciente que no tiene un vínculo con el requirente. Y antes de desarrollar los casos obtenidos por el propio Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (el “Tribunal”), órgano que pertenece al Ministerio de Justicia, se expondrán algunos conceptos que se han podido recopilar de las leyes que serán aplicables a nuestro caso completo, además de lectura adicional que nos ayudará a demostrar que no toda información que obra en algún ente del estado, debe ser considera como pública, y en ese contexto, que tampoco se transgrede el derecho de acceso a la información pública. La razón de promover esta información es por cuanto existe un desconocimiento sobre estos hechos y los administrados, que creen que se está transgrediendo su derecho constitucionalmente reconocido, dando inicio a un procedimiento administrativo que genera costos al aparato del Estado, que podrían ser destinados a otros temas incluso otras carteras que requieran de mayor presupuesto, reclamando sobre algo que no resulta otorgable. Asimismo, con esta breve exposición, busco dar a conocer que (i) no existe un correcto entendimiento sobre la información que es considerada como pública; de otro lado, (ii) las excepciones a una norma no siempre se encuentran contenidas en la misma ley, debiendo recurrir a otras fuentes normativas para su correcto entendimiento. Ambos hechos conllevan a pensar que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su deber de difusión normativa / The present paper will show cases in which the citizen requires documents that it considers to be publicly known, due to the Law on Transparency and Access to Information, and since the Administration has them, we are specifically referring to those cases in those in which a person requests a copy of the clinical story of a patient who has no relationship with the applicant, in a state hospital. Before develop the cases obtained by the Court of Transparency and Access to Public Information (the "Court"), that belongs to the Ministry of Justice, some concepts that have been compiled from the laws, will be expose, in addition I will use some additional lectures that will help us demonstrate that not all information that guard a public hospital should be considered as public, and in this context, that the right of access to public information is not violated either. The reason for promoting this information is because there is a lack of knowledge about these facts and those citizens, who believe that their constitutionally recognized right is being violated, initiating an administrative procedure that generates costs to the public hospital, which could be allocated to others topics including other portfolios that require a larger budget, claiming about something that is not grantable. Also, with this brief presentation, I seek to make it known that (i) there is no correct understanding of the information that is considered public; on the other hand, (ii) the exceptions to a norm are not always contained in the same law, so it is necessary to resort to other normative sources for their correct understanding. Both facts lead us to think that the State is not complying with its duty to disseminate the regulations. / Trabajo académico

El año 2013 el Ministerio de Cultura del Perú inició la publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, instrumento de gestión creado a partir de la Ley del Derecho a la Consulta Previa que sería clave en la definición de la ubicación geográfica de los más de 50 pueblos indígenas u originarios en el Perú. A partir de entrevistas con funcionarios de agencias estatales y representantes de organizaciones indígenas y de sociedad civil, este estudio busca comprender el proceso de elaboración y publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura entre los años 2011 y 2015. Para ello, este documento describe la cronología del proceso en mención, analiza las posturas y estrategias de los actores involucrados, y explica los factores que influyeron en la forma en que se publicó la referida base de datos. Los resultados dan cuenta de un Estado que, pese a haber promulgado la ley que crea la base de datos en mención, tiene como conjunto una posición fragmentada y, en general, de oposición al proceso gestionado por la agencia estatal rectora en materia indígena. En el marco del debate teórico sobre la capacidad estatal, los resultados discuten la aplicación del concepto de autonomía respecto de grupos de actores no estatales como un elemento clave en la implementación de una política determinada. A diferencia de lo señalado en la literatura académica, este estudio no plantea precisamente un escenario de captura del Estado por parte de actores no estatales con poder económico. Sus hallazgos ponen de relieve la cooptación del Estado por parte de una comunidad de actores estatales, cuyo modelo de desarrollo coincide con el del sector empresarial. / Trabajo de investigación

El presente informe profesional tiene por objetivo presentar la gestación, desarrollo y puesta en operación del instrumento del Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se inició en el año 2002 y ya cuenta con 14 años de implementación. El énfasis estará puesto en la experiencia desarrollada en capital del país en el período 2005 al primer semestre de 2010, con los OSEL locales de Lima Norte y Lima Sur, que se implementaron en el marco de asociaciones público-privadas. / Proyecto Profesional

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las fuentes de acceso público a datos personales constituyen una de las excepciones al principio del consentimiento que contiene nuestra legislación con premisa para llevar a cabo un tratamiento de datos personales. Dichas bases de datos son usadas con habitualidad en nuestro sistema legal, amparadas además por una definición amplia que permitiría encuadrar un sinnúmero de bases de datos dentro de esta figura.

This paper analyses the body of law governing the right to access environmental information in Spain, paying particular attention to law 27/2006, of July 18th, which regulates the right of access to information, public participation and access to justice on environmental issues. The analysis focuses on both the active aspects of access to environmental information (the obligation that the public authorities have to collect and communicate environmental information) and the passive aspects (the right to request access to environmental information). Particular attention is paid to the advances made by this legislation and its possible implications, but no attempt is made to conceal the problems of application that it still has to face and the pending challenges. / Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes.Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.