Título para optar al grado de antropología social / Para entender la cada vez mayor relevancia de los estudios de postgrado en Chile, en concordancia con los procesos internacionales, no basta con identificar los esfuerzos de la política pública, cuya expresión paradigmática actual es Becas Chile. Junto con esto, no puede suponerse que las personas constituyen una demanda que reacciona mecánicamente ante una determinada oferta. En este marco, el estudio analiza el fenómeno de expansión de la educación superior y de auge de los postgrados en Chile desde la perspectiva de quienes están accediendo a ellos, buscando comprender los intereses de cientistas sociales por hacer magíster en el extranjero. A partir de una complejización de los conceptos de interés y racionalidades se discute la capacidad explicativa del discurso público de fomento al postgrado y la Teoría del Capital Humano para comprender, por sí solos y bajo la asunción de un sujeto racional instrumental, las lógicas de interés que se ponen en juego en la realización de postgrados. A partir del análisis de entrevistas a cientistas sociales postulantes a y egresados de un magíster en el extranjero, se plantea que la decisión de hacer este postgrado se configura mediante distintas racionalidades y lógicas de interés que se acoplan. Se observa, por una parte, una racionalidad estratégica, definida por su orientación a conseguir algo con el magíster, fuertemente marcada por el reconocimiento de una exigencia simbólica del mercado laboral, donde este postgrado comienza a articular un nuevo peldaño en el mecanismo de cierre social que es la educación. A esta racionalidad se modula una experiencial, definida por la valoración de la instancia misma de estudios, así como del intercambio cultural

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Doctora en Psicología / Este trabajo tiene por objetivo general identificar y describir las variables asociadas a la elección de carrera en estudiantes de nivel socioeconómico bajo en Chile, en el marco de la teoría sociocognitiva de carrera (SCCT). Se compone de tres estudios. En el primero, se exploraron creencias, significados y valoraciones de la elección de carrera en estudiantes de primer año, de nivel socioeconómico bajo, de universidades selectivas. Los resultados mostraron que elementos identificados por los jóvenes como relevantes en su elección pueden agruparse en factores personales, contextuales y de agencia, evidenciando que la SCCT facilita la aproximación a estos procesos. El segundo estudio consistió en el diseño y validación de un test de intereses profesionales para estudiantes secundarios de escuelas públicas. Mediante análisis factorial confirmatorio de ítems, se puso a prueba un modelo de 13 dimensiones. Los resultados mostraron ajuste de los datos al modelo y buenas propiedades psicométricas del instrumento. El tercer estudio buscó establecer si la variable sexo moderaba la relación entre intereses profesionales y meta de elección de carreras con sesgo de género, en estudiantes secundarios de colegios altamente vulnerables. Se utilizaron modelos de regresión logística y análisis de interacciones. Los resultados mostraron efecto de moderación en las áreas de tecnología, educación y salud

Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Internacionales / El año 2014 logró ser aprobada la primera ley de regulación del lobby en Chile. Dentro de sus principios se encontraba garantizar el derecho de los ciudadanos de hacer ver sus puntos de vista frente a las autoridades del Estado. A tres años de su entrada en vigencia, surge la duda de si la representación de intereses ante el poder ejecutivo chileno es equilibrada entre los distintos actores de la sociedad. Esta tesis se enfoca en tres preguntas de investigación: (i) quién hace lobby ante el poder ejecutivo chileno, y cómo se distribuye; (ii) qué variables explican dicha distribución; y (iii) si los hallazgos del caso chileno son comparables con los de Estados Unidos y la Unión Europea. Para responderlas se utilizan los datos otorgados por los registros de la Ley de Lobby, que por primera vez entrega acceso a información de las audiencias sostenidas por autoridades del Estado. A partir de esa información se construyó una base de datos con las cerca de 3700 audiencias sostenidas por ministros y subsecretarios entre noviembre de 2014 y diciembre 2016. Con dicha base de datos se desarrolló el análisis de distribución y sus variantes asociadas, para posteriormente realizar el análisis comparado de los hallazgos. Los resultados obtenidos apuntan a un sistema de representación de intereses desigual en favor de grupos empresariales. Además, se observa que a nivel temático existe una mayor concentración de lobby en los ministerios de carácter económico. Estos hallazgos van en línea con la literatura desarrollada para el estudio del lobby a nivel legislativo en el caso chileno, y también para otros casos de estudio, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, no existe una participación equitativa entre los distintos actores de la sociedad, demostrando que las audiencias de lobby, como forma de acudir a las autoridades del Estado, no son una herramienta a la que todos los ciudadanos accedan por igual. / CONICYT (CONICYT-PCHA/MagísterNacional/2016-22161036)

Memoria (Licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El foco del presente trabajo es elaborar una propuesta para abordar los conflictos de intereses que surgen en la administración del patrimonio de las pequeñas empresas familiares, particularmente los derivados del uso de sus recursos económicos. Dicha propuesta considera la incorporación al funcionamiento ordinario de las pequeñas empresas familiares, de una forma eficaz de resolver conflictos, consistente en un protocolo orientador del actuar de la empresa y la instauración de una instancia para abordar los referidos conflictos, que se ajusten a la normativa vigente y toman como referencia la experiencia comparada. En este sentido y a fin de contextualizar y definir el objeto de estudio, se presenta una descripción externa e interna del panorama económico nacional, proporcionando los antecedentes para poder caracterizar el medio en que las PEF deben desenvolverse. Y en el cual queda de manifiesto que un número importante de empresas en Chile tienen el carácter de familiar y que son un sujeto relevante en la economía del país. Acto seguido, se estudia a las empresas familiares, que constituye un número importante de empresas en Chile, en cuanto a su conceptualización, los sistemas sociales que la conforman y el cómo su convergencia determina su forma de funcionar y los problemas a los que se pueden enfrentar. Centrando el trabajo, en este punto, en el cómo se administran estas organizaciones, por cuanto es esta el área en que se define el uso del patrimonio de la empresa y tienen lugar los conflictos que en esta Tesis se abordan. vi Se continúa con el estudio de las normas contempladas en las estructuras jurídicas empresariales más usadas por las pequeñas empresas familiares chilenas, referentes a la administración de su patrimonio y a la solución de los conflictos de intereses que se generan en este contexto. Complementado con doctrina y derecho comparado, además de normativa nacional relacionada. Finalmente el estudio de aspectos económicos, normativo y doctrinario (nacional y comparado), es contrastado con el análisis cualitativo de 10 Pequeñas Empresas Familiares, cuyos datos fueron levantados mediante un modelo de entrevista desarrollado en el contexto de la presente Tesis y que son empleados para proponer instrumentos jurídicos que permitan abordar y dar una solución a los conflictos de intereses en la administración del patrimonio de la empresa, que comprometan la existencia y desarrollo de las PEF, con un enfoque a las empresas familiares de Primera Generación

Antropóloga Social / La presente tesis busca profundizar en la compleja relación que existe entre dirigentes indígenas y Municipio en la comuna de Alto Biobío, Región del Bio Bio. Se trata de una relación plagada de tensiones, de alianzas, clientelismo, negociación y brutal polarización. Los dirigentes han jugado y siguen jugando un rol importantísimo en el acontecer local, e incluso en la propia creación de la comuna. A pesar de esto muchas veces su importancia es invisibilizada frente al poder de la empresa privada y de las instituciones. El interés por la temática de estudio surgió el año 2008, con una primera visita a la comuna de Alto Biobío, durante el periodo previo a las elecciones municipales de ese año. En aquella ocasión, un equipo formado por los antropólogos Rolf Foerster, Tania Manríquez y quien escribe se concentró en entrevistar candidatos al cargo de alcalde y concejal, en su mayoría indígenas, buscando dilucidar la relación que estos mantienen con el aparato municipal. Los resultados preliminares de dicha investigación en terreno dieron como resultado la publicación del artículo “La máquina municipal (en Alto Biobío) y la sociedad mapuche” (Foerster, Manríquez y Molina, 2009). La presente tesis pretende profundizar y ampliar las temáticas tratadas en dicho artículo, para lo cual se realizaron nuevas visitas a terreno, entrevistas y revisión bibliográfica

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta obra tiene por finalidad tratar el principio del consentimiento previo del representado en el autocontrato como un mecanismo preventivo de los riesgos y peligros que pueda ocasionar la autocontratación a los intereses de quien ha confiado el desarrollo de una determinada gestión a otra persona. Asimismo, se analizará la aplicación de este principio que informa el autocontrato en el mandato a otros contratos distintos de éste, pero que presentan la misma estructura de gestión de intereses ajenos e idénticos peligros que el mandato. Finalmente, se tratarán las consecuencias jurídicas provenientes de la vulneración del principio del consentimiento previo, especialmente la responsabilidad civil de los gestores. Para ello, en un primer nivel se analizará la estructura de los contratos de administración de patrimonio ajeno, los problemas y beneficios de agencia, y la función que debe gobernar la toma de decisiones del agente. En un segundo nivel se presentará la institución del autocontrato y las distintas posturas que han existido en torno a ésta, para luego adoptar una postura propia respecto del mismo. También en este segundo nivel, se verá el conflicto de interés como el problema que presenta el autocontrato, y el deber de lealtad emanado de la relación de confianza creada entre el representado y su representante, el cual básicamente consiste en que la gestión del representante debe tener por finalidad la satisfacción de los intereses de su representado, no los propios. En la segunda parte de esta obra, se estudiarán los rasgos distintivos del mandato que hacen extensible y necesaria la aplicación del principio del consentimiento previo a otros contratos que presenten esos mismos rasgos. Postulamos que en todos aquellos contratos en que se gestione intereses ajenos bajo una estructura similar a la del mandato, se cubrirá el riesgo de perjuicio que puedan sufrir los intereses del principal frente al actuar oportunista de su agente. Además, se analizará la autocontratación que realice el comisionista y el corredor de bolsa, particularmente en la administración de cartera de inversión de su cliente. Se verán distintos conflictos de intereses que presenten una mayor relación con las actuaciones de los corredores de bolsa en el mercado de valores, y se tomará partido por el principio del consentimiento previo del cliente como un mecanismo regulatorio efectivo, que se expresa en una fórmula contractual que determina sus alcances y delimita el actuar del agente. Por último, frente a la autocontratación de un gestor sin el consentimiento de su representado considero que la sanción jurídica será la nulidad relativa, cuando nos encontremos frente a contratos de intercambio, o bien, será absoluta en aquellos casos en que el interés del incapaz se vea comprometido por la actuación del gestor de sus intereses, tal como ocurre en las guardas. Además, por un lado se verá el tema de la responsabilidad civil de los agentes en general, a partir de las normas establecidas en el contrato de mandato al respecto, como también brevemente expondré la responsabilidad civil general de los corredores de bolsa, y la proveniente de la autocontratación de los mismos. De esta manera, la autocontratación de los corredores de bolsa se rige tanto por un marco general de normas legales, como las que rigen el mandato, como por un marco especial de regulación dado principalmente por la Ley de Mercado de Valores. En definitiva, se concluye que el fundamento del principio del consentimiento previo radica tanto en la obligación gestora que exige actuar por cuenta e interés de otra persona, como en el principio de la buena fe que informa todo el derecho civil patrimonial. La buena fe opera como un soporte normativo del cual emanan deberes de lealtad y cuidado que deben observar los gestores en el desarrollo de la función gestora, y además permite fundar la responsabilidad civil de los gestores. Asimismo, a partir de los riesgos envueltos para el representado en la gestión de intereses ajenos, se concluye que el principio del consentimiento previo que informa la regulación de los conflictos de intereses del autocontrato en el mandato, también es aplicable a otras relaciones gestoras, particularmente a la comisión mercantil y al corretaje bursátil.

El turismo accesible es un fenómeno que implica grandes beneficios tanto económicos como sociales. La importancia reconocida de la accesibilidad también ha dado lugar al desarrollo de legislación en la materia. A pesar de estos beneficios y reconocimientos, todavía no se ha extendido absoluta y transversalmente, pues las personas con diversidad funcional siguen encontrando barreras en el viaje turístico. Teniendo en cuenta esta situación, el estudio tiene como objetivo identificar las resistencias e impulsos hacia el incremento de la accesibilidad en turismo. Para ello, se ha realizado un Análisis de Partes Interesadas (API) en torno al fenómeno del turismo accesible, tomando como estudio de caso el destino turístico conocido como la Costa Blanca. Conocer los factores y condiciones favorables al desarrollo del turismo accesible puede dar lugar a la creación de políticas públicas y empresariales dirigidas a potenciarlos. Asimismo, en el desarrollo de una planificación turística que tenga como objetivo incrementar la accesibilidad, es crucial conocer aquellos intereses o factores que puedan estar frenando el turismo accesible, pues de esta manera será posible evitarlos, e incluso reducirlos o eliminarlos. El API se desarrolla desde un enfoque cualitativo, contando con el testimonio/experiencia de las partes interesadas del turismo accesible. En primer lugar, a partir de la literatura se han identificado los principales grupos de interés del turismo accesible: empresas turísticas y administración pública como “oferta”, y asociaciones de diversidad funcional y turistas con discapacidad como “demanda”. El grupo que en este estudio se ha denominado “oferta” sería el encargado de implementar la accesibilidad en su respectivo ámbito de actuación (infraestructura pública, hoteles, transporte, servicios, información, etc.), y la “demanda” son aquellos grupos que requieren de accesibilidad por diferentes motivos y potencialmente pueden ejercer presión hacia la “oferta”. Teniendo en cuenta la heterogeneidad que existe dentro de estos grupos, se han identificado subgrupos de interés. El análisis se desarrolla de acuerdo con las dimensiones del API: posición, conocimiento, intereses, alianzas, recursos, poder y liderazgo. A través del discurso, se han detectado para cada una de las partes el posicionamiento, los intereses favorables o contrarios y el conocimiento, así como se ha definido y analizado en profundidad el sistema de relaciones de alianzas y conflictos que tienen un papel relevante en el desarrollo del turismo accesible. En primer lugar, se han realizado un análisis individualizado de cada parte interesada y sus correspondientes subgrupos (bajo las dimensiones posicionamiento, interés y conocimiento) y, en segundo lugar, un análisis de relaciones entre grupos (alianzas, recursos, poder y liderazgo). Este último análisis está acompañado de una matriz de interacciones donde se reflejan las relaciones de alianzas (formales o tácitas) y conflictos (abiertos y latentes) entre cada uno de los grupos y subgrupos. A partir de este API, se ha realizado una síntesis de los impulsos y frenos detectados, es decir, aquellos factores que promueven o dificultan el desarrollo del turismo accesible en los destinos turísticos. En los impulsos se ven reflejados los intereses favorables, el alto conocimiento en la materia, las acciones de liderazgo y las relaciones de alianzas por el turismo accesible. Asimismo, algunos conflictos tienen un papel importante en el avance de la accesibilidad, por ejemplo, las reivindicaciones de las asociaciones de diversidad funcional a la administración pública, las quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad a las empresas turísticas o, incluso, entre empresas especializadas en turismo accesible y otras contrarias a la accesibilidad o a trabajar con colectivos con diversidad funcional. En el lado de los frenos, tienen influencia los intereses desfavorables, la falta de conocimiento sobre el fenómeno, así como las relaciones de alianzas y conflictos que impiden el desarrollo del turismo accesible. Este análisis se nutre de la información proporcionada por participantes que forman parte de los grupos de interés identificados a través de entrevistas en profundidad semiestructuradas. En total, han participado 83 personas, de las cuales 57 pertenecen a la oferta y 26 a la demanda. El número de entrevistas se determinó a través de saturación discursiva, la cual fue más difícil de alcanzar para el grupo de empresas turísticas (38), por la variedad de posicionamientos e intereses hallados. Se han encontrado empresas turísticas con un alto interés en el desarrollo de la accesibilidad debido a su alta especialización en la materia, así como empresas que, con un posicionamiento “neutral” y teniendo alto conocimiento sobre accesibilidad, en su argumentación reconocen tanto beneficios como desventajas. Por último, se encuentran las empresas con posicionamiento “en contra” al no haber apostado (ni expectativa de hacerlo) por la accesibilidad. Las administraciones públicas, por lo general, tienen un posicionamiento favorable a la accesibilidad por el interés de dar un buen servicio al ciudadano y al turista. Tratan de ser neutrales atendiendo las demandas e intereses de todas las partes interesadas (ciudadanos, asociaciones de diversidad funcional, empresas turísticas y asociaciones empresariales) a través de herramientas de participación ciudadana y consultas. Cuando existen intereses contrapuestos entre los diferentes grupos de interés, se trata de que exista imparcialidad en las leyes y actuaciones desde la administración. Por su parte, tanto los turistas que han viajado con asociaciones de diversidad funcional como de forma particular tienen intereses comunes hacia la accesibilidad, no sólo porque les posibilita viajar, sino también obtener una serie de beneficios personales en su vida diaria a través del viaje turístico. Las asociaciones ofrecen oportunidades para el desarrollo del viaje accesible y muchos/as entrevistados/as afirman que, si no fueran por ellas, no tendrían la posibilidad de salir de vacaciones. Sin embargo, también se ha detectado rechazo hacia el modelo de viaje con asociación y frenos a la accesibilidad desde el grupo de la “demanda”. Existen diversidad de relaciones formales y tácitas entre las partes interesadas por el desarrollo del turismo accesible dentro de un “clima favorable”. A pesar de ello, también se han dado casos de no colaboración y de conflictos entre grupos que suponen un freno a la accesibilidad. Entre los impulsos, se destacan: 1) La presión por la accesibilidad desde las empresas especializadas en turismo accesible y turoperadores, a través de inspecciones y promoción de la accesibilidad por su interés en disponer de proveedores accesibles. 2) La presión de la administración pública supralocal a través de legislación, la cual cuenta con la participación de asociaciones afectadas por ésta (de diversidad funcional y empresariales). 3) La existencia de recursos formativos promovidos por la administración pública o empresas en colaboración con las asociaciones de diversidad funcional como seminarios, guías, cursos, etc., siendo las asociaciones empresariales una fuente de información sobre aspectos normativos/legislativos. 4) La existencia en la provincia de Alicante de un contingente muy significativo de población jubilada extranjera. 5) El desarrollo de estrategias dirigidas a mitigar costes de accesibilidad como el aprovechamiento de las reformas estéticas y la difusión de estas fórmulas entre las empresas. 6) Movilización de los turistas con discapacidad utilizando los medios de comunicación disponibles (reclamaciones a entidades públicas o privadas, comentarios en redes sociales o páginas web, comunicación directa con la empresa/administración pública, herramientas de participación ciudadana, etc.) cuando no se cumplen sus expectativas de accesibilidad. El llamado en esta tesis “efecto contagio de la accesibilidad turística” es un factor que favorece esta movilización social. 7) Los reconocimientos públicos en donde la accesibilidad está implicada, como los sellos de calidad, DTI, premios o aparición en guías de referencia turística. Estos reconocimientos conllevan una serie de beneficios para la institución/empresa que desembocan en un impulso a la accesibilidad. Estos beneficios son: mejora de la imagen corporativa, promoción, planificación por objetivos, mejora de la calidad del servicio, mejora de la comunicación y la colaboración público-privada e interdepartamental, diferenciación, diversificación y aumento de ingresos. Los sellos de calidad (los que llevan incorporada la accesibilidad) y las estrategias DTI también permiten el acceso a determinadas subvenciones, fomentan el desarrollo de planes de accesibilidad que se llegarán a ejecutar y la creación de convenios entre empresas, administración pública y asociaciones de personas con discapacidad. Por su parte, los frenos más relevantes son: 1) Conformidad con la normativa de la oferta, generalmente, por carencia de conocimiento sobre accesibilidad). 2) Costes económicos, espaciales y de recursos humanos. 3) La falta de estudios de mercado sobre el turista con discapacidad. 4) Rechazo de empresas y clientes a grupos de personas con diversidad funcional. 5) Imperfección de la legislación de accesibilidad que origina errores en su ejecución. 6) Disparidades de la normativa de accesibilidad entre comunidades autónomas, los cuales dan lugar a dificultades en la planificación de un viaje accesible. 7) Concepción del diseño accesible como no-atractivo para el público general en los ámbitos de habitaciones, aseos, información/publicidad y página web. 8) Desde la demanda se han detectado frenos como la incompatibilidad de formas de accesibilidad (pues realmente no constituirían espacios universales) o la normalización de los espacios no accesibles, lo que disminuye la presión de la demanda sobre la oferta para promover el turismo accesible. 9) Para la oferta es muy importante el activismo tanto asociativo como individual de las personas con discapacidad, pues así, serían capaces de conocer mejor al cliente con necesidades especiales y actuarían bajo demanda. Consideran que el sector de la demanda debería denunciar, demandar, quejarse y sugerir mucho más para crear conciencia en la oferta. En este activismo, se ha coincidido ampliamente en el mayor poder de presión de las asociaciones de diversidad funcional, consolidado por las alianzas de aquellas organizaciones/federaciones de ámbito estatal o autonómico con la administración pública. Estas asociaciones se convierten en órganos de consulta sobre accesibilidad y en ningún caso la oferta duda de su criterio. No sólo para testar la accesibilidad de los lugares, sino también para innovar en materia de accesibilidad. Finalmente, se han identificado una serie de implicaciones y recomendaciones prácticas a partir de los resultados. Estas recomendaciones van dirigidas a detectar las posibilidades existentes para potenciar los impulsos y mitigar los frenos al turismo accesible. En concreto, son estrategias dirigidas a mejorar la experiencia de los turistas con diversidad funcional; conociendo el papel de las asociaciones de discapacidad en salvaguardar los problemas de accesibilidad en turismo, cómo éstas pueden mejorar su viaje inclusivo; a conocer cómo el diseño universal puede avanzar en usabilidad y atractivo; a potenciar los casos de éxito de la Costa Blanca que pueden servir de referencia en otros destinos; a promover las acciones de liderazgo de cada una de las partes interesadas y qué recursos pueden utilizar para defender sus intereses por la accesibilidad; y a dar respuesta a cómo superar los frenos a la accesibilidad.

Por medio del presente informe se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de amparo interpuesta por ICATOM S.A.1, asimismo, se precisarán los actos procesales acaecidos en las instancias judiciales, a fin de analizar la materia controvertida y el sentido del fallo al que arribó el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 04532-2013-PA/TC, a la luz de la jurisprudencia y doctrina vinculadas al derecho al plazo razonable en el procedimiento contencioso tributario. / Trabajo de suficiencia profesional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación es revisar las discusiones y planteamientos que han surgido, principalmente en doctrina, respecto a la tutela procesal de los intereses supraindividuales, a través de las llamadas acciones colectivas. Para el logro de este objetivo se analiza la perspectiva, postura y aportes que otorgan diversos autores, chilenos como extranjeros, al tratamiento de esta problemática, que es relativamente nueva en nuestro país. En la primera parte se exponen conceptualizaciones de los intereses supraindividuales, principalmente identificando y delimitando los escenarios en que actúan, su caracterización como tales, sus clasificaciones, su naturaleza jurídica y la repercusión que originan en la concepción de categorías clásicas de Derecho Civil y Derecho Procesal. La segunda parte se dedica a discurrir en torno a las acciones colectivas, propiamente tal. Así, se hace un recorrido por algunos conceptos básicos de la ciencia procesal, como son la acción, la capacidad procesal y la legitimación activa; con el objeto de determinar de qué manera dichas figuras se adaptan en los procesos de incidencia grupal. Además, se hace mención a conceptos propios de este tipo de procesos, como es la noción de representatividad adecuada. La tercera parte analiza la eficacia que produce la sentencia que se pronuncia en el marco de las acciones colectivas. Al efecto, primero se hace una revisión del concepto de cosa juzgada, para luego señalar y analizar desde una perspectiva crítica las posiciones que han surgido respecto a cómo opera esta institución en los procesos que nos ocupan. Finalmente, la cuarta parte se encarga de hacer una breve reseña de ciertas acciones colectivas que se contemplan en legislaciones comparadas y en el ordenamiento jurídico chileno. Se pone mayor énfasis en las class actions norteamericanas y en el procedimiento para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, contemplado en la Ley N° 19.496. También se hace mención a cómo la Reforma Procesal Civil hace frente a esta materia.