El problema principal del caso se centra en determinar si la Municipalidad ha infringido el principio de subsidiariedad al llevar a cabo actividades empresariales sin cumplir con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución. En caso de confirmarse la infracción, se debe decidir la multa y/o medida correctiva correspondiente. Los problemas secundarios abordados incluyen el análisis del acto de competencia desleal por violación de normas en la modalidad de realización de actividad empresarial sin cumplir lo dispuesto en la Constitución, los criterios para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de los parámetros para graduar de sanción. Los principales instrumentos normativos empleados en el análisis son el Artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044, que tipifica la violación de normas en la modalidad de actividad empresarial sin cumplir lo dispuesto en la Constitución, y los Artículos 52 y 53 que establecen los parámetros y criterios para la imposición de sanciones. En cuanto a las conclusiones más relevantes, se destaca la necesidad de una mejor argumentación y motivación respecto al análisis de si efectivamente estamos ante una actividad empresarial del Estado habilitada por ley expresa. Así mismo, para determinar el monto de la sanción, proponemos una calificación directa de “Muy grave” considerado cada caso de actividad empresarial del Estado sin respetar la subsidiariedad, como tal. Esta propuesta busca garantizar la proporcionalidad y objetividad en el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta el impacto tanto microeconómico como macroeconómico de las resoluciones en el mercado. / The main issue in this case is determining whether the Municipality has violated the principle of subsidiarity by engaging in business activities without adhering to Article 60 of the Constitution. If the violation is confirmed, the appropriate fine and/or corrective measure must be decided. Secondary issues addressed include the analysis of the act of unfair competition by breaching norms through conducting business activities without complying with the Constitution, the criteria for determining the severity of the violation, and the application of parameters for sanction gradation. The primary legal instruments utilized in the analysis are Article 14.3 of Legislative Decree 1044, which typifies the breach of norms in the modality of business activities without adhering to the Constitution, and Articles 52 and 53, which establish the parameters and criteria for imposing sanctions. Among the most relevant conclusions, the need for better argumentation and reasoning regarding whether we are indeed dealing with a state business activity authorized by express law is highlighted. Furthermore, to determine the sanction amount, we propose a direct classification of "Very Serious" for each case of state business activity that does not respect the subsidiarity principle. This proposal aims to ensure proportionality and objectivity in the exercise of sanctioning authority, considering both the microeconomic and macroeconomic impacts of resolutions on the market.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 3285-2023/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la cual resolvió en segunda instancia la denuncia presentada por el Sr. Richard Napoleón Ocares Rafael en contra de la empresa hotelera Blue Marlin Beach Club S.A. por la presunta infracción contra el deber de idoneidad, información y seguridad durante la estadía del consumidor en las instalaciones del hotel. En ese sentido, en la presente Resolución el Tribunal declaró fundada dos de las tres infracciones contra el deber de idoneidad presentadas por el denunciante. En segundo lugar, declaró infundado el extremo de la denuncia con respecto a la infracción al deber de información. En tercer lugar, declaró fundada sólo una de las dos infracciones contra el deber de seguridad presentadas por el denunciante. De ese modo, en el presente informe se demostrará que la Resolución de la Sala no fue la adecuada, debido a que Blue Marlin debió ser considerado como responsable por haber cometido las infracciones al deber de idoneidad, información y seguridad en perjuicio del consumidor durante su estadía y bajo todos los extremos presentados por el denunciante. / The present legal report analyzes Resolution No. 3285-2023/SPC-INDECOPI issued by the Specialized Court on Consumer Protection, which resolved in second instance the complaint filed by Mr. Richard Napoleón Ocares Rafael against the hotel company Blue Marlin Beach Club S.A. for alleged breaches of duty of suitability, information, and safety duties during the consumer's stay at the hotel premises. In this regard, the Court in this Resolution found two out of three alleged breaches of the duty of suitability presented by the complainant to be founded. Secondly, it dismissed the complaint regarding the breach of the duty of information. Thirdly, it upheld only one out of two alleged breaches of the duty of safety presented by the complainant. Thus, this report will demonstrate that the Chamber's Resolution was not appropriate because Blue Marlin should have been held responsible for committing breaches of the duties of suitability, information, and safety duties to the detriment of the consumer during their stay and under all the aspects presented by the complainant.

María Benito solicitó a EsSalud la retirada del tratamiento médico de soporte vital al que estaba siendo sometida. Sin embargo, la negativa que recibió, argumentando que se trataba de una solicitud de eutanasia, infringió su derecho a la salud y su derecho a la libertad individual, en su aspecto de integridad personal, entre otros derechos relacionados. La particularidad y relevancia de este caso radican en entender que la solicitud de María no es una eutanasia, sino un rechazo al tratamiento médico, lo cual está amparado por las normativas vigentes. En este contexto, la Resolución N°9 del Expediente 04988-2023-0-1801-JR-DC- 11 de la Tercera Sala Constitucional, que declara fundada la demanda de María Benito para rechazar su tratamiento médico, reconoce la autonomía de la paciente. La Ley General de Salud en Perú y el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú juegan un papel crucial en la resolución de la Sala. Por último, dentro de la resolución, hay elementos que suscitan discusión, como la conversión que la sala llevó a cabo del proceso de habeas corpus, inicialmente presentado, a un proceso de amparo. En el informe, se concluye principalmente que la negativa de EsSalud vulneró el derecho a la salud de María, la salud, a la libertad individual en su contenido de integridad personal de manera concurrente y conexa con los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a una muerte en condiciones dignas. / María Benito requested EsSalud to withdraw the life-support medical treatment she was undergoing. However, the refusal she received, arguing that it was a request for euthanasia, violated her right to health and her right to individual freedom, in its aspect of personal integrity, among other related rights. The particularity and relevance of this case lie in understanding that María’s request is not euthanasia, but a rejection of medical treatment, which is protected by current regulations. In this context, Resolution N°9 of File 04988-2023-0-1801-JR-DC-11 of the Third Constitutional Chamber, which declares María Benito’s lawsuit to reject her medical treatment founded, recognizes the patient’s autonomy. The General Health Law in Peru and the Code of Ethics and Deontology of the Medical College of Peru play a crucial role in the resolution of the Chamber. Finally, within the resolution, there are elements that provoke discussion, such as the conversion that the chamber carried out from the process of habeas corpus, initially presented, to a process of protection. In the report, it is mainly concluded that EsSalud’s refusal violated María’s right to health, health, to individual freedom in its content of personal integrity concurrently and connected with the rights to human dignity, to the free development of personality and to a death in dignified conditions.

El artículo 384° del Código Penal peruano, que tipifica el delito de colusión, continúa siendo objeto de controversia debido a la falta de consenso en la interpretación de los elementos del tipo que lo conforman. La Casación N° 542-2017, Lambayeque, evidencia esta problemática a través de los votos discordantes de los magistrados, lo cual impacta directamente en la resolución del caso. Este fallo ha suscitado tres cuestiones jurídicas fundamentales: la identificación del bien jurídico protegido, la exigencia de un menoscabo patrimonial efectivo en la modalidad agravada, y la naturaleza autónoma o derivada de las formas simple y agravada del delito. Tras un análisis exhaustivo de la doctrina nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, se concluye que el delito de colusión tutela dos bienes jurídicos específicos: por un lado, la distribución eficaz de los fondos públicos, fundamentada en los principios de imparcialidad y transparencia, y por otro, la preservación del erario estatal. Adicionalmente, se deduce que, para la configuración de la modalidad agravada de colusión, es imperativo que se produzca un perjuicio económico tangible para el Estado. Finalmente, se determina que la relación entre las modalidades simple y agravada es de tipo base a derivado, descartando la caracterización del delito de colusión como un ilícito conspirativo o de tendencia interna trascendente, por no ajustarse a los elementos objetivos que conforman el tipo penal. / Article 384° of the Peruvian Criminal Code, which typifies the crime of collusion, continues to be subject to controversy due to the lack of consensus in the interpretation of the elements of the type that comprise it. Cassation No. 542-2017, Lambayeque, evidences this problem through the discordant votes of the judges, which directly impacts the resolution of the case. This ruling has raised three fundamental legal issues: the identification of the protected legal right, the requirement of an effective patrimonial impairment in the aggravated modality, and the autonomous or derived nature of the simple and aggravated forms of the crime. After an exhaustive analysis of the national doctrine and the jurisprudence of the Supreme Court, it is concluded that the crime of collusion protects two specific legal interests: on the one hand, the effective distribution of public funds, based on the principles of impartiality and transparency, and on the other hand, the preservation of the state treasury. Additionally, it is deduced that, for the configuration of the aggravated form of collusion, it is imperative that there is a tangible economic damage to the State. Finally, it is determined that the relationship between the simple and aggravated modalities is from base type to derivative, discarding the characterization of the crime of collusion as a conspiratorial crime or of transcendent internal tendency, since it does not adjust to the objective elements that make up the criminal type.

La resolución materia de estudio es la Resolución N° 10 del Expediente No 00382-2019-0-1817-SP-CO-01. El cuestionamiento a dicha Resolución es por un defecto en la debida motivación que transgrede el reconocimiento de la debida motivación como derecho y garantía constitucional en la Constitución Política del Perú. Es así como es posible examinar tanto la justificación interna como externa de la decisión judicial y los vicios en la motivación. El defecto de la Resolución es la motivación aparente porque la decisión no cumple con justificar el proceso para llegar a su decisión, sino por el contrario realiza meras referencias al Laudo Arbitral sin pronunciarse sobre los argumentos de las partes en la demanda de anulación de laudo. Asimismo, el laudo objeto de cuestionamiento presenta cuestiones respecto al concepto y procedimiento de recepción de obra que ameritan un desarrollo de análisis, conforme la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento vigentes al momento de celebrar el Contrato (Ley No. 26850 y Decreto Supremo Nº 084-2004). Al respecto se desarrolla sobre la posibilidad de modificar por acuerdo el procedimiento de recepción de obra, la entrega física como cumplimiento de procedimiento de recepción de obra y sobre la relevancia de las observaciones en el procedimiento de recepción de obra. En conclusión, el presente trabajo plantea un análisis sobre aspectos fundamentales relacionados con el derecho a una debida motivación, al mismo tiempo que se plantea una reflexión crítica en torno al proceso establecido para la recepción de obras según lo estipulado en la Ley de Contrataciones. Las cuestiones que se abordan en este estudio resultan de suma importancia, ya que se trata de garantizar el derecho a la debida motivación y que las decisiones en el contexto de la contratación y recepción de obras estén debidamente fundamentadas y basadas en criterios razonables. Esta reflexión invita a replantear y analizar críticamente los mecanismos y normativas existentes, con el objetivo de fortalecer los derechos y garantías de las partes involucradas en los contratos de obra y fomentar la calidad y cumplimiento de los proyectos en beneficio de la sociedad en su conjunto. / The resolution under study deals with Resolution No. 10 of File No Exp. 00382 2019-0-1817-SP-CO-01. The challenge to say Resolution is due to a defect in the due motivation that transgresses the recognition of the due motivation as a constitutional right and guarantee in the Political Constitution of Peru. Thus, it is possible to examine both the internal and external justification of the arbitration decision and the defects in the motivation. The defect of the Resolution is the apparent motivation because the decision does not comply with justifying the process to reach its decision, but on the contrary, it makes mere references to the Arbitral Award without pronouncing on the arguments of the parties in the claim for annulment of the award. Likewise, the award in question raises issues regarding the concept and procedure for the reception of the work that merit a further analysis, in accordance with the Law on State Contracting and its Regulations in force at the time of the execution of the Contract (Law No. 26850 and Supreme Decree No. 084-2004). In this regard, the possibility of modifying the work acceptance procedure by agreement, the physical delivery as compliance with the work acceptance procedure and the relevance of the observations in the work acceptance procedure are developed. In conclusion, this paper presents an analysis of fundamental aspects related to the right to due motivation, and at the same time, a critical reflection on the process established for the reception of works as stipulated in the Law on State Contracting. The issues addressed in this study are of the utmost importance, since the aim is to guarantee the right to due motivation and that decisions in the context of contracting and receiving works are duly grounded and based on reasonable criteria. This reflection invites to rethink and critically analyze the existing mechanisms and regulations, with the aim of strengthening the rights and guarantees of the parties involved in works contracts and to promote the quality and compliance of projects for the benefit of society as a whole.

El presente caso se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck contra la resolución de fecha 13 de septiembre de 2010, donde el Colegiado analiza si se han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad ante la ley, de propiedad y a contratar con fines lícitos. Pese a que, dos de los tres procesos ordinarios que originaron el proceso de amparo, ya estaban en etapa de ejecución, el Tribunal Constitucional decide resolver declarado fundada en parte la demanda de amparo, al demostrarse que los pagarés no fueron completados según lo pactado y, además, declaro nulas las resoluciones que estimaron fundadas las demandas interpuestas por el Banco de Comercio. A partir de ello, surgen diferentes interrogantes. En primer lugar, la potestad del Tribunal Constitucional para revisar todo el proceso ordinario, no solo del proceso de amparo, sino de los juicios civiles, sin ningún tipo de cautela al perjudicar al Banco de Comercio que ya contaba con dos sentencias firmes a su favor. En segundo lugar, cómo se podría delimitar el grado de intervención del Tribunal cuando revisa resoluciones judiciales ordinarias. En tercer lugar, si en este caso, el Tribunal Constitucional observó y aplicó dichos límites. Debido a ello, en el presente informe se buscará dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, con el objetivo de entender cómo el Tribunal Constitucional debe revisar los procesos judiciales ordinarios en los procesos de amparo. / The present case is about a ruling by the Constitutional Court that resolves the appeal for constitutional grievance filed by Mr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck against the resolution dated September 13, 2010, where the Court analyzes whether fundamental rights are respected due to process, equality before the law, property and contracting for lawful purposes. Although two of the three ordinary processes that gave rise to the amparo process were already in the execution stage, the Constitutional Court decided to declare the amparo claim partially founded, having proven that the promissory notes were not executed as agreed. and, furthermore, I declare void the resolutions that considered the claims filed by the Banco de Comercio to be founded. From this, different questions arise. Firstly, the power of the Constitutional Court to review the entire ordinary process, not only the protection process, but also the civil processes, without any type of caution to the detriment of the Banco de Comercio, which already had two final rulings. . favor. . Secondly, how could the degree of intervention of the Constitutional Court be delimited when reviewing ordinary judicial resolutions? Thirdly, whether in the present case the Constitutional Court respected and applied said limits. Therefore, this report will seek to answer the questions previously raised, with the aim of understanding how the Constitutional Court should review ordinary judicial processes in amparo proceedings.

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer un análisis de la Resolución de Sala Plena No. 001-2024-SUNAFIL/TFL recaído en el expediente No. 601-2021- SUNAFIL/IRE-AQP que aborda la denuncia presentada por las empleadas sindicalizadas contra Fábrica de Chocolates La Ibérica S.A. Se propone analizar cómo se aplica el principio de exceso de punición considerando criterios de razonabilidad y proporcionalidad como función discrecional de la administración de trabajo para determinar la sanción de una infracción muy grave (Art. 25.14 LRCT). Adicionalmente, se estudia cómo esta función administrativa e inspectiva de SUNAFIL puede complementarse con el rol de las organizaciones sindicales para intervenir de manera más célere y eficaz ante un comportamiento infractor por parte del empleador. / The case offers an analysis of the Plenary Chamber Resolution No. 001-2024- SUNAFIL/TFL issued in file No. 601-2021-SUNAFIL/IRE-AQP for the complaint filed by the unionized workers against the company “La Ibérica Chocolate Factory S.A.” In this sense, it is proposed to analyze how the principle of excessive punishment is applied, considering criteria of reasonableness and proportionality as a discretionary function of the labor administration to determine the sanctions for a very serious infringement (Art. 25.14 LRCT). Additionally, it explores how this administrative and inspection function of SUNAFIL can be complemented by the role of labor unions to intervene more quickly and effectively in cases of employer misconduct.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Resolución N° 2540- 2023/SPC-INDECOPI: Milagros Bertha Sánchez Pérez contra Cencosud Retail Perú S.A. A través de esta resolución, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi decidió responsabilizar a dicho proveedor por infracción al deber de idoneidad y al deber general de seguridad, los cuales se encuentran previstos en los artículos 18°, 19° y 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello tras haberse determinado que el proveedor efectuó un cobro indebido a la consumidora por un servicio de delivery que se habría ofrecido como gratuito y expuso la salud de la misma a un riesgo tras haber permitido que una cajera, que tosía y estornudaba, le atendiese en el marco de la pandemia del COVID- 19. Por su parte, en este pronunciamiento, la Sala confirmó no hallar responsable a dicho proveedor, por infracción al deber de idoneidad, por la supuesta entrega de un pedido con productos faltantes y abiertos. En ese sentido, el análisis se centrará en analizar y determinar si existió responsabilidad del proveedor, por infracción al deber de idoneidad y al deber general de seguridad, por los 3 hechos previamente señalados. Para ello, será necesario delimitar los alcances de ambos deberes a la luz de la normativa de protección al consumidor, jurisprudencia y doctrina relevante. Además, resultará importante recurrir a los alegatos presentados por las partes, a los medios probatorios disponibles, y a los argumentos utilizados por la Comisión y la Sala para la solución del caso. / The purpose of this paper is to analyze Resolution N° 2540-2023/SPCINDECOPI: Milagros Bertha Sánchez Pérez vs. Cencosud Retail Perú S.A. By means of this resolution, the Specialized Chamber on Consumer Protection of Indecopi decided to hold the said supplier liable for infringement of the duty of suitability and the general duty of safety, which are provided for in articles 18, 19 and 25 of the Code of Consumer Protection and Defense. This after having determined that the supplier made an undue charge to the consumer for a delivery service that had been offered as free of charge and exposed her health to risk after having allowed a cashier, who was coughing and sneezing, to attend her in the context of the COVID-19 pandemic. In this pronouncement, the Chamber confirmed that it did not find the supplier liable for breach of the duty of suitability for the alleged delivery of an order with missing and opened products. In this sense, the analysis will focus on analyzing and determining whether the supplier was liable for breach of the duty of suitability and the general duty of safety, for the 3 facts previously mentioned. For this purpose, it will be necessary to delimit the scope of both duties in the light of consumer protection regulations, case law and relevant doctrine. In addition, it will be important to resort to the arguments presented by the parties, the available evidence, and the arguments used by the Commission and the Chamber to resolve the case.

El presente Informe Jurídico tiene como finalidad analizar la Resolución N° 0067- 2022/SDC-INDECOPI, cuya controversia versa sobre la denuncia formulada por el señor Roberto Esteban Delgado Casanave, contra la empresa Diseños Casanave International LLC sobre la infracción de los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, a través de páginas web en donde el denunciado transmitió la siguiente información: tener un acuerdo de asociación con FAME S.A.C., que su oferta comercial consistía en armamento de guerra y no civil y que su tipo societario era una Sociedad Anónima. El análisis presenta una posición contraria a la asumida por la Sala y concluye que sí hubo actos de engaño sobre las tres afirmaciones. Asimismo, del análisis de la Resolución se ha advertido que conforme a los hechos del caso también se produjo actos de confusión directa que no fueron advertidos por el órgano resolutivo. Finalmente, el análisis incluye que la Resolución debió advertir los principios de informalismo, verdad material y primacía de la realidad, generando un decidendo distinto, acorde al correcto funcionamiento del mercado y respetando la libre iniciativa privada en un contexto de economía social de mercado. / The purpose of this report is to analyze the Resolution N° 0067-2022/SDCINDECOPI, whose controversy concerns the complaint made by Mr. Roberto Esteban Delgado Casanave against Diseños Casanave International LLC for committing acts of unfair competition in the form of acts of deception, through websites where the defendant conveyed the following information: having an association agreement with FAME S.A.C., that its commercial offer consisted of warfare and not civilian armament, and that its corporate type was a Sociedad Anónima. The analysis takes a stance contrary to that assumed by the Chamber and concludes that there were indeed acts of deception regarding the three statements. Furthermore, the analysis of the Resolution has revealed that direct acts of confusion also occurred according to the facts of the case. Finally, the analysis includes that the Resolution should have considered the principles of informalism, material truth, and primacy of reality, resulting in a different decision, in line with the proper functioning of the market and respecting free private initiative within a social market economy context.

El presente Informe de Relevancia Jurídica tiene como propósito examinar el análisis realizado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado en la Sentencia de vista del Expediente Judicial N.º 12880-2019. Este análisis se centra en la interpretación y aplicación del Artículo 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de determinar si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tenía la facultad de establecer parámetros para una medida correctiva en relación con dicho artículo. La controversia surge a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Molitalia S.A. El informe desarrolló un análisis de las decisiones tomadas en primera y segunda instancia administrativa, identificando los problemas jurídicos planteados. Para ello, se examinó si el Artículo 37° es de aplicación directa por sí mismo. A continuación, se evaluó si la Sala de Indecopi infringió el principio de legalidad al establecer parámetros específicos en la medida correctiva impuesta en la instancia administrativa. Finalmente, se abordó la cuestión de si se vulneró el derecho a la información de los consumidores al revocar la medida correctiva contra Molitalia S.A. Finalmente, se concluye que el Artículo 37° es autoaplicativo, exigiendo el etiquetado de alimentos genéticamente modificados desde su implementación. La revocación parcial de medidas contra Molitalia S.A. compromete la transparencia y el derecho de información. / This report of legal relevance aims to address the analysis of the fifth chamber specialized in administrative litigation with market speciality (hereinafter, the chamber) resolved in the hearing judgment issued in court file no. 12880-2019, which deals mainly with the regulations of article 37 of the consumer protection and defense code (hereinafter, the consumer code), In order to determine whether the instituto nacional DE defensa DE la competencia y DE la proteccion DE la propiedad intelectual (indecopi) was entitled to develop parameters for a corrective measure in the light of that article, which is based on the complaint filed by the Peruvian association of consumers and users (hereinafter, contested) against Molitalia s.a. Identifying existing legal problems. For this purpose, it will be analyzed whether article 37e of the consumer code is a self-applicable rule. Next, to determine whether the indecopi board infringed the principle of legality by developing parameters in the corrective measure imposed in the administrative proceeding. Finally, whether the consumers' right to information was infringed when the corrective measure against molitalia s.a. was revoked.