Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria de prueba se realizó en base al material proporcionado por el Colegio de Abogados de Chile A. G. al Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en virtud de un convenio entre ambas instituciones y consiste en el extracto de los fallos dictado por el Consejo General del Colegio, conociendo y resolviendo de las reclamaciones de carácter ético que se interpusieron en contra de los abogados colegiados, durante el período comprendido entre los años 1999 y 2008, extractándose un total de 273 fallos. En su redacción se han seguido los estándares formales fijados por el Departamento para su proyecto denominado “Población de una Base de Datos Jurisprudencial”, consistente en la recopilación y sistematización de las sentencias emanadas de nuestros más altos tribunales. En el caso particular de esta memoria, ella ha sido efectuada con la finalidad de proveer al Colegio de Abogados de Chile A. G., de un respaldo electrónico de su actividad específica en cuanto a conocer y resolver las cuestiones éticas que han sido promovidas en contra de sus colegiados en el ejercicio de la profesión. En cuanto a la división del trabajo, en primer lugar se hará una breve síntesis de la historia de los Colegios Profesionales en Chile, su rol y la normativa que los rige; del mismo modo se hará una referencia al proyecto de ley “Sobre Colegios Profesionales” que fuera ingresado a tramitación en junio de este año, el cual trae consigo sustanciales modificaciones en relación a la normativa vigente sobre la materia. Enseguida, se expondrá acerca del comportamiento del Colegio de Abogados, como agente de control de la actuación de los abogados, previo análisis, en general, de la normativa aplicable al ejercicio de la abogacía. La descripción de dicha actividad por parte del Colegio se hará también mediante las respectivas síntesis estadísticas a partir de los propios fallos extractados, de acuerdo a factores tales como: número de causas falladas por año, distinguiéndose entre rechazadas, desistidas y acogidas; la sanción aplicada; los artículos del Código de Ética Profesional usados en la fundamentación de los fallos, y las materias o ámbitos del quehacer profesional en que han tenido incidencia las reclamaciones éticas. Finalmente tiene lugar el extracto de los fallos, en forma de anexo, los que serán expuestos por orden cronológico desde 1999 a 2008, reservándose en un apéndice los fallos cuyo aporte doctrinario se ha considerado escaso o nulo, de acuerdo a la finalidad perseguida en este trabajo. Respecto a la normativa legal vigente, en general, el tratamiento de las referencias personales de los involucrados en los casos y fallos extractados se sujeta a las disposiciones de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada (D.O. 28.08.1999)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objeto investigar y sistematizar los argumentos que han dado nuestros Tribunales Superiores de Justicia para justificar los montos otorgados como indemnización por el daño moral derivado de perjuicios corporales. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizó un método cuantitativo consistente en la recolección de datos relevantes a partir de fallos seleccionados para este trabajo, para luego pasar a una etapa de análisis lógico-jurídico que, finalmente, permitió agrupar y describir los criterios argumentativos jurisprudenciales utilizados. Como resultado de la investigación, se encontraron lineamientos jurisprudenciales claros y se pudo establecer que existen líneas argumentativas mucho más usadas que otras, sin perjuicio de que no se encontró uniformidad en cuanto a la justificación de los montos por este tipo de indemnizaciones, y en este último punto se centra una de las principales conclusiones de esta investigación, la que consiste en que los jueces no justifican jurídicamente las sumas que otorgan por como indemnización por daño moral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el ámbito del Derecho Laboral la Constitución ha encargado a la ley la regulación de las relaciones laborales, limitando así la autonomía de la voluntad entre contratantes, pero ha establecido un marco básico que consagra: la Libertad de trabajo y su protección; el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución; y la prohibición de cualquier discriminación en materia laboral. Además. consagra los derechos relativos a la actividad sindical. Entre estos derechos se ha amparado con el Recurso de Protección a la Libre Elección del trabajo y la Libertad de Contratación los que serán el objeto de este análisis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Población de una base de datos jurisprudencial a base de boletines oficiales de la Dirección del Trabajo.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo es dar a conocer un conjunto de jurisprudencia en que la Iglesia Católica fue parte en el siglo XX. Son casos ante la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, analizados según hechos, doctrina y argumentos jurídicos. Se estimó necesario, para apreciar los casos en su contexto histórico, tratar las relaciones entre la Iglesia y el Estado bajo las tres Constituciones que formaron el marco jurídico chileno en el siglo que pasó.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a ejercer una defensa legítima despierta el más profundo interés incluso en personas que no están ligadas de modo alguno con el sistema jurídico. No resulta poco habitual que, en reiteradas ocasiones, quienes estamos relacionados de una u otra manera al estudio del derecho hayamos sido interrogados por nuestros cercanos acerca de los límites de esta causal de justificación. “Si estoy siendo víctima de un robo, ¿puedo herir al asaltante?”, “¿puedo incluso quitarle la vida si es necesario?”, “¿es lo mismo si está dentro de mi hogar?”, son los comunes cuestionamientos que nos han realizado en repetidas oportunidades. Ya expresaba esta cercanía con el derecho en comento un proyecto de ley del parlamento alemán del año 1962, manifestando que la legítima defensa es para el particular un “(…) derecho protector duro y enraizado en la convicción jurídica del pueblo”.Note1. En primer lugar, se ha sostenido que la legítima defensa se justifica en el principio de protección individual de bienes jurídicos. Según esta posición, la legítima defensa se presenta como la manera a través de la cual el Estado, ante la imposibilidad de conjurar el riesgo que constituye el comportamiento del agresor, propone una forma lícita de autoayuda en la que el mismo agredido puede velar por la intangibilidad de sus bienes jurídicos.Note2. De esta forma, la legítima defensa es concebida como una consecuencia necesaria del derecho que tiene el individuo de proteger sus intereses, derecho que coincide por una parte con su instinto de conservación y que responde por otra a la imposibilidad del Estado de proteger eficazmente todos aquellos bienes que merecen ser protegidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Así, el propósito del presente trabajo es revisar el estado actual del debate sobre el delito de apropiación indebida y, sobre todo, el bien jurídico protegido por éste.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia General de dicho organismo, nos 7-8 y 9-10, año 1969. Período: julio, agosto, septiembre y octubre de 1969. Total de fallos: 332.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Dirección del Trabajo publicados en el Boletín Oficial de dicho organismo nos. 130 noviembre 1999, 132 enero 2000, 133 febrero 2000, 134 marzo 2000, 135 abril 2000, 136 mayo 2000, 137 junio 2000 y 138 julio 2000. Total de documentos analizados: 307

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La enseñanza del Derecho Privado en el aula, comprende actualmente el estudio sistematizado de las instituciones que resultan esenciales para la formación de futuros abogados. A través de las lecciones presenciales impartidas por los profesores, los alumnos van adquiriendo los conocimientos teóricos que les permitirán desempeñarse en las diversas áreas donde éstos puedan ser aplicados. Gran parte de las actividades de los alumnos durante sus años de formación está destinada al aprendizaje y análisis de la doctrina jurídica del Derecho Civil, tanto mediante la explicación de sus profesores, como también de la lectura de las obras de los autores que han sistematizado estas instituciones. Sin embargo, muchas veces los alumnos tienen dificultades al momento de aprehender e internalizar estos conocimientos, las que son provocadas por la abstracción que el estudio teórico de las instituciones del Derecho Privado implica, puesto que cada una de ellas se trata desde un enfoque abstracto, dejando a veces de lado la adecuación casuística respecto del desenvolvimiento y aplicación de las mismas en la realidad diaria. Es decir, el aprendizaje de la teoría requiere de una adecuación a la vida real para que pueda ser completo. El estudio del Derecho Civil debe componerse tanto del estudio de la teoría como de la práctica.