Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el sector eléctrico para su desarrollo nacional ha sido la estabilidad jurídica necesaria para garantizar la operación pacífica y eficiente de grandes proyectos eléctricos. Entre las modificaciones legales que se establecieron se halla la creación de un órgano llamado “Panel de Expertos”, el cual ha revolucionado la solución de conflictos del sector, pasando de un sistema basado en los tribunales de justicia ordinarios, los órganos de la administración del Estado y las comisiones periciales. Así, se establece un mecanismo rápido y de alta calificación técnica para resolver las discrepancias surgidas en el sector. El presente trabajo comienza con el desarrollo del contexto histórico-legal dentro del cual fue creado el Panel de Expertos, para luego abocarse a estudiar la normativa orgánica del mismo, sus competencias y procedimiento.Luego de este análisis orgánico, nos dedicaremos a estudiar el Panel de Expertos en cuanto a su naturaleza jurídica, como órgano creado por la legislación e inmerso en un sistema constitucional del cual no puede abstraerse. Analizaremos las distintas problemáticas que esto ha ocasionado, incluidas las acciones constitucionales que se han presentado contra el mismo. Finalmente, se comentarán algunas críticas que se le han deslizado a la institución, particularmente en la discusión del proyecto de ley para establecer otro panel de expertos en otro sector de la economía

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta Memoria analizaremos dogmáticamente las disposiciones normativas que regulan la responsabilidad subsidiaria en materia laboral, centrándonos fundamentalmente en los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo. La metodología utilizada consistió en seleccionar conceptos clásicos de derecho laboral, para construir con ellos nuevos conceptos, que permitan interpretar de manera coherente y sistemática las normas que regulan la responsabilidad subsidiaria laboral, como parte de una modalidad especial de trabajo, a saber el trabajo prestado en régimen de subcontratación. Esta interpretación teórica nos sirve para orientar la argumentación y el razonamiento dentro de un discurso práctico, que permita justificar posiciones frente a casos concretos. Para el efecto antes señalado, hemos dividido nuestro trabajo en Diez Capítulos, cada uno de los cuales se divide a su vez en secciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La anterior legislación antimonopolio establecía un tipo abierto de conductas sancionadas que no estaban determinadas taxativamente, sino que se dejaba su definición a los organismos de defensa de la libre competencia caso a caso. En el Art. 2 del D.L. 211, se establecían a modo ejemplar una serie de conductas que son consideradas ilícitas. El sistema de sanción de conductas por medio de un tipo abierto, permite que la legislación se adapte a la evolución de la economía, evitando que se vuelva obsoleta. Esto último nos parece, en principio, una opción acertada, sin embargo, los ejemplos establecidos por la ley eran imprecisos y muchas veces incoherentes, por ello, no cumplían con su función de ilustrar a los organismos antimonopolio sobre cuáles eran las conductas que debían ser reprimidas. Así, por ejemplo, la letra b) del artículo 2º establecía como hecho ilícito “las que se refieran al transporte”. Esta imprecisión, a su vez, provocaba una incertidumbre jurídica en los particulares, a quienes la ley tampoco orientaba con definiciones ni parámetros que les permitieran prever si se encontraban o no en una situación anticompetitiva. Esto cobra especial gravedad si se considera la poca elaboración jurisprudencial en esta materia, ya que, como explicaremos más adelante, la composición y funcionamiento de las Comisiones Preventiva y Resolutiva no permitía una jurisprudencia uniforme y avanzada en materias de antimonopolio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Como el underwriting es un instrumento que opera dentro del mercado financiero, hemos juzgado conveniente referirnos en los capítulos siguientes a los dos grandes pilares de este mercado, como son la banca y el mercado de valores, los cuales están empeñados en un acelerado proceso de modernización e internacionalización que está produciendo una profunda interpenetración entre ellos, encontrándose radicada en este proceso revolucionario la emergencia del underwriting como un instrumento de decisiva importancia. A continuación, nos referiremos a los bancos de inversiones que son las entidades que desempeñan ordinariamente el papel de underwriters. En el capítulo subsiguiente, abordaremos los temas que guardan relación con el contrato de underwriting, tales como la definición de un contrato de esta índole, la legislación nacional que lo regula, los beneficios e inconvenientes que puede traer consigo su implementación, las características estructurales y funcionales de este tipo de contratos, su tipificación jurídica, las clases de contratos que se pueden suscribir, los agentes que actúan en su materialización y los títulos que les son compatibles. Finalmente, se desarrollará un capítulo de conclusiones y sugerencias, a fin de visualizar los obstáculos que presenta el país para el arraigamiento de la práctica del mecanismo del underwriting, esbozándose algunos lineamientos de política orientados a difundir la realización de este tipo de operaciones y acceder en forma rápida al ideal de un mercado de capitales plenamente desarrollado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación, hasta hace poco se traducía básicamente en un trabajo de análisis crítico sin resultado satisfactorio en la práctica, y ello debido a que como sabemos, este adquirió el carácter de delito recién a partir de la entrada en vigencia de la ley que le dio.su origen, Ley N° 19.077 de 28 de agosto de 1991, cuya historia será materia de estudio en el presente trabajo, cabe en todo señalar que siempre existieron normas aisladas que en cierto modo contemplaban ya la penalidad de actos de este tipo, aun cuando esto no era suficiente para hablar del “delito de obstrucción”, y ello sencillamente porque en derecho no lo era, además de dejar situaciones concretas sin penalidad. Hoy aparece contemplado como tal en el artículo 269 bis, el que analizaremos en su oportunidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Producto de los acontecimientos acaecidos en el plano mundial, ampliamente difundidos, se ha puesto en boga la utilización indiscriminada de la palabra terrorismo. Creemos que el concepto de terrorismo es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Ciencia del Derecho en la actualidad. Multiples han sido los esfuerzos por precisar una acepción que cumpla con todas las expectativas políticas, sociológicas y jurídicas, en atención a las diferentes formas materiales del terrorismo hoy en día. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo emblemático y trascendente, otorga una definición de lo que debe entenderse por terrorismo "aquellos actos contra la vida, integridad corporal, salud o libertad de las personas, de destrucción o interrupción de los servicios públicos o de destrucción o apropiación del patrimonio que verificamos sistemáticamente tiendan a provocar una situación de terror que altere la seguridad o el orden público con fines políticos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El énfasis del trabajo esta puesto en la situación y régimen jurídico de los trabajadores regidos por el Estatuto de Atención Primaria ley 19.378, destacando sus derechos y deberes, la importancia y significado de su carrera funcionaria y otros temas tales como las causales de terminación de su relación laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La Ley 19.617, publicada en el Diario Oficial del día 12 de julio de 1999, introdujo una serie de modificaciones al Código Penal, primordialmente, en varios de los delitos regulados en el Título VII del Libro II. Se trata del más importante cambio hecho al tradicional esquema de estos delitos. Esta verdadera readecuación sistémica se traduce en lo que toca a la antigua figura del abuso deshonesto, en particular, en una importante reforma que -además de otorgarle una nueva denominación, abuso sexual- viene a hacer una significativa reestructuración en su formulación típica, con lo que adquiere una nueva fisonomía. El anterior artículo 366 del Código Penal plasmaba la aludida figura en una fórmula poco feliz, dotada de una gran ambiguedad por su defectuosa construcción, que acarreaba enormes dificultades en su interpretación haciendo dificil captar el correcto significado de la norma, dando cuenta de una absoluta falta de precisión de la acción típica y de los medios comisivos a emplear para su perpetración, dejando solamente en claro, en definitiva, la enorme vaguedad conceptual que ofrecía la aludida disposición. La ley 19.617 hace un valioso esfuerzo por superar este cuadro de cosas con el determinado propósito de delinear nítidamente el objeto de prohibición, con miras a un mayor apego al principio de la taxatividad, lo que se traduce en el intento por precisar los contornos de la conducta punible y las circunstancias en que tiene cabida su comisión. En las páginas que siguen se verán las técnicas legislativas que emplea la reforma para el logro de tales objetivos, se tratará de hacer una contribución a la tarea de asentar el sentido y el alcance que ha de darse a las normas de la nueva ley en materia de abuso sexual, y cuál es la orientación que tienen, desde el punto de vista del bien jurídico a tutelar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Para cumplir con el objetivo que nos propusimos al iniciar esta memoria, es que la estructuramos en tres capítulos, el primero, que comienza con definiciones que es necesario tener claras para una buena comprensión del tema, para posteriormente adentrarse en el análisis de la legislación vigente, tanto nacional como extranjera; el segundo, en el que se desarrolla el tema propiamente tal, esto es el análisis de la disposición con la que se pretende 8 establecer la regulación más directa de la patentabilidad de la biodiversidad biológica, así como el contexto en que se encontrará inmersa, y; el tercero y final, en donde se plantearán algunas ideas en torno a las posibles acciones que se podrían tomar al respecto.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho público) / Atendida la amplitud de líneas de investigación posibles para analizar una política pública respecto de la cual, como se verá más adelante, existen investigaciones, pero siempre parciales, se torna necesario establecer también ciertos límites para analizar las preguntas señaladas precedentemente. En este sentido, la presente tesis no tiene una pretensión omnicomprensiva sino que bastante acotada a analizar un lugar común que sustenta muchas veces el discurso público (o publicado) que guía la política criminal actual. Bajo estas premisas, he decidido circunscribir la investigación desde dos puntos de vista. Primero, me centraré en el discurso legislativo en materia de delincuencia, abarcando tanto las leyes sustantivas, procesales, sobre rehabilitación y cumplimiento de las penas. En segundo lugar, compararé sólo dos periodos en particular; desde 1932 hasta 1973 y de 2000 a 2012, por lo que las conclusiones a las que llegaré tienen ambas limitaciones. La justificación y alcance de estas limitaciones serán expresadas más adelante. El objetivo central de la investigación es comparar periodos de la historia de la política criminal chilena, en dos épocas con algunas características parecidas, mostrando similitudes y diferencias que permitan analizar la evolución del discurso legislativo sobre la inseguridad, los delitos y delincuentes. En suma, una historia fragmentada respecto del miedo que posibilite construir una política criminal con memoria