(licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el curso de las últimas décadas, la doctrina y el derecho comparado han mostrado inquietud por la protección penal, ya no sólo de la vida del feto, sino que además de su integridad física y psíquica. Esto se ha debido fundamentalmente a que tanto el desarrollo de nuevas técnicas médicas como los avances en la industria farmacéutica, han dado lugar a una serie de nuevas hipótesis impensadas en la época del establecimiento de los tipos penales básicos, mediante las cuales es posible percibir la creación de riesgos ciertos en la etapa embrionaria de desarrollo del ser humano, que pueden resultar perjudiciales para sus capacidades físicas, psíquicas. El presente trabajo se desarrolla desde la base de una teoría de las normas, de modo que adopta como nuclear la distinción entre normas de comportamiento y reglas de imputación, que proviene de la distinción analítica entre categorías prescriptivas y categorías adscriptivas. Hasta donde conocemos, ésta constituye una perspectiva no explotada por los autores de voz preponderante en la materia que se aborda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.