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La prohibición de discriminación constituye una de las piezas más importantes del pensamiento social, jurídico y político de nuestro tiempo. Desde el Derecho, se viene abordando esta cuestión a partir del análisis de una serie de factores de discriminación como pueden ser el sexo, la raza u origen étnico, la religión, la condición económica, la orientación sexual, la condición de discapacidad, entre otros. Sin embargo, estos factores de discriminación suelen ser analizados de manera independiente, como si se tratara de compartimentos estancos o de rectas paralelas que nunca se cortan. La presente investigación propone que esta manera de abordar la problemática de la discriminación merece ser revisada pues la realidad se muestra mucho más compleja y evidencia que la discriminación no afecta de manera homogénea a los grupos minoritarios o en desventaja. Existen minorías dentro de esas minorías, las cuales pueden estar más expuestas al menoscabo de sus derechos en base a la concurrencia de más de un factor de riesgo. En atención a ello –y teniendo en cuenta los avances que en esta materia se han producido tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en la experiencia comparada– esta investigación tiene por objeto analizar el concepto «discriminación múltiple», aún novedoso en nuestro medio. Asimismo, explora el fundamento constitucional que sustentaría su incorporación en el Perú, a partir de una lectura concordada de los artículos 1 y 2 (inciso 2) de la Constitución, siendo también relevantes el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria del mismo texto normativo. Además, esta tesis propone la aplicación de dicho concepto para la resolución de casos concretos (con particular énfasis en la justicia constitucional) y en el ámbito de las políticas públicas. Ello supone una crítica y corrección de las estrategias de lucha contra la discriminación que se vienen desarrollando hasta la fecha. / Tesis

La presente investigación tiene como finalidad determinar la condición laboral del docente universitario contratado, permitiendo regular en la legislación laboral peruana la obligación de las universidades de incluir y promover a los docentes universitarios dentro de un régimen que les permita una estabilidad laboral, respetando y armonizando sus derechos con las obligaciones del empleador y las necesidades del usuario.

El trabajo titulado Naturaleza Jurídica de las Concesiones Minera en relación a las Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Huancayo durante el año 2017 surge como consecuencia de la prioridad económica del Estado frente a espacios protegidos por la legislación ambiental, el objetivo general fue demostrar la superposición de derechos mineros sobre los derechos establecidos de áreas naturales protegidas en la provincia de Huancayo y los objetivos específicos fueron explicar la Naturaleza Jurídica de las Concesiones Mineras dentro de espacios protegidos se superpone sobre los derechos de áreas naturales protegidas ( en adelante ANP) en la provincia de Huancayo y explicar que el derecho minero, para lo cual se utilizó el desarrollo del método descriptivo ; como fundamentos científicos académicos una gama de teorías académicas técnicas basadas en el análisis jurídicos de las leyes sobre concesiones mineras (TUO de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM Y Reglamento del procedimiento ordinario minero Decreto SupremoN° 018-92-EM y la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 26821) y Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) delimitadas dentro del marco del derecho ambiental y del derecho minero.

Las realidades social, política y administrativa traducen etapas progresivas de lo general a lo especial. Precisamente, la realidad administrativa se constituye en el nervio motor de las anteriores, manifestándose a través de una forma organizacional: la Administración Pública. Las instituciones de la realidad administrativa se apoyan en la realidad política. La actividad estatal, manifestada de distintos modos a través de actos, reglamentos, contratos administrativos, leyes, sentencias y actos políticos, origina en forma directa o indirecta consecuencias jurídicas. Estas crean, recíprocamente, derechos y deberes u obligaciones para las partes intervinientes, traduciendo una “relación jurídica” entre el Estado (Administración) y los individuos (administrados). En este plano, la Administración pública en general, y en este caso en particular el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, para cumplir con sus objetivos y lineamientos estratégicos institucionales en relación a los administrados o habitantes del municipio de La Paz, requiere regular la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público municipal, hacer efectivo el derecho de petición ante la Administración Municipal y regular la impugnación de actuaciones administrativas todo dentro del marco de los objetivos y competencias de la Ley de Municipalidades. En este escenario se inscribe la necesidad de elaborar un reglamento de Procedimiento Administrativo para el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de evaluar los resultados de los 15 años de aplicación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, en el marco de la “descentralización, gestión y poder político local”, pero principalmente, desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo definidas en la propia norma, este objetivo es: “Mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos”, identificar sus limitaciones y realizar propuestas de mecanismos e instrumentos, para mejorar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo en un escenario de proceso de descentralización hacia gobiernos subnacionales autónomos.

El principal desafío afrontado por las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD’s) en Bolivia en los últimos años, radica en el requerimiento de un modelo regulatorio y normativo que reconozca la misión y visión social con la que fueron creadas, dejando de lado enfoques comerciales y de rentabilidad, que viabilice la necesidad de contar con un mercado de competencia con igualdad de condiciones en relación a los Bancos y Fondos Financieros Privados y con una estructura que no limite su acceso al proceso de formalización impulsado en la actualidad por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). En tal sentido, el contenido del presente Proyecto de Innovación, en función a la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley 1.488) y leyes conexas, instrumentos normativos utilizados a nivel mundial, experiencias, realidad y comportamiento actual de aquellas economías que atravesaron por situaciones similares y que proporcionan un panorama de mercado orientados hacia el futuro con el objetivo de lograr un crecimiento operativo sostenido, adapta la normativa emitida mediante la reestructuración, inicialmente, del diseño de las etapas para la constitución de una IFD según el escenario que corresponda, y posteriormente, el tratamiento específico de elementos como: el capital mínimo requerido, que permita el ingreso de la mayor cantidad de IFD’s al ámbito de la supervisión, con la posibilidad de un incremento progresivo de este capital de acuerdo al comportamiento del mercado, considerando que el mismo se constituye en un monto netamente referencial y que no necesariamente debe significar la principal barrera de entrada; el margen de solvencia, con tendencia similar a las demás entidades que componen el Sistema Financiero; y el sistema secuencial de operaciones, basada en el calce de plazos, que permita la ampliación del marco de operaciones hacia otras mas complejas, en períodos de tiempo determinados previo cumplimiento de ciertos requisitos, prevaleciendo el enfoque social. En última instancia, con la incorporación de varios componentes considerados como fundamentales, de acuerdo a principios y normas de regulación generalmente aceptadas en la estructura de la normativa, que determinan un perfil avocado específicamente a las características de este tipo de instituciones, se garantiza el éxito de este modelo.

Las entidades de microcrédito han dirigido sus esfuerzos a la pequeña y micro empresa la cual maneja un riesgo mayo de incobrabilidad, por ende este tipo de financiamiento es costoso, la tasa de interés activa es superior al promedio de la banca y esto hace muy atractivo a los inversionistas, mas es necesario determinar la elasticidad de la demanda de microcrédito en relación a la tasa de interés activa en la ciudad de La Paz – Bolivia. Se puedo apreciar después del análisis estadístico y econométrico que la influencia de la tasa de interés es mínima por ende la demanda es inelástica ya que existe otros factores de mayor influencia sobre la misma como ser el PIB del país. Bajo este escenario es necesario lograr que la tasa de interés sea competitiva, estable, sostenida y que consolide la profundización financiera en todo el sistema económico. Se debe considerar que el sector microempresarial se ha constituido en la fuente de generación de empleo más importante del país, y en especial en la ciudad de La Paz, por consiguiente, se debe prestar una mayor atención a dicho sector. El apoyo a las Microfinanzas representa uno de los aspectos más importantes del programa económico de este y de los futuros gobiernos ya que en este sector se puede encontrar los futuros empresarios del país que logren el crecimiento macro deseado para la sociedad y a la infinidad de familias que la conforman.

La historia municipal muestra que luego de la finalización de la guerra del Chaco la cuestión municipal quedó estancada hasta el periodo de los golpes militares, tras el retorno de la democracia, se inicia un tercer periodo en el que se promulga la Ley Orgánica de Municipalidades, hecho que posibilitaría las elecciones municipales restringidas únicamente a las zonas urbanas. El último periodo del municipalismo empezó con la aprobación de la Ley de Participación Popular. A través de éste la autonomía municipal encuentra sentido político e institucional, no sólo porque les asignó recursos sino porque también crea órganos públicos centrales y regionales para apoyar y fortalecer los gobiernos municipales. A partir de entonces los diferentes gobiernos municipales de turno durante el ejercicio de sus funciones han tenido dificultades en la administración política, económica y sociocultural. Problemas que van desde lo institucional a lo personal y de lo regional a lo local, esto dio como resultado la insatisfacción de los habitantes de los Municipios que por medio de instancias formales, como los Consejos Municipales y Comités de Vigilancia, terminan por remover a las autoridades inicialmente elegidas. Otro mecanismo remoción son las presiones sociales que se manifiestan en cabildos populares locales, o finalmente estos cambios de derivan de pactos o acuerdos políticos que responden a intereses particulares, y fruto del incumplimiento de estos finalmente generan crisis en el gobierno municipal los cuales se reflejan sobretodo en conflictos y enfrentamientos entre grupos y/o sectores. Esta situación en extremo, con distintos matices, llega a manifestarse en una crisis de gobernabilidad (ingobernabilidad) que inviabilizan el desarrollo del municipio. Esto significa tres tipos de problemas: Un problema de carácter político (cambio de autoridades); otro, económico (congelamiento de cuentas), y finalmente un problema social (enfrentamiento de sectores sociales).

El presente ensayo (Why Should the Law be Obeyed? incluido en el volumen What is Justlce?, University of California Press, Berkeley, 1960 pp. 257-265) ha sido especialmente traducido para supublicación en Themis por el señor Jack Batievsky S. con la debida autorización de su autor (derecha).