Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El penúltimo inciso del literal n) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211 establece la llamada regla de exclusión en materia de libre competencia, al disponer que los resultados de las facultades investigativas duras de la Fiscalía Nacional Económica no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando ella haya incurrido en ciertas causales de ilicitud. Considerando los escasos años que lleva vigente la norma y lo poco que se ha abordado este tema en la doctrina, el presente trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis procesal sobre la configuración de la prueba ilícita en el Decreto Ley N° 211, poniendo especial énfasis en aquélla obtenida como consecuencia del ejercicio de las diligencias intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica. Con tal propósito, desarrollaremos una serie de instituciones relativas a la orgánica de la Fiscalía, la aplicación de las medidas intrusivas en esta sede y la teoría de la prueba ilícita en general, las cuales nos permitirán conocer la forma en que nuestra legislación reconoce y acoge la regla de exclusión del material probatorio producido con infracción de garantías fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objeto determinar en qué medida los denominados actos de autoridad quedan sometidos a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°211 y sus posteriores modificaciones. Asimismo, se pretende exponer cómo interactúan el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) y la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) con los Órganos de la Administración del Estado (“OAE”), tanto en su rol de defensa como de promoción de la libre competencia. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para mejorar el cumplimiento de dicho cometido. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizó un método cuantitativo consistente principalmente en la recolección de antecedentes y criterios relevantes a partir de resoluciones judiciales y administrativas seleccionadas, para luego pasar a una etapa de análisis lógico-jurídico que, finalmente, permitió agrupar y describir cómo se han desarrollado las potestades del TDLC y la FNE en su relación con los OAE. Como resultado de la investigación, se encontraron algunos lineamientos jurisprudenciales respecto a la materia, sin perjuicio de que se develaron vacíos y problemáticas tanto jurídicas como prácticas, cuya puesta de relieve esperamos sea un aporte a la mejor comprensión de esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El declive actual que vive la industria de la exploración minera en Chile amenaza con coartar en el largo plazo el liderazgo histórico que ha mantenido el país como productor de minerales. La menor exploración es consecuencia, entre otros, de tres factores: de que no existe terreno disponible para que potenciales entrantes al mercado de la exploración puedan constituir propiedad minera, de que la propiedad minera ya constituida se encuentra excesivamente concentrada en pocas grandes empresas, y, por último, de que gran parte de ella se encuentre acaparada, esto es, se encuentra sin que sus concesionarios realicen efectivamente labores mineras en ellas. Hasta el momento, la discusión jurídica al respecto en Chile ha tratado la concentración de la propiedad minera, la falta de terrenos disponibles y el acaparamiento de concesiones como problemas exclusivamente propios del Derecho Minero. Serían –en este sentido– consecuencias de determinadas disposiciones del marco regulatorio minero, y como tales, las soluciones que se planteen a ellos sólo podrían venir dadas desde esta misma sede. La originalidad de esta memoria reside en que va más allá de esta discusión, al aventurarse a analizar si, además de constituir un problema propio del Derecho Minero, las conductas antes descritas pueden ser consideradas como problemáticas desde la perspectiva del Derecho de la Libre Competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar la legislación chilena en materia de sanciones en el derecho de la libre competencia. Para ello se analizaron las diversas regulaciones que han normado la materia hasta la actualidad. Asimismo, se estudiaron los diversos mecanismos de sanción contemplados en la ley; primero, desde una perspectiva teórica y, luego, desde la práctica, revisando la forma en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha aplicado estas herramientas en sus sentencias. Específicamente en el caso de las multas, por tratarse del tipo de sanción más utilizado en nuestro país, se indagó en los criterios de su determinación, en los datos estadísticos que arrojan las sentencias en relación a las multas aplicadas y en la fundamentación que se ha dado para su imposición. A continuación, se investigaron algunos sistemas sancionatorios en materia de competencia en el derecho comparado. Finalmente, a la luz de todos los resultados obtenidos, se elaboró un diagnóstico del sistema de sanciones vigente en Chile, evaluando, en particular, si las modificaciones introducidas a la legislación por una reforma realizada el año 2016, lo fueron en el sentido correcto conforme a la experiencia nacional e internacional, y si son necesarios instrumentos adicionales que doten de mayor predictibilidad a la imposición de sanciones. / 23/10/2018

Magíster en Derecho, con mención en derecho económico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Magister en Derecho, mención en Derecho Penal / En este trabajo, partiendo de consideraciones generales sobre la criminalidad económica, y diferenciando conceptualmente entre libre concurrencia y libre competencia, es la protección del mercado y sus precios naturales, como bien jurídico protegido del artículo 285 del Código penal, junto a la sinonimia entre los medios fraudulentos, que el tipo requiere para alterar los precios, y los medios ilícitos, aquellos que permiten incluir en esta abrazadera típica a los acuerdos colusorios de precios al estilo del conocido caso farmacias. Y más aún, no solo es posible establecer, como vía alternativa de punición, la estafa basada en un engaño concluyente por parte de aquel que, como agente económico que oferta en el mercado, está obligado a cumplir y no incurrir en atentados contra la libre competencia, considerados como presupuesto de contratación, sino también, descartar cualquier impedimento que por vía del ne bis in idem prohíba la punición de estos acuerdos, al no concurrir sus requisitos y existir alternativas de sanción.

Tesis (Magister en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa) / Actividad Formativa Equivalente (AFET) / La presente investigación tiene como formato la de una actividad formativa equivalente a tesis y su finalidad es referirse a los efectos penales del programa de delación compensada en relación al delito de acuerdos colusorios tipificado en el artículo 62 del DL 211. Para estos efectos se analiza el origen de la definición de cártel, como marco fáctico en el que se implementa un modelo de delación compensado en Chile, determinado su definición en derecho comparado y en nuestro país. A continuación, se explora los programas de clemencia propiamente tales, definiendo alguna de sus características, origen, e importancia para la lucha contra los cárteles. Posteriormente, se profundiza en el programa de clemencia en materia de libre competencia, y alguna de las manifestaciones de la delación compensada ya existentes en el ordenamiento jurídico penal nacional, como lo es en la ley 18.314 y la ley 20.000. Finalmente, luego de referirnos brevemente a algunos aspectos relevantes del delito de acuerdos colusorios, nos adentramos concretamente en el programa de delación compensada respecto a ese delito, determinado su naturaleza jurídica, requisitos, efectos y la proposición y resolución de algunos problemas que podrían originarse en la aplicación del mismo.