La implementación de un régimen de control de concentraciones empresariales en el Perú ha tenido un fuerte rechazo desde un sector mayoritario de la academia y desde ciertos sectores de la Administración Pública. Esto, ignorando la tendencia mundial que se inclina por acoger el control de concentraciones en sus respectivos países. Ante ello, se realizó un análisis de los argumentos que son más utilizados más comúnmente para oponerse a la mencionada implementación, así como aquellos que están a favor de dicho sistema de manera que se pueda evaluar sus beneficios o perjuicios. Esto debido a que el presente trabajo académico tiene como objetivo demostrar que la normativa de control de concentraciones empresariales resulta beneficiosa y eficaz para asegurar una adecuada protección de la competencia en el mercado. Los argumentos que se suele utilizar para desde la posición que se opone son que el control de concentraciones empresariales sería un procedimiento incierto, ineficaz, costoso y que no responde al objetivo de proteger la libre competencia si no que más bien resultaría un instrumento de control político. Sin embargo, estas afirmaciones no son correctas en tanto este procedimiento utiliza herramientas propias de la economía que permiten estimar los efectos anticompetitivos de las concentraciones empresariales; asimismo, resulta más económico realizar dicho análisis de manera previa y que el establecimiento de umbrales de concentración empresarial adecuados que permitan que las operaciones potencialmente peligrosas sean analizadas y controladas a través de la imposición de condiciones de ser necesario, resaltando que de ser pertinente los agentes económicos sobre los que hubiesen recaído las condiciones pueden solicitar su levantamiento. Por lo que se concluye que la decisión de implementar el referido régimen no solo es adecuada si no también necesaria.

En razón de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “D.L.1256”) y el encendido debate respecto del tipo de procedimiento administrativo que este procedimiento representa, el presente trabajo intentará plantear la posición del autor a la luz de lo señalado en la doctrina nacional. En ese sentido, el marco teórico a ser desarrollado presentará los principales conceptos de los tipos de procedimientos administrativos existentes, vale decir, a entender del optante, el general y los especiales, para que podamos definir qué tipo de procedimiento se sigue ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”), en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (en adelante, “Comisión”) y la Sala de defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (en adelante, “Sala”). Posteriormente, a manera de propuesta nos enfocaremos en el precepto definido en el artículo 1° del D.L. 1256, el cual, al establecer la finalidad del procedimiento bajo análisis, refiere que las competencias otorgadas a la Comisión y la Sala se supeditan a la supervisión del cumplimiento del marco legal en lo que se relaciona con los derechos a la libre iniciativa y la libertad de empresa que puedan restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como la supervisión de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa buscando procurar la eficiente prestación de servicios a los administrados por parte de la administración pública. La definición del tipo de procedimiento, consideramos, será fundamental para determinar el tipo de reglas que han de ser aplicadas en el procedimiento de Barreras Burocráticas, el cual, creemos, es un procedimiento especial, al que habrán de aplicarse las reglas del procedimiento administrativo general, denominado Control de Legalidad, entendido como aquel cuya finalidad es la realización de una actividad de supervisión del cumplimiento del marco legal a cargo de una entidad administrativa respecto de otra, para lo que se encuentra plenamente facultada, definición a la que arribaremos en el presente trabajo y que se condice con lo establecido en el D.L. 1256. Manos a la obra.

La presente investigación trata un tema controvertido en el Derecho de la Competencia: los contratos de exclusividad como conductas sancionables por afectar la libre competencia. Es un tema importante en la actualidad, puesto que las justificaciones planteadas para suscribir un contrato de exclusividad están basadas en eficiencias económicas. La economía nacional se sustenta, entre otros aspectos, en el respeto que deben mantener los agentes por las normas que rigen la libre competencia, así como la existencia de normativa para que las empresas puedan acceder al mercado sin limitaciones innecesarias. Es decir, que de la observación de las conductas empresariales no se concluya una finalidad destinada a vulnerar el sistema de competencia y que el Estado no establezca barreras burocráticas que dificulten la libre iniciativa privada. Así, las empresas tienen la libertad para celebrar los contratos que deseen, pudiendo establecer de manera discrecional las cláusulas que consideren necesarias para el mejor desarrollo empresarial. Por ello, las empresas se vincularán entre ellas con el objetivo de ser más competitivas en el mercado, ahorrando costos de producción y elevando la calidad de los productos ofrecidos para captar la preferencia de los consumidores. Sin embargo, estos contratos pueden tener como finalidad afectar el proceso competitivo, excluyendo a los competidores de alguno de los contratantes, reduciendo las alternativas disponibles de los consumidores. El Derecho de la Libre Competencia no puede desconocer esta situación, por lo que es importante evaluar los supuestos en los cuales la actuación de las empresas podría basarse en aspectos ineficientes. Con el fin de demostrar lo que se plantea, se analiza la posible afectación de las conductas originadas como consecuencia de los contratos de exclusividad en el proceso competitivo, inclusive si se presentan eficiencias en el mercado, por ejemplo, si los contratos de exclusividad están destinados a garantizar la recuperación del financiamiento realizado por inversionistas, la reducción de costos, entre otros.

El informe analiza el esquema hub and spoke en el contexto del mercado de pavo entero peruano, teniendo como principal actor a la empresa San Fernando. Se destaca cómo las firmas verticalmente relacionadas utilizan acuerdos contractuales para coordinar acciones y controlar externalidades. Estas restricciones, como precios no lineales, descuentos por cantidad, entre otros, buscan influir en el comportamiento de los agentes económicos. En este sentido, se explora cómo San Fernando empleó precios sugeridos como una forma de comunicar sus intenciones a los supermercados y coordinar estrategias de precios. Se evidencia que estas prácticas pueden ser equiparables a un sistema de Resale Price Maintenance (RPM), donde se busca mantener la percepción de valor del producto y evitar una competencia basada únicamente en precios bajos. Además, se introduce el concepto de hub and spoke, donde un actor central facilita la coordinación entre participantes sin contacto directo. Este esquema puede generar efectos anticompetitivos al restringir la competencia y manipular los precios en beneficio de los participantes. Finalmente, el informe destaca la importancia de identificar estas prácticas anticompetitivas y diferenciarlas de restricciones verticales legítimas, a la par que menciona que la vigilancia constante por parte de las autoridades es necesaria para detectar y sancionar conductas que distorsionen la competencia.

La presente investigación aborda un tema que no ha sido analizado en el Derecho Administrativo ni en el Derecho de la Competencia: la restricción de la información de un proceso de selección como garantía de una mayor competencia. Es un tema relevante porque su estudio permitirá identificar la incidencia que puede tener la revelación de determinada información en el fomento de la competencia y en la consolidación de las prácticas colusorias en el mercado de compras estatales. Se propone investigar si la transparencia que se establece de la información del proceso de licitación afecta la libre competencia de los postores fomentando prácticas colusorias entre éstos y perjudicando, en consecuencia, la óptima obtención de bienes, servicios u obras para el Estado en desmedro del interés público al contratarse en forma desventajosa. Partimos de la premisa que si bien la transparencia puede generar efectos positivos para evitar la corrupción y generar confiabilidad al permitir a la ciudadanía efectuar un control constante de los gastos públicos y de otro lado, los competidores-postores de una compra pública podrán efectuar los cuestionamientos que consideren necesarios a las demás propuestas, se determinará que el exceso de información y, por lo tanto, de transparencia de un proceso de selección, puede fomentar la existencia y permanencia de prácticas colusorias entre postores-competidores, toda vez que conocerdeterminada información favorecerá los acuerdos colusorios y su monitoreo por parte de los competidores coludidos, de modo que aquél que incumpla el acuerdo colusorio será el blanco de represalias de estos. Al permitirse el acceso a información sensible, como es la identidad de los postores o las condiciones comerciales ofrecidas, se restringirá la competencia y, en consecuencia, se obtendrán contrataciones a mayor costo o de menor calidad, lo que en definitiva se traducirá en la frustración de los fines públicos del Estado, esto es el interés público. Se trata de un tema que si bien ha sido mencionado en algunos estudios internacionales aún no ha tenido una atención a nivel nacional.

El objetivo del presente trabajo es analizar los conceptos relevantes en la operación de concentración empresarial que se llevó a cabo por China Yangtze Power International al adquirir el 100% de las acciones de Sempra Americas Bermuda y el 50% de las acciones de Peruvian Opportunity Company obteniendo con esto el control de Luz del Sur e Inland Energy. Dentro de estos conceptos están, el mercado de distribución para atender a usuarios regulados, el mercado de usuarios libres en el sector eléctrico peruano, las restricciones horizontales, el cierre de clientes, las posibles restricciones a la competencia que se podrían dar en el mercado de usuarios libres y el análisis de las condiciones impuestas a la operación por el INDECOPI. La metodología utilizada fue la revisión de fuentes bibliográficas, tanto nacionales como extranjeras y la revisión de jurisprudencia nacional relacionada. Las principales conclusiones del presente trabajo son que efectivamente puede darse un cierre de clientes dentro del mercado de compra de energía para satisfacer la demanda de usuarios regulados, pero recién a partir del año 2028. Una segunda conclusión es que, dentro del mercado de usuarios regulados, la operación no altera el número de suministradores por lo que no habría impacto en este mercado. Por último, las condiciones impuestas por el INDECOPI cumplen con el análisis de razonabilidad. / The purpose of this paper is to analyze the relevant concepts in the corporate concentration operation carried out by China Yangtze Power International when it acquired 100% of the shares of Sempra Americas Bermuda and 50% of the shares of Peruvian Opportunity Company, thus gaining control of Luz del Sur and Inland Energy. These concepts include the distribution market to serve regulated users, the market of free users in the Peruvian electricity sector, horizontal restrictions, the closing of clients, possible restrictions to competition that could occur in the market of free users, and the analysis of the conditions imposed on the operation by INDECOPI. The methodology used was the review of bibliographic sources, both national and foreign, and the review of related national jurisprudence. The main conclusions of this work are that there can indeed be a closing of clients within the energy purchase market to satisfy 2 the demand of regulated users, but only from the year 2028 onwards. A second conclusion is that, within the market of regulated users, the operation does not alter the number of suppliers, so there would be no impact on this market. Finally, the conditions imposed by INDECOPI comply with the reasonableness analysis.

Nuestro trabajo de investigación presenta presenta una mirada innovadora y multidisciplinaria que conjuga el mundo jurídico con el mundo de la empresa, bajo una perspectiva, jurídica, económica, de gestión y estratégica. Para su desarrollo hemos construido la estructura de la empresa fiduciaria como organización económica y desarrollado las fases del proceso de constitución a nivel jurídico y a nivel de gestión, teniendo como base la LGS, la Ley de Banca y reglamentos de la SBS. Como ventaja competitiva de nuestra investigación hemos diseñado una serie de diagramas y cuadros que nos permiten visualizar, describir y justificar la problemática de nuestra investigación que son las barreras legales de entrada que genera el marco normativo del fideicomiso para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado fiduciario. Para demostrar la existencia de estas barreras, nos apoyamos de conceptos económicos como economía social de mercado, estructura de mercado, libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de competencia, costo beneficio, incentivos, costo de oportunidad y del análisis de razonabilidad y proporcionalidad aplicado por INDECOPI para determinar la existencia de barreras legales en el mercado. Finalmente llegamos a estructurar un modelo de negocio que simplificamos a través de una fórmula que consideramos se puede replicar a menor escala en todo tipo de empresas y como propuesta de valor planeamos la creación de sociedades anónimas cerradas fiduciarias, SACF, y un mercado alternativo fiduciario, MAVF, teniendo como base los regímenes especiales y las modalidades societarias de la LGS y la flexibilización del MV para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al MAVF. / Our research work presents an innovative and multidisciplinary view that combines the legal world with the business world, from a legal, economic, management and strategic perspective. For its development, we have built the structure of the trust company as an economic organization and developed the phases of the constitution process at a legal level and at a management level, based on the LGS, the Banking Law and SBS regulations. As a competitive advantage of our research, we have designed a series of diagrams and tables that allow us to visualize, describe and justify the problems of our research, which are the legal entry barriers generated by the regulatory framework of the trust for the access of small and medium-sized companies. to the fiduciary market. To demonstrate the existence of these barriers, we rely on economic concepts such as social market economy, market structure, free private initiative, freedom of enterprise, freedom of competition, cost benefit, incentives, opportunity cost and the analysis of reasonableness and proportionality. applied by INDECOPI to determine the existence of legal barriers in the market. Finally we came to structure a business model that we simplified through a formula that we believe can be replicated on a smaller scale in all types of companies and as a value proposition we plan the creation of closed trust companies, SACF, and an alternative trust market, MAVF, based on the special regimes and corporate modalities of the LGS and the flexibility of the MV for the access of small and medium-sized companies to the MAVF.

El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en el marco de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas que otorgó, entre otras, la facultad de emitir resoluciones con efectos generales cuando se declare una barrera burocrática ilegal. Este control ejercido por el INDECOPI puede ser confundido con el control realizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sus distintos procesos; en ese sentido, en el presente trabajo se establecerán las similitudes y diferencias de los mismos. Se concluye que el procedimiento de eliminación de eliminación de barreras burocráticas realizado por el INDECOPI tiene una finalidad diferente y particularidades frente a otros procedimientos y procesos similares.

La presente investigación busca realizar un examen del régimen sancionatorio de conductas anticompetitivas en el Perú, vigente desde la creación del Indecopi en noviembre de 1992. A lo largo de estos años, el Indecopi ha ido reforzando sus herramientas para la detección de conductas anticompetitivas, sancionando a diversas empresas y directivos con multas cuantiosas. No obstante, pese a la labor eficaz desplegada por dicha entidad, se ha detectado falencias tanto en la tramitación de los procedimientos sancionadores como en la imposición de las multas, como herramienta disuasoria con la que cuenta la autoridad. En tal sentido, se plantea algunas propuestas para mejorar el régimen sancionatorio y de esa forma contribuir con los objetivos perseguidos por la libre competencia. Así, en un primer plano, se expone la problemática actual en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores contra conductas anticompetitivas. Posteriormente, se analizan posibles reformas a nivel institucional, tal como la implementación de una única instancia administrativa, la pena privativa de libertad para directivos, la inhabilitación del cargo para gerentes y directores y el daño reputacional empresarial. Finalmente, se proponen mejoras a los mecanismos de colaboración y/o herramientas de enforcement existentes: programas de clemencia, recompensas y cumplimiento. Por tanto, se concluye replantear el enfoque punitivo actual, a través de la implementación de medidas complementarias a las multas; así como continuar fortaleciendo el diseño y ejecución de los instrumentos de detección de cárteles con los que cuenta la autoridad de competencia.

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de contar con herramientas o mecanismos que sean efectivas y eficientes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas que perjudican el mercado peruano y por ende a los consumidores ya que pueden generar sobreprecios que oscilan entre el 15% y 25% aproximadamente, teniendo como principal supuesto el de las prácticas colusorias horizontales de prohibición absoluta. En ese sentido, como se abordará el tema, la implementación de las Competition Disqualification Orders y las Disqualification Undertaking podrían ser consideradas medidas idóneas en la lucha de las referidas prácticas ya que cuenta con un efecto disuasivo (deterrence) potente que en el mediano y largo plazo generarían efectos positivos en el mercado peruano. Aunado a ello y para asegurar el cumplimiento del objetivo de la medida sub examine se comenta la importancia que otras políticas públicas tienen, con el fin de asegurar el enforcement en materia de libre competencia. De igual forma, con el fin de ilustrar la conveniencia de esta propuesta es que se recurre a la legislación comparada y la legislación peruana en otras materias para brindar aproximaciones sobre la inhabilitación funcional y compromiso de inhabilitación, las cuales resultan ser medidas más eficientes en el marco de régimen sancionador