Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo intentaré exponer con la mayor exhaustividad y claridad posible los distintos conceptos y teorías que se han elaborado para caracterizar a las normas que confieren poderes; además, exploraré las concecuencias que en general se asocian a dicha clase de reglas (o, mejor dicho, al "incumplimiento" de dicha clase de reglas). Como es de esperar, en ese punto surgirán inevitablemente cuestiones no menos oscuras, pues los conceptos de validez, inconstitucionalidad,aplicabilidad, inexistencia y nulidad pertenecen al tema en cuestión. Finalmente intentaré hacer una crítica generalizada a la actitud de algunos autores al tratar este tema.

Actualmente, el sistema de represión de competencia desleal se encuentra regido principalmente por el Decreto Legislativo 1044 “Ley de Represión de la Competencia Desleal” - en casos específicos por normas sectoriales en materia publicitaria – siendo que a través de ésta, se unificaron las disposiciones reguladas en el Decreto Legislativo 26122 y Decreto Legislativo 691. De esta manera, se entiende que los actos de competencia desleal también se pueden llevar a cabo mediante la actividad publicitaria, por lo que es necesario contar con mecanismos procesales rápidos y eficientes que permitan determinar la veracidad de los mensajes de naturaleza comercial, en el momento en que estos fueron puestos a disposición de sus receptores. En contraposición con la regulación en materia publicitaria, desde el año 1997 se estableció un sistema de regulación privada o autorregulación publicitaria en el Perú. el término autorregulación es usado para describir cómo uno mismo disciplina su conducta, cómo se regulan las circunstancias de empresas particulares, así como la regulación por un grupo colectivo de sus propios miembros. El término también puede ser usado para describir la relación con Estado: ya sea ninguna relación con el Estado en absoluto o para describir un arreglo corporativo en particular. La hipótesis principal que se formula en la presente artículo académico es que la efectividad de un sistema de autorregulación, entendido como un sistema alternativo y complementario de la fiscalización de actos de competencia desleal a través de la publicidad comercial, depende de la colaboración del Estado a través de un sistema de corregulación / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación aborda temáticas, desde la óptica del Derecho Municipal, que no han sido abordadas en las últimas décadas, aún cuando han sufrido importantes transformaciones y son actividades relevantes tanto para el desarrollo de las comunas en donde se practican, como para los ciudadanos considerados individualmente. Nuestro objetivo es estudiar la vinculación que tienen las municipalidades con una actividad prohibida por el ordenamiento jurídico: los juegos de azar, tomando como referencia tres hipótesis específicas, los casinos municipales, los bingos solidarios y las máquinas tragamonedas. En dicho afán, analizamos las facultades que el Derecho ha otorgado a la autoridad local; desarrollamos los principales hitos en la evolución normativa de las hipótesis señaladas; dilucidamos si respecto de ellas, las municipalidades -que han incluido dentro de sus tareas cotidianas a esas actividades- actúan conforme al ordenamiento o lo exceden, y los fundamentos para ello; describimos el rol que en esta materia tienen la Superintendencia de Casinos de Juego, la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia, quienes gracias al control que ejercen dentro de su propio ámbito de acción, ayudan a delimitar el actuar municipal; y, constatamos el papel que ejercen los distintos sectores de la sociedad. Así las cosas, pudimos concluir que, a pesar de que el actuar municipal es cada vez menor en relación a las hipótesis seleccionadas, en general, ha sido errático, lo que se debe principalmente a la falta de sistematización de las leyes que los regulan, a la ausencia de ellas, y/o porque el ente edilicio ha preferido satisfacer las necesidades de la comunidad local antes que cumplir estrictamente con el principio de legalidad; todas situaciones que han sido alertadas al Gobierno y que éste ha tardado en resolver con la debida prontitud

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La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo se propone como objetivo describir al Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tanto en su aspecto orgánico como en su funcionamiento, a la vez que proponer alternativas para lograr una armónica inclusión de él dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para lograr este objetivo, se pasa revista a la legislación que le es aplicable y a la legislación comparada, además de comentar algunas de sus sentencias más relevantes. Finalmente se concluye la necesidad de un reconocimiento estatal de la función jurisdiccional de este Tribunal, la delimitación de los casos en los que es posible acudir a la justicia ordinaria frente a sus resoluciones –siempre que por determinadas resoluciones de los Órganos Jurisdiccionales del fútbol o bien cualquier ente de la ANFP, se infrinjan derechos que la Constitución Política garantiza- y la necesidad de que este Tribunal cumpla con las normas básicas del Debido Proceso, además de constatar la forma en que las cumple.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de esta investigación es el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre los decretos supremos del Presidente de la República. En un régimen presidencialista como el nuestro, los contrapesos institucionales que se generen para contrarrestar el poder del Presidente cobran muchísima importancia. En este escenario el Tribunal Constitucional ha jugado un papel preponderante, modelando –poco a poco y por la vía jurisprudencial– su potestad normativa de la manera que mejor garantice la supremacía de la Constitución. Es así que el control de los decretos presidenciales se ha ido construyendo sobre la marcha, a partir de los casos prácticos que el mismo Tribunal ha debido enfrentar. Justamente la reforma constitucional del año 2005, en lo relativo a esta atribución, tuvo por objeto consagrar en la Constitución algunos de los criterios que el Tribunal Constitucional ya había fijado en sus fallos. En consecuencia, abordaremos una materia variable que ha sufrido cambios substanciales en los últimos años

El presente informe tiene como finalidad analizar la normativa correspondiente a los derechos de los consumidores en los contratos masivos, entre ellos el reconocimiento del derecho a la cancelación anticipada en las operaciones de créditos y que no se incluyan cláusulas que lesionen los intereses de los consumidores en los contratos de consumo, para ello se analiza si dicha prerrogativa lesiona los intereses del proveedores en tanto produce la pérdida de la ganancia esperada por el préstamo, así como si dicho derecho podría estar afecto a ciertas cargas que permitan recuperar a los proveedores los intereses dejados de percibir. Al respecto, se analiza la evolución de dicha prerrogativa a través del método de interpretación ratio legis con la finalidad de dilucidar la razón de ser del derecho al pago anticipado, concluyendo que fijar cláusulas como penalidad por el ejercicio del derecho al pago anticipado distorsionan y desnaturalizan su razón de ser; asimismo, se deduce que en tanto el bien jurídico tutelado lo constituye el intereses de los consumidores y que éstos adquieran productos o servicios que satisfagan sus necesidades se regula el derecho a la cancelación anticipada que crea un orden económico equilibrado que protege los consumidores y garantiza la libre concurrencia de los proveedores, coadyuvando al modelo económico social de mercado.