El presente trabajo de investigación tiene con fin establecer la necesidad de implementar en las diversas Notarías Públicas del Perú un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en los casos de prácticas colusorias horizontales, ello considerando que los Notarios Públicos, en su calidad de agentes económicos, deben ejercer sus actividades respetando las normas de libre competencia para así evitar cualquier tipo de sanción, u otras consecuencias negativas en perjuicio del Notario. Cabe precisar que, esta propuesta surge a raíz de la problemática que existe respecto al marco regulatorio de la función notarial, pero de manera específica, sobre aquellas normas del Decreto Legislativo N° 1049 que regulan el ingreso a la actividad notarial, el número limitado de plazas notariales, así como la presencia de los Colegios de Notarios como institución que forma parte de la organización del notariado; todas estas que consideramos son un potencial riesgo para la afectación de las normas de libre competencia, como se argumentará a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Una vez analizadas dichas normas, se vio por conveniente mencionar algunos procedimientos de sanción por parte de Indecopi a diversos Notarios Públicos, e incluso a los Colegios de Notarios, por haber ejercido algunos de los supuestos de prácticas colusorias horizontales establecidos en el Decreto Legislativo N° 1034, afectándose la libre competencia en el mercado de servicios notariales, y reforzando de esa manera nuestra hipótesis de investigación. En base a todo lo mencionado, finalizamos nuestro trabajo de investigación realizando un análisis de los principales riesgos vinculados a los casos de prácticas colusorias horizontales que están presentes en la actividad notarial; presentamos nuestra propuesta de un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en dichas prácticas, y detallamos cuáles son los beneficios que trae consigo contar con dichos programas.

El primer caso a estudiar será el de la sujeción de los sujetos públicos (Estado) a las normas de libre competencia; es decir, analizaremos si el Estado, en alguna de sus manifestaciones, puede ser considerado como un infractor a las normas de libre competencia. Para ello, pondremos énfasis en el estudio de las empresas estatales y el de los organismos o cuerpos de autorregulación, que presentan una dicotomía público-privado, que resulta importante para la delimitación del ámbito de aplicación de las normas de libre competencia, y relevante para efectos de nuestra investigación. En segundo lugar, pasaremos a analizar los casos en los que el Estado afecta la eficacia de la norma de competencia no como sujeto activo, sino como un medio. Nos referimos a supuestos en los que las conductas anticompetitivas serán realizadas siempre por agentes económicos privados, pero utilizando al Estado como un mecanismo para lograrlo, sin temor a la intervención de la autoridad de competencia. Ello se manifestará normalmente a través de las potestades normativas-regulatorias del Estado, que permitirán a los operadores privados eximirse del control de las normas de libre competencia y de la supervisión de la agencia de competencia, a través de lo que se conocen como exenciones normativas. A partir de la revisión de la experiencia comparada y la experiencia nacional, podremos apreciar dos grandes sub-divisiones o expresiones de la intervención estatal “normativa” que tienden a limitar o eliminar la aplicación de la norma de libre competencia.

El presente trabajo desarrolla el primer pronunciamiento de la Autoridad de la Competencia del Indecopi en el que se reconoce que las actividades sindicales se encuentran exentas del control antitrust. Así, desde el análisis interdisciplinario del Derecho Colectivo de Trabajo y del Derecho de Libre competencia se cuestiona: i) si los sindicatos constituyen agentes económicos, ii) si las actividades sindicales se encuentran exentas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 1034 y iii) si en el procedimiento administrativo en concreto se configuraron las prácticas colusorias horizontales imputadas por el órgano administrativo. Del análisis de lo anterior, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos no son agentes económicos, en tanto los fines para los cuales fueron constituidos distan de la calificación de agente económico que desarrollan las normas de libre competencia. En segundo lugar, se señala que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vigencia de los derechos sindicales y, en este sentido, resulta necesario el reconocimiento de una exención en favor de las actividades sindicales respecto del control antitrust. Finalmente, se refiere que tal exención no supone que se admita el abuso de derecho por parte de los sindicatos o el ejercicio irregular de sus derechos sindicales (situaciones que deberán ser analizadas por las autoridades laborales correspondientes) y que- de advertirse que los sindicatos se comporten en la práctica como agentes económicos en sí mismos, estos sí puedan ser considerados pasibles de sanción por las normas que rigen la libre competencia.

En el contexto de una concertación de precios, la prueba indiciaria es determinante en la configuración de las conductas anticompetitivas bajo la conglomeración de indicios acreditados unidos a un razonamiento lógico que aseguren la hipótesis planteada. Ello considerando de manera integral los medios probatorios disponibles, construidos de manera conexa entre sí. Las comunicaciones y la evidencia económica fueron vitales para confirmar la imputación de concertación de precios del caso concreto. Al otorgarle mayor rentabilidad a los agentes económicos que ejecutaron los precios colusorios, se afectó el bienestar del consumidor, causando además menor eficiencia social en el mercado, privando a los consumidores de una diversidad de opciones con calidades y precios distintos. Las medidas correctivas contienen como idea nuclear la reposición de los efectos causados por el actuar ilícito, lo cual se cumple en el caso concreto mediante la implementación del programa de cumplimiento, sin olvidar la flexibilidad de su aplicación. Se recalca la consideración del beneficio extraordinario y la gravedad de la sanción con respecto de la concertación de precios imputada. / Considering the spectrum of price fixing, circumstantial evidence is crucial in the construction of anticompetitive behavior, underneath the conglomeration of reliable indications that are united to a logical reasoning that confirms the proposed hypothesis. The previous idea is heavily connected to a consolidated examination of the available evidence. The economic evidence and the accessible emails were vital to confirm the price fixing of this case. In the moment the companies involved in the case executed the collusive and coordinated price, the well-being of the consumer was affected, and also the social efficiency of the market, depriving consumers of the liberty of a wide range of options related to quality and different prices. The corrective measures contain as a fundamental idea the reinstatement of the effects caused by the illicit behaviour, which occurs in the current case when the compliance programme is implemented, with a quota of flexibility. The extraordinary benefit and the seriousness of the fine are both emphasized regarding the price fixing analize in this document.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad analizar la conciliación como medio alternativo de resolución de conflicto en el procedimiento de la libre competencia contemplado en el D.L. N°211. Para este cometido, se ha dividido esta investigación en cuatro capítulos. En el primero de ellos, analizaremos las diversas formas de resolver un conflicto y las características de los distintos mecanismos contemplados para ello. Siguiendo la misma línea, ahondaremos en el mecanismo de la conciliación, observando sus aspectos generales, naturaleza jurídica, el procedimiento conciliatorio general, concluyendo con sus similitudes y diferencias con los demás mecanismos. Posteriormente, centraremos el resto de la investigación en la conciliación antimonopólica contemplada en el D.L. N° 211, revisaremos específicamente sus características, el procedimiento conciliatorio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los organismos que intervienen en ella, especialmente el rol de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el último capítulo, abordaremos los viii mecanismos equivalentes a la conciliación antimonopólica existentes en la legislación comparada. Para ello, analizaremos la normativa de Estados Unidos, la Unión Europea y España, estableciendo las principales semejanzas y diferencias entre ellas y con la Conciliación antimonopólica chilena. Una vez realizada la exposición procederemos a mostrar las conclusiones derivadas de la presente investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la licitación pública con el objetivo de obtener conclusiones respecto a la regulación actual, chilena y comparada, de la concurrencia que debe regir dentro de un proceso licitatorio, a fin de evitar ilícitos anticompetitivos durante su desarrollo, ya sea colusión de los oferentes o corrupción de la Administración. Para aquello se analizan los principios rectores de la licitación pública, en particular, libre concurrencia, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y no formalización, junto a la regulación chilena y comparada que tiene por fin erradicar tales ilícitos anticompetitivos, junto a los parámetros que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el fin de avanzar en ello. Posteriormente, se analiza la jurisprudencia de dos tribunales especiales con competencia para conocer de acciones relacionadas con licitaciones públicas: Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambos difieren en sus sentencias en cuanto a la aplicación de los principios estudiados y fijan criterios disímiles al establecer si un organismo público o los mismos oferentes han infringido la normativa respectiva

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende exponer las distorsiones que se introducen en el funcionamiento de los mercados cuando se establecen vínculos estructurales (de propiedad) o personales (directores comunes) entre empresas competidoras. Junto con una exposición de estos riesgos, se hará un análisis crítico de la capacidad de las categorías tradicionales del derecho de la libre competencia para regular estas conductas, mediante una revisión detallada de la evolución que ha tenido en esta materia la jurisprudencia de los organismos de defensa de la libre competencia de la Unión Europea (la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea –en adelante, y salvo que se indicación en contrario, la “Comisión”– y la Cortes).