En julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina presentó el documento denominado “Propuestas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de una Agenda Positiva Normativa para la Integración”. En este documento se propone la elaboración y modificación de la normativa andina en una serie de materias, como la protección de los derechos del consumidor andino, la defensa de la competencia a nivel comunitario, la armonización de los procedimientos de registro de las denominaciones de origen, de las indicaciones de procedencia, y la protección de la marca país de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El informe analiza el esquema hub and spoke en el contexto del mercado de pavo entero peruano, teniendo como principal actor a la empresa San Fernando. Se destaca cómo las firmas verticalmente relacionadas utilizan acuerdos contractuales para coordinar acciones y controlar externalidades. Estas restricciones, como precios no lineales, descuentos por cantidad, entre otros, buscan influir en el comportamiento de los agentes económicos. En este sentido, se explora cómo San Fernando empleó precios sugeridos como una forma de comunicar sus intenciones a los supermercados y coordinar estrategias de precios. Se evidencia que estas prácticas pueden ser equiparables a un sistema de Resale Price Maintenance (RPM), donde se busca mantener la percepción de valor del producto y evitar una competencia basada únicamente en precios bajos. Además, se introduce el concepto de hub and spoke, donde un actor central facilita la coordinación entre participantes sin contacto directo. Este esquema puede generar efectos anticompetitivos al restringir la competencia y manipular los precios en beneficio de los participantes. Finalmente, el informe destaca la importancia de identificar estas prácticas anticompetitivas y diferenciarlas de restricciones verticales legítimas, a la par que menciona que la vigilancia constante por parte de las autoridades es necesaria para detectar y sancionar conductas que distorsionen la competencia.

La presente investigación aborda un tema que no ha sido analizado en el Derecho Administrativo ni en el Derecho de la Competencia: la restricción de la información de un proceso de selección como garantía de una mayor competencia. Es un tema relevante porque su estudio permitirá identificar la incidencia que puede tener la revelación de determinada información en el fomento de la competencia y en la consolidación de las prácticas colusorias en el mercado de compras estatales. Se propone investigar si la transparencia que se establece de la información del proceso de licitación afecta la libre competencia de los postores fomentando prácticas colusorias entre éstos y perjudicando, en consecuencia, la óptima obtención de bienes, servicios u obras para el Estado en desmedro del interés público al contratarse en forma desventajosa. Partimos de la premisa que si bien la transparencia puede generar efectos positivos para evitar la corrupción y generar confiabilidad al permitir a la ciudadanía efectuar un control constante de los gastos públicos y de otro lado, los competidores-postores de una compra pública podrán efectuar los cuestionamientos que consideren necesarios a las demás propuestas, se determinará que el exceso de información y, por lo tanto, de transparencia de un proceso de selección, puede fomentar la existencia y permanencia de prácticas colusorias entre postores-competidores, toda vez que conocerdeterminada información favorecerá los acuerdos colusorios y su monitoreo por parte de los competidores coludidos, de modo que aquél que incumpla el acuerdo colusorio será el blanco de represalias de estos. Al permitirse el acceso a información sensible, como es la identidad de los postores o las condiciones comerciales ofrecidas, se restringirá la competencia y, en consecuencia, se obtendrán contrataciones a mayor costo o de menor calidad, lo que en definitiva se traducirá en la frustración de los fines públicos del Estado, esto es el interés público. Se trata de un tema que si bien ha sido mencionado en algunos estudios internacionales aún no ha tenido una atención a nivel nacional.

El presente trabajo de investigación tiene con fin establecer la necesidad de implementar en las diversas Notarías Públicas del Perú un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en los casos de prácticas colusorias horizontales, ello considerando que los Notarios Públicos, en su calidad de agentes económicos, deben ejercer sus actividades respetando las normas de libre competencia para así evitar cualquier tipo de sanción, u otras consecuencias negativas en perjuicio del Notario. Cabe precisar que, esta propuesta surge a raíz de la problemática que existe respecto al marco regulatorio de la función notarial, pero de manera específica, sobre aquellas normas del Decreto Legislativo N° 1049 que regulan el ingreso a la actividad notarial, el número limitado de plazas notariales, así como la presencia de los Colegios de Notarios como institución que forma parte de la organización del notariado; todas estas que consideramos son un potencial riesgo para la afectación de las normas de libre competencia, como se argumentará a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Una vez analizadas dichas normas, se vio por conveniente mencionar algunos procedimientos de sanción por parte de Indecopi a diversos Notarios Públicos, e incluso a los Colegios de Notarios, por haber ejercido algunos de los supuestos de prácticas colusorias horizontales establecidos en el Decreto Legislativo N° 1034, afectándose la libre competencia en el mercado de servicios notariales, y reforzando de esa manera nuestra hipótesis de investigación. En base a todo lo mencionado, finalizamos nuestro trabajo de investigación realizando un análisis de los principales riesgos vinculados a los casos de prácticas colusorias horizontales que están presentes en la actividad notarial; presentamos nuestra propuesta de un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en dichas prácticas, y detallamos cuáles son los beneficios que trae consigo contar con dichos programas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad analizar la conciliación como medio alternativo de resolución de conflicto en el procedimiento de la libre competencia contemplado en el D.L. N°211. Para este cometido, se ha dividido esta investigación en cuatro capítulos. En el primero de ellos, analizaremos las diversas formas de resolver un conflicto y las características de los distintos mecanismos contemplados para ello. Siguiendo la misma línea, ahondaremos en el mecanismo de la conciliación, observando sus aspectos generales, naturaleza jurídica, el procedimiento conciliatorio general, concluyendo con sus similitudes y diferencias con los demás mecanismos. Posteriormente, centraremos el resto de la investigación en la conciliación antimonopólica contemplada en el D.L. N° 211, revisaremos específicamente sus características, el procedimiento conciliatorio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los organismos que intervienen en ella, especialmente el rol de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el último capítulo, abordaremos los viii mecanismos equivalentes a la conciliación antimonopólica existentes en la legislación comparada. Para ello, analizaremos la normativa de Estados Unidos, la Unión Europea y España, estableciendo las principales semejanzas y diferencias entre ellas y con la Conciliación antimonopólica chilena. Una vez realizada la exposición procederemos a mostrar las conclusiones derivadas de la presente investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la licitación pública con el objetivo de obtener conclusiones respecto a la regulación actual, chilena y comparada, de la concurrencia que debe regir dentro de un proceso licitatorio, a fin de evitar ilícitos anticompetitivos durante su desarrollo, ya sea colusión de los oferentes o corrupción de la Administración. Para aquello se analizan los principios rectores de la licitación pública, en particular, libre concurrencia, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y no formalización, junto a la regulación chilena y comparada que tiene por fin erradicar tales ilícitos anticompetitivos, junto a los parámetros que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el fin de avanzar en ello. Posteriormente, se analiza la jurisprudencia de dos tribunales especiales con competencia para conocer de acciones relacionadas con licitaciones públicas: Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambos difieren en sus sentencias en cuanto a la aplicación de los principios estudiados y fijan criterios disímiles al establecer si un organismo público o los mismos oferentes han infringido la normativa respectiva

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende exponer las distorsiones que se introducen en el funcionamiento de los mercados cuando se establecen vínculos estructurales (de propiedad) o personales (directores comunes) entre empresas competidoras. Junto con una exposición de estos riesgos, se hará un análisis crítico de la capacidad de las categorías tradicionales del derecho de la libre competencia para regular estas conductas, mediante una revisión detallada de la evolución que ha tenido en esta materia la jurisprudencia de los organismos de defensa de la libre competencia de la Unión Europea (la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea –en adelante, y salvo que se indicación en contrario, la “Comisión”– y la Cortes).