En el transcurso de la última década, hemos podido presenciar como diversos países han ido incorporando dentro de su legislación el matrimonio entre las personas del mismo sexo o figuras legales como la unión civil, que permiten la igualdad entre las parejas que pertenecen a la comunidad LGTBI con las parejas heterosexuales al adquirir los mismos derechos y deberes con el matrimonio. En el caso del Perú, el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI basadas en la igualdad y no discriminación ha sido distinto, el rechazo a cualquier tipo de implementación de políticas públicas o legislación que fomente el respeto y la protección de los derechos de las personas LGTBI ha mostrado el rechazo de una gran parte de la sociedad civil, la cual se ve evidenciada en diversos diagnósticos que indican que el optar por una orientación sexual distinta a lo establecido por la sociedad puede generar rechazo, inclusive el odio injustificado de las personas generando reacciones violentas. Por lo que, el esfuerzo del Estado peruano no ha sido suficiente para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGTBI, se presenta la oportunidad de que otros miembros de nuestra sociedad tomen iniciativa de propulsar el respeto de los derechos humanos. Es así que, la empresa comienza a involucrarse en el respaldo de minorías a través de políticas de gestión internas enfocadas en la igualdad y no discriminación de sus trabajadores que pertenecen a la comunidad LGTBI, siendo la consecuencia que el trato igualitario de propague en sus diversos grupos de interés con los que desarrolla su actividad económica. / Trabajo de investigación

El presente informe se enfoca en las limitaciones advertidas en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) para reconocer expresamente a las personas con capacidad para gestar que no se identifican como mujeres cisgénero heterosexuales a través de la revisión de la sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. El análisis se complementa con la revisión de las sentencias que versan sobre la vulneración de derechos de las personas LGBTIQ+ y los derechos sexuales y (no) reproductivos - que reconocen sobre todo a las mujeres cisgénero como principales afectadas ante su vulneración -. Asimismo, se concluye que el razonamiento de la Corte IDH es predominantemente cisexista y binaria y, a causa de ello, realiza una lectura sobre las víctimas como sujetos de protección desde una visión cisnormada que excluya a quienes también se encontraban en una situación similar de vulnerabilidad debido a su capacidad para gestar (personas asignadas mujeres al nacer, intersexuales, hombres trans, entre otres). / This report focuses on the limitations observed in the jurisprudential development of the InterAmerican Court of Human Rights (hereinafter referred to as the IACHR) to expressly recognize persons with the capacity to gestate who do not identify themselves as heterosexual cisgender women through the review of the judgment in the case of Artavia Murillo and others vs. Costa Rica. The analysis is complemented by the review of judgments that deal with the violation of rights of LGBTIQ+ people and sexual and (non) reproductive rights - which recognize cisgender women above all as main affected by their violation -. Likewise, it is concluded that the reasoning of the IACHR is predominantly cisexiste and binary and, because of this, makes a reading on the victims as subjects of protection with a cisnormada vision that excludes those who were also in a similar situation of vulnerability due to their ability to gestate (persons assigned women at birth, intersex, trans men, among others).

El objetivo del presente artículo es analizar las distintas expresiones de violencia contra la población LGBTI, sobre todo la violencia institucional, a partir del concepto de “violencia por prejuicio”. Este concepto, compatible con la visión sociológica o estructural de la igualdad propuesta por Saba, apunta a la comprensión de la violencia como un fenómeno social y no como un hecho individual; que requiere de un contexto, marcado por la heteronormatividad, la cisnormatividad y el sistema binario de sexo y género, y una complicidad social; y tiene un impacto simbólico, al enviar un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBTI. Para realizar este análisis se emplea el enfoque contextual de la igualdad inclusiva de Colleen Sheppard, que estudia la desigualdad desde tres contextos o niveles: el contexto micro, el contexto meso o institucional y el contexto macro. En ese sentido, se concluye que a nivel del contexto micro de desigualdad, Azul Rojas Marín, en su condición de hombre homosexual, fue víctima de distintos actos violencia por prejuicio por parte de los funcionarios estatales (fuerzas del orden y operadores de justicia). A nivel meso o institucional, se concluye que los principales perpetradores de actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI, son los funcionarios y servidores de entidades públicas, quienes comparten estereotipos y prejuicios contra esta población. Y, a nivel macro, se concluye que en la sociedad peruana persiste una situación de desigualdad estructural y de violencia generalizada contra las personas LGBTI, que se explica en parte por los estereotipos y prejuicios extendidos contra este grupo

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

Esta tesis busca dar respuesta a la pregunta sobre cómo el Estado peruano debe articular el Derecho Internacional de les Refugiades (DIR) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en el ámbito interno para prevenir violaciones de los derechos humanos de les solicitantes LGBTQIA+ en el transcurso del procedimiento de refugio. Nuestra hipótesis partió reconociendo que el DIDH exige al Estado regular y conducir el procedimiento de manera tal que el mismo constituya una vía efectiva para otorgar protección internacional frente a severas violaciones de derechos sobre la base de OSIG; así como garantizar que el mismo no se convierta en un nuevo escenario de vulneración de derechos en razón de esas categorías. No obstante, durante el desarrollo de la investigación, descubrimos que una mirada exclusivamente jurídica no era suficiente para abordar este tema, sino que es necesario complementarla críticamente a través de perspectivas queer. A partir de ello, nos trazamos como objetivo explicar cómo el Estado debe aterrizar esa complementariedad crítica entre el DIDH, el DIR y las teorías queer en el procedimiento de refugio. Para alcanzar ese fin general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, abordados cada uno en un capítulo: (i)explicar de qué maneras el DIR y el DIDH se complementan entre sí; (ii), analizar críticamente las principales vulneraciones de derechos humanos que las personas LGBTQIA+ enfrentan en el procedimiento; (iii) argumentar sobre las medidas específicas que debe adoptar el Estado para prevenir estas violaciones. La metodología seguida es de tipo documental y explicativa, complementada con una solicitud de acceso a la información pública sobre el estándar de calificación y tratamiento dado a les refugiades LGBTQIA+ en el sistema de refugio peruano. Concluimos que, queerizar la protección internacional requiere la adopción de tres enfoques –de derechos humanos, de diversidad sexual y de género, y de interseccionalidad– transversalizados en tres medidas específicas: (i) aprobar un protocolo específico; (ii) implementar capacitaciones especializadas; (iii) y establecer un sistema de revisión periódica de prácticas institucionales.

Este Informe Jurídico analiza la Sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atala Riffo y niñas contra Chile dictada el 24 de febrero de 2012. La elección del caso está justificada por la relevancia de los temas que se tratan en la misma: derecho de familia, género, derechos del niño, derechos de las personas LGTBI, protección de los derechos fundamentales. La Sra. Atala Riffo, perdió la custodia de sus tres hijas luego de que la Corte Suprema de Chile acogiera el recurso de queja basándose en que el interés superior del niño justificaba separar a una madre lesbiana de sus hijas sin analizar su capacidad para ejercer el cuidado de ellas. Se ha realizado un análisis de la jurisprudencia y legislación pertinente. Se concluye que Chile es responsable por la vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la Sra. Atala y las niñas, por interferir en la vida privada y familiar de la Sra Atala

En el transcurso de la última década, hemos podido presenciar como diversos países han ido incorporando dentro de su legislación el matrimonio entre las personas del mismo sexo o figuras legales como la unión civil, que permiten la igualdad entre las parejas que pertenecen a la comunidad LGTBI con las parejas heterosexuales al adquirir los mismos derechos y deberes con el matrimonio. En el caso del Perú, el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI basadas en la igualdad y no discriminación ha sido distinto, el rechazo a cualquier tipo de implementación de políticas públicas o legislación que fomente el respeto y la protección de los derechos de las personas LGTBI ha mostrado el rechazo de una gran parte de la sociedad civil, la cual se ve evidenciada en diversos diagnósticos que indican que el optar por una orientación sexual distinta a lo establecido por la sociedad puede generar rechazo, inclusive el odio injustificado de las personas generando reacciones violentas. Por lo que, el esfuerzo del Estado peruano no ha sido suficiente para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGTBI, se presenta la oportunidad de que otros miembros de nuestra sociedad tomen iniciativa de propulsar el respeto de los derechos humanos. Es así que, la empresa comienza a involucrarse en el respaldo de minorías a través de políticas de gestión internas enfocadas en la igualdad y no discriminación de sus trabajadores que pertenecen a la comunidad LGTBI, siendo la consecuencia que el trato igualitario de propague en sus diversos grupos de interés con los que desarrolla su actividad económica. / Trabajo de investigación