La presente tesis plantea un análisis de los fundamentos tributarios y constitucionales que permitirían la deducción de los gastos en los que las empresas incurren para ejecutar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en cumplimiento de parámetros éticos y morales demandados por una sociedad que así lo exige y que es influenciada por la globalización, y cómo es que dichas erogaciones sí se subsumen en los alcances del principio de Causalidad para lograr su reconocimiento como gastos deducibles; dado que, actualmente, la Responsabilidad Social Empresarial se erige como una herramienta de gestión relevante para la obtención de legitimidad social en cualquier organización –y, especialmente, para aquellas que realizan actividades económicas que afectan al medio ambiente y/o la salud de la comunidad- que genera beneficios directos e indirectos para quienes la adoptan, a partir de una revisión de la legislación nacional y latinoamericana en materia de impuestos sobre las ganancias, así como las tendencias jurisprudenciales y doctrinales al respecto, esta investigación evidencia que los gastos asumidos en cumplimiento de las indicadas políticas sí reúnen los requisitos previstos en la normativa tributaria peruana, para la determinación del Impuesto a la Renta empresarial. / Tesis

Esta tesis busca dar respuesta a la pregunta sobre cómo el Estado peruano debe articular el Derecho Internacional de les Refugiades (DIR) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en el ámbito interno para prevenir violaciones de los derechos humanos de les solicitantes LGBTQIA+ en el transcurso del procedimiento de refugio. Nuestra hipótesis partió reconociendo que el DIDH exige al Estado regular y conducir el procedimiento de manera tal que el mismo constituya una vía efectiva para otorgar protección internacional frente a severas violaciones de derechos sobre la base de OSIG; así como garantizar que el mismo no se convierta en un nuevo escenario de vulneración de derechos en razón de esas categorías. No obstante, durante el desarrollo de la investigación, descubrimos que una mirada exclusivamente jurídica no era suficiente para abordar este tema, sino que es necesario complementarla críticamente a través de perspectivas queer. A partir de ello, nos trazamos como objetivo explicar cómo el Estado debe aterrizar esa complementariedad crítica entre el DIDH, el DIR y las teorías queer en el procedimiento de refugio. Para alcanzar ese fin general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, abordados cada uno en un capítulo: (i)explicar de qué maneras el DIR y el DIDH se complementan entre sí; (ii), analizar críticamente las principales vulneraciones de derechos humanos que las personas LGBTQIA+ enfrentan en el procedimiento; (iii) argumentar sobre las medidas específicas que debe adoptar el Estado para prevenir estas violaciones. La metodología seguida es de tipo documental y explicativa, complementada con una solicitud de acceso a la información pública sobre el estándar de calificación y tratamiento dado a les refugiades LGBTQIA+ en el sistema de refugio peruano. Concluimos que, queerizar la protección internacional requiere la adopción de tres enfoques –de derechos humanos, de diversidad sexual y de género, y de interseccionalidad– transversalizados en tres medidas específicas: (i) aprobar un protocolo específico; (ii) implementar capacitaciones especializadas; (iii) y establecer un sistema de revisión periódica de prácticas institucionales.

La presente tesis plantea un análisis de los fundamentos tributarios y constitucionales que permitirían la deducción de los gastos en los que las empresas incurren para ejecutar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en cumplimiento de parámetros éticos y morales demandados por una sociedad que así lo exige y que es influenciada por la globalización, y cómo es que dichas erogaciones sí se subsumen en los alcances del principio de Causalidad para lograr su reconocimiento como gastos deducibles; dado que, actualmente, la Responsabilidad Social Empresarial se erige como una herramienta de gestión relevante para la obtención de legitimidad social en cualquier organización –y, especialmente, para aquellas que realizan actividades económicas que afectan al medio ambiente y/o la salud de la comunidad- que genera beneficios directos e indirectos para quienes la adoptan, a partir de una revisión de la legislación nacional y latinoamericana en materia de impuestos sobre las ganancias, así como las tendencias jurisprudenciales y doctrinales al respecto, esta investigación evidencia que los gastos asumidos en cumplimiento de las indicadas políticas sí reúnen los requisitos previstos en la normativa tributaria peruana, para la determinación del Impuesto a la Renta empresarial. / Tesis

La presente tesis analiza los mecanismos adoptados por el Estado peruano para garantizar la protección efectiva del principio de no contacto de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial presentes en su territorio. Este análisis se realiza a partir de las implicancias jurídicas actuales de este principio en el derecho internacional de los derechos humanos, como manifestación concreta del derecho a la libre determinación de dichos pueblos indígenas en específico. La hipótesis de la que parte la presente investigación es que, si bien el Estado peruano ha realizado notorios esfuerzos por adoptar mecanismos legales, administrativos y judiciales para proteger el principio de no contacto, aún existen desafíos para alcanzar su plena efectividad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

La soberanía y seguridad del espacio aéreo nacional vienen siendo afectadas por violaciones sistemáticas de aeronaves civiles asociadas a actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico, que transitan entre la frontera peruano-boliviana y la selva central del país; la Fuerza Aérea del Perú (FAP) es responsable de cautelar la inviolabilidad del espacio aéreo nacional, sin embargo, la carencia de voluntad política, la influencia política externa, la limitada capacidad del Estado y la falta de espacios de coordinación y articulación intersectoriales generan que la FAP no cumpla con esta responsabilidad en forma eficaz. El presente trabajo de investigación busca analizar la ineficacia de la estrategia FAP implementada para enfrentar esta problemática, explorando el marco teórico causal que afecta comúnmente al sector público, en donde la solución, que se constituye en un desafío, requiere de acciones coordinadas y articuladas, así como, de la participación de diferentes instituciones estatales, no solo de la FAP. Así mismo, se propone una solución innovadora, de cara al desafío identificado, que plantea la implementación de un “sistema de coordinación y articulación intersectorial”, el cual permitirá perfeccionar la coordinación, articulación, toma de decisiones, intercambio de información para el trabajo conjunto, bajo objetivos comunes, entre los actores con responsabilidad en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) afectando a la soberanía y seguridad del espacio aéreo nacional. / The sovereignty and security of the national airspace have been affected by systematic violations of civil aircraft associated with illegal activities, related to drug dealing, that transit between the Peruvian-Bolivian border and the country´s central jungle; the Peruvian Air Force (FAP) is responsible for protecting the inviolability of the national airspace, however, the lack of political will, the external political influence, the limited capacity of the State and the lack of intersectoral coordination and articulation spaces generate that the FAP does not fulfill this responsibility effectively. The purpose of this research is to analyze the ineffectiveness of the FAP strategy implemented to face this problem, exploring the causal theoretical framework that commonly affects the public sector, which the solution constitutes a challenge, it requires coordinated and articulated actions as well as the participation of different state institutions, not just the FAP. Likewise, an innovative solution is proposed, facing the identified challenge, which raises the implementation of a “system of coordination and intersectoral articulation”, which will improve the coordination, articulation, decisionmaking, exchange of information for joint work, under common objectives, among the actors with responsibility in the fight against Illicit Drug Dealing (TID) that affect the sovereignty and security of the national airspace. / Trabajo de investigación

El objetivo de la presente investigación es determinar las principales consecuencias jurídicas de la criminalidad del reclutamiento y la utilización de niños y niñas para participar en las hostilidades y aplicarlo al caso peruano. En ese sentido, se examina la prohibición y la criminalización del reclutamiento y la utilización de menores de edad, conforme al Derecho Internacional convencional como consuetudinario, con la finalidad de esclarecer los efectos que implica. Así, se enfatiza cuál es el carácter que tenía la norma prohibitiva del reclutamiento y si era posible sancionarla en los años en que se desarrolló el CANI peruano (1980-2000). En efecto, el reconocimiento de los elementos que conforman el derecho consuetudinario permite determinar la norma consuetudinaria de prohibición de reclutamiento de menores de 15 años. Del mismo modo, las legislaciones nacionales, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, las resoluciones de la ONU constituyen pruebas para resolver que la violación a la norma que prohíbe el reclutamiento es un crimen de guerra según la costumbre internacional, sin afectar el principio de legalidad. Finalmente, se propone el estudio del reclutamiento de niños y niñas ocurrido en el Perú, de acuerdo con las obligaciones internacionales. Los resultados demuestran que, respecto al CANI 1980-2000, el Estado peruano debió investigar, juzgar y sancionar a los responsables del reclutamiento de niños y niñas. Asimismo, a las víctimas de reclutamiento y sus familiares les corresponde una reparación integral. En relación con el reclutamiento, en la actualidad, llevado a cabo en la zona del VRAEM, el Estado, de alguna manera, ha declarado que existe un CANI entre las fuerzas del orden y grupos senderistas como el MPCP. En ese sentido, el accionar de las fuerzas armadas y el MPCP debiera estar sujetas a las normas del DIH, tanto en la conducción de hostilidades como en la protección de personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar. De esa forma, resulta preciso aclarar que, en este contexto, la comisión del reclutamiento también califica como crimen de guerra y debiera ser sancionado como tal.