El presente Trabajo desarrolla un análisis jurídico sobre la Resolución Nº 2758- 2019/SPC-INDECOPI, la cual versa sobre la denuncia realizada, en el año 2018, por la Asociación de Consumidores Indignados Perú contra el restaurante La Rosa Náutica, por cometer actos de discriminación hacia las consumidoras mujeres que acudían a su local, al entregarles Cartas – Menú sin precios; la cual fue declarada fundada con un voto dirimente del Presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, luego de haber quedado empatados los votos de los Vocales de la misma. Esta Resolución propone un enfrentamiento entre conceptos de paralela importancia y relevancia en los ámbitos jurídico y social, como lo son la libertad de empresa y los derechos humanos de la persona; lo cual responde a la justificación del desarrollo del presente. Ante esto, se propone un conjunto de críticas sobre los Fundamentos que realizó la Sala. Además, con el desenvolvimiento y la estructura planteadas en el presente, se analizan diversos conceptos jurídicos y sociales, como: la diferencia entre trato diferenciado y discriminación, el cambio de criterio sobre el entendimiento de discriminación en el consumo realizado en el año 2019 por el INDECOPI, la adecuación y pertinencia de las sanciones, el rol de las asociaciones de consumidores, entre otros; profundizando tanto en doctrina como en la legislación pertinente, para demostrar que el mencionado restaurante si cometió actos de discriminación contra las mujeres que acudían a su local

La Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 1d reconoce el derecho de todo consumidor a “un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”, por lo tanto, prohíbe expresamente que los proveedores discriminen a los consumidores, precisando que todo trato diferenciado debe responder a causas objetivas y razonables; en ese sentido, no todo trato diferenciado es discriminación sino precisamente el que no se fundamente en causas objetivas y razonables. En ese contexto, el presente informe se desarrollará la figura de discriminación en el consumo a partir del análisis a la Resolución Final N° 2758-2019/SPC-INDECOPI (Asociación de Consumidores Indignados Perú contra el restaurante La Rosa Náutica S.A.) en la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi declaró fundada la denuncia interpuesta en contra del restaurante la Rosa Náutica, pues este último habría incurrido en discriminación por haber entregado cartas diferenciadas a las mujeres, en las cuales se omitía la información de los precios, siendo que este actuar no estaría fundamentado en motivos objetivos y racionales. En ese sentido, en el presente informe se analizará la argumentación desarrollada por el Indecopi para resolver la denuncia por discriminación en el consumo, así como las políticas internas alegadas por el restaurante la Rosa Náutica para entregar cartas diferenciadas a sus comensales. Finalmente, se cuestionará la sanción impuesta por la Autoridad. / Law 29571: Consumer Protection and Defense Code, in article 1d, recognizes the right of every consumer to “fair and equitable treatment in all commercial transactions and not to be discriminated against on the basis of origin, race, sex, language, religion, opinion. , economic condition or of any other nature ”, and, consequently, it expressly prohibits suppliers from discriminating against consumers, specifying that all treatment must obey objective and reasonable causes; In this sense, not all differential treatment is discrimination, but precisely that which is not based on objective and reasonable causes. In this context, this report will develop the figure of discrimination in consumption based on the analysis of Final Resolution No. 2758-2019 / SPC-INDECOPI (Association of Indignant Consumers Peru against the restaurant La Rosa Nautica SA) in the which the Indecopi Specialized Room for Consumer Protection founded the complaint filed against the Rosa Nautica restaurant, since the latter would have incurred discrimination for having delivered differentiated letters to women, in which the price information was omitted, being that this act would not be based on objective and rational motives. In this sense, this report will analyze the arguments developed by Indecopi to resolve the complaint of discrimination in consumption, as well as the internal policies alleged by the La Rosa Nautica restaurant to deliver differentiated menus to its guests. Finally, the sanction imposed by the Authority will be questioned.

La violencia contra las mujeres viene siendo abordada por tanto por el marco jurídico supranacional, a través de los sistemas regionales y universales de derechos humanos, como en el marco legislativo peruano con la sanción de diferentes leyes, que de manera sucesiva luchan contra la violencia de género. Es así que en los últimos años se ha tipificado el delito de Agresiones contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en el artículo 122-B del Código Penal; no obstante, estos esfuerzos no han significado la erradicación de esta forma de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. La persecución penal de estos hechos, la norma penal prevé como una forma de ejecución de la pena la posibilidad que su pronunciamiento sea reservada, esto es, que a pesar de que en un juicio oral se ha corroborado responsabilidad del acusado, el Juez se reserva el pronunciamiento de una condena en tanto los requisitos del art. 62 del Código Penal, generando que el imputado no registre antecedentes penales por el hecho demostrado en juicio en desmedro de los derechos de la mujer víctima. El objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo normativo de la violencia de género en el Perú bajo un enfoque de derechos humanos, para luego analizar las consecuencias de la reserva del fallo condenatorio sobre los derechos de las mujeres víctimas y presentar la necesaria modificatoria del art. 62 del Código Penal para excluir esta forma de ejecución de pena para las condenas por este ilícito. / Violence against women have been regulated in international law, through regional and universal system of human rights. Also, it has been regulated in Peruvian law through different acts aimed to fight gender based violence. In the last years, violence against women and domestic violence has been incorporated to the Peruvian Criminal Code, article 122-B; however, these efforts do not eradicated gender based violence against women, girls and teenagers. Criminal Code includes concealment of the prison sentence which means that Judge does not record a sentence based on article 62 of Criminal Law. This produces a negative impact on women rights who are victims of gender based violence. This research aims to present the development of Peruvian legal frame against gender based violence under a human rights approach, then to analyze consequences of concealment of the prison sentence over women rights, and, to present the need of amend Criminal law.

La presente publicación se realiza en el marco de la incertidumbre existente respecto del trato que se le debe dar a las recomendaciones adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. A la fecha, el Perú ha sido llevado ante el referido Comité solo en una oportunidad, el caso referido a L.C. y la negativa de aplicar el aborto terapéutico. En esa oportunidad, el Comité determinó que el Perú violó los derechos humanos de L.C. Si bien es el único caso visto por el Comité antedicho, al Estado peruano le tomó aproximadamente seis años dar cumplimiento parcial a las recomendaciones emitidas. Durante esos años, las víctimas (L.C. y su madre) han continuado buscando insistentemente el cumplimiento de las reparaciones sugeridas por el Comité, lo que hizo que el propio Estado se cuestione sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las mismas. Como resultado se obtuvieron dos opiniones oficiales, el primero, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, el segundo, por el Poder Judicial, ambas entidades concluyeron que las referidas recomendaciones son vinculantes. No obstante, considero que no existe fundamento jurídico para tal afirmación y que, en su lugar, lo que es vinculante no son las recomendaciones, consideradas como fuente auxiliar (doctrina), sino más bien la Convención en sí misma puesto que ha sido ratificada soberanamente por el Estado peruano.

Los estereotipos de género son una de las principales causas de la violencia que sufre la mujer en nuestro país; sin embargo, no toda la sociedad es consciente de su existencia, magnitud y los perjuicios que pueden generar. Por ende, los objetivos del trabajo son los siguientes: El objetivo principal: Analizar el nivel de eficacia de las acciones tomadas por la autoridad de protección al consumidor para combatir la discriminación por género en el ámbito de consumo y, proponer medidas que amplifiquen las potencialidades actuales del sistema de consumidor. Los objetivos específicos: i) identificar el espectro total de las prácticas que perpetuan estereotipos realizadas por los proveedores de bienes o servicios que afectan los derechos de las consumidoras; ii) demostrar que existen prácticas lesivas al mandato de no discriminación que la autoridad desconoce y; por ende, no fiscaliza ni sanciona; ii) Identificar métodos eficaces para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de la consumidora sin trasgredir los derechos de otros actores del mercado. El supuesto es el siguiente: ¿Cuál es el nivel de eficacia de las actuales medidas de prevención y erradicación de la discriminación en materia de protección al consumidor y, cómo pueden potentenciarse las mismas, sin trasgredir los fundamentos económicos constitucionales? La conclusión propuesta es, si bien es cierto, se han advertido aspectos positivos por parte de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Sala de Protección al Consumidor, que estarían contribuyendo con la prevención y erradicación de los estereotipos de género que fomentan la discriminación estructural contra las mujeres. Es recomendable capacitar a los funcionarios que ven estos casos en género y discriminación y, no sólo desde una perspectiva de mercado.

Recientemente vemos cómo la teoría de género viene incorporándose en el estudio del derecho y en la implementación de políticas públicas. Cada vez más abordamos problemas que antes no nombrábamos o nombrábamos de otro modo. El derecho se torna insuficiente, tiene que justificar, tiene que definir ámbitos que hasta hace poco ignoraba. Lo que no se nombra no existe, y sí. Pero ya se nombra, ahora hace falta que el lenguaje jurídico y el sistema jurídico incorpore asuntos que en muchos casos corresponden al ámbito más íntimo del ser humano, como la sexualidad, por ejemplo. Porque el feminismo y la teoría de género nos enseña también, que lo personal es político. Necesitamos de políticas públicas que aborden temas como el aborto, la educación sexual integral o la violencia obstétrica, para eso es necesario dotar de un amparo legal, jurídico cada uno de estos conceptos. Tenemos, por lo pronto, lo que se ha venido a llamar derechos sexuales y reproductivos, que, como veremos, no se trata de un solo derecho, sino de dos, diferentes, ambos con un potencial enorme para justificar y amparar legalmente temas como los antes señalados. Este trabajo solo dará cuenta de las limitaciones de nuestro sistema jurídico cuando de los derechos sexuales y reproductivos se trata y de la necesidad de un desarrollo teórico más completo e individualizado de estos.

En el presente artículo, se cuestiona la exclusión de las mujeres trans como sujetos pasivos del delito de feminicidio en el Acuerdo Plenario N°001-2016/CJ- 116. A fin de promover su inclusión, se propone consider al término mujer como elemento normativo del tipo, lo que implica adoptar un concepto amplio de mujer. Este deberá tomar en cuenta la dimensión dinámica del derecho a la identiad y la identidad de género. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la misma línea de lo resuelto por los tribunales de Colombia y Argentina. Asimismo, el artículo resalta que una interpretación como la propuesta no es completamente contraria a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. / In this article, the exclusion of trans women as passive subjects of the crime of femicide in the Plenary Agreement Nº 001-2016 / CJ-116 is questioned. In order to promote their inclusion, it is proposed to consider the term woman as a normative element of the criminal offense, which implies adopting a broad concept of woman. This should take into account the dynamic dimension of the right to identity and gender identity. The foregoing in accordance with the provisions of the Constitutional Court and the Inter-American Court of Human Rights, and in the same line as that resolved by the courts of Colombia and Argentina. Likewise, the article highlights that an interpretation such as the proposed one is not completely contrary to the jurisprudential line of the Supreme Court.

La presente investigación tiene como objetivo determinar si la respuesta institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú ante casos de acoso sexual se ajusta a los criterios establecidos y desarrollados en el marco internacional de los Derechos Humanos para casos de violencia de género. Para este propósito, en primer lugar, aborda las bases teóricas sobre la que se ha construido e interpretado la figura del acoso sexual, determina que se trata de una expresión de violencia de género que gracias a fenómenos virales como el #MeToo y el acceso a las nuevas tecnologías se ha hecho cada vez más visible, y esboza algunas de las particularidades del acoso sexual en el ámbito universitario. En el segundo capítulo, recoge y analiza el marco internacional de los derechos humanos para determinar cuáles son los criterios establecidos en los instrumentos convencionales y de soft law atinentes a situaciones de violencia de género y luego contrastar éstos con lo dispuesto en el marco normativo nacional. Finalmente, analiza las medidas implementadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú para hacer frente a la desigualdad de género y al acoso sexual al interior de la comunidad universitaria y determina que la respuesta institucional de la PUCP no se ajusta a los criterios establecidos por los instrumentos vinculantes y de soft law del marco internacional de los Derechos Humanos.