Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El cambio de paradigma respecto a la niñez a partir de la proclamación de la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño deja atrás la concepción de la infancia y la adolescencia como “objeto de protección”, constituyéndose en objetos de caridad por parte de los organismos públicos y privados. En virtud de este nuevo marco, pasan a ser “sujetos de derecho” y titulares de éstos, pudiendo exigir su respeto y cumplimiento a su familia, a la sociedad y al Estado. El propósito del presente trabajo es establecer la responsabilidad que le cabe al Estado como garante de los derechos de la infancia cuando éstos han sido violentados o se ven amenazados de serlo. Los niños, niñas y adolescentes requieren vínculos estables que le brinden la seguridad y protección necesarias para su desenvolvimiento personal. La misión de procurar la estabilidad y satisfacción de sus múltiples necesidades está entregada a la familia como organismo fundamental de la sociedad. Sin embargo, producto de diferentes situaciones, circunstancialmente hay familias que no pueden brindar el ambiente seguro y estable que un niño o niña requiere para su desarrollo integral, debiendo el Estado ejecutar medidas para el restablecimiento de los derechos vulnerados o amenazados. Estas disposiciones son de diversa índole y grado de intervención. Si excepcionalmente se requiriese la separación del niño o niña de su familia, se han establecido medidas de cuidado alternativo como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar; debiendo escogerse entre ellas la más idónea para el interés superior del niño y la observancia de sus derechos. Las repercusiones y efectos que estas providencias tienen en los niños y niñas son objeto de un estudio multidisciplinario, debiendo recurrir a otras áreas del conocimiento para su análisis, en especial sobre los beneficios entregados por el acogimiento familiar frente a las otras modalidades.

Tesis (magíster en derecho) Universidad de Chile, 2017. / En Chile se realizan interceptaciones telefónicas entre abogados defensores y sus clientes imputados en procesos penales. Lo anterior debido, en gran medida, a que el Ministerio Público así lo ordenó a sus fiscales en un Instructivo General de la Fiscalía Nacional (Nº 060-2014). Aunque la ley prohíbe expresamente la simple interceptación de las llamadas entre el imputado y su abogado, en la práctica se interceptan cientos de estas llamadas. La mayoría de estas comunicaciones se graban, después se escuchan, y luego, siguiendo el instructivo de la Fiscalía Nacional, debe determinarse por el fiscal del caso si las materias conversadas entre abogado defensor y cliente son “materias propias del ámbito de defensa”. Hecho esto, y si se trata de materias de defensa según el criterio del fiscal, éste debe informar al Juzgado de Garantía; y, si se trata de eventuales delitos cometidos por parte del abogado, puede iniciar una investigación penal en su contra. Los funcionarios del Ministerio Público y las policías saben que la conducta de “interceptar” comunicaciones entre abogados y sujeto defendido, existiendo una autorización judicial para interceptar las comunicaciones del imputado, es una conducta prohibida legalmente y reprochable jurídicamente, pero aun así se hacen, contando además con una instrucción de la máxima autoridad persecutora que respalda dicho accionar. Se analizará y determinará si esa conducta, prohibida por el legislador pero autorizada por el Fiscal Nacional, es inconstitucional e ilícita. Además, se evaluará si esa conducta puede ser constitutiva de delito. Finalmente, se propondrán soluciones al problema.