el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente. / Trabajo académico

Todos los peruanos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (numeral 22 del artículo 2° de la Constitución). Este precepto constitucional está ligado a garantizar el bienestar de las personas dentro del ambiente donde se desarrollan. No obstante, la ejecución de actividades productivas puede generar un daño ambiental que involucre la salud de personas; es decir, que se afecte su bienestar. A fin de evitar esta situación, los titulares de dichas actividades tienen obligaciones que cumplir, siendo que el Estado peruano vela por el cumplimiento de las mismas y aplica, en caso corresponda, medidas para corregir esta situación. Considerando ello, este trabajo analiza dos pronunciamientos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA que versan sobre derrames de hidrocarburos ocurridos en nuestra Amazonía en los últimos 4 años, mediante los cuales se determinó la responsabilidad administrativa por ocasionar un daño a la salud de las personas, así como la imposición de medidas administrativas contra la empresa responsable. De la revisión de dichos pronunciamientos, advertimos que sus análisis sobre el daño a la salud por influjo ambiental han sido divergentes. Si bien es factible que los pronunciamientos puedan diferenciarse, ello será correcto siempre y cuando los actos administrativos estén debidamente motivados y cumplan con los principios de la normativa administrativa. No obstante, en nuestra opinión, el OEFA no ha motivado sus pronunciamientos, al no explicar por qué no consideró la opinión de la autoridad de salud para determinar la afectación de la salud de las personas, considerando que se trata de un tema transectorial; así como, determinó la responsabilidad administrativa de la empresa valorando medios indiciarios que no tienen un sustento técnico. En este contexto, consideramos necesario: establecer lineamientos para definir el daño a la salud por influjo ambiental, así como su probanza en vía administrativa; establecer la obligatoriedad que la autoridad de fiscalización ambiental solicite un informe técnico antes de emitir su decisión final a la autoridad de salud, bajo responsabilidad administrativa; así como diseñar una política ambiental en temas de salud ambiental. Por último, el accionar de la vía administrativa como un mecanismo de comando y control tiene como fin asegurar el bienestar integral de las personas, lo cual no puede desconocer los derechos que asisten a los administrados inmersos en un procedimiento sancionador. / Trabajo académico

La  transferencia  de  funciones  de  supervisión,  fiscalización  y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, adscritoal MINAM, iniciada con la promulgación de un Decreto Supremoen enero del presente año, ha generado controversia debido a surapidez. Además, tomando en cuenta que  el MINAM y la OEFAapenas tienen dos años de creados y sus funciones no terminande definirse. Todo ello ha ocasionado que se elaboren diversashipótesis a raíz de los objetivos y la naturaleza que se percibe conesta decisión dentro del estado peruano. La razón principal que seha dado a dicho traspaso es que lo obliga la normatividad. A pesarde ello, se mostrará que existen otras variables a considerar en laasignación de competencias públicas, sobretodo en un tema tanimportante de la económica nacional, como es el de la regulaciónde los recursos naturales. Se afirma que un traspaso de competen-cias de tan alta importancia sin la valoración debida puede traerconsecuencias en la legitimidad del estado, la gobernabilidaddemocrática y la estabilidad de la minería. En primer lugar, sedetallará el proceso histórico del traspaso de competencias. Ensegundo lugar, se analizará las condiciones institucionales de lasentidades involucradas, para luego analizar que naturaleza orga-nizacional sería las más adecuada, tomando en cuenta variablesde eficacia, eficiencia y legitimidad, dentro de un posible contexto de problemas de gobernabilidad democrática y captura del Estado. Finalmente, se plantearán algunas hipótesis relacionadas al traspaso de competencias y se mencionarán sus conclusiones.

The purpose of this article is to introduce the competencies of OEFA, the way this organization has been implementing mechanisms for its exercise and the liabilities of the administered regarding supervision and control. / La finalidad de este artículo es dar a conocer las competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la forma como este organismo viene implementado losmecanismos para su ejercicio y las obligaciones del administrado respecto de la supervisión y fiscalización.

El objeto del presente artículo académico es determinar si entre los años 2011 a 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ha realizado sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera idónea ante la ocurrencia de derrames ocasionados por las actividades de hidrocarburos en el mar y; por tanto, ha cumplido efectivamente con prevenir la producción de daños al ambiente y/o buscar su remediación. Para tales efectos, se analiza la normativa ambiental vigente que determina las competencias del OEFA para fiscalizar un derrame de hidrocarburos en el mar y las medidas de mitigación y control que pueden ser debidamente exigidas por esta entidad a los titulares de actividades de hidrocarburos ante este supuesto. Asimismo, se evalúan los posibles incumplimientos imputados a los administrados en caso se identificara la generación de un impacto ambiental negativo o un daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos, realizando a su vez una distinción entre estos conceptos. La evaluación de la aplicación de dicha normativa se desarrolla en base a dos (2) casos concretos de procedimientos administrativos sancionadores a los que se ha tenido acceso y que fueron seguidos por el OEFA debido a derrames de hidrocarburos producidos en el mar durante el período de tiempo previamente señalado. En ese contexto, de la evaluación realizada en este artículo ha sido posible identificar una serie de vulneraciones a principios administrativos que deberían regir la actuación del OEFA durante la fiscalización ambiental. Siendo este el caso, se concluye que entre los años 2011 y 2015 esta entidad no ha cumplido con ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera efectiva ante derrames de hidrocarburos en el mar. Por ello, resulta necesario que se implementen mejoras desde la etapa de supervisión para garantizar que sus funciones en materia ambiental sean ejecutadas en observancia del marco regulatorio vigente y permitan lograr el fin de proteger el medio ambiente. / Trabajo académico

El presente trabajo busca realizar un análisis de las medidas administrativas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, “OEFA”), las cuales deben de responder a la naturaleza de los hallazgos detectados en las supervisiones. En tal sentido, se parte de la hipótesis de que las medidas administrativas no estarían siendo impuestas por la autoridad considerando la naturaleza de los hallazgos, sino que estaría apelando a elementos – en términos de política de gestión – que no responden a lo previamente establecido, generando así la desnaturalización del rol fiscalizador del OEFA. Sin embargo, la información recopilada y entregada por la autoridad no permite la confirmación de la hipótesis, pero sí da lugar a un análisis adicional respecto a la real funcionalidad de las medidas administrativas, identificando problemas y planteando soluciones de mejora, dirigidas a salvaguardar la protección del medio ambiente. / Trabajo académico

Todos los peruanos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (numeral 22 del artículo 2° de la Constitución). Este precepto constitucional está ligado a garantizar el bienestar de las personas dentro del ambiente donde se desarrollan. No obstante, la ejecución de actividades productivas puede generar un daño ambiental que involucre la salud de personas; es decir, que se afecte su bienestar. A fin de evitar esta situación, los titulares de dichas actividades tienen obligaciones que cumplir, siendo que el Estado peruano vela por el cumplimiento de las mismas y aplica, en caso corresponda, medidas para corregir esta situación. Considerando ello, este trabajo analiza dos pronunciamientos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA que versan sobre derrames de hidrocarburos ocurridos en nuestra Amazonía en los últimos 4 años, mediante los cuales se determinó la responsabilidad administrativa por ocasionar un daño a la salud de las personas, así como la imposición de medidas administrativas contra la empresa responsable. De la revisión de dichos pronunciamientos, advertimos que sus análisis sobre el daño a la salud por influjo ambiental han sido divergentes. Si bien es factible que los pronunciamientos puedan diferenciarse, ello será correcto siempre y cuando los actos administrativos estén debidamente motivados y cumplan con los principios de la normativa administrativa. No obstante, en nuestra opinión, el OEFA no ha motivado sus pronunciamientos, al no explicar por qué no consideró la opinión de la autoridad de salud para determinar la afectación de la salud de las personas, considerando que se trata de un tema transectorial; así como, determinó la responsabilidad administrativa de la empresa valorando medios indiciarios que no tienen un sustento técnico. En este contexto, consideramos necesario: establecer lineamientos para definir el daño a la salud por influjo ambiental, así como su probanza en vía administrativa; establecer la obligatoriedad que la autoridad de fiscalización ambiental solicite un informe técnico antes de emitir su decisión final a la autoridad de salud, bajo responsabilidad administrativa; así como diseñar una política ambiental en temas de salud ambiental. Por último, el accionar de la vía administrativa como un mecanismo de comando y control tiene como fin asegurar el bienestar integral de las personas, lo cual no puede desconocer los derechos que asisten a los administrados inmersos en un procedimiento sancionador.

el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA

La presente tesis tiene como finalidad analizar el desarrollo de la fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para determinar cuáles son los principales problemas institucionales y jurídicos que inciden negativamente en la protección de los recursos y la conciliación de su protección con la actividad industrial. En ese sentido, se analizan los problemas institucionales de los que adolece la organización del sector ambiente y del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA). Por otro lado, se evalúa también el marco regulatorio en materia de fiscalización ambiental que se ha desarrollado en los últimos años. Este análisis se realiza sobre la base de la revisión de las instituciones básicas de regulación general y de regulación ambiental que se encuentran presentes en la política de fiscalización ambiental en el Perú, teniendo en cuenta también aquellos aspectos que inciden en la institucionalidad del SINEFA que generan ineficiencias y que evitan la eficacia de las medidas adoptadas respecto a la protección del medio ambiente. Asimismo, son objeto de análisis también los factores externos al SINEFA y a la administración pública ambiental que inciden en el desarrollo de la fiscalización ambiental a nivel nacional. En ese sentido, se tienen en cuenta principalmente los aspectos sociales y políticos que han influenciado la regulación ambiental que se ha venido desarrollando y que inciden en la toma de decisiones de los entes rectores y políticos del SINEFA. Finalmente, se identifican los elementos problemáticos en la gestión pública en materia de fiscalización ambiental y se describen puntualmente como es que estos influyen negativamente en la fiscalización ambiental. Sobre la base de los aspectos problemáticos identificados, se presentan propuestas específicas respecto a cada uno de ellos, con la finalidad de mejorar tales aspectos, para lograr una gestión ambiental más eficiente y eficaz. / Tesis