Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática / En esta tesis doctoral se abordan cuatro tópicos diferentes pero mutuamente relacionados: Problemas variacionales sobre álgebras de Jordan Euclideanos, problemas de complementariedad sobre espacios de matrices simétricas, análisis angular entre dos conos convexos y cerrados, y el camino central en programación cónica simétrica. La primera parte de este trabajo corresponde al estudio del concepto de operator commutation en álgebras de Jordan Euclideanos por medio del establecimiento de un principio de conmutación para problemas variacionales los cuales poseen datos espectrales. El principal enfoque de la segunda parte es el análisis y resolución numérica de una amplia clase de problemas de complementariedad formuladas en espacios de matrices simétricas. Las condiciones de complementariedad son expresadas en términos de la ordenación de Loewner o, mas general, con respecto a un par dual de conos Loewnerianos. En la tercera parte presentamos una construcción de la teoría general de ángulos críticos para pares de conos convexos y cerrados. El análisis angular de pares de conos con estructuras especiales es también abordada. Por ejemplo, en nuestro estudio incluimos: subespacios lineales, conos poliedrales, conos de revolución, conos topheavy y conos de matrices. La última parte de este trabajo está dedicada al estudio de la convergencia del camino central y del comportamiento de su punto límite en programación cónica simétrica. Esto es hecho por medio del uso de herramientas de álgebras de Jordan.

[EN] There were missing manuals about the Spatial Planning (Ordenación Del Territorio) from a comparative point of view between the Autonomous Communities and also between European countries. At the same time, a review was needed of what happened on this matter since the Constitution of 1978. Similarly, it should be considered with the perspective of the past years, the validity and effectiveness, or the lack of it, of the system and its level of implementation. It was also necessary to evaluate the work of the constitutional jurisprudence that has been shaping and creating a clear environment on this subject with the involvement of Constitutional Court (Tribunal Constitucional) at the time of defining the power and competencies between the Nation and the Autonomous Communities (Sentence 61/97 January 20th) Starting with its concept of a combination of contents planner of public actions and as stated in the European Regional/Spatial Planning Charter -as an economic, social, cultural and ecological policies' spatial expression of the whole society-, it is from where it's carried out a comparative study with France, Germany, United Kingdom or Italy itself, countries that have been working for years in order to regulate the Spatial Planning. United States should also be mentioned as the focus of this discipline's beginning. Continuing with this comparative study at a national level Valencia deserves special interest, highlighting the Law 5/2014 of July 25h, (LOTUP) and the attempt of setting long term objectives for the Spatial Strategy. The Community of Madrid is an example of bad practise (mala praxis) due to the fact that, even though Madrid has a Spatial Planning Law, its content has not been implemented.On the contrary, special attention should be made to Navarra, which has a very efficient Spatial Strategy, and Catalonia, which has implemented the Barcelona's Metropolitan Plan (Plan Metropolitano de Barcelona) To summarize, and taking into account the above mentioned exceptions, the system fails. The solution, as explained in the Thesis, is further impetus and new proposals. / [ES] Faltaban manuales, que trataran la Ordenación del Territorio desde un punto de vista comparativo entre Comunidades Autónomas y entre países de ámbito europeo. Al mismo tiempo, debía hacerse una revisión de lo que ha ocurrido en esta materia desde la Constitución de 1978. De igual modo, debía valorarse con la perspectiva de estos años, la validez y eficacia, o no, del sistema y su grado de implantación. Era igualmente necesario valorar la labor de la jurisprudencia constitucional, que ha ido moldeando y creando un entorno claro de esta materia, interviniendo el Tribunal Constitucional, a la hora de delimitar las competencias, entre el Estado y las CCAA (Sentencia 61/97 de 20 de enero). Partiendo de su concepto como conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador y como destaca la Carta Europea de Ordenación del Territorio, como expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, es desde donde se lleva a cabo un estudio comparativo, con Francia, Alemania, Reino Unido o la propia Italia, que llevan años regulando la Ordenación del Territorio. También debe mencionarse Estados Unidos como foco de origen de esta disciplina. Continuando con ese estudio comparativo, a nivel nacional, especial interés se le da a Valencia, donde destaca la novedad de la Ley 5/2014, de 25 de julio, (LOTUP), y los intentos de fijar objetivos a largo plazo con la Estrategia Territorial. Ejemplo de mala praxis, es la Comunidad de Madrid, donde a pesar de tener una Ley de Ordenación muy primeriza, luego no se ha visto reflejado en ninguna acción real. Destacan al contrario, Navarra, con una eficaz Estrategia Territorial. O Cataluña, con entre otros, el Plan Metropolitano de Barcelona. En general, y con excepciones que se describen, el sistema falla. Deben darse nuevos impulsos, llevar a cabo nuevas propuestas, que en la Tesis se reflejan. / [CAT] Faltaven manuals, que tractaren l' Ordenació del Territori des d'un punt de vista comparatiu entre Comunitats Autònomes i entre països d'àmbit europeu. Alhora, s'havia de fer una revisió del que ha ocorregut en aquesta matèria des de la Constitució de 1978. De la mateixa manera, s'havia de valorar amb la perspectiva d'aquestos anys, la validesa i eficàcia, o no, del sistema i del seu grau d'implantació. Era igualment necessari valorar la tasca de la jurisprudència constitucional, que ha anat modelant i creant un entorn clar d' aquesta matèria, intervenint el Tribunal Constitucional, a l'hora de delimitar les competències, entre l'Estat i les CCAA (Sentència 61/97 de 20 de gener). Partint del seu concepte com a conjunt d'actuacions públiques de contingut planificador i com destaca la Carta Europea d'Ordenació del Territori, com a expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat, és des d'on es duu a terme un estudi comparatiu amb França, Alemanya, el Regne Unit o la pròpia Itàlia, que duen anys regulant l' Ordenació del Territori. També cal mencionar els Estats Units com a focus d'origen d'aquesta disciplina. Continuant amb aquest estudi comparatiu, a nivell nacional, especial interés se li dóna a València, on destaca la novetat de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, (LOTUP), i els intents de fixar objectius a llarg termini amb l'Estratègia Territorial. Exemple de mala praxis, és la Comunitat de Madrid, on a pesar de tindre una Llei d'Ordenació molt primerenca, després no s'ha vist reflectit en cap acció real. Destaquen pel contrari Navarra, amb una eficaç Estratègia Territorial. O Catalunya, amb entre d' altres, el Pla Metropolità de Barcelona. En general, i amb excepcions que es descriuen, el sistema falla. S'ha de donar nous impulsos, dur a terme noves propostes, que en la Tesi es reflecteixen. / Solar Rodríguez-Porrero, JD. (2016). Perspectivas de la ordenación del territorio en el marco de las comunicaciones autonomas. Propuestas y modelos [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62362 / TESIS

Programa doctoral conjunto "Desarrollo sostenible de bosques tropicales: manejo forestal y turístico"

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La tesis doctoral que aquí se resume estudia la coordinación de los diferentes planes administrativos que tienen entre sus objetivos principales la protección directa del medio físico (planes de ordenación del territorio, de urbanismo, de los espacios naturales y la planificación hidrológica de cuenca), con el objetivo de demostrar que las deficiencias que presenta el sistema de coordinación entre los planes estudiados han de corregirse principalmente a través de la consideración de la planificación hidrológica de cuenca como un instrumento esencial para articular la integración y coordinación de las diferentes planificaciones ambientales que ordenan de manera directa el medio físico y, así, contribuir a materializar el mandato constitucional a los poderes públicos de velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente" (artículo 45.2). El artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), establece con relación a las cuencas hidrográficas intercomunitarias la necesidad de un informe previo emitido por las Confederaciones Hidrográficas cuando los planes, que las Comunidades Autónomas han de aprobar en ejercicio de sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo, afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre o policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica de cuenca. Aparte de considerar este informe previo como un instrumento insuficiente para garantizar la incorporación efectiva de los condicionamientos relativos a la protección física del demanio hídrico y a la garantía de su utilización en los planes de ordenación del suelo, constatamos que éste mecanismo coordinador no ha funcionado, debido a que la remisión reglamentaria que realiza el artículo citado para la determinación de los plazos y supuestos en que se tenía que evacuar el informe no se ha llegado a materializar, y a que, además, se establecía que a falta de emisión del informe en el plazo indicado éste se entendía favorable. Confirma nuestra posición, sobre la insuficiencia del mecanismo de coordinación establecido, el hecho de que pocas semanas antes de depositar esta tesis se reformara parcialmente el artículo 25.4 del TRLA, en el sentido de intentar reforzar el papel del informe, estableciendo la necesidad de un pronunciamiento expreso de la Confederación Hidrográfica sobre la existencia o inexistencia de recursos cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, y cambiando el sentido del informe a desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto. A pesar de que esta modificación supone una mejora, a nuestro juicio la reforma se ha quedado a medio camino porque el informe aún carece de la fuerza necesaria para garantizar la efectiva incorporación e integración de los condicionamientos protectores del demanio. En cambio, el mecanismo coordinador que proponemos, en concreto la necesidad de que el informe resulte vinculante, sí que se prevé en el resto de la normativa sectorial relativa a la protección del demanio público natural ante la planificación de los usos del suelo. Por ejemplo: en la Ley 22/1988, de Costas; en la Ley 43/2003, de Montes; y en la Ley 27/1992, de Puertos de Estado y de la Marina Mercante. Por otro lado, el TRLA tendría que ampliar los supuestos materiales cuya afectación por la planificación de los usos del suelo requiera, como mínimo, un informe previo y operativo de la Confederación Hidrográfica. Nos referimos: a la afectación de las zonas inundables delimitadas en los planes; a los perímetros que se establecen para proteger a las aguas subterráneas frente a la degradación y contaminación; y a las zonas protegidas contempladas en los planes hidrológicos por determinación de la propia planificación de cuenca. Este déficit de coordinación también podría solucionarse mediante la introducción de una norma de prevalencia que disponga la preeminencia de las determinaciones de los planes hidrológicos de cuenca sobre los instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. Por último, y para reforzar nuestra tesis, mostramos todas las características y circunstancias que otorgan a la planificación hidrológica de cuenca una posición preeminente y cualificada para ejercer un papel esencial como instrumento integrador y coordinador de la planificación dirigida a la protección del medio físico. / The Doctoral Thesis summarized here studies the mechanism for coordinating the various administrative plans aimed partly at protecting the environment (land regulation, urban planning, natural space planning and basin hydrological planning). We show that the deficiencies in this mechanism should be corrected mainly by regarding basin hydrological planning as essential to integrating and coordinating the environmental plans that directly regulate the physical environment. This would also enable public authorities to uphold their constitutional mandate to "safeguard a rational use of all natural resources with a view to protecting and improving the quality of life and preserving and restoring the environment", as outlined in section 45.2 of the Spanish Constitution. With reference to Spain's inter-regional hydrographic basins, section 25.4 of the revised National Water Law (Texto Refundido de la Ley de Aguas; hereafter TRLA) established the need for a preliminary report by the River Basin Authorities (Confederaciones Hidrográficas) that should take into account provisions included in basin hydrological planning and be issued when the administrative plans, which must be approved by Spain's autonomous communities in the exercise of their competence in the regulation of land and urban development, affect "the continental water system and its use, or the permitted uses of land of the hydraulic public domain and its areas of access or control". In our opinion, this preliminary report is not sufficient to ensure the implementation of the mechanisms for protecting the hydraulic public domain or their use in plans for land regulation. We also believe that this mechanism has failed, first because the regulatory reference cited in section 25.4 of the TRLA to determine the deadlines and conditions for the report's issue has not materialized and, second, because it was established that if the report were not issued within the period stipulated, it would be considered favourable. Our opinion is supported by the fact that, only a few weeks before this thesis was deposited, section 25.4 of the TRLA was partially revised. The aim of this revision was to strengthen the role of the preliminary report, first by establishing the need for an express declaration from the River Basin Authorities on the existence or non-existence of resources when the acts or plans of the autonomous communities or local authorities imply new demands for hydraulic resources and, second, by changing the conclusion of the report from favourable to unfavourable if it not issued within the stipulated time period. We agree that this change is an improvement but, in our opinion, the revision only goes half way, since the report still lacks the strength to guarantee the effective incorporation and integration of the mechanisms for protecting the hydraulic public domain. On the other hand, the coordination mechanism we propose, and specifically the need for the report to be made binding, is foreseen in the regulations of other sectors governing the protection of the natural public domain against land use planning. See, for example, the Coastal Law of 1988 (Ley 22/1988 de Costas), the Forest Law of 2003 (Ley 43/2003 de Montes) and the State Ports and Merchant Marine Law of 1992 (Ley 27/1992 de Puertos de Estado y de la Marina Mercante). We also believe that the TRLA should extend the list of situations that require an operative report from the River Basin Authorities if an area is affected by land use planning. Here, we are referring to floodable areas whose boundaries are outlined in the plans, perimeters established to protect subterranean waters against degradation and contamination, and protected areas included in hydrological plans upon decisions taken with respect to basin hydrological planning. This low level of coordination could also be improved by the introduction of a prevalence rule to give priority to basin hydrological plans over instruments for regulating land and urban planning. Finally, to support our thesis, we describe the characteristics and circumstances that have given basin hydrological planning a privileged and qualified position in which to play a key role in the protection of the physical environment.

[EN] This study focuses on the analysis of the distribution of responsibilities between the civilian promoter, the technical staff of the building and the builder. This motivates us to the relevance of the Construction Management Law attaches to the mechanisms of distribution of responsibilities in their art. 17. Based on the concept of each of the figures mentioned legal, its obligations, we focus on the responsibilities they assume and how these are distributed among them. The LOE establishes three criteria: 1or 2or the identification of the solidarity between all the players in the fact that caused the damage. And on top of these two criteria, the solidarity of the promoter "in any case" even though there's no generated with his performance injury, regulated in article. 17.3 . We are the normative study with a critical spirit, on the grounds that the legislator, in its attempt to protect the consumer end, has created a standard burdensome in end tothe agents of the building, but mainly to the promoter. The study of jurisprudence, developed by the Supreme Court since the entry into force of the LOE, confirms that for us. Solidarity has become the general criterion being that of the individualization in last place. This conclusion leads us to put the emphasis on the actions you have at your disposal to exercise the right of defense and open the doctrinal debate toward a reform of the article. 17.3 of the LOE. / [ES] Este estudio se centra en el análisis de la distribución de responsabilidades civiles entre el promotor, los agentes técnicos de la edificación y el constructor. Nos motiva para ello la relevancia que la Ley de Ordenación de la Edificación concede a los mecanismos de distribución de las responsabilidades en su art. 17. Partiendo del concepto de cada una de las figuras jurídicas mencionadas, de sus obligaciones, nos centramos en las responsabilidades que asumen y en cómo se distribuyen éstas entre ellos. La LOE establece tres criterios: 1º el de la individualización 2º el de la solidaridad entre todos los agentes intervinientes en el hecho causante del daño. Y por encima de estos dos criterios, el de la solidaridad del promotor "en todo caso" aunque en absoluto haya generado con su actuación daño o perjuicio, regulado en el art. 17.3. Nos planteamos el estudio normativo con espíritu crítico, por considerar que el legislador, en su intento de proteger a los consumidores finales, ha creado una norma gravosa en extremo para los agentes de la edificación, pero fundamentalmente para el promotor. El estudio de la jurisprudencia, desarrollada por el Tribunal Supremo desde la entrada en vigor de la LOE, nos lo confirma. La solidaridad se ha convertido en el criterio general quedando el de la individualización en último lugar. Esta conclusión nos lleva a poner el énfasis en las acciones que tienen a su disposición para ejercitar el derecho de defensa y abrimos el debate doctrinal hacia una reforma del art. 17.3 de la LOE. / [CAT] Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la distribució de responsabilitats civils entre el promotor, els agents tècnics de l'edificació i el constructor. Ens motiva per a açò la rellevància que la Llei d'Ordenació de l'Edificació concedeix als mecanismes de distribució de les responsabilitats en el seu art. 17. Partint del concepte de cadascuna de les figures jurídiques esmentades, de les seues obligacions, ens centrem en les responsabilitats que assumeixen i en com es distribueixen aquestes entre ells. La LOE estableix tres criteris: 1º el de la individualització 2º el de la solidaritat entre tots els agents intervinents en el fet causant del dany. I per sobre d'aquests dos criteris, el de la solidaritat del promotor "en tot cas" encara que en absolut haja generat amb la seua actuació danye o perjudici, regulat en l'art. 17.3. Ens plantegem l'estudi normatiu amb esperit crític, per considerar que el legislador, en el seu intent de protegir als consumidors finals, ha creat una norma onerosa en extrem per als agents de l'edificació, però fonamentalment per al promotor. L'estudi de la jurisprudència, desenvolupada pel Tribunal Suprem des de l'entrada en vigor de la LOE, ens ho confirma. La solidaritat s'ha convertit en el criteri general quedant el de la individualització en últim lloc. Aquesta conclusió ens porta a posar l'èmfasi en les accions que tenen a la seua disposició per a exercitar el dret de defensa i obrim el debat doctrinal cap a una reforma de l'art. 17.3 de la LOE. / Vicente Torres, M. (2016). Distribución de responsabilidades entre los principales agentes de la edificación [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/61988 / TESIS

Esta investigación ha contado con la financiación y forma parte del Proyecto SIOSE-INNOVA (CSO2016-79420-R AEI/FEDERUE. Ministerio de Ciencia e Innovación. España).