El presente informe jurídico tiene como propósito analizar los fundamentos jurídicos utilizados por Osinergmin en el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Frontera Energy del Perú S.A. (en adelante, Frontera), a través del expediente 201600140515. En ese sentido, se tiene como objetivo determinar si el órgano sancionador vulneró el Principio de Causalidad cuando decidió sancionar a la empresa operadora por no cumplir con la obligación de retirar instalaciones inactivas que se encontraban en el Lote 192. La particularidad del caso radica en que la instalación inactiva objeto de imputación ya se encontraba en ese lugar desde antes del inicio de las actividades de la empresa operadora. Asimismo, se pretende demostrar que la instalación inactiva imputada es pasible de ser subsumida dentro del concepto jurídico de pasivos ambientales; por lo tanto, la determinación de responsabilidad respecto de la instalación inactiva debe regirse por las normas jurídicas contenidas en la Ley N° 29134, Ley que Regula los Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos (en adelante, LPAH). Finalmente, se analiza si el órgano sancionador tiene la facultad de calificar la naturaleza jurídica de un recurso impugnativo; dado que, en el presente caso el órgano sancionador decide calificar el recurso de apelación presentado por la empresa operadora como si fuera un recurso de reconsideración. De modo que, de conformidad con el marco jurídico vigente se evidenciará las razones por las cuales no es posible que el órgano sancionador realice la recalificación del recurso impugnativo presentado por la empresa operadora / The purpose of this legal report is to analyze the legal grounds used by Osinergmin in the disciplinary administrative procedure initiated against the company Frontera Energy del Perú S.A., through file 201600140515. In this sense, the objective is to determine if the sanctioning body violated the principle of causality when it decides to sanction the operating company for not complying with the obligation to remove inactive facilities that were in Block 192. The particularity of the case lies in the fact that the inactive installation subject to imputation was already in that place since before the operating company started its activities. Likewise, it is intended to demonstrate that the imputed inactive facility is liable to be subsumed within the legal concept of environmental liabilities; therefore, the determination of responsibility of the imputed inactive facility must be governed by the legal norms contained in Law No. 29134, Law Regulating Environmental Liabilities in the Hydrocarbons Subsector and its Regulations. Finally, it is analyzed whether the sanctioning body has the power to qualify the legal nature of a challenge; given that, in the present case, the sanctioning body decides to classify the appeal of the operating company as if it were a reconsideration resource. So, in accordance with the current legal framework, the reasons why it is not possible for the sanctioning body to reclassify the appeal filed by the operating company will be evidenced

La aplicación de la fuerza mayor para eximir de responsabilidad a los concesionarios que brindan un servicio público tiene una aplicación diferente a la dispuesto por el derecho civil, en tanto que la actividad económica a la que se dedican tienen un régimen especial. En el sector eléctrico, es OSINERGMIN quien califica un hecho como un evento de fuerza mayor, por lo que emitió Resolución OSINERG N° 010-2004-OS/CD, mediante la cual se dispone el procedimiento para solicitar la calificación de fuerza mayor. En ese contexto, se identificarán las diferencias que existen entre la aplicación de la fuerza mayor en el derecho administrativo y el derecho civil. Conforme se procederá a explicar, existe una mayor flexibilidad en la aplicación de la fuerza mayor en la vía administrativa. Por consiguiente, a través de un extenso análisis, se procederá de determinar la correcta aplicación de la fuerza mayor en el procedimiento administrativo, en base a la solicitud de calificación de fuerza mayor por un caso de hurto presentado por el concesionario EDECAÑETE. / The application of force majeure to exempt concessionaires that provide a public service from liability has a different application than that provided by civil law, while the economic activity to which they are engaged has a special regime. In the electricity sector, it is OSINERGMIN that qualifies an event as a force majeure event, for which reason it issued OSINERG Resolution No. 010-2004-OS/CD, through which the procedure for requesting the qualification of force majeure is established. In this context, the differences between the application of force majeure in administrative law and civil law will be identified. As will be explained, there is greater flexibility in the application of force majeure in administrative proceedings. Therefore, through an extensive analysis, the correct application of force majeure in the administrative procedure will be determined, based on the request for qualification of force majeure for a case of theft presented by the EDECAÑETE concessionaire.

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, que es la calidad de cosa juzgada, en ese sentido desarrollaré y analizaré los hechos, los puntos controvertidos y los argumentos vertidos en el laudo arbitral. El Tribunal Arbitral anterior, cuyo Expediente N° 099-2009, declaró infundada la sexta pretensión del Consorcio; por tanto, declaró como válida Resolución Directoral N° 1202-2009-MTC/20, en la que PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato de Consultoría de Servicio N° 035-2009-MTC/20, por exceso en el plazo de la entrega del Informe N° 2. Además, de lo expuesto en la parte considerativa del laudo anterior se pronuncia afirmando que sí correspondía que la Entidad impusiera la penalidad establecida en el contrato y que dicha penalidad superó los máximos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (10% del monto del contrato). Por consiguiente, el nuevo Tribunal Arbitral, con Expediente N° 289-59-12, al amparar el punto 3.2 de la tercera pretensión en el presente laudo arbitral materia de análisis, se estaría dejando sin efecto la causal, el artículo 41° de la Ley2, y los artículos 224° a 226° del Reglamento3, que ha servido como fundamento para la resolución del contrato declarado por el primer Tribunal

En el 2007, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impulsó un proceso de desconcentración de sus servicios de orientación y atención a usuarios de telecomunicaciones, supervisión al comportamiento de las empresas de los servicios de telecomunicaciones y resolución de los Recursos de Apelación de los Reclamos de usuarios y quejas en cada departamento. Veintitrés (23) Oficinas y nueve (09) Centros de Orientación fueron implementadas. Esta investigación se pregunta ¿cuáles fueron los factores o condiciones que afectaron el proceso de desconcentración del OSIPTEL? e identifica los aspectos que facilitaron y limitaron los cambios entre el 2007 y el 2017. La información ha sido recogida de documentos oficiales, informes y entrevistas semiestructuradas a actores que intervinieron en el proceso. Se concluye que los factores que afectaron positivamente el proceso son: el liderazgo y compromiso de sus líderes, el entorno político favorable, disponibilidad de recursos económicos (presupuesto asignado), el fortalecimiento de capacidades del personal y la gestión de la información. Los factores que limitaron el proceso fueron la resistencia al cambio, las dificultades de adaptación y la burocratización. El trabajo abre la oportunidad a nuevas investigaciones y permite comprender procesos de reformas de gestión institucional en el Perú. / In 2007, the regulatory body for telecommunications (OSIPTEL) initiated a deconcentrating process of its service delivery to consumers (orientation to consumers, oversight to companies, and complaints appeal procedures). Twenty-three (23) offices and nine (09) orientation centres were implemented. This investigation aims to ask the research question ¿which were the factors that affected the deconcentrating process of OSIPTEL? This research seeks to identify the enabling and limiting factors that affected changes between 2007 and 2017. The information has been collected from official documents, reports, and semi-structured interviews to actors involved in the process. Conclusions derived from the analysis identify factors that positively affected change: i) the leadership and commitment of its leaders to processes, ii) the favourable political environment, iii) availability of economic resources (assigned budget), iv) capacity building of staff and information management. Moreover, negative factors were: i) the resistance to change, ii) adaptation difficulties, iii) bureaucratization, and iv) processes delays. This work opens the opportunity for new research and allows to understand processes of institutional management reforms in Peru.

El presente informe jurídico corresponde a la controversia suscitada entre la Compañía Telefónica Andina S.A. (Teleandina) y Telmex del Perú S.A. (Telmex), en relación a un Procedimiento de Solución de Controversias, desarrollado ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en el mes de junio del 2006, debido a la presunta dilación en la reparación del enlace de interconexión por parte de TELMEX. A raíz de ello, se emitió la Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2007, mediante la cual el Tribunal de Solución de Controversias (i) declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 003-2006- CCO/OSIPTEL, (ii) instituye un precedente de observancia obligatoria, relacionada al numeral 48 del anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, las TUO de Interconexión)(1) y (iii) recomienda la conformación de un Cuerpo Colegiado, para el inicio de un procedimiento administrativo de oficio. Este informe se realiza con la finalidad de resaltar la importancia de los principios, en la actuación de la Administración, y establecer una crítica a las recomendaciones inviables que formula la Administración. Del análisis de los actuados se identifican tres problemas: primero, la vulneración del Principio de Tipicidad, con el establecimiento del precedente de observancia obligatoria, segundo, las consecuencias de la nulidad del acto administrativo, y tercero, la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, sustentado en el incumplimiento del numeral 48 del anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. Se concluye, entre otros aspectos, que OSIPTEL llevó a cabo una interpretación extensiva o analógica del numeral 48 del anexo 5 del TUO de Interconexión, dio origen a un imposible jurídico y brindó una recomendación inviable, contraria al Principio de Tipicidad

El presente Informe Jurídico realiza un análisis al procedimiento administrativo sancionador instaurado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) contra Frontera Energy del Perú S.A., antes llamado Pacific Stratus Energy S.A. por el incumplimiento de la obligación de retiro de una instalación inactiva que habría generado la fuga de hidrocarburos en la batería de Capahuari Sur del Lote 192, en el año 2016. En ese sentido, se evalúan dos problemas jurídicos principales, por un lado, desde la perspectiva procedimental, respecto a la competencia sancionadora de OSINERGMIN en el presente caso y, por otro lado, en sentido material, sobre la actuación del administrado y su responsabilidad en la fuga descrita. Al respecto, a lo largo del presente análisis jurídico se busca dar respuesta a los problemas jurídicos, a fin de concluir si el procedimiento administrativo sancionador contra Frontera Energy del Perú S.A., fue llevado de manera correcta por OSINERGMIN, en el marco procesal y material, cumpliendo con la normativa vigente en el momento que ocurrió el hecho infractor. Finalmente, se arriba a una recomendación y reflexión final en relación a una mejora legislativa, a efectos de evitar controversias como la que se presenta en el caso materia del presente análisis.

Consumidor regulan la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios; para ello se ha otorgado a la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi las competencias de control y vigilancia sanitaria en tema de alimentos y bebidas. El presente trabajo académico se propone desarrollar, primero, las diferencias entre el Deber de Idoneidad, Inocuidad y Seguridad; segundo, analizar las competencias otorgadas en materia de alimentos a la Digesa y al Indecopi; tercero, busca reflexionar acerca de la aplicación de uno de los supuestos de las medidas correctivas complementarias. Para tal efecto, se ha recurrido a diferentes fuentes doctrinales, marcos normativos y a Resoluciones emitidas por el Indecopi desde el 2017. Todo ello con la finalidad de poder demostrar la relevancia de la actuación del Indecopi y la Digesa en materia de la vigilancia y control sanitario en los alimentos y bebidas. Asimismo, demostrar si efectivamente se cumple el objetivo que tienen las medidas correctivas complementarias; y, finalmente, exhibir el rol principal que cumple la Digesa en este tipo de casos. / The Food Safety Law, as well as its Regulations; and the Consumer Protection and Defense Code regulates the sanitary surveillance of food products; For this, the General Directorate of Environmental Health - Digesa and the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - Indecopi have been appointed the powers of health control and surveillance in the area of food and beverages. This academic work aims to develop, first, the differences between the Duty of Suitability, Innocuousness and Security; second, it analyzes the powers granted to Digesa and Indecopi in matters of food; third, it seeks to reflect on the application of one of the assumptions of the complementary corrective measures. For this purpose, different doctrinal sources, regulatory frameworks, and Resolutions issued by Indecopi have been used since 2017. All this to be able to demonstrate the relevance of the actions of Indecopi and Digesa in matters of health surveillance and control in food and beverages. Likewise, demonstrate whether the objective of the complementary corrective measures is being met; and, finally, show the main role played by Digesa in this type of case.

El informe jurídico analiza principalmente dos problemas jurídicos principales identificados en virtud de la Resolución Nº 0278-2015/SDC-INDECOPI1, que declaró barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la disposición administrativa contenida en el numeral 34 del artículo 2º, artículos 4º y 33º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que exigen a los propietarios titularse como químicos farmacéuticos para denominar “farmacia” a sus establecimientos farmacéuticos. El primer problema jurídico principal refiere a la pertinencia de la entidad a exigir el cumplimiento de disposiciones administrativas contenidas en normas reglamentarias los cuales transgreden la finalidad de su ley primigenia; y, el segundo, sobre la viabilidad de que Indecopi proceda con ordenar la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas irrazonables materializadas en disposiciones administrativas. Para el análisis de los problemas jurídicos reseñados, tomé como referencia su base legal, exposición de motivos, proyectos de ley y documentos internos de Indecopi en el cual realizan críticas a las modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1256, aprobadas mediante la Ley Nº 31775; así como, la doctrina nacional correspondiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, sobre relevancia que el reglamento cumpla con las formalidades necesarias a fin de que guarde concordancia con su ley primigenia; y, en segundo lugar, respecto la importancia que Indecopi declare la inaplicación con efectos generales de las barerras burocráticas irrazonables contenidas en disposiciones administrativas. / The legal report mainly analyzes two main legal problems identified by virtue of Resolution No. 0278-2015/SDC-INDECOPI, which declared illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier the administrative provision contained in numeral 34 of Article 2, Articles 4 and 33 of the Regulation of Pharmaceutical Establishments, which require owners to be licensed as pharmaceutical chemists to call their pharmaceutical establishments "pharmacy". The first main legal problem refers to the pertinence of the entity to demand compliance with administrative provisions contained in regulatory norms which transgress the purpose of its original law; and, the second, on the viability of Indecopi to proceed with ordering the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers materialized in administrative provisions. For the analysis of the legal problems reviewed, I took as a reference their legal basis, explanatory memorandum, draft laws and internal documents of Indecopi in which they criticize the amendments to Legislative Decree No. 1256, approved by Law No. 31775; as well as the corresponding national doctrine. Finally, the conclusions are the following: firstly, on the relevance that the regulation complies with the necessary formalities in order to be in accordance with its original law; and, secondly, on the importance of Indecopi declaring the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers contained in administrative provisions.

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

With the entry into force of the Constitution of Peru of 1993, the economic model of social market economy, which was accompanied by an institutional reform, creating four (4) regulators of utilities and one (1) competition agency, was established. The economic model of social market economy, guarantees free competition in the market as a general rule, establishing a regulatory framework for public services that before the reform, were managed directly by the State. Thus, in this paper we will learn how to set up the Peruvian institutional framework and what are the main similarities and differences between competition and regulation, for which we will detail the functions of the competition agency and regulatory bodies as well as interaction between the two. / Con la entrada en vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993, se estableció el modelo económico de economía social de mercado. Como parte del mismo, se realizaron una serie de reformas institucionales del Estado, creándose cuatro organismos reguladores de los servicios públicos y una agencia de competencia. El modelo económico de economía social de mercado garantiza la libre competencia en el mercado como regla general, estableciendo un marco regulatorio para los servicios públicos que, antes de la reforma, eran gestionados directamente por el Estado. Así, en el presente trabajo podremos conocer cómo se ha establecido el marco institucional peruano y cuáles son las principales similitudes y diferencias de la competencia y la regulación, para lo que detallaremos las funciones de la agencia de competencia y la de los organismos reguladores, así como la interacción que existe entre ambos.