Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se busca profundizar en el estudio del factor tiempo dentro de los procedimientos administrativo-sancionatorios, su origen, incidencia, consecuencias y necesario respeto para que éste sea conforme a derecho, estudiando tanto la normativa, doctrina y jurisprudencia atingente al caso. En dicho trabajo, se le otorga especial énfasis a reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, a propósito de que ésta ha acuñado una nueva figura extintiva denominada “decaimiento del procedimiento administrativosancionador”, que extingue el procedimiento administrativo-sancionador. Así, es que dicho estudio busca reivindicar la necesidad de que todo procedimiento administrativo-sancionador se desarrolle dentro de límites temporales que den pleno respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo investigativo tiene por objeto indagar sobre el control jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia a los actos de la Administración del Estado enmarcados en el procedimiento disciplinario de sumario administrativo, por medio del estudio de los fallos de recursos de protección pronunciados por la Corte Suprema de Justicia durante el quinquenio 2010 – 2015, y de esta manera, determinar la eficacia de la acción constitucional como mecanismo de control del procedimiento administrativo. En el primer capítulo nos referiremos al marco teórico de la investigación, revisando de manera somera los tópicos fundamentales tanto de la acción de protección como del sumario administrativo, y como estas instituciones se relacionan en el marco del control jurisdiccional de los actos de la Administración. En el segundo capítulo presentaremos los antecedentes, el desarrollo y los resultados de la investigación, en donde se recopilaron, clasificaron y tabularon 258 fallos de apelaciones de recursos de protección conocidos por la Corte Suprema. En el tercer capítulo, representaremos el análisis de cada fallo estudiado a través de fichas resúmenes individuales que dan cuenta de los fundamentos de la decisión en cada caso. Para finalizar, presentaremos algunas consideraciones a modo de conclusión, a la luz de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación.

Tesis (magíster en derecho )

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La razón que me condujo a la elección de este tema es la gran relevancia que ha adquirido el derecho laboral en los últimos años, producto del surgimiento de tópicos tan relevantes como la subcontratación, el salario ético o la semana corrida, entre otros, que han trascendido de la agenda netamente académica o jurídica para convertirse en origen de discusión al interior de ámbitos como la economía o la política en general. Dentro de lo interesante que podría resultar un estudio acabado de la Dirección del Trabajo en el agitado escenario laboral actual, la elección del tema en particular se debe a la poca información con que cuentan los ciudadanos respecto de cómo se lleva a cabo su procedimiento administrativo de fiscalización. En la actualidad, cuando la Dirección del Trabajo ejerce su función fiscalizadora, tanto los trabajadores como los empleadores fiscalizados se encuentran en una situación de incertidumbre frente a su accionar, puesto que existen varias instancias donde, en la práctica, no se siguen con rigurosidad las pautas generales del procedimiento administrativo de aplicación general. Es a raíz de ello que creo que es necesaria una sistematización del tema, para suplir la ausencia de normativa iluminadora al respecto. El objetivo del estudio se delimita a establecer si las normas de derecho administrativo que rigen el procedimiento administrativo de los órganos de la Administración del Estado en general se aplican o no a la Dirección del Trabajo y, específicamente, a su labor fiscalizadora. Esto teniendo en consideración las particularidades de la Dirección del Trabajo como servicio público, principalmente debido al importantísimo rol social que desempeña. La hipótesis que planteo es que las normas generales que rigen el procedimiento administrativo consagrado en la Ley 19.880 efectivamente son aplicables a la Dirección del Trabajo, tal como a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, más cuando éstas, en su mayoría, persiguen el tratamiento justo a los ciudadanos y la transparencia en el accionar de los servicios públicos. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación pueden aparecer matices que nos lleven a afinar esta hipótesis inicial. La metodología propuesta es clara. Debido a la poca información que existe sobre la materia en particular, el sustento de esta tesis será el estudio de textos propios del derecho administrativo que aborden la potestad inspectora de la Administración del Estado en general, el análisis de cuerpos legales y de jurisprudencia. La idea es aplicar el método deductivo, de modo que de lo general arribemos a una conclusión más particular que importe una sistematización de la materia. Para ello abordaré en principio la Dirección del Trabajo como institución, luego profundizaré sobre la potestad inspectora de la Administración y en el procedimiento administrativo de inspección, para terminar con lo medular de la tesis, es decir, ver si éste último se aplica a la primera y por qué

Al estar nuestra ley directamente inspirada en la legislación española de procedimiento administrativo, la que debido a sus ya bastantes años de vigencia ha generado una rica literatura doctrinal sobre ella, y en particular sobre el interesado, objeto de nuestro estudio, hemos recopilado y sistematizado lo que sobre él se ha escrito, oficiando verdaderamente de compiladores más que de creadores, pero teniendo como foco de nuestro mirar la ayuda que puede brindar el poseer, en un solo volumen, aquello que nos entregan dispersamente decenas de libros que sobre el tema se han elaborado. Buscando además ofrecer una mirada más general, viendo en cual horizonte más amplio se engasta el interesado, ofrecemos para lograr ese propósito un pequeño esbozo, en el primer capítulo de este trabajo, del tratamiento jurídico de la legitimación procesal en la legislación común, señalando al efecto quienes se entienden ser parte en un procedimiento de general aplicación, su capacidad, derechos subjetivos de los cuales es poseedor y la representación del mismo; posteriormente, en el segundo capítulo, estudiaremos al particular pero ya no de manera genérica, sino que concentrándonos en su relación con la Administración. Así, veremos que la específica denominación del sujeto –administrado- conlleva derechos, garantías y deberes específicos aplicables en su relación con la Administración, materia que nos lleva a tratar el interés, tanto jurídico como legítimo, particular y colectivo, que ostenta dicho administrado; en el tercer capítulo será una visión del derecho comparado la que nos introduzca en aquel que es el objeto final de este trabajo, el interesado en el nuevo procedimiento administrativo, mostrando cómo han entendido al mismo distintas legislaciones como la española y argentina, entre otras, y cómo cada una ha enfrentado el tema siempre complejo de la representación del interesado ante la Administración. Finalmente, en el cuarto capítulo, analizaremos al interesado en el contexto de nuestra ley de procedimiento administrativo, la Nº 19.880, la legitimación que debe ostentar para concurrir ante la administración, qué capacidad es la exigida para comparecer en el procedimiento administrativo, la representación del mismo y la existencia de pluralidad de interesados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación exponemos nuestra investigación sobre el Estatuto Jurídico de las Revisiones Técnicas Vehiculares vigente en nuestro País. éste se referirá a dar cuenta de nuestra investigación en el área referida a los sustentos jurídicos que el Estado Administración posee explícitamente para la concreción del sistema de Plantas de Revisión Técnica. Pasaremos por un análisis doctrinario, para luego adentrarnos en la normativa vigente, el sistema de concesión, los cuerpos reglamentarios, y en especial el procedimiento administrativo aplicable, donde la Ley N° 19.880, adquiere especial relevancia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de licenciatura tiene por objetivo efectuar un estudio sistemático de la institución del silencio administrativo. Teniendo en vista aquello, es que el trabajo se ha dividido en tres capítulos, los que a continuación mencionamos. El primer capítulo, titulado dogmática general del silencio administrativo, efectúa el análisis del sustento doctrinario de la institución. Comprendiendo que se trata de un aspecto que ofrece innumerables aristas es que hemos procedido a dividirlo en varios acápites, a fin de hacer más accesible la comprensión de todos los problemas que plantea. Este enfoque metodológico nos obliga a advertir la profunda interrelación existente entre cada uno de los tópicos analizados, lo que explica la suerte de imbricación que se produce y puede servir de disculpa ante los cuestionamientos referentes al porqué de los criterios de agrupación elegidos. También queremos hacer presente que las continuas referencias a la legislación española en este capítulo únicamente tienen por objetivo ilustrar las materias tratadas. La intención ha sido trascender legislaciones específicas, aunque la indesmentible influencia doctrinaria del régimen español resulta insoslayable. El segundo capítulo se encarga del somero estudio de la regulación que del silencio administrativo han efectuado ciertas legislaciones comparadas. Por las razones anotadas en el párrafo anterior, el análisis del régimen español es el más acucioso. La elección del resto de los países europeos (Francia, Alemania e Italia) se explica por la eminencia e influencia de sus regulaciones, lo que pretendemos demostrar en el desarrollo de la obra. Por lo que respecta a las legislaciones americanas tratadas, el factor que nos indujo a elegirlas y estudiarlas fue el de exponer, al menos tangencialmente, el contraste entre ellas y nuestro propio ordenamiento, sabiendo que estos países comparten un desarrollo jurídico y socioeconómico similar al nuestro. El tercer y último capítulo es el del estudio de la regulación que nuestro país ha hecho del silencio administrativo. En él se efectuará un análisis detallado de la Ley 19.880, 2 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, además de hacer mención a algunas paradigmáticas legislaciones sectoriales que se han encargado de regular en su ámbito la cuestión del silencio administrativo. El objetivo es tratar de dilucidar si el régimen chileno obedece a ciertos lineamientos macro-estructurales o se trata de una regulación variopinta sin mayor relación entre sus diversos elementos. Para dicho análisis se utilizará el bagaje doctrinario expuesto en el primer capítulo de esta obra, además de menciones esporádicas a la jurisprudencia, incluyendo la sui generis de la Contraloría General de la República. El objetivo de nuestro trabajo es indudablemente ambicioso. Eso, junto al interés inherente que supone el estudio de una herramienta que intenta hacer frente a la desidia de las administraciones públicas, amén de la notable falta de trabajos en nuestro país a su respecto, explica que nos hayamos consagrado a este tema. Esperamos que el resultado de nuestra investigación sirva de alguna utilidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar una de las actividades administrativas de más larga tradición histórica, a saber, la inspección administrativa. Ante la escasa dedicación que la doctrina nacional le ha concedido a este tema, pese a la incuestionable y gran aplicación práctica que el ejercicio de dicha actividad importa, este trabajo pretende desentrañar y establecer, por sobre todo, el desarrollo de esta actividad, buscando resolver preguntas tales como: ¿es necesario que la inspección se someta a un procedimiento administrativo?, ¿tiene el sujeto inspeccionado algún derecho ante la intervención de la administración?, ¿cuáles son las potestades con las que cuentan los órganos inspectores para ejecutar su labor?, ¿quién decide cuándo y a quién inspeccionar?, ¿es la potestad inspectora una potestad discrecional?. En directa relación con el tema anterior, pero ya desde la perspectiva de la garantía que tiene todo ciudadano frente al actuar dañino de un órgano de la Administración, se aborda el tema de la responsabilidad del Estado Administrador por inactividad en el ejercicio de sus potestades de inspección