Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos. En el capítulo primero, con la finalidad de entender los procedimientos de calificación ambiental consagrados en el S.E.I.A., estudiaremos los mecanismos de intervención administrativos. Con este objeto, se analiza el concepto de procedimiento administrativo, sus distintos principios formativos, su influencia en el actuar propiamente tal de la Administración, todo bajo la luz de la actual normativa consagrada en la Ley 19.880, publicada recientemente en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2003. Asimismo, se analiza el concepto de acto administrativo, sus diversas clasificaciones y dentro de dichos actos, se estudia a la autorización administrativa, particularmente. Como el S.E.I.A. es un mecanismo legal de protección jurídica al medio ambiente,en el capítulo segundo de este trabajo, se desarrolla la evolución histórica que presenta dicha protección jurídica en Chile, para concluir en el capítulo tercero, con un análisis de las principales características, orígenes y rasgos principales del S.E.I.A., finalizando con un estudio de las principales características que presentan los distintos Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel comparado, intentando develar su espíritu como mecanismo de protección al medio ambiente. En el capítulo cuarto, se desarrolla la consagración legal en nuestro país del procedimiento administrativo contenido en el S.E.I.A., analizando desde la etapa de la formación de la ley, consagrados en los Registros de la Historia Fidedigna de la Ley 19.300, hasta la última modificación reglamentaria, realizada por el Decreto Nº 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, de 21 de agosto de 2001 y publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2002. En el análisis del procedimiento administrativo consagrado en el S.E.I.A., se exponen los dos grandes métodos que establece la Ley 19.300 para evaluar ambientalmente un determinado proyecto o actividad económica, consistentes en los “Estudios de Impacto Ambiental” (E.I.A.) y en las “Declaraciones de Impacto Ambiental” (D.I.A.); junto a los diferentes pasos y etapas que deben ser observados para obtener la resolución que califica favorablemente al determinado proyecto o actividad. Cabe destacar, que el análisis del procedimiento administrativo, se hace a la luz de las normas contenidas en la Ley 19.880 y la reflexión se detiene en la importancia que tiene el silencio administrativo para la calificación ambiental de un determinado proyecto o actividad. Finalmente, en el capítulo quinto, se estudia desde el punto de vista material del Derecho Administrativo, a la resolución de calificación ambiental, reflexionando en torno a la calidad o naturaleza jurídico-administrativa de la resolución que evalúa ambientalmente un determinado proyecto o actividad, para llegar a la conclusión que dicha resolución presenta las características propias de una “autorización” y cuales son las características de esta “autorización ambiental”. Por último, se analiza y reflexiona en torno a cuál es el título de intervención específico que autoriza a la autoridad para calificar ambientalmente un determinado proyecto o actividad, finalizando con algunas reflexiones en torno a cuán reglados o no son los procedimientos establecidos en el S.E.I.A. y las resoluciones que lo concluyen, determinando las consecuencias que se derivan de dicho hecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurìdicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es estudiar a fondo la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para ello se estudia la legislación comparada de procedimientos administrativos. En Chile se dictó la ley de la materia sólo en 2003, por lo que debemos estudiar si esta es la tendencia a nivel mundial. Asimismo, debemos conocer si la presunción de legalidad ha sido consagrada a nivel legal, qué sanciones existen para los actos ilícitos, y qué facultades se le otorga a la Administración de cada país en esta materia. Luego, se estudia a la doctrina comparada. No todos los países contemplan la existencia de la presunción de legalidad, por lo que debemos estudiar qué fundamento entregan los autores en Europa y en Latinoamérica para ella en el caso que se la reconozca. Del mismo modo, es importante saber cómo han surgido estas ideas en otros países, considerando que en Chile nació gracias a un dictamen de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se estudia todo lo que ha señalado históricamente la doctrina chilena, clasificándola en dos distintas etapas: durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 y durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. En este último caso, se distingue entre antes y después de la dictación de la Ley N° 19.880. Finalmente, se estudia la jurisprudencia nacional en la materia. Siendo en Chile la presunción de legalidad una creación contralora, lo señalado por esta entidad reviste de gran importancia, en especial si durante muchos años fue la única fuente de la misma. También se estudia lo señalado por el Tribunal Constitucional. Si se ha acusado a esta institución de inconstitucionalidad, será este el órgano que tenga la última palabra en la materia. Asimismo, se estudia lo señalado por los tribunales ordinarios, como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos efectuados por la Administración en el ejercicio de sus facultades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre el procedimiento al cual se deben enfrentar los extranjeros al momento de regularizar su situación migratoria (desde la entrada al país), si es necesario que este cumpla con los estándares modernos de un debido proceso y si, en caso de ser así, efectivamente cumple con dicho estándar. Así, el trabajo compara lo que se entiende por un debido procedimiento administrativo, lo que señala la legislación migratoria vigente y lo que ha sucedido en la práctica, analizando diversos casos. Finalmente, se expondrá si efectivamente con la actual legislación migratoria es posible lograr dichos estándares o si, por el contrario, se deben realizar cambios legislativos y cuál sería la profundidad de estos. / 20/11/2019

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente artículo realiza un análisis económico de la política pública que fluctúa entre el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos especializados y una estructura general de justicia administrativa en Chile. Desarrolla variables con el fin de construir una inecuación que permita poner de manifiesto los beneficios y costos de la actual estructura especializada de tribunales contenciosos administrativos, para evaluar, finalmente, el desarrollo de la política pública que estableció la actual estructura en desmedro de una generalista. / The present article makes an economic analysis of the public policy that fluctuates between the establishment of specialized administrative courts and a general administrative justice’s structure. It develops variables in order to construct an inequality that allows to show the benefits and costs of the current specialized administrative court’s structure, to finally evaluate the development of the public policy that established the current structure to the detriment of a general one.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tiempo que transcurre desde el inicio del proceso administrativo hasta su terminación con la dictación de una resolución final, puede ir en detrimento de los derechos involucrados en el caso concreto, e incluso hacer peligrar la eficacia de la potencial resolución final. La herramienta de que dispone la Administración para responder con celeridad a la necesidad de proteger los intereses en riesgo, durante la tramitación del proceso administrativo e incluso antes de que éste inicie, son las medidas provisionales, contempladas de manera general en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Desprovistas de una regulación exhaustiva en la mayoría de las áreas del Derecho Administrativo, el desafío principal es dilucidar si la Ley de Bases habilita de manera general a los órganos de la Administración para la adopción de las medidas provisionales; considerando además, que las autoridades competentes han venido decretando medidas provisionales guiadas por su discrecionalidad, en un terreno donde conceptos tan indeterminados como el riesgo, la proporcionalidad, y la proyección del eventual contenido de la resolución final, son los parámetros de su decisión, resulta fundamental el establecimiento de los aspectos centrales de las medidas provisionales, y avanzar hacia la generación de una norma de aplicación general que se baste a sí misma, eliminando todo atisbo de arbitrariedad.