Sostiene que la teoría sobre la prescripción penal sigue suponiendo el tiempo como categoría fundamental, cuando ésta viene siendo replanteada desde diversas perspectivas extrañas al derecho penal, el cual aún no ha considerado seriamente en realizar tales incorporaciones que de hacerse brindarían una mayor validez argumentativa en cuanto al sustento de dicha institución. Sustenta que el nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción de la persecución penal es altamente significativo, constituyéndose así en el principal medio de eliminación elusiva de la carga procesal (descongestión) que se utiliza en el sistema penal por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Fundamenta que el nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción penal de la ejecución de la pena es insignificante o casi nulo, constituyéndose así en un mecanismo inutilizable por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República debido a que en la realidad no acontece. / Tesis

Durante mucho tiempo la sociedad ha sido construida a partir de un prototipo ideal de individuo racional, capaz de sentir, comunicarse y decidir sobre su vida sin algún tipo de asistencia. La consecuencia de este paradigma ha sido que aspectos importantes de la vida como la educación, la arquitectura, la información y señalización, el trabajo, el lenguaje, las relaciones familiares, el arte y el Derecho han sido elaborados pensando en este ideal de ser humano. En este esquema, los individuos cuyo cuerpo o mente no funcionan de igual manera que en la mayoría de personas son excluidos de la vida social y de la capacidad de ejercer sus derechos. Especialmente las personas con capacidades de pensar y gestionar aspectos sociales y emocionales distintas al resto son tratados como objetos y no sujetos de pleno derecho3 . Estos individuos, llamados usualmente “locos”, “dementes” o “enfermos mentales”, son aislados en instituciones de salud mental en aras de “curarlos” contra su voluntad y de “proteger” a la sociedad de estas personas. Sin embargo, este paradigma ha sido duramente criticado en los últimos años. Más aún, las propias personas con funcionalidades distintas a la mayoría han encabezado una lucha por el reconocimiento de sus derechos. Esta lucha se ha sintetizado en un nuevo modelo de discapacidad: el modelo social. Este modelo propone que el eje de la discapacidad ya no descansa en las funcionalidades distintas (llamadas deficiencias), sino en las barreras discapacitantes construidas a partir del prototipo de ser humano ideal.

Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblación carcelaria, la Política Nacional Penitenciaria ha establecido como uno de sus lineamientos la promoción de las penas limitativas de derechos, cuya principal pena es la prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado situacional de la prestación de servicios a la comunidad nos indica que su imposición y ejecución no es óptima, debido, entre otros factores, a la ausencia de un modelo de implementación que, además de promover su aplicación, permita el control efectivo de su cumplimiento. Por esta razón, esta tesis propone un modelo de implementación que permite superar las deficiencias advertidas en el modelo actual. El modelo propuesto distingue las tres formas que la norma peruana admite para la imposición de la prestación de servicios a la comunidad, dotando a la pena autónoma y sustitutoria de ciertas ventajas respecto a la pena convertida. Asimismo, pretende que todos los actores clave de este modelo tengan roles definidos y responsabilidades claras: la participación activa del condenado, que el Instituto Nacional Penitenciario se constituya como ente rector de las decisiones administrativas, y que el Juez se convierta en el actor principal en todas las etapas del proceso, incluso en la ejecución de la pena, fomentando mecanismos dinámicos y céleres en la toma de decisiones. Lo que se busca es que, en la medida de lo posible, la práctica judicial deje de privilegiar la imposición de penas privativas de libertad, orientándose hacia la prestación de servicios a la comunidad, en concordancia con la política criminal y penitenciaria del Estado Peruano.

La naturaleza humana en determinados momentos declina al ámbito negativo. La vida y el tiempo desarrollan a la persona hasta determinado punto, luego del cual, éste es el encargado de velar por su propio destino, y es que de acuerdo a la labranza que haga de su vida, podrá encontrar el bienestar o la desdicha, la felicidad o el devenir de un futuro sin buenos augurios. Los que optan por vivir al margen de lo determinado por la sociedad, obtendrán como resultado que esta se aparte de ellos o en determinado momento decida apartarlos de su seno.

En el presente informe analizamos tres problemas jurídicos que posee el Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. El primero enfocado a que es desconocida la teoría que utiliza la Sala para la determinación de la autoría y participación de los involucrados en el delito de colusión, generando no solo inseguridad jurídica, sino también un eventual caso de impunidad. El segundo está relacionado a determinar en qué consiste el aporte esencial que diferencia a la complicidad primaria y secundaria. El último está vinculado a poner en evidencia que la decisión de la Sala, al momento de imponer la pena misma pena para el autor y cómplice secundario, no solo presenta una clara contradicción jurídica, sino que sirve de utilidad para demostrar que también es inadecuado determinar la misma pena para el autor y cómplice primario en casos de delitos especiales. Ahora bien, para plantear nuestras propuestas de solución, recurrimos a la doctrina nacional y extranjera, como también a la jurisprudencia nacional. Por esta razón, llegamos las siguientes conclusiones. El primero enfocado a que la teoría de infracción de deber es la más idónea para resolver casos de delitos especiales. El segundo relacionado a que el concepto “aporte esencial” debe estar acorde a la combinación de la teoría de los bienes escasos y a teoría de la necesidad referida al “si” y al “cómo” de la ejecución en el caso concreto. Finalmente, que el autor y el cómplice primario no deben tener la misma pena en delitos especiales. / In this report we analyze three legal problems of the Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. The first one is focused on the fact that the theory used by the Chamber to determine the authorship and participation of those involved in the crime of collusion is unknown, generating not only legal uncertainty, but also a possible case of impunity. The second is related to determine what is the essential contribution that differentiates primary and secondary complicity. The last is linked to highlighting that the decision of the Chamber, at the time of imposing the same penalty for the perpetrator and secondary accomplice, not only presents a clear legal contradiction, but also serves to demonstrate that it is also inadequate to determine the same penalty for the perpetrator and primary accomplice in cases of special crimes. Now, in order to present our proposed solutions, we turn to national and foreign doctrine, as well as to national jurisprudence. For this reason, we reached the following conclusions. The first one focused on the fact that the breach of duty theory is the most suitable to solve cases of special crimes. The second is that the concept of "essential contribution" must be in accordance with the combination of the theory of scarce goods and the theory of necessity referring to the "if" and "how" of the execution in the specific case. Finally, that the perpetrator and the primary accomplice should not have the same penalty in special crimes.

En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.