El tema que motiva la tesis que nos hemos propuesto desarrollar versa sobre: “LA CADENA PERPETUA EN EL PERU”; contiene un estudio y análisis multidisciplinario y por su naturaleza responde a las características de una investigación teórico-dogmático, que presentamos bajo una estructura debidamente sistematizada. El Perú mantiene la pena de Cadena Perpetua en su sistemática penal, como máxima pena privativa de libertad para delitos graves, soslayando todas las exigencias garantistas del Título Preliminar del Código Penal en el Perú se ha instaurado la pena de prisión perpetua a través, del D. L. 25475. En efecto el Art. 29° del código Penal Peruano de 1991, se modificó incorporando la pena privativa de libertad de cadena perpetua con posterioridad a su entrada en vigencia, como consecuencia de la implementación de la legislación antiterrorista a partir del D.L. 25475, la cadena perpetua se convierte así en una respuesta irracional a la violencia, como ha ocurrido con las leyes penales de emergencia, dictadas como reacción frente a una situación coyuntural provocada por el fenómeno terrorista. Sin embargo, pese al carácter de emergencia que motivó la adopción de la cadena perpetua en el Perú, se acentuó el interés por mantener esta pena en nuestra legislación penal, por razones de injerencia del poder político en la elaboración de normas antiterroristas y para crear un clima de aparente seguridad ciudadana , no sólo se aplicó para casos de delitos de terrorismo sino que se extendió además, para otros delitos graves, llegando a sobrecriminalizar diversas figuras delictivas generando contradicciones intrasistémicas dentro del propio Código Penal que rebasaron principios rectores de nuestro Derecho Penal , contenidos en el Título Preliminar del Código Penal de 1991, tales como el principio de proporcionalidad, culpabilidad, entre otros

La presente Tesis está referida a la “nulidad de actos jurídicos de disposición y gravamen de bienes en el proceso penal”, es decir, a los actos celebrados por el imputado o condenado por la comisión de un delito y eventualmente por el tercero civil. Pues como se sabe, el artículo 97° del Código Penal establece que: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos celebrados de buena fe por terceros”. A su vez el artículo 102° del Código Penal dispone que: “El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los efectos provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, a no ser que pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción”. Estas normas concuerdan con lo dispuesto por los artículos 11° y 15° del Código Procesal Penal y el artículo 188°-A del Decreto Legislativo 959; normas estas últimas que además, hacen referencia a la nulidad de actos por los cuales se establecen gravámenes sobre los bienes, los mismos que pudieran afectar el cumplimiento del pago de la reparación civil o resarcimiento del daño, así como el decomiso de instrumentos, efectos o ganancias del delito.

El presente trabajo de investigación ha sido formulado y desarrollado desde nuestra ocupación laboral dentro del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, CENECP, primero como profesor y luego como organizador y director del Instituto de Investigaciones Criminológicas y Penitenciarias y surge como preocupación primero por la falta de información documentada sobre el tratamiento penitenciaria, para instruir a nuestros estudiantes y porque la muy poca existente en nuestro medio no se condice con lo que observamos diariamente en los penales de Uma, primero en las condiciones que acabamos de anotar y después como asesores de la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario, INPE, constatado lo mismo en otros penales del país. A esta realidad se añade el hecho de la existencia reiterada y con más frecuencia de la que pOdría pensarse, de hechos delictivos cometidos por personas que ya han estado en penales, reincidiendo de este modo en sus anteriores conductas delictivas, lo que nos hizo pensar en que toda la doctrina sobre la resocialización del delincuente asumida tácitamente en nuestros cursos universitarios como estudiantes de pre y de post grado, o no se aplicaba en penales o tenía falencias graves. A estos hechos hubimos de añadir nuestra ignorancia total. sobre la realidad fáctica de la vida del hombre en prisión, lo que frente a nuestra responsabilidad como formador de los nuevos agentes penitenciarios nos hizo revisar y estudiar desde el primer día la doctrina penitenciaria e inquirir a quienes trabajaban dentro del sistema sobre esa realidad fáctica que pronto tuvimos oportunidad de conocer y examinar personalmente.

La presente investigación esta relacionada a un tema por demás polémico y problemático para el Perú, y es que a lo largo del último año hemos podido observar como se ha acrecentado “el delito de violación sexual de menor de edad”. Este delito es hoy en día objeto de un profundo debate en los foros jurídicos y políticos del país debido a su gran incremento y que aun no se ha encontrado una verdadera solución al tema.

El derecho a la no incriminación se encuentra debidamente reconocido en los Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos recordar que el derecho a la no incriminación se encontraba expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2° inciso 20 numeral K; sin embargo no fue reconocido expresamente en la Constitución de 1993., que limita en su art. 2° inciso 24 numeral g, el contenido del derecho a la no incriminación a la prohibición de violencia física o moral. A pesar de ello y de encontrarse positivizado tanto a nivel constitucional y en la legislación procesal, existe en la práctica cotidiana un desconocimiento del contenido de este derecho. Esta situación ha sido puesta de relieve con los últimos acontecimientos que ha vivido nuestro país que develaron la existencia de la red de corrupción fuji.-montesinista y la difusión por los medios de comunicación, tanto de los juicios por estos casos como por el trabajo de las comisiones investigadoras del Congreso de la República. En estos procesos se ha cuestionado públicamente el silencio de algunos de los investigados o su renuencia a colaborar con las investigaciones. Silencio que si bien puede ser éticamente reprochable por la naturaleza de la acusación, es jurídicamente permitido.

Se presenta el análisis descriptivo y explicativo de la naturaleza jurídica de la casación penal, resaltando y explicando sus finalidades; en especial, se hace énfasis en su diseño normativo en el Código Procesal Penal y el tratamiento que le viene dando la Corte Suprema, como Tribunal de Casación. Mostramos además el desarrollo sistemático y fundamentado de las instituciones y aspectos jurídicos relacionados a la casación penal, como por ejemplo, el sistema de recursos en el Código Procesal Penal, el recurso de Nulidad en el Código de Procedimientos Penales, el Interés Casacional, la Voluntad Impugnativa, la Doctrina Jurisprudencial, con la finalidad de comprender, precisar y explicar el cumplimiento de la finalidad principal de la recurso de casación en el marco de aplicación del referido cuerpo normativo. PALABRAS CLAVE: Casación, Nomofilaxis, Uniformadora de la Jurisprudencia, Dikelógico, Recurso de Nulidad en el Código de Procedimientos Penales, Interés Casacional, Voluntad Impugnativa, Doctrina Jurisprudencial. / --- We present a descriptive and explanatory analysis of the legal nature of the criminal appeal, highlighting and explaining its aims, in particular, emphasizes regulatory design in the Code of Criminal Procedure and the treatment that is giving the Supreme Court, as the Court of Cassation. We show consistent and reasoned development of institutions and legal aspects related to the criminal appeal, for example, the system resources in the Code of Criminal Procedure, the motion to vacate in the Code of Criminal Procedure, the appellate Interest, Will challenging this, the case law, in order to understand, specify and explain the performance of the main purpose of the appeal under application of such regulatory body. KEYWORDS: Cassation, Nomofilaxis, uniformity of jurisprudence, Dikelógico, Appeal for Annulment in the Code of Criminal Procedure, appellate Interesting, challenging this Will, jurisprudence.

La presente Tesis Doctoral está referida al estudio de la Responsabilidad Civil Extracontractual y la responsabilidad proveniente del Delito, es decir, trata de las implicancias y relaciones existentes entre los hechos causantes de los daños indemnizables y los hechos configurativos de delitos, muy especialmente de los criterios de imputación tanto de responsabilidad civil así como de responsabilidad penal. El tema de investigación nos parece de singular interés debido a que en la doctrina nacional y extranjera existen dificultades para determinar cuándo nos encontramos ante hechos dañosos que únicamente entrañan responsabilidad civil (independientemente de la magnitud del daño ocasionado) y cuándo nos encontramos ante un hecho configurativo de delito, el mismo que generará la responsabilidad civil resarcitoria así como la responsabilidad penal del autor del delito, no habiéndose precisado debidamente la naturaleza jurídica de ambos tipos de responsabilidad.

Esta tesis es un estudio que consiste en el análisis de la relación de las variables Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional, relación que se ha determinado como resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han desplegado para su realización. Al analizar y medir la variable independiente Gestión Educativa se ha determinado que es regular en todo los aspectos que comprende, es decir, en la gestión institucional, administrativa y curricular. Igualmente en los procesos de gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en realizar una crítica debidamente fundamentada de los argumentos de tipo económico que sustentan la doctrina, la legislación y la práctica del Derecho de la Libre Competencia en el Perú (en adelante, DCP). En esta línea, nuestra hipótesis principal consiste en que la teoría de competencia adoptada y desarrollada por el DCP es incompatible con la naturaleza creativa del ser humano y el dinamismo de los fenómenos sociales, lo cual genera que la agencia de competencia tienda a sancionar conductas que expresan un genuino proceso competitivo de descubrimiento y ajuste, por considerarlas anticompetitivas. Asimismo, como hipótesis accesoria, planteamos que, acogiendo una teoría positiva de la competencia alternativa que sí incorpore tales características, es posible verificar que los fundamentos económicos tradicionalmente alegados para la justificación del DCP son inaplicables a mercados sin barreras legales a la entrada.

En un estado de derecho nada deber ser más adecuado que los agentes socio-económicos cumplan con su rol respectivo y con los medios de tutela adecuados a la era del Siglo XXI. En ese sentido, en más de los veinticinco años, tiempo en el que ha estado vigente nuestro Código Civil, se han producido cambios en el mundo jurídico que nuestros codificadores no pudieron prever, cambios que un código que pertenece a un tiempo determinado, no puede comprender y necesita ayudarse de la doctrina y la jurisprudencia, más en institutos de defectuosa regulación como el tema aquí investigado, y es el objetivo de nuestro trabajo, de hacer un estudio critico de estas instituciones para una mejor comprensión del fenómeno y ver su adaptación en la realidad para proyectar su cambio en la presente y futura reforma del Código Civil peruano. La doctrina del Derecho Civil en materia de fraude a la ley y fraude a los acreedores ha estado en constante debate e investigación, con más incidencia en las figuras de fraude a la ley. El sistema conceptual que aquí se desarrollará alude esencialmente a la construcción de categorías como negocios jurídicos en fraude a la ley, sus modalidades, los negocios en fraude a los acreedores y los mecanismos de tutela de situaciones jurídicas de ventaja de carácter patrimonial, partiendo desde la idea de la protección jurídica del acreedor a los tiempos de protección del acreedor y una parte contractual. En efecto, la tesis incide en uno de los mecanismos de tutela que tiene el acreedor o la parte contractual frente a los actos del deudor o parte comprometida contractualmente, pero teniendo especial incidencia en la acción pauliana, su estudio desde el punto de vista dogmático y funcional; es decir, una labor reconstructiva de las instituciones jurídicas a analizar, para poder entender su esencia y hacer posible la explicación de las normas del modo más adecuado a las exigencias del caso concreto. Pero a la vez, se tomará la experiencia de las instituciones en la realidad social, apoyándonos en la casuística y en la jurisprudencia. Punto de apoyo será la comparación jurídica.