Recientemente, el cambio climático ha ganado mayor presencia en la política nacional, debido a la fuerte demanda por implementar medidas concretas sobre las soluciones más adecuadas para enfrentar el fenómeno. Surge la pregunta: ¿Es el Estado capaz de responder a esta demanda? Se han producido cambios en las dinámicas de poder para definir el diseño de las políticas climáticas que involucran múltiples actores estatales y no estales. Entonces, ¿quién decide hoy sobre estas políticas? Esta investigación propone analizar esta situación centrándose en el caso del diseño de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, instrumento de política climática más importante en el país. La tesis identifica los factores que explican su diseño, utilizando como herramienta de análisis el marco de coaliciones promotoras, a fin de explicar el papel de los actores involucrados en el proceso, sus redes y conexiones para poder incidir en su elaboración. Se identifican tres coaliciones promotoras: el grupo que participa en el Proyecto PlanCC y que se involucra en el diseño de las NDC, los actores estatales tradicionales (MEF y MEM) acompañados por grupos empresariales y el Grupo “Perú, Ambiente y Clima”; que se involucran en un contexto de baja capacidad del Estado y de fuerte apoyo de la cooperación internacional bajo especiales directrices, que favorecen que la primera coalición se imponga, a través de un proceso que va neutralizando obstáculos y oposiciones, con el mensaje de que éstos contaban con la opción de política que se ajustaba más a las necesidades y el contexto internacional. Sin embargo, esta victoria es limitada debido a que el producto es concebido como medianamente ambicioso e insuficiente, demostrándose que la estrategia de neutralización requirió generar pactos con quienes se oponían, otorgándoles espacios de influencia de la coalición, dentro de un contexto de múltiples intereses y agendas

El presente trabajo tiene el objetivo de introducir la discusión del populismo subnacional al contexto peruano. En la literatura, el populismo es ampliamente discutido. Se han abordado sus conceptos, olas, casos, tipos, entre otros aspectos sobre este fenómeno. Sin embargo, el análisis suele centrarse en el plano nacional. Recientemente, ha surgido el análisis del populismo en un plano subnacional. Por un lado, se observa que los populismos nacionales varían en su impacto y actuación en los distintos niveles del territorio, evidenciando la importancia del análisis subnacional. Por otro lado, y más importante, se halla la existencia de casos populistas que nacen en esos distintos niveles territoriales, es decir, populismo subnacional. Sobre este, se observa que sus características principales son la existencia de una “élite” multinivel y que las organizaciones políticas subnacionales también pueden ser populistas. Por ello, esta investigación busca aproximar el populismo subnacional al caso peruano. El populismo no ha sido ajeno al Perú y, además, la arena subnacional adquirió una relevancia política, electoral y académica desde la reforma de descentralización del 2002, especialmente, la actuación de los movimientos regionales. Pese a un inicial entusiasmo por este proceso democratizador, la política subnacional ha mostrado una dinámica similar a la nacional. Se observa una política personalista, volátil, elitista, débil, entre otras características. No obstante, también se encuentran prácticas de los movimientos regionales por acercar más la política a la ciudadanía. En tal sentido, viendo este panorama, es válido preguntarse sobre la existencia y causas del populismo subnacional en el Perú.

El presente estudio titulado “Imágenes de la caricatura política en época electoral: campaña presidencial 2001” se vincula con una de las etapas más importantes de nuestra historia republicana. Las elecciones presidenciales del año 2001 fueron una etapa de reencuentro de la sociedad peruana con los gobiernos democráticos, luego del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, cuando la libertad de expresión se vio menoscabada por el miedo que inspiraban los servicios de inteligencia y los operativos psicosociales de los diarios sensacionalistas y la televisión. Los peruanos probablemente recordaremos siempre que la corrupción del Estado se hizo evidente en los “vladivideos”. El primero de ellos, transmitido el 14 de septiembre de 2000, a través de la señal abierta de la televisión, causó la caída definitiva del gobierno fujimorista, pues en él todo el país pudo apreciar a Vladimiro Montesinos, el entonces asesor presidencial, entregando US$ 15.000 al parlamentario Alberto Kouri para que pase de la oposición a las filas del oficialismo. La crisis culminaría con la renuncia de Fujimori a la presidencia desde Japón y la posterior instalación de un gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua. Este trabajo busca descubrir las imágenes de la campaña presidencial del 2001 que se proyectaron en la prensa y puntualmente se enfoca en las caricaturas políticas de los diarios Expreso (Miguel Ángel Mesías), La República (Alfredo Marcos) y Gestión (Eduardo Rodríguez). Teniendo en cuenta la importancia de las caricaturas políticas, como instrumento de lucha ideológica y crítica social, que puede ensalzar o destruir a los personajes, decidimos centrar la investigación en la imagen de los candidatos a la presidencia, por ser estos los protagonistas de la campaña electoral. Nos concentramos en la primera vuelta electoral para apreciar la imagen que los caricaturistas capturaron de todos los candidatos en aquella contienda política. A través de un exhaustivo análisis del discurso propio de la caricatura, compuesto por recursos complejos de idioma visual y verbal, reflexionamos en torno a las características de las caricaturas de Expreso, Gestión y La República, y las potencialidades que tienen para revalorar, desestimar e incluso despreciar a los candidatos.

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El llamado “ciclo progresista” en América Latina es un proceso político caracterizado por el giro de varios gobiernos latinoamericanos hacia la izquierda. Desde finales de la década de los 90, estos gobiernos han desarrollado cambios importantes en sus países e impulsado nuevos proyectos de integración regional. Uno de los epicentros de tales cambios ha sido el Foro de Sao Paulo, un espacio de articulación de partidos y movimientos de izquierda de América Latina. En este trabajo buscamos esclarecer la naturaleza del Foro, así como la relación que tiene este con sus partidos miembros, en este caso con los dos partidos estudiados en el Perú: el Partido Socialista y el Partido Comunista del Perú- Patria Roja. Hemos empleado como instrumentos de análisis la teoría neogramsciana de las relaciones internacionales, que va de la mano de postulados como el nuevo regionalismo y el regionalismo contrahegemónico. Estas herramientas teóricas nos ayudan tanto a estudiar el desarrollo del Foro, como a entender a los partidos políticos de izquierda peruanos, y su posición respecto de los proyectos de integración regional. En esta investigación hemos buscado comprobar la hipótesis de que la alineación (de la que se suele hablar) consiste realmente en una adhesión hacia una determinada posición política, en el sentido de una decisión de los partidos, y no entendido como la influencia del Foro como un instrumento de algunos gobiernos, como el de Cuba, Venezuela o Brasil, para ejercer una dominación de la izquierda o la expansión del “castrochavismo”. Para ello, hemos analizado las declaraciones finales de los encuentros del Foro, entre los años 2010 y 2016 dadas sobre el tópico de la integración regional, para luego compararlas con los documentos de los dos partidos peruanos usados en el estudio. Es en el análisis de las posturas sobre la integración regional, donde se expresa con bastante claridad su búsqueda de construir un bloque histórico nacional, proyectarlo al escenario regional y de esa manera llegar a formular una contra hegemonía a la presencia dominante de la política e intereses de Estados Unidos de Norteamérica en la región.

En setiembre del 2013, Carlos Bruce presentó en el Congreso el proyecto de ley de Unión Civil no matrimonial, el cual buscaba subsanar la exclusión jurídica de ciudadanos peruanos con identidad no heterosexual. Sin embargo, este hecho no fue exento de reacciones desde actores políticos con representación eclesial. Así, entre las varias propuestas legislativas que compitieron con la propuesta de Bruce, se destacaron tres iniciativas. En octubre de 2013, el pastor evangélico fujimorista Julio Rosas propuso la Atención Mutua. En marzo de 2014, su compañera de bancada y numeraria del Opus Dei, Martha Chávez, esbozó el Régimen de Sociedad Solidaria. En junio de 2014, Humberto Lay, también pastor evangélico pero perteneciente a una bancada minoritaria (Unión Regional) planteó la Asociación Patrimonial Solidaria. ¿Por qué estos grupos han tenido éxito en neutralizar la agenda de Unión Civil? ¿Han tenido una agenda propia sobre el tema de género o la agenda se planteó sobre la marcha, en la dinámica frente a las colectivas feministas? La presente investigación pretende comprender la estructura de las estrategias de los grupos conservadores de las iglesias católica y evangélica en el proceso de agendación los proyectos legislativos de Unión Civil y de lo que se convertiría después en la propuesta de Unión Solidaria.

En el Perú, el reconocimiento de la problemática de la trata de personas se remonta al año 2001, con la suscripción del Protocolo de Palermo. A partir de ello, la trata de personas fue incorporada en el artículo 182° del Código Penal y el Estado se dispuso a elaborar mecanismos para luchar contra este delito. Así, nació el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, que fue el primer instrumento para luchar contra el tráfico y comercio de personas. Sin embargo, los altos precios del oro convirtieron a Madre de Dios en uno de los principales lugares de destino y explotación de víctimas debido a la gran presencia de campamentos de minería ilegal, los cuales tienen una relación directa con la trata de personas. Por ello, los estudios empezaron a centrarse en este departamento, en el que La Pampa resalta aún más, ya que es una zona de difícil acceso y el Estado está poco presente. En este panorama, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comienzan sus acciones; es el caso de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), y el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). La literatura concerniente a la problemática de la trata de personas se centra principalmente en la capacidad estatal, por lo que existe un vacío en cuanto a investigaciones sobre el tipo de relación entre el Estado y las ONG en la atención de este problema. La presente tesis se sitúa precisamente en este campo de estudio y nace a partir de la interrogante sobre cómo es la relación que se establece entre el Estado y las ONG en el proceso de enfrentar la trata de mujeres. El principal hallazgo es que el Estado y las ONG actúan de forma involuntariamente complementaria. Es decir que no se lleva a cabo una coordinación estrecha que permita afirmar que se trata de una relación complementaria, aunque las acciones del Estado y las ONG contribuyen a la lucha contra este delito y convergen en este objetivo.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación

Chile y Perú han construido el fomento de la confianza a través de una arquitectura institucional que ha dado soporte a la formulación e implementación de Medidas de Confianza Mutua. En el 2001 este proceso escaló al más alto nivel político con la creación del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política “2+2” y el Consejo de Seguridad y Defensa (COSEDE). Sin embargo, ha sido irregular y no ha habido avances hacia una etapa de profundización. ¿Qué factores afectaron este proceso? Centrándonos en factores internos, esta tesis tiene como objetivo comprender los factores de la formulación de política exterior y defensa de Chile que afectaron el proceso de confianza con Perú entre el 2001 y el 2014. Para ello, se realizó una reconstrucción del proceso entre ambos países y se analizó factores en función de las características de la formulación de la política exterior como política pública en Chile: i) Incentivos políticos en la toma de decisiones presidenciales, ii) características de la política burocrática de Cancillería, iii) condiciones para la coordinación gubernamental entre Cancillería y Defensa e iv) intereses militares. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso y se registraron datos a través de entrevistas semiestructuradas a académicos/as, funcionarios/as y expertos/as del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas de Chile. Además, se realizó una revisión bibliográfica, documental y de fuentes periodísticas, así como un análisis de encuestas de opinión pública. Los resultados sugieren que el fomento de la confianza entre Chile y Perú se ha mantenido estancado en una primera y segunda generación de medidas, orientadas al formalismo, simbolismo y el acto protocolar, sumado de un ausente mecanismo de monitoreo en su desarrollo. En cuanto a los factores, se encontró que los incentivos a nivel presidencial no están relacionados a mantener una legitimidad en un escenario de opinión pública desfavorable, sino que los incentivos son otros: 1) la priorización del posicionamiento de Chile en el escenario internacional y desatención a las crisis vecinales, 2) reducción del margen de maniobra por las crisis internas y 3) priorización de los intereses económicos en beneficio de la tesis de las cuerdas separadas. En segundo lugar, se constató que la Cancillería sostiene un carácter legalista que ha generado un carácter no propositivo ni innovador en la agenda hacia la profundización de la confianza. Tercero, se evidenció que no ha habido buenas condiciones para una adecuada coordinación gubernamental entre Cancillería y Defensa, debido a una doctrina jerarquizada y la ausencia de dispositivos formales. Finalmente, los intereses militares, por un lado, han contribuido a avanzar hasta una segunda generación de medidas; sin embargo, el interés de hacer prevalecer la institución con presupuesto y otros beneficios, ha tenido un impacto negativo para dar un salto a una etapa de profundización de la confianza y la implementación de medidas de tercera y cuarta generación.