El tema de investigación estudiado es el fiscal penal y su responsabilidad de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal: delito de prevaricato, mismo que lo hemos divido en tres capítulos, que nos ayudaran a resolver la problemática planteada, esto es ¿Qué problemas dogmáticos tiene el delito de prevaricato para que sea modificado, teniendo en cuenta que en la actualidad el fiscal penal emite providencias, disposiciones y formula requerimientos? Para ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos: proponer la modificatoria del delito de prevaricato, teniendo en cuenta que el fiscal penal emite providencias, disposiciones y formula requerimientos; analizar el tipo penal de prevaricato desde sus distintas posiciones doctrinarias; entender la actuación de los fiscales penales antes y después de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y comprender las implicancias del principio de legalidad en las normas nacionales e internacionales en concordancia con el principio de prohibición de la analogía; con la finalidad de dar respuesta a la pregunta formulada con anterioridad, nuestro problema de investigación. En el primer capítulo estudiaremos el tipo penal de prevaricato, para lo cual hemos analizado doctrinariamente el art. 418, el bien jurídico, el sujeto activo y pasivo, los elementos objetivos y subjetivos, su ámbito de aplicación; llegando a concluir que es un tipo penal de infracción del deber y que de acuerdo al Código Penal lo pueden cometer tanto jueces como fiscales en ejercicio de sus funciones, estos últimos sólo lo pueden comer, cuando emitan dictámenes ilegales. En el segundo capítulo hablaremos sobre la forma de actuación de los fiscales penales de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, esto es, a través de dictámenes; asimismo, estudiaremos las figuras jurídicas de disposiciones, provincias y formulación de requerimientos, la diferencia que existen de éstos con los dictámenes y proporcionaremos ejemplos de cada una de las figuras a modo de ejemplo para mayor comprensión del problema formulado. En el tercer capítulo daremos la respuesta a nuestro problema, por ello iniciaremos desarrollando el principio de legalidad y prohibición de la analogía, tanto en el ámbito nacional como internacional, y a la vez, analizaremos el principio de taxatividad regulado en la Constitución, Código Penal y Normas Internacionales relacionadas con el principio de legalidad e inaplicabilidad de la analogía, para concluir con una propuesta modificatoria del artículo 418° del Código Penal sobre los elementos referentes a la conducta, específicamente a los elementos normativos que contiene actualmente el tipo penal de prevaricato, mismos que son insuficientes al momento de subsumir el hecho real en el supuesto de hecho factico establecido en la norma, con miras a evitar la impunidad y el no quebrantamiento principio de legalidad.

El objetivo de esta investigación es proponer la complementación del artículo 352 inciso 2 del nuevo código procesal penal a fin de evitar las frecuentes devoluciones de la acusación fiscal en el proceso penal. Debido a que se utilizó la metodología cualitativa, para su desarrollo se tuvo en cuenta la técnica de fichaje, en la que se requirieron diferentes libros, normas y jurisprudencia, así como revistas y tesis nacionales e internacionales. Por consiguiente, se ha obtenido como resultados que la generalidad del artículo mencionado conlleva a una apreciación personal por parte del juez, como bien se explica en los casos “Clan de las 80 vacas” y “Caso Carlos Daniel Roncal Miñano”, en donde se demostró el daño que ocasiona la reiterada devolución de la acusación en el proceso, provocando su dilatación, muchas veces generado porque los fiscales no realizan correctamente su función al momento de formular su acusación. Por último, la modificación del inciso 2 del artículo 352 del nuevo código procesal penal serviría para limitar el número de veces que una acusación puede ser devuelta por una mala práctica, con el objetivo de que los procesos sean breves y no se vulnere así el principio de celeridad.

En el presente trabajo de investigación se han analizado los criterios normativos vigentes para la aplicación de los beneficios prémiales en el proceso de colaboración eficaz dentro del ordenamiento jurídico peruano, especialmente las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo Nro. 1301 que modificó el artículo 475 del Código Procesal Penal, asimismo se ha examinado la problemática que se ha generado sobre este tema, pues se considera que dichas medidas son poco claras, subjetivas y no establecen límites legales para la aplicación de los beneficios de disminución y suspensión de ejecución de la pena; por ello se ha efectuado una investigación cualitativa, empleado la descripción e interpretación y análisis de las fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales, que nos ha permitido determinar que los factores que han motivado esta situación, como la amplia potestad discrecional del Ministerio Público ara acordar la proporcionalidad de los beneficios premiales y la limitada participación del Juez en el acuerdo de colaboración eficaz; ante esto tenemos como objetivo proponer la modificatoria del artículo 475 del Código Procesal Penal en los incisos 2, 3, 5 y 6, donde la aplicación de los beneficios prémiales en el proceso de Colaboración Eficaz, será considerando las etapas del proceso penal, también llamados estadios procesales, en los cuales se establecerán objetivamente el tipo y la proporción de los beneficios premiales; de esta manera se evitará que investigados, procesados o sentenciados, a través de este proceso especial sean favorecidos con penas muy benignas, pese haber cometido delitos graves.

Nuestra investigación busca medir el impacto de la aplicación del proceso inmediato reformado en los distritos fiscales de Ancash y de El Santa, permitiendo exponer la construcción de nuestra hipótesis a partir de la reunión y comparación de los datos objetivos extraídos de las Oficinas de Indicadores de Producción Fiscal del Ministerio Público, en ambos distritos fiscales, así como del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Dicha medición nos conduce a responder acerca de la utilidad y consolidación del proceso inmediato en la lucha contra la delincuencia a partir de las orientaciones fijadas por el Decreto Legislativo N° 1194 que, en ese sentido, se orienta a demostrar que la incidencia de aplicación del proceso inmediato reformado en los distritos fiscales que pertenecen a la región Ancash no ha tenido el impacto esperado por la ciudadanía; por el legislador, respecto de la reducción de la criminalidad, y por parte de los operadores jurisdiccionales, tanto fiscales como jueces penales, quienes registran inconvenientes en el desarrollo del proceso inmediato en sus ámbitos competenciales. En el desarrollo de la investigación, percibimos que uno de sus objetivos centrales de esta resulta ser que la acreditación de las medidas legislativas en el ámbito penal no se advierten como eficientes en la atención de los problemas de la reducción de la inseguridad ciudadana y de la tasa de criminalidad, en el período 2016-2017, por cuanto estos problemas socio criminológicos no pueden ser enfrentados con una política criminal sustentada en el fortalecimiento de un mecanismo de simplificación procesal, sin antes haber realizado un proceso sistemático de conexión de instituciones y de un trazado de política jurisdiccional futura que considere el uso de indicadores de desempeño, puesto que estos se encuentran relacionados con el análisis y evaluación de los resultados judiciales y fiscales, en los ámbitos de acción de las intervenciones públicas de las instituciones que conforman el sistema de justicia

En esta oportunidad se realiza un análisis descriptivo y crítico sobre la novedosa institución procesal de las convenciones probatorias en la justicia penal peruana, específicamente, en lo establecido en el Código Procesal Penal del 2004 y el Decreto Legislativo N.° 1194 (Proceso Inmediato). Para ello, en primer lugar, se presenta la tendencia simplificadora del proceso penal o desformalización judicial como solución eficaz contra la criminalidad en sociedades postindustriales. Luego, abordando la teoría de la prueba, son explicados los hechos notorios y en qué circunstancias del proceso penal no serán necesarios presentar prueba alguna. Después de este examen, se coteja si realmente la naturaleza jurídica de estas convenciones es compatible con el sistema acusatorio, puesto que, sus orígenes se remontan al modelo adversarial de la justicia norteamericana, asimismo, se aborda las funciones, momentos y finalidades, para un mejor entender de esta institución. Por último, como forma de simplificación procesal examinaremos las convenciones probatorias en el proceso inmediato dejando sentado que el juez puede promocionar la aplicación de éstas entre las partes sin cuestionar su imparcialidad.

El supuesto de la condena del absuelto en el modelo del código procesal penal ha tenido diferentes posiciones sean favorables o perjudiciales por parte de los justiciables y de los propios jueces considerando que su aplicación podría afectar el derecho a revisar una sentencia desfavorable. Por lo que, el objetivo del presente trabajo está en relación primero a analizar si se afecta la pluralidad de instancia en la condena del absuelto y, en segundo lugar, determinar si el recurso de súplica, como supuesto teórico, se condice con la pluralidad de instancia. Por tanto, la posibilidad de revisión o reenjuiciamiento no necesariamente estriba en que este sea superior pues como hemos desarrollado, esta pluralidad puede cumplirse cuando se interpone un recurso en forma horizontal denominado “súplica” en el que se buscaría la doble conforme ya sea de absolución o condena.

Resulta viable que el juez de garantías lleve a cabo un control sobre la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, toda vez que no existen controversias que se encuentren fuera del control jurisdiccional. La presente investigación tiene como objetivo determinar que el juez de investigación preparatoria tiene facultades para llevar a cabo el control de la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, cuando se advierta la vulneración al debido proceso, debida motivación y el plazo razonable, a través de la interpretación de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en aras de cautelar los derechos fundamentales. / Trabajo académico

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued. / Tesis

Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia. / This legal report analyzes three central problems addressed within Cassation 113-2017, Áncash, in the framework of the anticipated conclusion: 1) what role does the judge play when the parties have reached an agreement, 2) under what assumptions the judge can reject such agreement, according to Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, and 3) what are the limits that the judge has when imposing a penalty higher than the agreed one. Therefore, this paper has concluded the following. Firstly, it has been established that the judge must play an active role when the parties have reached an agreement, within the framework of the anticipated conclusion, so the judge have to carry out a judicial control of such consensus in order to determine whether the agreement is in accordance with the law. Secondly, it is argued that although there is no express mention in Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, on whether the judge can reject the penalty agreed upon by the parties to impose a higher one, this power is implicit due to the requirement of the judge to impose a penalty in accordance with the principles of legality and proportionality. Finally, in the same line as the Supreme Court, we have concluded that the judge has 3 limits to take into account when imposing a higher penalty than the one agreed upon by the parties, which are linked to the respect for the principles of: legality, proportionality, accusatory and congruence

La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara afrenta de los principios procesales del modelo actual. En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad de la víctima.