En la década de los noventa, se dio inicio en América Latina a la incorporación de diversos mecanismos de democracia participativa al interior del modelo de democracia representativa, con la finalidad de subsanar los problemas de gobernabilidad suscitados, entre otros factores, debido a los altos niveles de exclusión social evidenciados a través de diversas manifestaciones sociales protagonizadas por amplios sectores marginados desde el Estado. / Tesis

La Constitución Política del Perú de 1993 y la Constitución Política de Panamá de 1972 prevén la reforma total de la Constitución, pero el tema de los alcances de este tipo de reforma no es pacífico, y a pesar de que ninguna de estas constituciones establece cláusulas pétreas, queda la posibilidad de plantear la existencia de límites materiales implícitos al poder de reforma. Los límites materiales implícitos a la reforma constitucional se presentan entonces como diques de contención con los que se intenta impedir en última instancia la caída del sistema constitucional. Así, la reforma constitucional total, no puede ser total en el sentido de que pueda legítimamente desconocer la dignidad del hombre, los derechos fundamentales o la soberanía popular característica del Estado constitucional democrático, pues terminaría socavando la propia esencia de la Constitución como herramienta de limitación del poder político y protección de los derechos fundamentales. En realidad, desde el punto de vista material, toda reforma deberá ser limitada y parcial, aun en los casos de aquellos Estados constitucionales cuyas Constituciones aparentemente han “constitucionalizado la función constituyente” y no han previsto límites materiales expresos frente a la reforma. En esta misma línea, el control de constitucionalidad de la reforma es una consecuencia lógica de la necesidad de autoconservación del Estado constitucional, pero además, dicho control no queda limitado a los aspectos meramente formales de la reforma, sino que abarca la defensa de los principios básicos que definen una Constitución en sentido moderno, entre ellos, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Así, si el constituyente no ha dispuesto límites materiales expresos al poder de reforma, los órganos jurisdiccionales supremos de control de constitucionalidad deberán entrar a discernir aquellos elementos que se levantan como barreras frente a cualquier intento de destruir el sistema constitucional mediante una reforma. / Tesis

El objeto del presente trabajo de investigación académica es estudiar cuáles son los alcances de la Constitución económica peruana de 1993 como cláusula pétrea para luego analizar si la petrificación de dicha parte de la Constitución es compatible con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, el pluralismo político y la democracia en su conjunto. Asimismo, para la realización de este estudio, se buscará desarrollar cómo es que el derecho puede jugar un rol decisivo, más no exclusivo, en el desarrollo de instituciones con vocación de permanencia en el interior de un país, de conformidad con la teoría económica institucional y cómo estos elementos se vinculan con el concepto de desarrollo en un sentido amplio. Luego, se analizaran las fuentes antes indicadas conjuntamente con doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional, en materia de reformas constitucionales, para así, ensayar una respuesta crítica frente a la petrificación de la Constitución económica peruana de 1993. / Trabajo académico

En el Perú el control político -a pesar de ser conjunto de mecanismos postulados constitucionalmente- de cara a escenarios reales y actuales no han sido utilizado con probidad dando lugar al abuso de facultades de sus detentadores, desestabilizando el gobierno en su conjunto y generando una crisis latente. Resulta necesario, por tanto, determinar los alcances y términos del control político, logrando una verdadera interpretación de la Constitución, esclareciendo los límites de la actuación del Ejecutivo y el Legislativo, bajo el desarrollo de una investigación cualitativa que implique, puntualmente, analizar la realidad. La presente investigación tiene como objeto estudio analítico y crítico del control político presente en el Estado de Derecho peruano con el fin de brindar una correcta propuesta interpretativa de sus mecanismos, así como proponer alternativas de mejora en su configuración constitucional y legal. En concreto, para explicitar los mecanismos de control político hemos considerado conveniente analizar la disolución del Congreso, llevada a cabo por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Así mismo tendremos a bien analizar la vacancia por incapacidad moral permanente llevada a cabo en contra del mismo expresidente Vizcarra, en la cual se ha advertido una clara ausencia de uniformidad en su tratamiento interpretativo. En ambos procesos consideramos importante verificar si se contaron con las debidas garantías pues a pesar de ser procesos de naturaleza eminentemente política no están exentos de respetar los derechos fundamentales postulados en la Constitución.

El objetivo de esta presente investigación es: Análisis del derecho a la educación de calidad en función la Constitución Política del Perú y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para ello se aplica el Método, cualitativo el cual se base en la información de acuerdo al comportamiento natural, discursos, respuestas abiertas para una posterior interpretación de significados, por otro lado, se tomará como enfoque a la relación de la persona con el objeto de estudio para poder llegar a comprender la problemática planteada. Llegando a tener como Resultado los diversos análisis de expedientes, y concluyendo que conforme a lo establecido en la Constitución Peruana señala que todas las formas o medios de comunicación deben favorecer a la educación y de igual manera ante una correcta información cultural y moral, sin embargo, al referirnos a los docentes, es importante que el estado continúe con el cumplimiento de las evaluaciones y capacitación. Estableciendo que es necesario abordar esto con respecto a la educación formal porque también hay educación o capacitación que se brinda fuera del sistema educativo formal regulado por las autoridades públicas, es decir, fuera de las instituciones educativas, además de crear un ambiente de enseñanza, integrado o no al sistema educativo nacional, diseñado para brindar y facilitar otras actividades educativas y, por ende, para llevar a cabo actividades educativas, la constitución política también debe estar sujeta.

La presente investigación tuvo por objetivo proponer una ley para la Coordinación entre Justicia Comunal y Poder Judicial que garantice el respeto a los Derechos Fundamentales, estableciendo los criterios que contribuyen con el correcto desarrollo de lo estipulado en el artículo 149 de la Constitución Política. Para ello fue necesario analizar el contexto actual en el que se ejerce la Justicia Comunal, teniendo en cuenta las diferentes controversias que se han ido suscitando en el transcurso del tiempo en esta forma de justicia, y sus deficiencias frente a un trabajo conjunto con la Justicia Estatal; y segundo, establecer los criterios en los que se debe desarrollar el debido proceso en la Justicia Comunal, tomando como base el derecho a la doble instancia y el otorgamiento al Poder Judicial a fiscalizar el ejercicio de la Justicia Comunal. Todo este estudio nos permitió plantear nuestro problema bajo el desarrollo de una investigación cualitativa a la luz de un estudio social y jurídico de acuerdo a la casuística nacional e internacional, lo cual conllevara al ejercicio pleno de una justicia enfocada en garantizar los derechos fundamentales de la persona.

En la actualidad, el reconocimiento del alcance relativo de los derechos fundamentales es casi inobjetable. Esto nos permite considerar que los derechos son limitados. Es por ello por lo que el desenvolvimiento del derecho de una persona tendrá que convivir con los derechos de los demás integrantes de la comunidad y demás bienes constitucionales que limitan el ámbito de protección de los derechos fundamentales, o también con las limitaciones que el legislador ha establecido en referencia a un mandato constitucional. En ese sentido, en la presente tesis se plantea establecer una propuesta del sistema de los límites a los derechos fundamentales que se expresan en la Constitución Política de 1993 considerando que esta no establece cláusula general alguna sobre las limitaciones de dichos derechos. Para ello, es pertinente establecer el concepto de límite que se desprende de ella, su utilidad o fundamento, así como los tipos de limitaciones que existen en el marco de las disposiciones constitucionales y finalmente el régimen normativo de las restricciones. Para esta tarea se ha tomado en cuenta la doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la materia, llegando a concluir que estamos ante una categoría dogmática-constitucional determinante para el sistema constitucional, que debe cumplir ciertas condiciones para su conformación.

El objeto del presente trabajo de investigación académica es estudiar cuáles son los alcances de la Constitución económica peruana de 1993 como cláusula pétrea para luego analizar si la petrificación de dicha parte de la Constitución es compatible con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, el pluralismo político y la democracia en su conjunto. Asimismo, para la realización de este estudio, se buscará desarrollar cómo es que el derecho puede jugar un rol decisivo, más no exclusivo, en el desarrollo de instituciones con vocación de permanencia en el interior de un país, de conformidad con la teoría económica institucional y cómo estos elementos se vinculan con el concepto de desarrollo en un sentido amplio. Luego, se analizaran las fuentes antes indicadas conjuntamente con doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional, en materia de reformas constitucionales, para así, ensayar una respuesta crítica frente a la petrificación de la Constitución económica peruana de 1993.

En la década de los noventa, se dio inicio en América Latina a la incorporación de diversos mecanismos de democracia participativa al interior del modelo de democracia representativa, con la finalidad de subsanar los problemas de gobernabilidad suscitados, entre otros factores, debido a los altos niveles de exclusión social evidenciados a través de diversas manifestaciones sociales protagonizadas por amplios sectores marginados desde el Estado.

La Constitución Política del Perú de 1993 y la Constitución Política de Panamá de 1972 prevén la reforma total de la Constitución, pero el tema de los alcances de este tipo de reforma no es pacífico, y a pesar de que ninguna de estas constituciones establece cláusulas pétreas, queda la posibilidad de plantear la existencia de límites materiales implícitos al poder de reforma. Los límites materiales implícitos a la reforma constitucional se presentan entonces como diques de contención con los que se intenta impedir en última instancia la caída del sistema constitucional. Así, la reforma constitucional total, no puede ser total en el sentido de que pueda legítimamente desconocer la dignidad del hombre, los derechos fundamentales o la soberanía popular característica del Estado constitucional democrático, pues terminaría socavando la propia esencia de la Constitución como herramienta de limitación del poder político y protección de los derechos fundamentales. En realidad, desde el punto de vista material, toda reforma deberá ser limitada y parcial, aun en los casos de aquellos Estados constitucionales cuyas Constituciones aparentemente han “constitucionalizado la función constituyente” y no han previsto límites materiales expresos frente a la reforma. En esta misma línea, el control de constitucionalidad de la reforma es una consecuencia lógica de la necesidad de autoconservación del Estado constitucional, pero además, dicho control no queda limitado a los aspectos meramente formales de la reforma, sino que abarca la defensa de los principios básicos que definen una Constitución en sentido moderno, entre ellos, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Así, si el constituyente no ha dispuesto límites materiales expresos al poder de reforma, los órganos jurisdiccionales supremos de control de constitucionalidad deberán entrar a discernir aquellos elementos que se levantan como barreras frente a cualquier intento de destruir el sistema constitucional mediante una reforma.