El presente trabajo de investigación estudia a la familia como institución jurídica natural y analiza si la dinamicidad propia del derecho significa un factor relevante en su protección integral o si solo se manifiesta como respuesta a las necesidades de cada época. En el desarrollo de nuestro análisis tomaremos en cuenta la noción de familia como instituto jurídico, su regulación por parte del derecho internacional y nacional, así como las políticas públicas imperantes en nuestro país, dirigidas a su protección y los eventuales peligros que los pensamientos post-modernistas significan para la familia y su regulación por parte del Estado. / Tesis

El presente trabajo de investigación estudia a la familia como institución jurídica natural y analiza si la dinamicidad propia del derecho significa un factor relevante en su protección integral o si solo se manifiesta como respuesta a las necesidades de cada época. En el desarrollo de nuestro análisis tomaremos en cuenta la noción de familia como instituto jurídico, su regulación por parte del derecho internacional y nacional, así como las políticas públicas imperantes en nuestro país, dirigidas a su protección y los eventuales peligros que los pensamientos post-modernistas significan para la familia y su regulación por parte del Estado.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La inserción laboral de las personas con discapacidad en Chile, según el tipo de discapacidad, es cercana al 30% (INE, 2004). El Estado, en este sentido, ha generado políticas públicas, creando, entre otras cosas, las Oficinas de Intermediación Laboral. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual, la situación es diferente. Su inserción laboral alcanza solo al 12,7% del total de personas de este grupo (INE, 2004). Tomando este antecedente, esta investigación se orientó por la pregunta sobre cuáles son los factores que inciden en la inserción y mantención en el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual en el país. Para esto, se utilizaron herramientas cualitativas, que en una primera parte, mediante el análisis de contenido presente en las opiniones de 6 expertos en discapacidad e inserción laboral, sirvió para determinar los factores reconocidos como relevantes en la materia, desde una perspectiva nacional. En un segundo momento, se integraron herramientas cuantitativas, a través de la aplicación de la metodología Proceso Analítico Jerárquico-AHP, de manera de establecer cuáles de los factores identificados, se reconocen como prioritarios para incorporarlos en las políticas públicas, en pos de resguardar el efectivo ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Algunos de los hallazgos de este estudio de caso, se sitúan en que la mejor forma de realizar la inclusión y mantención laboral de este grupo, es intencionar su acceso al mercado regular del trabajo, mediante la interacción de tres actores: Estado, Empresa y Sociedad Civil. En esta relación tripartita, el rol del Estado es preponderante y consiste en garantizar el ejercicio del derecho al trabajo por parte de las personas con discapacidad intelectual, a través de una regulación adecuada que active el mercado laboral mediante medidas como los incentivos a la contratación, cuotas, servicios de apoyo, financiamiento de los ajustes sociales y físicos a los puestos de trabajo, entre otros. En el país, a pesar de disponer desde el año 1994 de la Institucionalidad para la integración de las personas con discapacidad (FONADIS, actualmente SENADIS), aún no se han implementado este tipo de iniciativas. Se concluye, que el principal factor que incide en la inserción y mantención laboral es, la falta de medidas desarrolladas por el Estado, que operacionalicen la legislación vigente y fomenten la inclusión y mantención laboral de estas personas. Junto a lo anterior, la debilidad o inexistencia de procesos de transición entre la educación y el empleo, que entreguen la formación a las personas de este grupo. Las propuestas de este estudio de caso apuntan a que las políticas públicas que se diseñen para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual, deben contemplar dos dimensiones. La primera, una institucional, dirigida a la generación de mecanismos de exigibilidad y medidas para equiparar oportunidades en el acceso y mantención en un puesto de trabajo. La segunda, para elevar el nivel de empleabilidad, con acciones orientadas a habilitar a la familia como apoyo de la inclusión y aumentar las habilidades y competencias de las personas con discapacidad para ejercer su derecho al trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Las últimas décadas de la filosofía moral se han caracterizado por el surgimiento de una constelación de disciplinas que tienen por objeto diversos ámbitos prácticos. Es el caso, por ejemplo, de la bioética cuya esfera de dominio es la reflexión en torno a los avances tecnológicos en su aplicación a la vida. También, puede ser citado el caso de la ética empresarial, destinada a evaluar críticamente las prácticas asociadas al tráfico comercial. Estas y otras actividades, reclaman constituirse en ámbitos diferenciados en los cuales sus peculiaridades determinen el tipo de juzgamiento moral de las acciones que allí se ejecutan. Suele denominarse a esta parcela de la filosofía moral como ética aplicada. Una de las dificultades que exhiben estas disciplinas, es la precariedad de las categorías conceptuales con las cuales sus exponentes se aproximan a los asuntos prácticos de su dominio. La oscuridad de los significados de las palabras, probablemente acaba petrificando el desacuerdo. Un modo elocuente de destrabar el diálogo, es mediante la clarificación del vocabulario que se utiliza. La presente Memoria de Prueba pretende contribuir a elucidar un par de conceptos de uso recurrente en esta clase de discusiones, a saber, el de estatus moral y el de persona

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizan los requisitos que deben cumplir distintas formas asociativas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para constituirse y actuar válidamente y que se deben tener en consideración al momento de realizar un estudio de sus títulos. Se divide en siete capítulos, donde seis de éstos se dedican al estudio de una forma asociativa distinta, dando para cada una de ellas los elementos fundamentales tanto para determinar la validez de su constitución así como respecto de su administración. El último capitulo se dedica al estudio de la Ley 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad en Sociedades, con una especial referencia a su aplicabilidad práctica. Se resuelven en él cuestiones como la forma de los extractos de las escrituras de saneamiento y las menciones que éstos deben contener. Las formas asociativas estudiadas en el presente trabajo son la comunidad regulada por la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, las sociedades mineras, la sociedad colectiva civil, la sociedad colectiva comercial, la sociedad de responsabilidad limitada y las juntas de vecinos y demás agrupaciones comunales.

Arquitecto / La discapacidad es un tema transversal a la sociedad, que no sólo involucra a las personas con alguna discapacidad y a sus familias. Es una responsabilidad de todos como sociedad procurar eliminar las barreras de accesibilidad, participación, vida autónoma a las que están enfrentadas cada día estas personas, logrando de esta manera una inclusión plena. La presente memoria busca generar a través de la arquitectura una propuesta espacial coherente con los paradigmas actuales sobre la Diversidad Intelectual, que soporte las distintas terapias, actividades de desarrollo y tratamiento que se plantean para personas con discapacidad intelectual.

La presente investigación tiene por objeto analizar dogmáticamente el bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano. Al respecto, existen diversas posturas sobre dicho tópico, lo que determina la poca o nula aplicación del tipo penal de acuerdo al bajo índice de sentencias expedidas por dicho delito en nuestro país. En ese sentido –a partir de un análisis exclusivamente teórico, basado en fuentes jurídicas (normas, jurisprudencia y doctrina) nacionales y extranjeras-, se postula que el bien jurídico protegido en este delito lo constituye la dignidad del ser humano, entendida como la prohibición de cosificación vejatoria y humillante de la persona. A tal efecto, la investigación se desarrolla de la siguiente manera: a) en el Capítulo I se aborda el tema del bien jurídico protegido en un Estado Constitucional; b) en el Capítulo II se desarrollan las diversas posturas que existen sobre el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas; c) en el Capítulo III se analiza a la “dignidad” como bien jurídico protegido por el Derecho Penal, en general, y por el delito de trata de personas en particular; d) finalmente, en el Cuarto Capítulo se aborda la aplicación práctica del bien jurídico “dignidad” en dicho delito, a partir del análisis de la figura del consentimiento de la víctima. De todo este desarrollo se concluye finalmente que la dignidad sí tiene la suficiente capacidad dogmática para configurar el bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el Perú. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro objeto de estudio son los criterios de conexión territorial del hecho imponible renta: residencia, domicilio y fuente de la renta. El análisis está centrado en la legislación nacional. Comenzaremos con el estudio de la residencia, continuando con el domicilio, el domicilio de las personas jurídicas y la fuente de la renta. Finalizaremos con el análisis del elemento espacial en algunas categorías de renta: rentas inmobiliarias, utilidades empresariales, dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La contribución que hacen las Áreas de Gestión de Personas, al cumplimiento de los objetivos de la organización en la actualidad, se considera como un referente de éxito. Por ese motivo, surge el interés por desarrollar el presente proyecto, con el objetivo de analizar el rol que tiene actualmente el Área de Gestión de Personas de una Institución Universitaria en Chile, en relación a las exigencias y desafíos de un contexto cambiante, identificando las expectativas de los funcionarios, pero además incorporando a esta información la noción que tienen los miembros de la misma en el ejercicio de su rol. Para ello, se considera como eje transversal teórico de la investigación al Rol, el que es abordado desde dos perspectivas teóricas; por una parte las cuatro metáforas desarrolladas por Dave Ulrich, en donde caracteriza el rol del área a través de los roles: Socio estratégico, Experto administrativo, Adalid de los empleados y el Rol de Agente de cambio. Y por otro lado, el Análisis del Rol Organizacional (ARO) como un aporte socio analítico, que permitirá conocer el rol de los miembros del área, a través de la aproximación psicoanalítica de organización‐enla‐ mente, como una forma de comprensión total de lo que se vivencia en la organización. La metodología que se aplica para la recolección de datos es a través de un enfoque mixto, que contiene: un análisis documental de las estrategias organizacionales y del área, una entrevista no estructurada con una autoridad de la Facultad, la aplicación de la técnica de Dibujo‐en rol a los miembros del área y por último el análisis de una encuesta dirigida a los funcionarios de la Facultad. La investigación permitió conocer que el rol principal que se requiere desde las autoridades de la Facultad para el área, es el rol estratégico, por el aporte que desde este ámbito se provee tanto a la creación de valor de los procesos como al cumplimiento de los objetivos organizacionales, lo que correspondería a convertirse en un rol de socio estratégico; respecto a la noción del rol de los miembros del área, ésta es percibida como administrativa, por el aporte que se realiza en atención a las necesidades laborales y personales a los empleados, lo que se asociaría con los roles de experto administrativo y adalid de los empleados, respectivamente; en cuanto a las expectativa de los funcionarios, es que el AGP sea un área experta en sus funciones y que participe con el cuidado de las personas, estos dos últimos roles de cierta forma se condicen con la noción del rol que tienen los miembros del área en el desarrollo de su ejercicio profesional

Históricamente, las personas con discapacidad mental e intelectual han sido objeto de discriminación y exclusión. En este sentido, se las ha percibido como incapaces de tomar sus propias decisiones por lo que el Derecho, bajo una perspectiva que restringe su voluntad y autonomía, ha creado figuras como el proceso de interdicción y la representación mediante curatela para que una tercera persona las sustituya en la toma de decisiones. No obstante, la CDPD, en vigor desde el 3 de mayo de 2008, ha significado un cambio de paradigma en el marco del modelo social al reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones así como de ejercerlos (artículo 12° de la CDPD y artículo 9° de la Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad - Ley N° 29973). En este contexto, el objetivo de esta tesis es demostrar la incompatibilidad de los efectos jurídicos de la interdicción y de la curatela, reguladas en el Código Civil peruano de 1984, en relación al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual. Para ello, el concepto de capacidad jurídica será construido a partir del artículo 12° de la CDPD y de su impacto en el ejercicio de derechos para los cuales el reconocimiento de la capacidad jurídica es una condición. Por ejemplo, libertad personal y vida independiente e inclusión en la comunidad; integridad personal y, protección contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; participación en la vida política y pública; respeto del hogar y la familia; acceso a la justicia; derecho a la propiedad, herencia, control de asuntos económicos propios y acceso a créditos financieros. Finalmente, se propondrán lineamientos para la reforma del Código Civil y para la implementación de un sistema de apoyos y salvaguardias que coadyuven a adecuar nuestra legislación a lo dispuesto por la CDPD, eliminando las barreras legales existentes y elaborando una política pública que garantice el acceso de todas las personas con discapacidad al apoyo que puedan requerir en el ejercicio de su capacidad jurídica en todos los ámbitos de su vida / Tesis