Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Asevertrans is a case where the juridical person is absolved of bribery offenses, condemning his Administrator for the same facts, we try to answer to what arguments this absolutive decision was due, whether it was an application of the Ne bis in idem, or was it a Court decision based on the models of attribution of responsibility. This work seeks to answer this question and establish general criteria as an application of this principle, for subsequent application in similar cases. Key Words: Criminal Liability Legal Person, Asevertrans, Nen bis in idem, Attribution of Responsibility / Asevertrans es un caso donde se absuelve a la persona jurídica de los delitos de cohecho, condenando a su Administrador por los mismos hechos, intentamos responder a que argumentos se debió esta decisión absolutoria, si fue una aplicación del Ne bis in idem, o fue una decisión del tribunal basada en los modelos de atribución de responsabilidad. Este trabajo busca responder esta pregunta y establecer criterios generales en tanto aplicación de este principio, para su posterior aplicación en casos similares. Palabras Claves: Responsabilidad Penal Persona Jurídica, Asevertrans, Nen bis in idem, Atribución de Responsabilidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria realiza un primer acercamiento a los delitos de corrupción entre particulares y, en especial, a la forma en que se propone su incorporación en la legislación chilena. Para ello, revisa el concepto mismo de corrupción, explicando la dificultad práctica de proveer una definición exacta y optando por utilizar la propuesta conceptual realizada por KINDHÄUSER. Esto es, tratarle como una forma de agresión con características propias. En relación al bien jurídico a proteger, da cuenta de las tendencias en los modelos comparados y ofrece argumentos que desvelan una inclinación, en el proyecto en tramitación, hacia la protección de la lealtad en la competencia. Completa este análisis dotando de contenido a dicho bien jurídico y caracterizándolo como uno colectivo. En términos de la forma de tipificación, fundamenta la hipótesis de que se trata de un delito de peligro abstracto, entendiendo por tal, a aquellos que erosionan las condiciones que permiten disponer de forma razonable de un cierto bien jurídico. Finalmente, trabaja la noción de autor en los dos tipos penales propuestos, ofreciendo una justificación conceptual a la necesidad, manifiesta en el proyecto, de construir diferenciadamente un delito común y un delito especial. Termina el tratamiento de la autoría abordando, en detalle, tres de los problemas que derivan de la naturaleza especial del delito de corrupción pasiva, a saber: a. La forma de construcción del círculo de autores. b. El debate en torno a la no inclusión del dueño de la empresa como posible autor. c. Las dificultades de imputación relativas a las categorías de extraneus e intraneus.

La presente memoria formó parte de un proyecto marco, que involucró al Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que tiene por objeto actualizar el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil. Desde un punto de vista metodológico la tarea se llevó a cabo mediante diversos talleres de memoria, cada uno de los cuales abordó diferentes áreas del Derecho Civil. De este modo, el taller de memoria que dio forma al presente trabajo abarcó el tema “Personas”. Así, dentro de cada taller, se realizó un exhaustivo estudio de los fallos de las diversas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema desde el año 1992 hasta el año 2010. Dicho estudio se dividió en dos etapas: la primera consistió en una búsqueda global de los temas de cada curso, mientras que la segunda supuso un pormenorizado estudio de las sentencias recopiladas, en la forma de detalladas fichas de análisis. Sin embargo, el tema a tratar por la presente memoria de grado es significativamente más modesto: la existencia de algunos derechos o atributos de la personalidad, particularmente, respecto de la propia imagen y del prestigio comercial. Como se verá, se trata de una cuestión en que los jueces toman un papel protagónico, toda vez que se trata de derechos que pese a tener una escasa regulación legal, han logrado un avance y reconocimiento importante a través del desarrollo jurisprudencial. / 23/06/2018

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.