Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños. / Tesis

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio aborda el alcance y la evolución del concepto de jurisdicción del Estado del puerto, el cual surgió en el ámbito del combate a la contaminación del medio ambiente marino y fue incorporándose a diversos instrumentos legales, agregándose a las competencias ejercidas por el Estado del pabellón y el Estado ribereño. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar significó un importante desarrollo en esta categoría de jurisdicción con miras a la protección del medio ambiente marino. Se presenta como una solución ante las debilidades del ejercicio de jurisdicción por el Estado del pabellón lo que llevó a su aplicación a nivel regional y su ampliación a otras esferas como la regulación de las pesquerías, además de su incorporación a la normativa interna

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La pesca es una de las primeras actividades en la historia del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. No existe certeza acerca de la época exacta en que nuestra especie empezó a practicarla, pero se tienen registros que dan cuenta que el hombre de la Edad de Piedra ya fabricaba rústicos anzuelos hechos de huesos, piedras, cuernos y maderas. Los excedentes de la pesca pronto fueron destinados para el comercio, primero por los Fenicios quienes salaban el pescado y luego lo utilizaban para realizar transacciones comerciales en distintos lugares del mundo. Hasta nuestros días donde la industria pesquera genera utilidades por miles de millones de dólares.

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca.

El manejo de los recursos hidrobiológicos requiere de medidas que garanticen la protección y conservación en el largo plazo. Para ello, será necesario que la explotación de dichos recursos se desarrolle en un sistema de acceso, a través de títulos habilitantes, basado en evidencia científica y gestionado por instituciones competentes para desarrollar dicha labor. La Constitución Política y la LGP regulan que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales son patrimonio del país. En tal sentido, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de regular el ordenamiento pesquero, tomando en consideración que la actividad pesquera es de interés nacional. Por más de una década el Poder Judicial exigió al Ministerio de la Producción que otorgue permisos sin contar previamente con criterios técnicos proveídos por IMARPE ni requisitos solicitados de acuerdo con una ley especial. Por tal motivo, en el 2016 el Ministerio presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos y decisión de la sentencia recaída en el expediente No 0005-2016-PCC/TC, respecto a la interpretación institucional del Poder Judicial, la cual habría incurrido en un menoscabo de las atribuciones del Ministerio de la Producción, la vulneración al derecho a la defensa del demandante, la elección de la vía competencial y la razonabilidad de la decisión final del Tribunal Constitucional.

Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido.

Producto del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Nutrifish S.A.C. contra el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI), se declaró como barreras burocráticas ilegales todas las exigidas por esta empresa. Este órgano determinó que existía una vulneración al principio de legalidad por la contravención del artículo 9 de la Ley General de Pesca – Decreto Ley 25977. Dicha resolución final quedó firme, imposibilitando al administrado utilizar algún recurso administrativo para solicitar la nulidad de este. Ante ello, lo que procede a realizar PRODUCE es una solicitud de nulidad de oficio ante la secretaria técnica de la Comisión, el cual eleva al superior jerárquico para que dé respuesta a esta. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (Sala) admite a trámite la solicitud procediendo a evaluar la existencia de un vicio que afecte la validez de la resolución emitida por la Comisión y la existencia de una vulneración de un derecho fundamental o un grávido a un interés público. Así pues, la elección del presente expediente evidencia la posibilidad de realizar un análisis sobre las decisiones tomadas por estos dos órganos sobre el cual es posible cuestionar su análisis jurídico sobre barreras burocráticas y la petición de gracia para la toma de sus decisiones de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, y la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas – Decreto Legislativo 1256. / As a result of the administrative proceeding initiated by the company Nutrifish S.A.C. against the Ministry of Production (PRODUCE) before the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Commission) of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI), all requirements imposed by this company were declared illegal bureaucratic barriers. This body determined that there was a violation of the principle of legality due to the contravention of Article 9 of the General Fisheries Law – Decree Law 25977. The final resolution became final, preventing the party from using any administrative remedy to request its annulment. In response, PRODUCE is required to file a request for annulment ex officio with the technical secretariat of the Commission, which then forwards it to the hierarchical superior for a response. The Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Chamber) admits the request and proceeds to evaluate the existence of a defect affecting the validity of the resolution issued by the Commission and the existence of a violation of a fundamental right or harm to a public interest. Thus, the selection of this case file demonstrates the possibility of conducting an analysis of the decisions made by these two bodies, which may be subject to legal scrutiny regarding bureaucratic barriers and the discretionary power for their decisions in accordance with the General Administrative Procedure Law – Law 27 444 and the Law on the Prevention and Elimination of Bureaucratic Barriers – Legislative Decree 1256.

El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393. Para ello en la sección I, primero se contextualiza respecto al crecimiento descontrolado de las embarcaciones pesqueras artesanales; posteriormente, en la segunda parte se analizará las prohibiciones a la construcción de más embarcaciones pesqueras artesanales en el período comprendido entre el año 2006 y 2015; y, finalmente, en la parte tercera parte describe la situación de los astilleros en la costa peruana. En la sección II, se establecerá el régimen de Interdicción contra la pesca ilegal; posteriormente, se determinará las competencias de las Entidades en las acciones de interdicción contra la pesca ilegal. Finalmente, la sección III, estará dividida en tres partes. En la primera parte, se contextualiza sobre el estado situacional de la implementación del Decreto Legislativo Nº 1393; posteriormente, en la segunda parte se describe la falta de tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal con su respectiva propuesta de solución; y, finalmente, en la parte tres se explicará como otro limitante la ausencia de un protocolo para la participación de DICAPI en las acciones de interdicción. / The main issue addressed in this document is to establish whether specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code is necessary within the framework of the application of Legislative Decree No. 1393. To achieve this, in Section I, we first provide context regarding the uncontrolled growth of artisanal fishing vessels. Subsequently, in the second part, we analyze the prohibitions on the construction of additional artisanal fishing vessels in the period between 2006 and 2015. Finally, in the third part, we describe the situation of shipyards on the Peruvian coast. In Section II, the Interdiction regime against illegal fishing will be established, followed by a determination of the responsibilities of the authorities in interdiction actions against illegal fishing. Finally, Section III is divided into three parts. In the first part, we contextualize the current situation of the implementation of Legislative Decree No. 1393. Then, in the second part, we describe the lack of specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code, along with a proposed solution. Finally, in the third part, we explain another limitation, which is the absence of a protocol for the participation of DICAPI in interdiction actions. / Trabajo académico