Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños. / Tesis

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio aborda el alcance y la evolución del concepto de jurisdicción del Estado del puerto, el cual surgió en el ámbito del combate a la contaminación del medio ambiente marino y fue incorporándose a diversos instrumentos legales, agregándose a las competencias ejercidas por el Estado del pabellón y el Estado ribereño. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar significó un importante desarrollo en esta categoría de jurisdicción con miras a la protección del medio ambiente marino. Se presenta como una solución ante las debilidades del ejercicio de jurisdicción por el Estado del pabellón lo que llevó a su aplicación a nivel regional y su ampliación a otras esferas como la regulación de las pesquerías, además de su incorporación a la normativa interna

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La pesca es una de las primeras actividades en la historia del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. No existe certeza acerca de la época exacta en que nuestra especie empezó a practicarla, pero se tienen registros que dan cuenta que el hombre de la Edad de Piedra ya fabricaba rústicos anzuelos hechos de huesos, piedras, cuernos y maderas. Los excedentes de la pesca pronto fueron destinados para el comercio, primero por los Fenicios quienes salaban el pescado y luego lo utilizaban para realizar transacciones comerciales en distintos lugares del mundo. Hasta nuestros días donde la industria pesquera genera utilidades por miles de millones de dólares.

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca.

El manejo de los recursos hidrobiológicos requiere de medidas que garanticen la protección y conservación en el largo plazo. Para ello, será necesario que la explotación de dichos recursos se desarrolle en un sistema de acceso, a través de títulos habilitantes, basado en evidencia científica y gestionado por instituciones competentes para desarrollar dicha labor. La Constitución Política y la LGP regulan que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales son patrimonio del país. En tal sentido, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de regular el ordenamiento pesquero, tomando en consideración que la actividad pesquera es de interés nacional. Por más de una década el Poder Judicial exigió al Ministerio de la Producción que otorgue permisos sin contar previamente con criterios técnicos proveídos por IMARPE ni requisitos solicitados de acuerdo con una ley especial. Por tal motivo, en el 2016 el Ministerio presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos y decisión de la sentencia recaída en el expediente No 0005-2016-PCC/TC, respecto a la interpretación institucional del Poder Judicial, la cual habría incurrido en un menoscabo de las atribuciones del Ministerio de la Producción, la vulneración al derecho a la defensa del demandante, la elección de la vía competencial y la razonabilidad de la decisión final del Tribunal Constitucional.

Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido.

El sector pesquero que comprende las actividades de extracción y transformación de recursos hidrobiológicos tanto para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (harina y aceite de pescado), es un elemento estratégico para la economía del Perú, principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas después de la minería. Es por ello, que la Administración Tributaria en los últimos años ha venido incrementando las fiscalizaciones tributarias debido al alto nivel de impuestos recaudados en el sector. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo plantear una mirada diferente al estudio y desarrollo de las fusiones empresariales en el mercado pesquero en el Perú, en relación a la visión tradicional de la mencionada institución legal, con rango constitucional, que son tratadas y reguladas solamente desde la perspectiva de la protección a la libertad de empresa y garantía de la libre competencia en el mercado. La idea general que se plantea en la presente investigación es que no todas las fusiones empresariales deben ser vistas desde esa única perspectiva económica, pues existen actividades (como la explotación de los recursos naturales, en tanto patrimonio de todos los peruanos, cuya protección está constitucionalmente plasmada) que deben ser reguladas a partir de la consideración del cambio climático. Este es un fenómeno actual cuyas consecuencias podrían ser nefastas con respecto a la explotación de los recursos naturales y, específicamente, en la actividad pesquera, si es que no se vincula con el concepto de sostenibilidad, tal como viene siendo entendido en diversos foros internacionales. Es, precisamente, esta propuesta la que se planteará al final del presente trabajo, en concordancia con la conciencia ecológica mundial para poder enfrentar los riesgos medioambientales y las consecuencias económicas que se derivan de estos; y cómo se deben tomar decisiones que podrán mitigar los posibles efectos en nuestro entorno climático y su incidencia en uno de nuestros principales recursos naturales, como es la pesca en nuestro mar. / Trabajo de investigación