El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional. / Tesis

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca. / Trabajo académico

El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional.

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca.

El presente estudio es una interpretación por la intervención administrativa mínima, pero sobre todo eficiente. Bajo esta premisa se justifica la necesidad de la discrecionalidad administrativa, como herramienta que permite la eficiencia en la concreción de los fines de interés o necesidad pública, fines que justifican la intervención administrativa en la libertad de los administrados. Teniendo en cuenta lo anterior, se revisa la práctica nacional en la tipificación contractual de las sanciones, para concluir en la ratificación de la necesidad de márgenes de libertad administrativa, siempre limitada por los fines previstos en el Ordenamiento, para el establecimiento de las sanciones a las infracciones administrativas en particular. Garantizando la razonabilidad de la medida, con la menor afectación de las libertades y solo necesario para el logro de los fines de prevención.

El procedimiento administrativo disciplinario contiene diversas aristas, entre ellas, las formalidades propias de su tramitación, la compleja determinación de responsabilidades, y la identificación e imposición de sanciones, cada una de ellas dignas de estudio y análisis. Pero es justamente en este último aspecto que el presente trabajo se ha centrado, siendo una investigación explicativa, busca analizar, a través de un panorama general, la actuación de aquellas autoridades constituidas como sancionadoras, ofreciendo además una crítica para aquellas que, empleando criterios arbitrarios, imponen sanciones carentes de motivación que no soportan el mínimo análisis de razonabilidad, desarrollando en el camino conceptos básicos e indispensables para entender el procedimiento administrativo disciplinario, tales como los principios rectores del accionar administrativo, el actuar discrecional de las autoridades competentes y la arbitrariedad en la toma de decisiones. El presente trabajo de investigación resalta la importancia de emplear criterios de razonabilidad para la determinación de las sanciones, tomando en cuenta para ello cada una de las pautas y supuestos establecidos por la ley, decisión que debe ser debidamente motivada por la autoridad a cargo, dentro del margen de libertad que la norma le ha concedido. Esto se denominará discrecionalidad, la misma que por su propia naturaleza descarta el accionar arbitrario de las autoridades disciplinarias. / The disciplinary administrative procedure contains various aspects, among them, the formalities of its processing, the complex determination of responsibilities, and the identification and imposition of sanctions, each of them worthy of study and analysis. But it is precisely on this last aspect that the present study has focused, being an explanatory research, it seeks to analyze, through a general panorama, the performance of those authorities constituted as sanctioners, also offering a criticism for those who, using arbitrary criteria , impose unmotivated sanctions that do not support the minimum analysis of reasonableness, developing basic and essential concepts to understand the disciplinary administrative procedure, such as the guiding principles of administrative action, the discretionary action of the competent authorities and arbitrariness in the taking of decisions. This research highlights the importance of using reasonableness criteria to determine sanctions, taking into account each of the guidelines and assumptions established by law, a decision that must be duly motivated by the authority in charge, within the margin of freedom that the norm has granted him. This will be called discretion, which by its very nature rules out the arbitrary action of the disciplinary authorities.

En el presente trabajo académico se ha realizado un estudio del procedimiento de pase a la situación de retiro por Falta de idoneidad, al amparo de una potestad discrecional otorgada por los artículos 2º y 3.3 del Decreto de Urgencia Nº 012-2020 al Director de Recursos Humanos de la PNP, al Comandante General, al Ministro del Interior y al Presidente de la República, cuyos procedimientos y criterios de aplicación terminan siendo arbitrarios en perjuicio de los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Tomando como referencia los estudios realizados por el Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias se han identificado derechos fundamentales y principios constitucionales vulnerados en los pases a la situación de retiro en el ejercicio de una potestad discrecional. Asimismo, se ha analizado cada uno de los criterios establecidos por ley para que un efectivo sea considerado en el procedimiento de pase a retiro por falta de idoneidad y la manera en que estos vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales de los integrantes de esta institución. Por esta razón, luego de realizar un estudio de los principios de buen gobierno se ha logrado determinar que, a través de su aplicación, en estricto de los principios de transparencia y corrección, permitirán orientar de manera positiva la potestad discrecional que ostentan las autoridades administrativas en el pase a la situación de retiro de efectivos policiales por falta de idoneidad. En ese sentido, se propone que el pase a retiro por falta de idoneidad sea regulada en una Ley así como la modificación del procedimiento administrativo y de sus criterios de aplicación

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la causal del pase a retiro por la causal de Renovación de Cuadros en la Policía Nacional del Perú, el cual es abordada desde una perspectiva comparada con el país de Colombia. Para ello, el problema de investigación se basa en analizar si ante estos casos de pase a retiro nos encontramos frente a una discrecionalidad administrativa o, por lo contrario, ante una arbitrariedad. La investigación se realiza en base a la metodología de estudio comparado con la experiencia colombiana, con la finalidad de determinar la tendencia de los efectos de la facultad discrecional otorgada a la Administración, a través de su normativa del pase a retiro de los efectivos policiales y los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional. Asimismo, el presente trabajo contiene lo siguiente: i) marco teórico conformado por la definición de los conceptos como discrecionalidad, motivación, arbitrariedad y el posterior control judicial, ii) presentación de los problemas, y, iv) desarrollo de la hipótesis en tanto consideramos que estamos ante una arbitrariedad en los casos de pese a retiro por la denomina Renovación de cuadros (Perú) y el retiro por voluntad del gobierno o del Director General de la Policía Nacional (Colombia). Además, presentamos dos casos peruanos y dos casos colombianos con los que podemos apreciar la arbitrariedad, desde pronunciamientos por parte del órgano constitucional respectivo. Lo mencionado anteriormente es importante para la formulación de las conclusiones y posibles recomendaciones, las cuales ayudarán a tener una visión de la aplicación del pase a retiro por la denomina Renovación de cuadros en Perú y del pase a retiro por voluntad del gobierno o del Director General de la Policía Nacional de Colombia.