El presente trabajo de Investigación busca analizar la vulneración del derecho a la igualdad de remuneraciones entre Magistrados Titulares y No titulares del Poder Judicial y del Ministerio Publico, partiendo de la Hipótesis de que la expedición del Decreto de Urgencia N° 114-2001 que estableció el pago de un bono de Gastos Operativos para Magistrados Titulares, dejando de lado a Magistrados Supernumerarios (no titulares), contraviene el derecho a la igualdad en la remuneración entre dichos Magistrados. El tema es muy relevante toda vez que ambos Magistrados realizan la misma labor, están sujetos al mismo horario y tienen la misma responsabilidad. Para efectos del presente trabajo se analiza si los conceptos que integran los haberes de los Magistrados (tanto del Poder Judicial como del Ministerio Publico) tienen carácter remunerativo, independientemente del concepto establecido en el Reglamento del Bono por Gastos Operativos y la ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en consideración la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia, concluyéndose finalmente que el bono por gastos operativos al tener este carácter, forma parte de la remuneración del Magistrado y por lo tanto el hecho de excluirse este beneficio a los Magistrados Supernumerarios a través del Decreto de Urgencia N° 114-2001, vulnera el derecho a la igualdad de las remuneraciones.

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal.

En el 2014, el entonces gobernador regional de Ancash, César Álvarez, capturaba toda la atención mediática y política del país siendo acusado de numerosos delitos como: peculado, colusión, corrupción y el asesinato de su rival político Ezequiel Nolasco. Las investigaciones posteriores sobre este caso descubrirían toda una red de crimen, extorsión y manipulación mediática liderada por el ex gobernador ancashino para mantenerse en el poder y amedrentar a su oposición. Álvarez y Ancash despertarían un interés por el desarrollo de la política subnacional y, entre el 2014 y 2015, 19 de 26 gobernadores regionales serían investigados por la Fiscalía por casos como: lavado de activos, colusión agravada, malversación de fondos para obras y proyectos, entre otros delitos. A finales del 2015, 9 de los 19 involucrados eran sentenciados a cumplir penas privativas de libertad y reparación civil a consecuencia de su accionar ilegal. Sin embargo, en algunos casos, y a pesar de una considerable cantidad de evidencia y denuncias en materia de corrupción, las acusaciones en contra de ciertos gobernadores no prosperaron. La presente tesis de licenciatura desea explicar la diferencia entre los casos que han sido efectivamente sentenciados con los que gozan de una aparente impunidad. Para ello, se realiza un estudio comparado de las regiones Callao y Tumbes, ambos con un número significativo de denuncias e investigaciones abiertas, pero con resultados judiciales distintos. Las conclusiones de este estudio demuestran la presencia de dos variables: (in)capacidad estatal en los organismos fiscalizadores y la sofisticación de los delitos. La combinación entre ambas termina por explicar cómo en algunos casos la impunidad se mantiene mientras que, en otros, los acusados son juzgados efectivamente. Finalmente, esta tesis de licenciatura también tiene como intención aportar una nueva perspectiva a los análisis sobre el tema de corrupción a nivel subnacional. Se espera que el estudio comparado realizado sirva para proponer nuevos métodos para prevenir delitos de corrupción en las unidades sub nacionales del Perú y América Latina / Tesis

Esta investigación aborda la implementación de la digitalización en el Poder Judicial, buscando identificar factores que expliquen lo avanzado en relación a los objetivos inicialmente planteados. Se toma el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, donde se han implementado dos sistemas de procesos digitalizados en la especialidad laboral desde el 2014, el Expediente Judicial Digital y el Expediente Judicial Electrónico. A partir de la revisión de literatura existente, se identifican factores relevantes, como el presupuesto, la cultura institucional y el liderazgo. No obstante, se evidencian también limitaciones en estos trabajos, como escasa atención hacia las diferentes etapas del proceso y falta de una perspectiva más crítica en relación a las expectativas y opiniones de los actores involucrados. Haciendo uso de teoría organizacional; perspectivas analíticas top-down, bottom-up y mixtas; y considerando la centralidad de las preferencias de los actores, se plantean seis hipótesis individuales, correspondientes a la cultura institucional; las capacitaciones en temas digitales; el liderazgo de los presidentes de corte; el presupuesto; el diseño del software; y las características de los procesos judiciales. También se plantean dos hipótesis referentes a la relación entre las variables de cultura y capacitaciones; y entre las de diseño de software y proceso judicial. Se concluye que la sostenida atención de los presidentes de corte al proceso generó que la digitalización fuera vista como la única alternativa viable y redujo la resistencia. Posteriormente, las capacitaciones generaron mayor aceptación hacia los sistemas digitales, mientras que el presupuesto fue un factor no limitante

El presente artículo académico tiene como finalidad determinar la inconstitucionalidad de la consulta al momento de operar obligatoriamente sobre las resoluciones que versan sobre el ejercicio del control difuso. Para ello, es necesario analizar la figura jurídica de la consulta, la figura del control difuso, y la relación entre ambos. / The purpose of this academic article is to determine the unconstitutionality of the consultation at the time of mandatory operation on the resolutions that deal with the exercise of diffuse control. For this purpose, it is necessary to analyze the legal figure of the consultation, the figure of the diffuse control, and the relationship between both. / Trabajo académico

Esta investigación surge por la necesidad de profundizar en el fenómeno de la corrupción desde el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, tratando de llenar el vacío de estudios formales desde un enfoque de análisis relacional y de captura del Estado. Así, se busca generar un análisis de los modus operandi y los factores institucionales que generaron un desenlace como el del caso. Al respecto, se ha aterrizado el presente estudio bajo un enfoque de captura del Estado, tomando en consideración las complejidades de las relaciones sociales desde una metodología de Social Network Analysis y entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran que la red se estructuró en base al funcionamiento orgánico de las instituciones judiciales, con una intención legitimadora y hegomonizadora que tenía como finalidad el copamiento del sistema judicial a partir de una red ilícita conformada por jueces, fiscales, empresarios y políticos que conformaron su grupo desde una identidad colectiva común y el objetivo de ascender socialmente mediante la carrera judicial pública. De este modo, este análisis es una primera mirada a los fenómenos de corrupción de altos funcionarios desde el sistema judicial, siendo los mismos funcionarios los captores del aparato estatal. / This investigation arises from the need to delve into the phenomenon of corruption from the case of Los Collars Blancos del Puerto, trying to fill the gap of formal studies from a perspective of relational analysis and capture of the State. Thus, it seeks to generate an analysis of the modus operandi and institutional factors that generated an outcome such as the one in the case. In this regard, the present study has been landed under a State capture approach, taking into account the complexities of social relations from a Social Network Analysis methodology and semi-structured interviews. The results show that the network was structured based on the organic functioning of the judicial institutions, with a legitimizing and hegomonizing intention that had the purpose of taking over the judicial system from an illegal network made up of judges, prosecutors, businessmen and politicians who formed his group from a common collective identity and the objective of social promotion through the public judicial career. In this way, this analysis is a first look at the phenomena of corruption of high officials from the judicial system, the officials themselves being the captors of the state apparatus.

La Constitución Política prohíbe a la judicatura sindicarse y declararse en huelga. Considerando el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es preciso analizar la compatibilidad de esas prohibiciones con los tratados y decantar si la judicatura goza de libertad sindical. Pretende resolverse los siguientes problemas: a) ¿Son anticonvencionales las prohibiciones de sindicarse y de declararse en huelga contenidas en el artículo 153 de la Constitución Peruana de 1993?; ¿gozan los jueces de libertad sindical?; b)¿Qué materias podrían ser negociadas colectivamente por la magistratura?; c)¿ Cuál es la naturaleza de la Sala Plena Permanente? ¿ Es compatible con el ordenamiento jurídico?. Se parte de las siguientes hipótesis: a) El artículo 153 de la Constitución Política del Perú es anticonvencional. La magistratura sí goza de libertad sindical. b) Los temas que podrían someterse a negociación colectiva son los siguientes: b.1) homologación remunerativa; b.2) sinceramiento remunerativo; b.3) condiciones de acceso y ascenso; b.4) estándares de productividad; b.5) seguridad y salud en el trabajo; b.6)distribución equitativa de los recursos humanos y logísticos; b.7) acceso y contenido de la capacitación, b.8) distribución del trabajo; b.9) jornada de trabajo. Estas materias – según su naturaleza y alcances podrían ser negociadas a nivel de centro de trabajo, distrital, supradistrital o nacional y c) La Sala Plena Permanente es una modalidad atípica de huelga que es tolerada en el ámbito convencional. Los objetivos perseguidos son a) Establecer que las prohibiciones de sindicarse y declararse en huelga dirigidas a jueces son anticonvencionales y definir el contenido de la libertad sindical de la magistratura. b) Esbozar contenidos negociales, delineando los cauces organizativos de la libertad sindical de la judicatura, los niveles de negociación y los sujetos de la contraparte. c) Definir la naturaleza de la Sala Plena Permanente y su compatibilidad con el ordenamiento. Se utilizan los siguientes procedimientos: control de convencionalidad, encuestas y estudio de caso. Subyacen a este trabajo la noción amplia de libertad sindical y además la concepción en torno a que el control de convencionalidad es un instrumento para lograr la coherencia del Derecho. Se arriba a las siguientes conclusiones: a) La prohibición de sindicarse es anticonvencional; b) La prohibición de huelga no es anticonvencional; c) Los jueces sí pueden negociar colectivamente; d) las materias negociables a las que se aspira inciden en su mayoría en la capacitación y en la infraestructura y logística; e) La Sala Plena Permanente es una modalidad atípica de huelga pacífica en defensa de intereses profesionales, tolerada en el ámbito convencional.

El principal problema que afecta a las mujeres es la persistencia de violencia hacia ellas. Debido a dicha situación es que el Estado a través de sus órganos u organismos toman las medidas necesarias para resolver dicho problema social. Y al ser el Poder Judicial un organismo estatal encargado de administrar justicia es que se hace necesario la implementación del enfoque de género a fin de que se garantice la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en los procesos judiciales. Para ello, se creó con fecha 21 de julio de 2016 la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial con la finalidad de institucionalizar el enfoque de género en dicho Poder. A pesar de que existían otros órganos del Estado tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Educación que ya contaban con dicha instancia al igual que algunos países latinoamericanos, en el Poder Judicial no existía una instancia que se encargue de institucionalizar el enfoque de género. Por ello, con posterioridad se creó la Comisión de Justicia de Género de manera acelerada. ¿Cuál ha sido la dinámica del Poder Judicial para implementar como una nueva práctica de política pública la Comisión de Justicia de Género? Para realizar la investigación se usará el método cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas a funcionarios del Poder Judicial, a expertos en el tema y a trabajadores de un órgano del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), también se revisaron textos, documentos internos, normativa internacional y normas que atañen al Poder Judicial los cuales han sido analizados. Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a las personas entrevistadas son: a) Que hayan ejercido el cargo del Presidente del Poder Judicial durante los periodos del 2015 al 2018, b) Que sean integrantes y personal de trabajo de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; c) Que tengan conocimiento sobre la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y experiencia en el tema de institucionalización del enfoque de género; d) Que hayan formado parte de los programas del eje estratégico “Acceso a la Justicia” antes de la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; e) Que hayan formado parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia de Lima; y f) Que sean abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se ha utilizado el Protocolo de Consentimiento Informado en las entrevistas. Los principales hallazgos de la investigación ha sido que la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue una decisión acelerada durante la convocatoria de la marcha “Ni Una Menos” en respuesta a la violencia contra las mujeres por no encontrar respuesta inmediata y justa en el Poder Judicial, y que su creación no fue parte de la estrategia institucional del Poder Judicial. Las conclusiones que tenemos es que la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial a pesar de haber sido su creación una decisión abrupta y crearse sin las herramientas necesarias como un espacio para trabajar, presupuesto e integrantes y personal necesario con el tiempo esas carencias fueron mejorando, por lo que incluso su permanencia ha generado reformas; sin embargo, también ha tenido dificultades lo cual ha limitado el objetivo de transversalizar el enfoque de género en las diferentes áreas de la administración de justicia.

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TICS EN EL PODER JUDICIAL: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL BIOMÉTRICO EN LOS AÑOS 2013 AL 2016”, es el tema de la presente investigación, la misma que aborda, desde un plano dogmático y práctico, los alcances de la implementación de la notificación y control biométrico en el Poder Judicial. Y es que la problemática que subyace este trabajo, es relevante, en tanto, al realizar la evaluación y análisis de la interoperabilidad, y sus niveles de eficiencia, se pondrá en evidencia el impacto que esta tiene en la implementación de la política pública de las TICS en el sector justicia, en específico en el Poder Judicial. Es por ello que, a partir de los datos obtenidos, se puede evidenciar aspectos deficitarios del proceso de implementación de las TICS en el Poder Judicial. Asimismo, cabe mencionar que nos hemos trazado como objetivo principal “evaluar la implementación de la política pública de tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en los servicios públicos que brinda el poder judicial, referente a la notificación electrónica y control biométrico en los años 2013 al 2016”; y para ellos nos hemos afianzado en entrevistas y encuestas realizados a usuarios, que hacen uso del Control Biométrico, y algunos especialistas externos. Con lo cual concluimos que, si bien la implementación de estas TICS ha establecido un logro y cambio notable, en las labores específicas de cada una de ellas, aún se puede vislumbrar algunas deficiencias en los mismos; las cuales debes ser corregidas para que se brinde un servicio cada vez más óptimo.

El propósito de esta investigación es demostrar la cooptación institucional de varias instancias clave del sistema de justicia para el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual, desde el escándalo de corrupción, ha generado un grave daño a las instituciones del impartimiento de justicia. La aproximación desde la cooptación institucional judicial sostiene que las estrategias de búsqueda de hegemonía y legitimidad de los actores de la red en instituciones clave del sistema judicial responden a las características de la estructura de la red, la cultura judicial imperante y las características de los actores en relación a la red y sus cargos públicos. Esto genera una perversión en el funcionamiento del sistema judicial a partir de la influencia indebida en las instituciones de control de los funcionarios del impartimiento de justicia mediante el uso de operadores políticos, empresariales y judiciales que buscan consolidar el liderazgo y sostenibilidad de la red en altas instancias de decisión.